El viaje a la esperanza
Migración tirolesa a la selva central del Perú cumple 150 aÑos

Los primeros colonos partieron el el 16 de marzo y arribaron al Callao el 21 de julio de 1857. En 2009 celebran los 150 años de fundación de Pozuzo.

Texto: Wilfredo Laura Contreras (*)

Para los pobladores de Silz y Haiming, en Austria, el 16 de marzo de 1857 fue un día de partida. El padre José Egg, en la misa de despedida a los colonos, en la iglesia de Silz, dijo: “No ustedes, sino Tirol, tiene que llorar, porque no puede alimentar a sus propios hijos. Ustedes, en cambio, elevan sus corazones ya que quien es valiente y emprendedor va y construye su nueva casa”.

El grupo de tiroleses dejó sus queridos Alpes junto con el padre Egg. En vía férrea pasaron por las ciudades de Ausburgo, Stuttgart y Mannhein. El 23 de marzo prosiguieron el viaje a través del río Rin, hasta llegar a la ciudad de Colonia. En Koblenz se unieron al grupo los renanos, que eran guiados por el sacerdote Josef Überlinger. Al día siguiente, llegaron a Amberes, Bélgica. El 28, se unieron los 32 últimos renanos. Finalmente, el grupo de emigrantes estuvo compuesto por 304 personas (184 de Austria y 120 de Alemania).

Hacia el 27 de marzo, el grupo de emigrantes tiroleses y prusianos se embarcó en el viejo barco guanero inglés El Norton y zarparon de Amberes, unos días más tarde, rumbo al Perú. Miles de personas se congregaron en el puerto para ser testigos de este acontecimiento histórico y dar el último adiós. Los tiroleses, muy emocionados, agitaron sus sombreros y entonaron el himno de Austria –y seguramente, también de Alemania–, para despedirse en forma oficial de la Casa Real y la Madre Patria.

El 29 de marzo, el padre José Egg celebró el sacramento del matrimonio de 23 jóvenes parejas en el barco que aún se encontraba en el puerto. Solo una pareja (un tirolés y una renana), que se había conocido en Amberes, decidió casarse a último momento; el resto eran parejas comprometidas que no podían casarse en su patria, cumpliendo así sus caros anhelos de formar una familia y tener hijos.

Hay distintas versiones respecto al número de emigrantes así como con la fecha en que partieron de Amberes. John Evarret dice que fueron 301 emigrantes los que partieron en 1857, Schmid Tannanwald nos habla de 304, el Dr. Ilg menciona 308, el padre José Egg también indica que fueron 304 personas.

Versiones del viaje
Las descripciones del viaje a través del Atlántico son contradictorias. Joseph Überlinger describe el viaje como una pesadilla. Se trataba de un barco antiguo y mal acondicionado; había solo un gran compartimento donde estaban todas las personas junto con las provisiones y animales para la travesía. Por otro lado, las cartas que escribe José Egg son totalmente positivas. Describe el viaje como duro pero soportable, y la actitud de Schütz como sincera y positiva.
La fecha de la partida también es discutida. Se habla del 27, 30 de marzo y los primeros días de abril. No existe ningún documento que dé una fecha exacta; probablemente el grupo se embarcó el 27 de marzo, pero zarpó unos días más tarde.

El 18 de abril el viaje cobró su primera víctima, un inocente niño fallecía, enlutando a los viajeros. El 15 de mayo pasaban la línea ecuatorial. Por su parte, el barón Cosme Damián se había embarcado en un barco más rápido (a vapor), a fin de preparar el recibimiento de los colonos en el puerto del Callao, Perú.
El padre José Egg escribió dos cartas a los diarios Tiroler Volks y Schützen-Zeitung. La primera, el 23 de julio de 1857, desde el Callao; y la segunda, desde Lima, el 25 de julio.

