SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO INDÍGENA AMAZÓNICO EN PERÚ
Rodrigo Montoya Rojas *
Mientras escribo este artículo, los pueblos indígenas de la Amazonía se rebelan contra el Estado peruano y aparecen como un actor político por primera vez en su historia. Se cansaron de pedir y ahora exigen con firmeza. Para ser oídos convocaron al gobierno a una “mesa de diálogo” en San Lorenzo, muy lejos de Lima, a orillas del río Marañón, un poco antes de que este cambie de nombre para llamarse Amazonas. Los pueblos indígenas Awajun, Wampis, Matsiguenka y Shipibo cercaron a la petrolera argentina Perú Petro, una hidroeléctrica y, además, bloquearon algunas carreteras en las provincias de Bagua y Utcubamba en Amazonas, Datem, en Loreto, Echarate en Cusco y en Iparía, Ucayali. Como el gobierno no escucha a nadie que no bloquee carreteras y puentes, la lección ha sido aprendida por los pueblos amazónicos luego de la rebelión última de Moquegua.
Los insurgentes exigen que el gobierno derogue los decretos legislativos, sobre todo los 1015 y 1073, impuestos sin diálogo ni concertación alguna con los propios indígenas como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por el Estado peruano.
Rodrigo Montoya Rojas *
Mientras escribo este artículo, los pueblos indígenas de la Amazonía se rebelan contra el Estado peruano y aparecen como un actor político por primera vez en su historia. Se cansaron de pedir y ahora exigen con firmeza. Para ser oídos convocaron al gobierno a una “mesa de diálogo” en San Lorenzo, muy lejos de Lima, a orillas del río Marañón, un poco antes de que este cambie de nombre para llamarse Amazonas. Los pueblos indígenas Awajun, Wampis, Matsiguenka y Shipibo cercaron a la petrolera argentina Perú Petro, una hidroeléctrica y, además, bloquearon algunas carreteras en las provincias de Bagua y Utcubamba en Amazonas, Datem, en Loreto, Echarate en Cusco y en Iparía, Ucayali. Como el gobierno no escucha a nadie que no bloquee carreteras y puentes, la lección ha sido aprendida por los pueblos amazónicos luego de la rebelión última de Moquegua.
Los insurgentes exigen que el gobierno derogue los decretos legislativos, sobre todo los 1015 y 1073, impuestos sin diálogo ni concertación alguna con los propios indígenas como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por el Estado peruano.
Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado por le ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de Estado Unidos junto con Uribe de Colombia y Bachelet de Chile, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, el Sr. García exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles “perros del hortelano, que no comen ni dejan comer”, usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan si no pueden. El derecho de propiedad indígena no es como el derecho de propiedad del resto de ciudadanos de primera categoría. ¿Quiénes pueden cuestionar la propiedad de las multinacionales en Perú? Sólo “los comunistas y enemigos de la patria”, dicen los apristas. ¿Quiénes pueden cuestionar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas? El presidente García y su partido aprista, en nombre de la democracia y de la inversión capitalista.
Una información adicional es pertinente en este punto. De acuerdo a las leyes que de peruanas tienen sólo el nombre, quienes poseen la tierra en Perú sólo son dueños de la materia física llamada tierra, tierra pelada para decirlo sin rodeo alguno, no de sus aires –bosques- ni del subsuelo –gas, petróleo, minas- ni de las aguas de sus ríos en cuyas arenas se encuentra el oro.
Una información adicional es pertinente en este punto. De acuerdo a las leyes que de peruanas tienen sólo el nombre, quienes poseen la tierra en Perú sólo son dueños de la materia física llamada tierra, tierra pelada para decirlo sin rodeo alguno, no de sus aires –bosques- ni del subsuelo –gas, petróleo, minas- ni de las aguas de sus ríos en cuyas arenas se encuentra el oro.
Con su sabiduría milenaria los pueblos indígenas se ríen de esta estupidez peruano occidental porque para ellos y ellas la tierra, el subsuelo y los aires son una sola unidad como una es la vida de los seres humanos, animales y plantas gracias a la madre tierra, a los ríos y mares. Separar a los seres humanos de sus bosques y de sus ríos es un acto de ignorancia punible. Como estamos en Perú y no en un reino de mínima sensatez, el mapa de concesiones de tierras en la Amazonía en beneficio de empresas multinacionales parece un tablero de ajedrez. En Texas, Estados Unidos, los propietarios del suelo debajo del cual se encuentra petróleo se vuelven millonarios petroleros. En Perú se vuelven pobres como ha ocurrido con todos los dueños del suelo donde hay minas, petróleo y gas.
