Sobrel el conflicto con el Grupo Romero en Barranquita

Lucero Guillen
Coordinadora de la Mesa de Concertación

Los hechos

En marzo del 2007 le adjudican 3 000 hectáreas a la empresa Agrícola del Caynarachi S.A. por una resolución del Ministerio de Agricultura, pese a las oposiciones judiciales que realizaron autoridades del distrito de Barranquita la empresa siguen aplicando sus estilos violetos, desalojado a posesionarios, quitándoles sus pertenencias, quemándole sus casitas, demoliéndole toda la plantación. Eso esta generando reacciones que puede a futuro generar un clima de violencia que nosotros no deseamos, y hasta ahora hemos logrado que la población reaccione de formas que no llevan a situación dolorosas ni para nosotros ni para la empresa, porque al final los que actúan a nombre de empresa son también campesinos igual que los nuestros, el tema es bastante difícil pero la población esta muy clara en lo que quiere, que los campesinos tengan sus tierras en propiedad que es una manera de garantizar su sustento, por otra lado están los bosques comunales, que es un tema trabajado durante muchos años porque pensamos en toda esta situación de emergencia, Barranquita ya veía que el agua disminuía, el sol calentaba mas, se tomaron decisiones, se han ido ordenando los territorios para que podamos tener una zona que salvaguarde la vida y el ecosistema.

La empresa, avalada por el gobierno, porque Instituciones Gubernamentales van implementando normas que atentan contra la propiedad de los campesinos, sigue avanzando con su actitud prepotente que es lo que menos nos gusta y lo que más nos preocupa porque en cualquier momento los pobladores pueden perder la calma.

Los pobladores de Barranquita estamos organizados desde el 2001 que elaboramos nuestro Plan de Desarrollo Concertado, la empresa ha venido a sorprendernos con su proyecto el año 2006, lo peor es que se presentan a la población diciendo que son dueños de medio Perú y que hagamos lo que hagamos esas tierras serán suyas, ahí es que empieza la reacción, la primera confrontación es con el alcalde que defendía a la empresa mas no a los campesinos a pesar que con el hemos trabajado el Plan de Desarrollo Concertado del distrito y después de años intensos de trabajo participativo de la población nos da la espalda, a pesar de eso la población se ha mantenido muy firme todo el 2006 a través de la resistencia a los desalojos.

El 2007 fue mucho mas violento porque salió la resolución ministerial que le adjudicaba las tierras a la empresa, 150 nuevos soles por hectárea, cuando de solo un árbol sacan hasta 10 mil soles y en 3 000 hectáreas, imaginen la cantidad de árboles que se echan abajo, además son bosques primarios y que Inrena que era la institución encargada de velar por los recursos naturales a cambiado la calificación de bosque de producción permanente a uso agrícola, diciendo que ya son bosques manoseados, que han sido talados y que se tiene que cambiar de uso, cuando uno ingresa a esos territorios hay muchos bosques primarios, aunque hubieran algunos campesinos con sus pequeñas parcelas, nunca se hubieran titulado porque estaban en bosque de protección pero a solicitud de la empresa se han cambiado la calificación de miles de hectáreas, ya no son de producción, sino de uso agrícola.

La empresa del grupo Romero tiene también adjudicaciones en Loreto que colinda con Barranquita, estas tierras están totalmente deforestadas, están sacando la madera, han hecho una trocha carrozable que llega a un cerro de piedrecillas que están utilizando para hacer la carretera, pero no hay permisos, no han hecho un estudio de impacto ambiental, no han solicitado las autorizaciones a las diferentes instituciones del estado, a pesar de eso estas instituciones hacen ojos ciegos y oídos sordos, permiten todo, hasta ahora se esta logrando que no arrasen todo como han hecho en la parte de Loreto en las plantaciones, en esta zona hay muchos posesionarios, muchos campesinos con sus pequeñas parcelas, han estado antes que la empresa, cuando la empresa ha solicitado esas áreas, los inspectores “no han visto” a los posesionarios, han dicho esa es área libre por lo tanto se vende.