En la primera menciona que los colonos llegaron el martes 21 de julio cerca de las 14.00 horas al Callao, en la segunda manifiesta que se encontraba en la capital de su nueva patria. El padre Josef Überlinger y el barón Schütz también mencionan que llegaron al Callao el 21 de julio de 1857. Por su parte, Anna Katharina Egg escribió en una carta que “el 28 de julio a las tres de la tarde llegamos felizmente al puerto del Callao”.

En consecuencia, el padre José Egg fue el único del grupo de colonos que, en compañía del barón Schütz, visitó Lima, recibiendo sus credenciales pastorales en el Arzobispado, donde fue nombrado párroco o padre espiritual de la nueva colonia, mientras que Josef Überlinger fue designado vicepárroco o cooperador.

La cuarentena solo duró tres días. El 26 de julio se embarcaron a bordo del barco El Inca, y luego de dos días de viaje llegaron a Huacho, donde permanecieron unos días para iniciar el viaje terrestre.

El barón Cosme Damián tenía razones justificadas para desembarcar en Huacho y no en el Callao, pues había negociantes alemanes residentes en Lima interesados en incomodar a los nuevos inmigrantes e incluso comprar a sus paisanos con fines mercantilistas.

Existían además otros intereses que impedían la colonización y el desarrollo de la Selva, más aún cuando el Mayro podía convertirse en un importante puerto fluvial del Perú, con salida al Amazonas y, por ende, al Atlántico.

Hasta Huacho es la primera parte de esta gran odisea de los primeros colonos austro-alemanes. Lo más sacrificado y penoso del viaje fue desde Huacho a Cerro de Pasco y, finalmente, a Pozuzo, travesía que duró dos años.

(*) Director del Museo Schafferer de Pozuzo. Autor del libro Pozuzo rumbo a sus 150 años (2007).
Los colonos austriacos provenían del Oberinntal, Unterinntal, Wipptal y Stubaital, Tirol Oriental y de Vorarlberg. Los alemanes, de Moseltal, Wiedtal, los ducados de Hessen y Nassau.
A los emigrantes se les recomendó llevar trajes de domingo al viajar por Alemania y el Perú, para causar una buena impresión, sobre todo en los adversarios de la emigración, dice el libro de Elisabeth Habicher-Schwarz.

Cifras y datos
- 35 de los 304 emigrantes fallecieron en el camino desde Amberes hasta Pozuzo, 120 abandonaron el grupo y nacieron 15 bebés, desde marzo de 1857 hasta julio de 1959.
- 300 inmigrantes con 400 bestias de carga integraron la caravana que salió de Huacho y llegó a Cerro de Pasco tres semanas después.
- 321 personas se embarcaron el 21 de marzo de 1868, desde Amberes. De este total, 315 colonos llegaron al Perú, y arribaron a Pozuzo 180.
- 1974. El gobierno construye, luego de 115 años, la tan esperada carretera a Pozuzo vía Oxapampa.

@ Foto: Eduardo Salazar, http://inmigracionsigloxix.blogspot.com/

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Día del agua: Oxfam Internacional llama la atención en informe sobre la escasez y contaminación del agua en Perú, Ecuador y Bolivia

Los recursos hídricos en Perú se encuentran en situación crítica. Más de la mitad de los ríos de mayor demanda de uso están severamente contaminados y además, las localidades de la Costa, donde se concentra el 70% de la población peruana, afrontan un déficit hídrico, de acuerdo con el informe “El agua ante nuevos desafíos. Actores e iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia”, que Oxfam Internacional presentó a pocos días de celebrarse el Día Mundial del Agua.

Los agentes tóxicos que contaminan los ríos son especialmente el plomo, arsénico, cianuro, mercurio, aceites y grasas de hidrocarburos, y coliformes fecales, que se encuentran en altos niveles por ejemplo en los ríos de la región Junín, como Mantaro y Yauli, y en Lima, los ríos Chillón y Rímac. En el norte, los ríos Chira, Piura y Llaucano presentan un diagnóstico similar, mientras que en la Amazonía la actividad hidrocarburífera ha generado impactos en los ríos Corrientes y Trompeteros, señala el informe de Oxfam.

