Perú: La restitución de los derechos de los nativos tiene un largo camino por recorrerSi bien los pueblos originarios de Perú han logrado que el Congreso de la
República derogue los decretos legislativos N° 1015 y N° 1073, todavía la
protección de sus derechos y sus tierras no está completamente asegurada.
EL COMIENZO DEL CONFLICTO:
Luego de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el Congreso Peruano le concedió al Poder Ejecutivo la facultad de implementar dicho tratado a través de la Ley de Delegación de Facultades, Ley N° 29157.
A fines de junio, el poder ejecutivo, excedido en sus funciones otorgadas por la mencionada ley, firmó una serie de decretos que ponen en riesgo los derechos de estas comunidades sobre sus tierras y recursos naturales.
Uno de los más controvertidos ha sido el Decreto Legislativo N° 1015 que hacía infinitamente más fácil la disposición de las tierras comunales ya que solo exigía el voto del 50% de los asistentes a la asamblea comunal, no del total de sus integrantes. Si este decreto no hubiese sido derogado por el congreso, la disposición (venta o arrendamiento) de terrenos comunales hubiese sido más sencilla que la disposición de de las tierras privadas en manos de varios dueños.
Por ello, el pasado 9 de agosto, las comunidades nativas de la Amazonia Peruana iniciaron distintas medidas de protestas como paros, bloqueos y movilizaciones en la zona norte y sur del país.
Como ejemplos de las acciones que se realizaron, cabe mencionar la realizada por la etnia aguaruna- huambisa de la provincia de Condorcanqui – Amazonas que tomó la estación petrolera Nº 5 de Petroperú, ubicada en la comunidad “Félix Flores”, distrito de Saramiriza, provincia Datem del Marañón. Por esta medida, se dejó de bombear crudo del oleoducto Nor-Peruano. Mientras que el grupo étnico Machiguenga bloqueó el paso fluvial en el bajo y medio Urubamba, distrito Echarate, Quillabamba, Cusco y reteniendo una embarcación del Proyecto del Instituto de Manejo del Agua y Ambiente (IMA) y otro barco de carga de combustible de Pluspetrol.
La dirigencia de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), organización indígena nacional que convocó al paro, manifestó que el mismo se iba a levantar cuando el gobierno tenga en cuenta sus demandas y denunció que los pueblos originarios de la Amazonía Peruana vienen sufriendo constantes atropellos a sus derechos elementales sobre sus territorios por parte del Estado Peruano y subrayó la responsabilidad del Presidente Alan García en estos hechos.
Las reacciones a estas protestas, en cierta porción de la sociedad, han sido excesivas y pueden considerarse hasta xenófobas. En este sentido se han acusado a los protestantes desde adversos al desarrollo, del progreso y la tecnología, hasta de primitivos que ahuyentan la inversión privada y por tanto han elegido la atroz condena de vivir para siempre en la pobreza (Roger Rumrrill, Pueblos indígenas: pobreza y modernidad, Diario La Primera). Pero, ¿Que dirían estas mismas personas si el derecho de propiedad de sus casas y tierras se viera amenazado?
¿CONFLICTO EN VIAS DE RESOLUCION?
El 20 de agosto pasado la comisión de Pueblos Andinos del Parlamento le dio un respiro al conflicto presentando una propuesta de ley que deroga las leyes 1015 y 1073 y los dirigentes de Aidesep se comprometieron a una tregua en las protestas para dar espacio al dialogo con el gobierno. Mientras que hacia fines de agosto, y tras haber rechazado la intervención del Ministro de Ambiente, los dirigentes de las comunidades nativas firmaron un acta de acuerdo con el Congreso de la República en la cual se crea una comisión multipartidaria para estudiar la situación de los pueblos indígenas.
Esta acción del Parlamento ha generado enfrentamientos tanto entre los poderes legislativo y ejecutivo, como dentro de este último. En este sentido, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, afirma que el gobierno todavía evalúa si observará la ley que deroga estos controvertidos decretos, contradiciendo abiertamente al Ministro de Ambiente, Antonio Brack. Pero esta potestad es solo del Presidente Alan García.
Por otra parte, cabe recordar que estos son solo dos decretos de los más de 35 que las comunidades nativas reclaman que lesionan sus derechos y que violan la Constitución y diversos tratados internacionales, por lo que deberemos esperar arduas negociaciones entre los distintas partes para ver el fin de este conflicto.
Fuente: www.bicusa.org
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