La selva cusqueña del Bajo Urubamba era hasta hace unos años
una zona de belleza casi inexpugnable, habitada solo por los sosegados
machiguengas. Para visitarla y respirar sus paisajes había que atravesar en bote
las torrentosas aguas del pongo de Mainique, ese extraño accidente geográfico en
el que el río quiebra la Cordillera del Vilcabamba y divide el Alto del Bajo
Urubamba. El pongo era entonces el guardián de la calma machiguenga.
Pero la tranquilidad se ha roto. Y no fue solo
con la instalación del proyecto Camisea en el 2004, que llevó empleo, pero
también otras consecuencias, como el incremento del tráfico fluvial. Hace dos
años el sosiego se quebró definitivamente: la construcción de la carretera de
Kimbiri hacia Kepashiato acercó la violencia del VRAE (ahora Vraem) hacia el
Urubamba. "Parece que están intentando sacar la droga por el río Urubamba o
atravesando las tierras en el monte de las comunidades hacia Sepahua, en
Ucayali", asegura Lelis Rivera, director del Cedia, ONG que hace 30 años trabaja
en la zona.
Los indígenas han notado que personas extrañas surcan sus ríos e invaden en filas sus tierras por el monte, ataviados de mochilas. Y en busca de estos extraños han llegado también los militares. Luego del secuestro de los 36 trabajadores del proyecto Camisea en Kepashiato, el Ejército y la Marina instalaron cuatro bases y puestos de control en pleno territorio machiguenga. "No sabemos qué hacer, nadie ha coordinado nada con nosotros. Por un lado nos parece bien, pero aquí la gente también tiene miedo a los militares, no sabemos qué puede pasar", dice Remigio Ríos, dirigente de la comunidad nativa de Camisea, uno de los cuatro lugares del Urubamba en los que se ha instalado un destacamento militar.
Entre dos fuegos
La zona de Kepashiato, donde se produjo el
secuestro terrorista, pertenece al Alto Urubamba y en sus alrededores viven 3
mil indígenas machiguengas organizados en 17 comunidades. Inkaare (Lagunas, como
la conocen en castellano) y Shimaa son dos de las que ya se han visto atrapadas
entre la violencia terrorista y la represión de las Fuerzas Armadas. Los
habitantes de Inkaare han abandonado sus viviendas y en Shimaa prefieren no
hablar del tema. "Hace tiempo que nosotros no podemos desarrollar proyectos en
estas comunidades, temen alguna represalia de Sendero", lamenta Lelis
Rivera.
La violencia y el miedo han alejado también a
los dirigentes de estas comunidades del Consejo Machiguenga del Río Urubamba
(Comaru), gremio que agrupa a este grupo indígena.
En Kepashiato y en Ivochote, el caótico puerto
desde donde se accede al Bajo Urubamba, las Fuerzas Armadas han instalado dos de
los destacamentos militares. Los otros dos se encuentran cruzando el pongo, en
las comunidades de Camisea y Nuevo Mundo. El Bajo Urubamba está habitado por
9.500 indígenas agrupados en 22 comunidades.
Noticias lejanas
En la comunidad de Cashiriari (que se podría
traducir como el lugar donde habita la luna), las noticias del secuestro en
Kepashiato llegaron como si se tratara de rumores lejanos. La violencia
terrorista es algo de lo que se enteran en las escasas horas de televisión que
tienen en la comunidad. "No sabemos bien qué pasó; pero, de pronto, un día vimos
a los militares en Ivochote y en Camisea revisando nuestros botes. No entendemos
qué pasa porque nadie nos ha dicho nada", se queja Jesús Andrés Incuariqui, jefe
de Cashiariari.
El mismo temor ha manifestado Rubén Binari,
jefe del Comaru, que tampoco sabía nada sobre la instalación de los puestos de
control y que desde la semana pasada recorre las comunidades para recoger la
percepción de la población. Para Lelis Rivera, es importante que las Fuerzas
Armadas brinden mayor seguridad, pero cree que se debió consultar a los
indígenas. "Tiene que definirse un manual de comportamiento para evitar excesos
de los militares; no debe permitirse, por ejemplo, las relaciones entre
militares y las mujeres indígenas", sostiene el antropólogo.
En Camisea, las FF.AA. han utilizado un
terreno situado a 1 km de la comunidad. Y en Nuevo Mundo se han instalado en una
zona próxima al campamento de Repsol. Los mandos militares explican que las
bases buscan cortar una de las vías de salida de la droga del Vraem hacia
Sepahua, en Ucayali.
Más datos
Control excesivo
Una de las cosas que más incomoda a las comunidades de las recientes instalaciones militares tiene que ver con el control y el zarpe. El dirigente de Cashiriari, Jesús Andrés Incuariqui, dijo que los militares no distinguen las embarcaciones grandes de las pequeñas y que eso genera malestar porque ellos están acostumbrados a transitar libremente en el río.
Demasiado trámite
El mismo dirigente señaló que desde que los militares se instalaron en Ivochote, les están pidiendo declarar el zarpe cuando ellos nunca antes lo habían hecho. Al respecto, Lelis Rivera, director de Cedia, recomienda: "Me parece bien que haya control de las matrículas de los botes, pero tienen que saber diferenciar a las poblaciones indígenas de los otros. A ellos no les pueden pedir derecho de zarpe o pagar los costos de estos".
El mismo dirigente señaló que desde que los militares se instalaron en Ivochote, les están pidiendo declarar el zarpe cuando ellos nunca antes lo habían hecho. Al respecto, Lelis Rivera, director de Cedia, recomienda: "Me parece bien que haya control de las matrículas de los botes, pero tienen que saber diferenciar a las poblaciones indígenas de los otros. A ellos no les pueden pedir derecho de zarpe o pagar los costos de estos".
Memoria
Lelis Rivera recuerda que ni en la peor época del terrorismo este logró penetrar el Bajo Urubamba. Agrega que nunca antes se había instalado un destacamento militar en la zona. "Es por eso que la gente tiene mucho temor y desconfianza", precisó.
Notas
Lelis Rivera recuerda que ni en la peor época del terrorismo este logró penetrar el Bajo Urubamba. Agrega que nunca antes se había instalado un destacamento militar en la zona. "Es por eso que la gente tiene mucho temor y desconfianza", precisó.
Notas
Nelly Luna estudió Comunicación Social Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Inició su actividad periodística en el 2001. El 2004 ingresó al diario El Comercio y comenzó a escribir en la sección Metropolitana. En ese espacio desarrolló varios reportajes y crónicas urbanas. Desde el 2007 escribe para la Unidad de Fin de Semana.
Ha obtenido, entre otros, el premio internacional al mejor reportaje a profundidad otorgado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el primer premio en la categoría prensa escrita en el concurso nacional organizado por la Cámara de Comercio de Limay el primer puesto del concurso iberoamericano de periodismo científico organizado por el Instituto de Las Américas.
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Enviado por Revista solo para viajeros
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