La población está concentrada en zonas donde hay menos agua disponible. Después de Bolivia, el caso del Perú es el más alarmante: el 70% de los habitantes está ubicado en la Costa, donde apenas se dispone del 1,8% del agua de los ríos, mientras que en la Amazonía la disponibilidad es del 97,7% del recurso para el 26% de la población. Es decir, un habitante costeño puede usar 2,000 m3 al año, mientras que el de la Amazonía 291,000 m3.

En Ecuador, donde la vertiente del Pacífico concentra el 71% de la población, cada persona dispone de 12 mil m3 de agua al año, seis veces más que en la costa peruana.
El informe, elaborado por un equipo conformado por los investigadores María Teresa Oré, Laureano Del Castillo, Saskia Van Orsel y Jeroen Vos, confirma también que las disputas por el agua están aumentando debido a que mientras la disponibilidad del agua disminuye, las demandas crecen en un contexto de impactos ocasionados por el cambio climático que se reflejan en la disminución en 22% de los glaciares, en la mayor reducción de los niveles del río Amazonas en cien años --como sucedió en 2005--, y en que las lluvias en Iquitos hayan caído en 10% a lo largo de 40 años.

Otros problemas que afectan la disponibilidad del recurso hídrico en tiempos de sequía son la sedimentación (acumulación de lodo) de reservorios y la destrucción de la vegetación nativa en las cabeceras de cuenca.

Adicionalmente, se incrementan las agroexportaciones en las costas de Perú y Ecuador, crecen las ciudades en áreas desérticas, aumentan las actividades mineras en las cabeceras de cuenca así como las demandas energéticas, y se extraen en exceso aguas del subsuelo. Todo esto agudiza lo que los especialistas llaman estrés hídrico, lo que estimula la aparición de conflictos por el control del recurso.

Tomando en cuenta este panorama, Laureano del Castillo, especialista en temas de agua y tierras del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes), considera que se debe seguir perfeccionando la Ley de Recursos Hídricos, recientemente aprobada por el Congreso peruano. "Es fundamental regular mejor el manejo de las cuencas, y por ello se requiere conformar las Regiones, tal como se prevé en el proceso de descentralización, para tener un manejo integral y evitar los conflictos actuales entre gobiernos regionales", dijo. La ley entra en una nueva etapa de mejora, "pero hay que estudiar seriamente lo que se aprobó y tratar de que se ponga en práctica. La nueva gestión del agua debe suponer el compromiso de todos los usuarios, que somos todos, para que la ley no sea letra muerta", enfatizó Del Castillo.

Por su parte, el experto en temas hídricos, Jeroen Vos, indicó que "el abastecimiento de agua para las ciudades y para la producción de alimentos están amenazados por la reducción de los caudales en tiempo de estiaje y por la contaminación". Aún estamos lejos de encontrar iniciativas para el tratamiento de las aguas contaminadas: en Bolivia y Perú solo el 20% de las aguas servidas cuentan con tratamiento y en Ecuador apenas el 10%.

Oxfam Internacional considera que una gestión eficiente del agua debe asegurar el manejo integral de las cuencas, contar con autoridades ambientales fuertes e independientes, un sistema de reglas y sanciones claras, además de garantizar la participación de los diversos sectores en las decisiones. Más importante aún es cambiar la cultura, para ahorrar más agua y reducir la contaminación.

"Las autoridades y técnicos de los tres países suelen hablar de la importancia de la gestión integrada de la cuenca, pero estamos lejos de una implementación de este enfoque. Prevalece aún una gestión sectorial y fragmentada, con poca claridad sobre los derechos y las responsabilidades", aseguró Josefa Rojas, coordinadora de temas de Agricultura y Recursos Naturales de Oxfam.

"Las decisiones a nivel de cuenca deben incorporar a todos los involucrados: al Estado, las empresas, los agricultores, los pobladores, entre otros; porque sin la participación directa de ellos se corre el riesgo de pasar por alto sus necesidades y que no se logre comprometerlos en la implementación de las decisiones", concluyó.

