La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue mucho más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos 4 mil millones de dólares. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46,000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, ya está funcionando en el Perú dos nuevas empresas, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada principalmente por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y sub-contratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un “secreto de estado”, pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 de éstas que más les convienen.
A este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente en condiciones de la Amazonía brasileña y, la verdad, obligan a reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etc. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aún más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia “que no hay problema” y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser re-localizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos y peor aún será su efecto acumulado. En el Brasil, por ejemplo, las represas han dejado gran parte del país sin ríos no explotados con una o más obras para fines energéticos, con gravísimas y bien documentadas implicaciones sociales y ambientales. Han generado, por ejemplo, el importante movimiento popular denominado Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) que reclama un trato justo para las víctimas de esas obras y que para ser atendido invade y ocupa instalaciones de las empresas.
El problema, pues, es muy importante y antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:
1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2. ¿Hasta qué punto el avance de los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de pre-factibilidad, incluyendo aspectos sociales y ambientales, no demuestra que la obra ya está decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra, si sus impactos son excesivos, como manda la legislación ambiental?
3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo de que es de esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?
El Brasil y el Paraguay están precisamente ahora confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean ahora para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Pero el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.
Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios, o sea que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socio ambiental estratégica que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es “una represa” en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 o 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de la Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podrían haber otras cinco represas para “explotar” mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil entender por qué el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los
niveles nacional, regional y local y en las instancias políticas, académicas y
populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que va a ser parcialmente destruida por la represa del Inambari,
que fue decidida con estudios socio-ambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.
Lima, 3 de Junio del 2009
Datos:
Marc Dourojeanni, reconocido ambientalista. Ing. agrónomo y forestal, dedicado a la investigación y docencia, laboró como consultor del BID en temas vinculados a las políticas de aprovechamiento sostenible de la Amazonía, en Brasil.
Semblanza del Dr. Marc Jean Dourojeanni Ricordi, por el Ing. Manuel A. Ríos Rodríguez, en ceremonia de reconocimiento en UNALM: “Marc es un prestigioso conservacionista, uno de los especialistas en temas amazónicos más destacados del planeta. Ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la ecología peruana y a trabajar para protegerla, es un escritor cuyas ideas e interpretación del mundo son siempre mencionadas y citadas”.
Versión en Inglés:
Questions on hydroelectric power plants in the Peruvian Amazon RegiónMarc DourojeanniIn the rapid occupation process of the Peruvian jungle, characterized in the last decades by road infrastructure, petroleum and mining exploitation in addition to usual agriculture, cattle ranching and forestry activities, another determining element has arisen. It is the exploitation of hydroelectric potential. Presidents Alan García from Peru and Luis Ignacio
Lula da Silva from Brazil formally launched, on April 28th 2009, the race that will culminate with the operation of an undetermined number of grand dams in the high jungle rivers of Peru that are mainly aiming at supplying the insatiable energy demand of the neighboring country.
News of the signing of a memorandum of intent between Brazil and Peru, where amongst its six points has one referring to hydroelectric possible plants was commented with far more detail in Brazil than in Peru where it was done almost without anyone noticing despite its very serious geopolitical, economic, social and environmental importance. In essence, the memorandum proposes allowing Brazil to study, finance, build and operate up to six very large hydroelectric power plants on Peruvian soil to supply its energy requirements, purchasing a large part of the energy produced in Peru. The hydroelectric plants chosen by Brazil are Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) and Chuquipampa (800 MW) and, of course, the corresponding transmission lines which will be integrated into the Brazilian system. The total cost of these six undertakings will amount to the order of US$ 16 billion dollars and the first project selected is on the Inambari River, at the confluence of Madre de Dios, Cuzco and Puno departments at a cost of US$ 4 billion dollars. Only to give an idea of what it entails Inambari would, in terms of generation of energy, be the largest dam in Peru and the fifth largest in Latin America flooding an area of over 46,000 hectares.
On revising the information one discovers that the actions to be taken in order to carry out this project were being implemented long before the signature of the memorandum. According to the media, two new companies are already working in Peru, the Empresa de Generacion Electica Amazonas Sur SAC, made up mainly of Engevix, the main consulting firm in Brazil and Inambari Geracao de Energia, a consortium made up by Brazilian state-owned Eletrobras and Furnas and the construction company OAS, also Brazilian. They apparently already have a credit of US$ 2,5 billion from the Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico e Social (BNDES). The studies, carried out by the first of the mentioned corporations are already being carried out by the equally Brazilian company PSR Consultant and sub-contractor, according to a ministerial resolution of Energy and Mines given in June 2008, in other words a year before the presidential meeting. It could be true that this was not a “state secret” but it also undeniable that the government made no effort to divulge this important event affecting the nation’s future. In fact, the six dam projects are not new. They were already proposed in the 70s based on a study made by a specialized company (Lahmeyer-Salzgitter) with financing by the German government (GTZ) and the World Bank. In this regard, numerous possibilities were detected of the 14, which are priorities. Brazilians chose 6 of these, which were most convenient.