Desde 1974, los pueblos indígenas han empezado a recuperar parte del territorio que organizaron en miles de años y que los españoles y sus herederos les expropiaron. La superficie recuperada está ahora en grave peligro de pasar a otras manos para felicidad del capitalismo y sus defensores. Compartir el bosque con los hermanos monos, tortugas o pájaros, sólo es entendible si se tienen las luces de una espiritualidad indígena en la que la llamada superioridad del hombre y la razón sobre la naturaleza son, felizmente, inexistentes e inimaginables.
Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser “mecidos”; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán n reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías “tiren y piensen después”. De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas.
Sería un grave error suponer que el conflicto amazónico concierne exclusivamente a los pueblos indígenas de la región y que por su pequeñez demográfica se trataría de algo menor o de poca importancia. Una de las muchas consecuencias posibles del surgimiento de un nuevo actor político en Perú es el desafío para los partidos políticos, intelectuales y profesionales del país para cambiar sus viejos hábitos coloniales. ¿Cuántos antropólogos y antropólogas nos interesamos y acompañamos a los pueblos indígenas en sus luchas? Sólo pocos, muy pocas. ¿Cuántos politicólogos y politicólogas o pomposamente llamados cientistas políticos incluyen a los pueblos indígenas en sus análisis sobre Perú? Casi ninguno o ninguna. ¿Hasta cuándo la clase política y la inmensa mayoría de periodistas y los llamados comunicólogos seguirán creyendo que Lima es el Perú y que la democracia se reduce a elegir representantes cada tres o cinco años en las alcaldías, congreso y presidencia de la República? La acción de las organizaciones indígenas no es una sorpresa de hoy. Como todos los procesos sociales, viene de lejos, la Asociación indígena para el Desarrollo de la Amazonía Peruana, AIDESEP se formó hace 28 años. Frente a la casi desaparición de la izquierda corresponde a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas el mérito de defender causas nacionales y mundiales como la defensa de los Recursos, del petróleo, el gas, el agua, y el territorio como bienes nacionales, colectivos y públicos; de defender las culturas, lenguas, identidades, biodiversidad, saberes y una nueva espiritualidad libre de los graves complejos y traumas de las religiones cristianas y católicas; y, finalmente, de defender formas de autogobierno y libre determinación para enriquecer la pobre noción de democracia en uso en el país.
Por lo expuesto, la solidaridad y apoyo a los pueblos indígenas se impone como un deber no sólo con ellos sino con el país entero.
Desde 1974, los pueblos indígenas han empezado a recuperar parte del territorio que organizaron en miles de años y que los españoles y sus herederos les expropiaron. La superficie recuperada está ahora en grave peligro de pasar a otras manos para felicidad del capitalismo y sus defensores. Compartir el bosque con los hermanos monos, tortugas o pájaros, sólo es entendible si se tienen las luces de una espiritualidad indígena en la que la llamada superioridad del hombre y la razón sobre la naturaleza son, felizmente, inexistentes e inimaginables.
Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser “mecidos”; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán n reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías “tiren y piensen después”. De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas.
Sería un grave error suponer que el conflicto amazónico concierne exclusivamente a los pueblos indígenas de la región y que por su pequeñez demográfica se trataría de algo menor o de poca importancia. Una de las muchas consecuencias posibles del surgimiento de un nuevo actor político en Perú es el desafío para los partidos políticos, intelectuales y profesionales del país para cambiar sus viejos hábitos coloniales. ¿Cuántos antropólogos y antropólogas nos interesamos y acompañamos a los pueblos indígenas en sus luchas? Sólo pocos, muy pocas. ¿Cuántos politicólogos y politicólogas o pomposamente llamados cientistas políticos incluyen a los pueblos indígenas en sus análisis sobre Perú? Casi ninguno o ninguna. ¿Hasta cuándo la clase política y la inmensa mayoría de periodistas y los llamados comunicólogos seguirán creyendo que Lima es el Perú y que la democracia se reduce a elegir representantes cada tres o cinco años en las alcaldías, congreso y presidencia de la República? La acción de las organizaciones indígenas no es una sorpresa de hoy. Como todos los procesos sociales, viene de lejos, la Asociación indígena para el Desarrollo de la Amazonía Peruana, AIDESEP se formó hace 28 años. Frente a la casi desaparición de la izquierda corresponde a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas el mérito de defender causas nacionales y mundiales como la defensa de los Recursos, del petróleo, el gas, el agua, y el territorio como bienes nacionales, colectivos y públicos; de defender las culturas, lenguas, identidades, biodiversidad, saberes y una nueva espiritualidad libre de los graves complejos y traumas de las religiones cristianas y católicas; y, finalmente, de defender formas de autogobierno y libre determinación para enriquecer la pobre noción de democracia en uso en el país.
Por lo expuesto, la solidaridad y apoyo a los pueblos indígenas se impone como un deber no sólo con ellos sino con el país entero.
* Rodrigo Montoya Rojas es antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.
Enviado por Lucas Cachay.
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