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La urgencia de preservar la cultura amazónica

Por: Susana Reinoso

Se llaman "quebradoras de coco babaçu" y viven en el Amazonas brasileño. Lo hacen en comunidades que reúnen a 400.000 mujeres dedicadas a la extracción de un tipo de coco cuyas propiedades nutrientes y emolientes les ha permitido abrir pequeñas fábricas que, en forma indirecta, les permite vivir a un millón de mujeres.

La Amazonia, ese pulmón verde del planeta que cada tanto irrumpe con sus conflictos en la opinión pública, no suele ser noticia por las dificultades que atraviesan sus comunidades para preservar su cultura oral, siempre vinculada a la tierra, y cuyo reclamo se mantiene constante desde hace dos siglos.

Durante el reciente seminario internacional en la Fundación de Estudios Brasileños (Funceb), toda la complejidad de la región amazónica fue expuesta en conferencias, documentales, una muestra fotográfica y talleres compartidos con especialistas argentinos. El antropólogo Alfredo Wagner de Almeida presentó el libro Tierras tradicionalmente ocupadas (Funceb-Teseo), una investigación concienzuda sobre los movimientos sociales de Brasil y el valor religioso-cultural que la tierra encierra para ellos.

Las "quebradoras" María de Jesús Ferreira Bringelo y María Nice MachadoAires hablaron sobre la experiencia de recolectar y elaborar una diversidad de productos –jabones de tocador, alimento para peces, harinas, aceites esenciales, abono para los cultivos– a partir del coco babaçu, con total respeto al medio ambiente, por lo que sólo aprovechan los frutos maduros.

Para las quebradoras, la palmera es la "madre" y la tala indiscriminada de estos árboles viola las reglas que organizan su existencia. Defensoras de una cultura de raíces africanas, las quebraderas –que también se definen como "quilombolas", por ser continuadoras de la cultura nacida de los esclavos fugados de tal condición– son parte de un crisol de más de 5000 comunidades, con sus lenguas y sus particularidades culturales, que viven en el corazón amazónico. El seminario develó que estas mujeres perseveran en su lucha por el esencial equilibrio medioambiental y por las tierras que han habitado sus ancestros esclavos. A pesar de las leyes que hoy les reconoce un derecho de servidumbre (paso) para la extracción del coco babaçu en tierras privadas –que se resisten con la tala de palmeras y cercas electrificadas–, decenas de quebradoras mueren electrocutadas cada año en su faena.

El arte y la medicina de la selva amazónica –en este caso del lado peruano– será objeto de una muestra que este sábado se inaugurará en el Centro Recoleta. Se trata de productos y objetos de comunidades originarias del Perú. En la exposición habrá tejidos de las tribus shipibo-conibo, pinturas y objetos de los pueblos contamana y huitoto, y plantas sagradas del Perú, constitutivas de una cultura milenaria que preserva la biodiversidad, desde mucho antes que el G-8 se anoticiara. sreinoso@lanacion.com.ar

Fuente: lanación.com

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BOSQUE DE CUCHACHI TIERRA DE NADIE

Hugo Vela Díaz


El bosque de Cuchachi ubicado a solo 10 Kms de la ciudad de Rioja, con una extensión de 2,200 Has, es el último bosque que se ha venido salvando de la destrucción ocasionada por el hombre.

Los riojanos han estado confiados que con la elaboración del Plan Maestro del Bosque de Cuchachi, donde el Proyecto Especial Alto Mayo, ha hecho una buena inversión el año pasado, este bosque iba a estar en buenas manos y que por fin se iba a poner freno a la destrucción, por parte de invasores y traficantes de tierras; sin embargo nos hemos equivocado; sucedió al revés; Cuchachi hoy es tierra de nadie, sin ninguna protección y se encuentra en manos de los delincuentes ecológicos en un proceso de destrucción total sin que a nadie le interese por su conservación y protección.