At this point without major information, it is difficult to evaluate whether the undergoing negotiations for Brazil to develop and exploit Inambari and the other dams will represent a benefit for Peru. What is evident is that the construction of large dams on the Amazon rivers will have enormous economic repercussions in terms of external debt and obviously, extreme environmental and social impacts. There is countless information on those impacts especially on Brazilian Amazon conditions and, truly, they require reflection long before they embark on construction of them. Their direct impacts include the important displacement of humans, economic changes and social not always positive, flooding of scarce fertile land, deforestation, elimination of fauna, alteration of the hydro biologic system and of neighboring land ecosystems, especially problems of contamination (generation of methane), etc. The indirect ones are worse and they extend over enormous surfaces that include invasion of protected areas and Indian territories, more deforestation since the work will attract more people and energy facilitates new speculations. All of these problems will be even more serious in the sui generis conditions of the high jungle, since the valleys are narrow and their biota elements are rare and many are endemic.
The corporations involved have already announced some of the results of the environmental impact study of Inambari. It, predictably, says in essence, “that there is no problem” and if there were any, they are easily resolved. This is highly unlikely when we already know, for example, that the reservoir will flood all the existing agriculture in the area, as well as the illegal gold mining and various populated centers which, also, due to the characteristics of the valley, will be unable to be reallocated appropriately. We also know that it will flood between 90 km and 150 km (depending on the final altitude of the dam) of the recently built Interoceanica highway whose cost is very high and paid by Peruvians. The abrupt slopes of the region are not stable and can affect the reservoir. Worst of all is that it will also flood part of the buffer zone of the Bahuaja-Sonene Park and that, in order to rebuild the road, this will be very close to the Park itself gravely threatening its future. We already know, through studies in the same Basin, that many of the fish species including some rare ones will be drastically affected.
The impact of the other dams could be greater or smaller of than that of Inambari, but they will not be spared and even worse their effect will be accumulative. In Brazil, for example, the dams have left a large part of the country without rivers to be exploited with one or more construction works for energy purposes, with most serious and documented social and environmental implications. They have generated, for example, the important popular movement called Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) that calls for a fair treatment of the victims of these construction works and in order for it to be acknowledged invades and occupies installations of the corporations.
The problem then is most important and before starting the work, as seems to be the case, must be discussed on a national level and not only exposed in a short manner at a local level in small meetings of misinformed farmers where the supposed benefits at emphasized and the problems are swindled. The questions Peruvian promoters of the works must reply to be basically three:
Which is the present sate of the negotiation or the present level of Peru’s commitment with corporations, and the Brazilian government in the case of Inambari and of the other projects? Is there still a possibility to discuss the subject or to find other alternatives?
To what extent the advancement of the feasibility studies of Inambari, without pre- feasibility studies, including social and environmental aspects, does not show that the construction work already decided, compromising the option of not carrying out the work if its impacts are excessive, as the environmental legislation indicates?
Which will be the benefits for Peru of a hydroelectric program which, as informed, will be studied, financed, constructed and operated by the neighboring country who will buy the vast majority of the production? Do they not imagine the risk that entail waiting for the hydroelectric power plants to be returned to Peru already sedimented and obsolete despite the fact that Peru must continue paying the gigantic loan embarked on?
Brazil and Paraguay are precisely now confronting a difficult situation with regard to Itaipu that was constructed in similar conditions to those proposed now for the six Peruvian dams. The Brazilian argument is that the bi-national agreement signed in 1973 backs their attitude to not pay any more for the energy bought. But the Paraguayan argument is that they cannot even pay the debt taken on for the construction because Brazil pays a vile price for the energy that they buy under exclusivity. It does not matter, in this case, who is right, but Peru should study deeply this conflict before embarking on similar long-term international agreements.
It is perfectly reasonable that Peru sells energy that it does not need to neighbor countries like Brazil, like any country does with this or any other resource. That is normal, desirable and is part of continental integration. However before taking a decision, economic, social and environmental studies must be carried out which guarantee that the benefits will be greater than the damages, in other words that it be profitable under those three terms. The economic benefits must ensure, also, a minimum of social and environmental damage or adequate compensation. What is more, in this case a strategic socio-environmental assessment must be made of the total hydroelectric program of the Amazon region must be addressed, not only of Inambari. One thing is “a dam” in the high jungle and another very different one are 6 to 14 hydroelectric power plans on the main national rivers. Likewise, on reading the Lahmeyer-Salzgitter study it reveals that, only in Inambari, there could be five more dams to “exploit” the best potential. Each river in the Amazon could, in effect, be converted into a succession of artificial lakes, as is the case already on several Brazilian rivers. The new Environment Minister of Peru must undertake an independent assessment on this problem and to insist that financial resources to do this task be allocated.
On the other hand, it is difficult to understand why the Peruvian government, that is presently confronting a serious social conflict in the Amazon region, precisely due to lack of information and discussion of their activities, once again reverts to adopting the same behavior as for the hydroelectric power plants that are projected. The only way to legitimize this program is divulging and discussing it seriously at national, regional and local levels and at the political, academic and popular levels. We hope that the very sad experience of the Interoceanica highway, which will be partially destroyed by the Inambari dam, which was based on poor quality socio-environmental assessments and useless, since the road was already being built when these were finalized.
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