- Con gran pesar esta semana hemos recibido la información por parte de la ronda campesina de Nueva Salabamba que no se puede hacer nada para detener la destrucción, pues las autoridades judiciales como siempre en vez de sancionar a los traficantes e invasores, se están ensañando contra los ronderos sobre quienes pende un juicio por secuestro por el único hecho de haber detenido a uno de los invasores e intentado hacerle pasar por cadena ronderil; algo que ni siquiera se llevó a efecto puesto que estos delincuentes ecológicos utilizaron toda su astucia para evadir esta acción realizada por las rondas hace algunos años.

- Todos conocemos que los ronderos tienen la facultad de detener a quienes se ponen al margen de la ley e incluso la sociedad aprueba los procedimientos que utilizan los ronderos para castigar a los delincuentes antes de que estos sean entregados a la justicia; sin embargo para las autoridades judiciales de Rioja, este procedimiento es un secuestro y acogieron la demanda de los invasores en contra de los ronderos mientras que las demandas ó intervenciones en contra de los invasores por usurpación de tierras, invasión, trafico de tierras y de madera Etc. Etc. simplemente quedaron en nada ó caducaron.

- Estas cosas solo suceden en Rioja, donde los traficantes de tierras y todo tipo de destructores están protegidos por la justicia por el único hecho que ellos si pueden pagar testigos, abogados y hasta comprar pruebas. -Como dicen: Del mismo cuero sale la correa y por lo tanto la madera que se extrae de Cuchachi paga todo.

- Los traficantes de madera tienen mucho poder económico; con solo una camionada de madera ellos pueden pagar un juicio en la justicia peruana mientras que los humildes campesinos defensores del bosque, como son los ronderos de Nueva Salabamba no pueden ni siquiera pagar un asesor legal que les oriente y andan detrás de un abogado de la municipalidad cuyo asesoramiento deja mucho que desear.

- Con esta acción judicial los destructores de Cuchachi han logrado su cometido ¿Cuál es? Desmoralizar e inmovilizar a los ronderos de Nueva Salabamba para que ellos puedan seguir haciendo de las suyas, traficando con la madera y las tierras que no les pertenecen. Hoy los ronderos están desmoralizados puesto que la justicia se ha puesto a favor de los delincuentes ecológicos.

- Lo que no alcanzamos a comprender es donde han quedado las múltiples denuncias contra los invasores del cual hemos sido testigos, tantas intervenciones de la policía en Cuchachi para nada, tantas vistas oculares de los jueces y fiscales para nada, tantas reuniones en la escuelita de Nueva Salabamba donde se han hecho muchos compromisos cuyas actas firmaron alcaldes, gobernadores y hasta funcionarios regionales para nada; aquí solo vale el dinero sucio de la corrupción con el que posiblemente pagan los delincuentes ecológicos a las autoridades encargadas de hacer justicia.

- También no alcanzamos a entender es la falta de interés de las actuales autoridades municipales para salvar a Cuchachi de la destrucción total; la inoperancia y falta de consecuencia de la actual administració n municipal frente a este problema es desesperante, pues ni siquiera han hecho una sola denuncia por usurpación de tierras en contra de los invasores mas peligrosos; Los ya famosos Hermanos Nuñez, los que se creen dueños de Cuchachi, quienes se han apropiado ilícitamente de esta riqueza natural que pertenece a todos los riojanos.

- El Bosque de Cuchachi es una AREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL y por lo tanto, la municipalidad es la única entidad obligada a defender estos terrenos municipales que en realidad son del pueblo riojano y en últimos casos llamar al pueblo a defender su bosque: con mucha mas razón cuando el famoso proyecto de agua potable desde el Rio Negro enarbolado en la campaña electoral por el actual alcalde, simplemente no existe por no ser factible en las actuales condiciones que vive el país, por lo tanto; lo único que nos queda a todos los habitantes que bebemos de las fuentes de agua que nacen en Cuchachi es hacernos respetar y defender a nuestro bosque hasta las últimas consecuencias no permitiendo que ningún hijo de mala madre se burle de todos los riojanos y siga haciendo billete a costa de la destrucción.

- El caso es sumamente preocupante, los delincuentes ecológicos no contentos con destruir mas de 200 Has. Ubicadas al pié de la misma bocatoma del agua potable que bebe la población donde ni siquiera sembró nada , en estos días están talando y negociando los grandes árboles de tornillo, moena y otras especies maderables de gran valor que adornaban el camino ecológico que nos lleva a la cascada de agua blanca, el mismo que fue construido por el programa A TRABAJAR RURAL hace algunos años, árboles de gran valor turístico, ecológico y educativo, cuyas semillas pueden servir para reforestar todo el valle del Alto Mayo; eran los último árboles que quedaban en pié y que se estaban salvando gracias a la acción de los ronderos de Nueva Salabamba, con la esperanza de que algún día nuestros hijos conoscan las riquezas naturales que tuvo Rioja y que deberían ser declarados como patrimonio natural de todos los riojanos.

-Sin embargo estos invasores han llegado al extremo de colocar un letrero que dice “propiedad privada” impidiendo el pase de los pocos visitantes que van a la cascada de agua blanca, lo cual es un atentado contra el futuro turístico de Rioja.- Ahora dicen que la cascada de Agua Blanca también les pertenece lo cual es condenable y demuestra que estos sujetos no creen en nadie y que no se merecen ninguna compasión.

Cuchachi es el único bosque que tiene Rioja para el ecoturismo donde hay grandes riquezas naturales, caídas de agua cristalina, cuevas y hasta restos arqueológicos de los Chachapoyas; es también fuente de vida por que es allí donde nacen las fuentes de agua que alimentan al río Uquihua, del que se alimenta la población riojana ; por lo tanto su importancia es de vida o muerte; dejar morir a Cuchachi es permitir que se atente contra nuestra propia vida y el bienestar de las futuras generaciones por lo que es hora de tomar acciones, es hora que el pueblo despierte en defensa de nuestro patrimonio natural en peligro antes de que sea demasiado tarde.

POR EL AGUA Y LA VIDA SALVEMOS A CUCHACHI.

Rioja, 04 de Marzo del 2009.

Nota:

Hugo Vela Diaz es promotor turístico y Titular Gerente del

"Complejo Turístico Yacumama"

"http://www.yacumama.com.pe/"

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Enredo normativo y derechos indígenas en el Perú

En el siguiente artículo el doctor Bartolomé Clavero, miembro del Foro
Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas analiza el
‘enredo’ de normas y medidas tomadas y por tomarse en el Perú respecto de los
derechos de los pueblos indígenas.

Enredo normativo y derechos indígenas en el Perú

Por Bartolomé Clavero*

En el Perú, un par de diputados acaban de anunciar que el Congreso se dispone a hacerse cargo nada menos que de una hazaña nomofilática, esto es del discernimiento entre decenas de miles leyes para desenmarañar la madeja separando el grano de las que siguen en vigor de la paja de las que ya no se aplican aunque nunca hayan sido formalmente derogadas por el poder legislativo. No se entiende bien por qué no basta la labor profiláctica cotidiana, caso a caso, de otro poder constitucional, el judicial, y de la sociedad misma. Si hay leyes que no se aplican, ¿qué necesidad hay de derogarlas? Mejor sería comprometerse en el desenredo de marañas normativas reales, como la que ahora se tiene en el Perú con los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas.

Volvamos a la lectura de El Peruano, el diario oficial del Perú. El 28 de junio de 2008 se publicó en sus páginas el decreto legislativo -disposición del Gobierno con valor de ley- número 1089, uno más de la serie que viene forzadamente acogiéndose a la habilitación extraordinaria recibida del Congreso para “facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos”. Este decreto “establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales”. Se plantea sobre la base de que “la propiedad informal”, la no titulada, corresponde al Estado y de que, si se formaliza, es por concesión gratuita de su parte. El decreto afecta, aunque se cuide de manifestarlo, a las tierras de comunidades indígenas que no estén todavía registradas. En su caso, surte un efecto expropiatorio previo a la concesión o incluso definitivo de no producirse la misma. Para el Estado, sin registro no hay derecho y el derecho sobre tierras de “propiedad informal” sólo se adquiere mediante concesión.

El mismo día se publica el decreto legislativo 1064, “que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario” ocupándose expresamente, este sí, de tierras indígenas. No remedia dicho efecto de denegación de derecho indígena si no ha sido concedido por el Estado. Sus pronunciamientos de respeto por la integridad de las propiedades comunitarias se efectúan sobre el supuesto del reconocimiento, la demarcación y el registro “conforme a la legislación de la materia” sin referencia a derecho propio indígena. Tampoco la hay al compromiso internacional del Perú de consultar con las comunidades indígenas para la realización de tal género de operaciones, compromiso contraído mediante la ratificación del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169). Ignorando siempre dicha obligación de consulta, el decreto somete a las tierras indígenas a pesadas servidumbres (art. 8.1.III):

“servidumbres de libre paso de oleoductos, gaseoductos, mineroductos,
instalaciones para la exploración y explotación minera y petrolera,
instalaciones para el servicio público de telecomunicaciones, líneas de
transmisión de energía…”

Ocho meses antes, el 22 de octubre de 2007, el Gobierno había presentado al Congreso el proyecto de ley 1770, “que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, comunidades campesinas y comunidades nativas”. No es casualidad por supuesto la coincidencia de título de aquellas medidas con este proyecto. Responde a la copia del contenido. ¿Ha acabado un proyecto de ley en dos decretos como si la materia no hubiera constitucionalmente de debatirse y aprobarse en el Congreso? No exactamente, pues la tramitación de la ley ha proseguido su curso, encontrándose con unas objeciones parlamentarias que ya de por sí alcanzan por supuesto también a los decretos. Y se formulan igualmente contra éstos.

El 10 de diciembre de 2008 la Comisión Agraria del Congreso ha presentado su dictamen sobre el proyecto de ley. Se excusa en realidad de hacerlo, como veremos, pero contiene referencias del máximo interés al efecto. Toma la Comisión nota de las objeciones que se han presentado por organizaciones sindicales e indígenas, así como también por la Defensoría del Pueblo. La Confederación Campesina del Perú ha alegado que el proyecto “parte de la informalidad de la propiedad de tierras comunales, tanto campesinas como nativas”, cuando, en rigor, “es difícil referir a la propiedad informal” el caso de las comunidades indígenas “por estar amparadas en el derecho consuetudinario”, el derecho propio que tanto el proyecto como los decretos ignoran. Lo propio argumenta la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana: “No son aplicable(s) a la propiedad comunal… conceptos como adjudicación gratuita” pues “la propiedad de las tierras comunales es ancestral, no requiriendo título del Estado”.

La Defensoría del Pueblo había presentado su informe el 19 de mayo, planteando como primer punto el de la necesidad de consulta a las comunidades indígenas conforme al Convenio 169 y a un principio democrático, “como parte de la cultura del diálogo que debe primar en la gestión del Estado para el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática”, “con la finalidad que los pueblos indígenas participen en la gestión del Estado y puedan ver que éste garantiza sus propias opciones de desarrollo”. Prosigue afirmando la existencia del derecho territorial indígena con independencia del reconocimiento por el Estado: “El Derecho a la tierra protegido por el Convenio nº 169 no sólo alcanza a las tierras sobre las cuales las comunidades campesinas o nativas ya tienen título de propiedad, sino también a las tierras que tradicionalmente ocupan”.

La Defensoría del Pueblo tampoco deja de señalar que, mediante este tipo de
medidas, puede acabar “produciéndose en los hechos una expropiación que no se
ajusta al procedimiento establecido en la Constitución”. No es además un asunto
meramente de propiedad territorial, pues pueden afectarse verdaderos derechos
fundamentales, como “el derecho a la identidad cultural”: “A través de la tierra
se afianzan los lazos de identidad y cohesión social al interior de la
comunidad”.

Por su parte, finalmente, el susodicho día de diciembre, la Comisión Agraria del Congreso aprueba “por unanimidad de los presentes la No Aprobación del Proyecto”, pero no por atender dichas alegaciones, sino por otro tipo de argumento. Razona que “habiéndose legislado sobre la presente iniciativa legislativa” mediante decretos como los referidos “no corresponde a esta Comisión emitir dictamen por sustracción de la materia”, ordenando con esto el archivo. Ni aprueba lo no aprobado por ley ni desaprueba lo aprobado por decretos. Otras comisiones se han pronunciado en estos últimos meses sobre el asunto de marras. La Comisión del Congreso de Vivienda y Construcción no se salió en cambio por la tangente, acusando inconstitucionalidad en el proyecto por contravención flagrante de un tratado firmado por el Perú, el Convenio 169 naturalmente.

La Comisión del Congreso de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología nombró, para la elucidación del asunto, una Comisión Asesora fundamentalmente formada por representantes de la sociedad civil. Su dictamen del pasado noviembre acerca de los decretos 1064 y 1089 los rechaza por no respetar el derecho a la consulta de las comunidades indígenas conforme al artículo 6 del Convenio 169 y tampoco, se agrega, el derecho al consentimiento libre, previo e informado del artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas:
“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.

La Comisión Consultiva terminantemente recomienda la derogación de esos decretos.
En virtud de un acuerdo con organizaciones indígenas, a mediados de septiembre se había constituido en el propio Congreso una Comisión Especial Multipartidaria para dirimir el problema de la serie de decretos lesivos de derechos indígenas, producidos al amparo forzado de la susodicha habilitación para facilitar la puesta en práctica del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos. En el dictamen correspondiente, respecto al decreto 1089 esta Comisión aprecia que no sólo contraviene el Convenio 169, sino que también vulnera directamente la Constitución, en concreto su reconocimiento de propiedad comunal y de “la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas” (art. 89).

La recomendación que desde la Comisión Multipartidaria se dirige a la Comisión de Constitución y Reglamento del propio Congreso es la de que considere la derogación de toda la serie de recientes decretos que afectan a derechos indígenas “por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas, así como al derecho a la identidad étnica y cultural, y a la aplicación e interpretación de tratados” suscritos por el Perú. Al Consejo de Ministros se le recomienda “observar y respetar los derechos colectivos e individuales de los miembros de los pueblos indígenas del Perú, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en el Convenio 169″.

La Comisión de Expertos (y Expertas) en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado sobre estas cuestiones en el informe que dirige a Perú a finales de 2008 y que se acaba de hacer público en febrero. Frente a los procedimientos que se vienen siguiendo para la elaboración de proyectos de ley y la emisión de decretos y frente también a su contenido coincidente, la Comisión expresa su preocupación e “insta al Gobierno a avanzar, inmediatamente, con la participación de los pueblos indígenas, en el diseño de mecanismos apropiados de participación y consulta”; “lo exhorta a consultar a los pueblos indígenas antes de la adopción” de medidas tales.

El Gobierno de la República del Perú viene últimamente dando muestras de auténtico empecinamiento en unas políticas que están de continuo atropellando los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Pese tanto al derecho internacional como al derecho constitucional, no da de momento muestras de ir a atender recomendaciones ni del Congreso de la República ni de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Se avecinan un desencuentro constitucional y una desautorización internacional?

Hay algo mucho más serio y urgente, un conflicto de políticas con derechos, de las actuales políticas peruanas con los derechos de los pueblos indígenas. Ahí radica el problema de este enredo normativo. La salida está clara. No es cuestión embrollada para que la desenrede el Congreso. Ni lo es oscura para que la diluciden constitucionalistas ni internacionalistas. Es cuestión cristalina para que la hagan valer pueblos y comunidades. Y esto antes de que el Congreso meta al Convenio 169 entre las normas que no se aplican.

Fuente: Publicado originalmente en el blog de Bartolomé Clavero: http://clavero.derechosindigenas.org/?p=1131
–
* Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea. SERVINDI

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