El 1 de abril del 2007 luego de la resolución nos trasladamos a Tarapoto y tuvimos una reunión con Ministerio de Agricultura, directores del Ministerio y del Gobierno Regional y llegamos a un acuerdo que la empresa no debía realizar ningún trabajo hasta que se revise el proceso de adjudicación, que consideramos no ha sido bien hecho, que se respeten los bosques comunales, que se respeten a los campesinos y que se le entreguen los títulos de propiedad, el ex ministro Salazar nos prometió que en 15 días después de la Semana Santa íbamos a tener una reunión en Barranquita porque él personalmente se iba a encargar de revisar ese proceso de adjudicación que dio lugar a la resolución, nunca llegó, hemos esperado pacientemente a lo largo del 2007 muy preocupados porque la empresa seguía avanzando en sus trabajos.

Hemos estado en comunicación con el Gobierno Regional, hemos hecho acciones encaminadas a recoger información de otras instituciones, como había sido el proceso de adjudicación, lo que no hacía el ministro, como lo había prometido y nos dimos cuenta que se habían saltado una serie de normas, un documento te llegaba un día a un despacho y a los dos días ya había respuesta positiva.

Las irregularidades del Procedimiento de adjudicación

Del Gobierno Regional tenía que haber salido una resolución que declaraba el proyecto de la Palma aceitera en esa zona como de interés regional y no existe, lo que existe es una carta del ex presidente regional donde le da carta libre a la empresa porque es un proyecto que le interesa para la región, pero a nombre propio y no a nombre del Consejo Regional donde se debió decidir. El día que se emite la carta a favor de la empresa los consejeros están discutiendo como estaba interviniendo el Grupo Romero en la zona y el representante de la empresa que había ido a esa reunión solamente habló de las bonanzas que traía esta inversión y no se quiso quedarse al momento en que se tenía que decidir la posición del Gobierno Regional, pensamos que el ex presidente regional vio que las cosas no le iban a salir como el quería y simplemente lo que dio es una carta, que esta en la documentación y que para nosotros eso es inválido, luego no hay ningún estudio de impacto ambiental a pesar que el Instituto Nacional de Desarrollo INADE desde Lima comunicó al director ejecutivo del proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo Washington Cárdenas: “sabemos que es un proyecto de interés nacional pero no se olvide usted de exigir un EIA”, le llegó la documentación el 5 de mayo y le da el visto bueno el lunes 8 de mayo, sin contar con el estudio de impacto ambiental, que recién el 16 de noviembre del 2009 ha sido aprobado por la dirección general de asuntos ambientales del Ministerio de Agricultura. Luego la inspección ocular que dice que ahí no hay posesionarios y si hay posesionario que Cofopri se ha negado titular, a linderar y finalmente la existencia de bosque primario y la modificación de bosques de producción permanente a tierras agrícolas.

Si el estudio de impacto ambiental era un requisito, ni el Proyecto Huallaga, ni el ministerio de Agricultura han tenido que dar pase a ese proyecto, pero lo dieron, son responsables y tenemos derecho a reclamar que subsanen esta responsabilidad porque están generando serios problemas a la población campesina.

Nos preocupa que desde las instancias nacionales no hay seriedad en los temas, no se cuida, no se protege al ciudadano sino se le expone al riesgo de quedarse sin nada, aumentar el número de pobres extremos que al no tener propiedad tienen que a ir a aumentar los cinturones de pobreza en las grandes ciudades.

También hay conflicto con las institución encargada de titular las tierras, te exigen que desbosques mientras que para el campesino, plantea puedo desboscar una parte pero no todo, lo que quiero es aprender como manejar ese bosque para que me rinda económicamente pero no desboscar, ahí entramos en una confrontación porque son dos opciones distintas y es una confusión, sobre todo en este tiempo que se plantea la emergencia ambiental, el discurso de cuiden los bosques, mantengan los bosques, cuiden las aguas y por otra parte la institución encargada de la titulación de las tierras te dice desbosca, entonces ya no entendemos.

Lo que si nosotros tenemos muy claro, es que tenemos que cuidar los bosques, no solo a nivel comunal de las grandes extensiones que todavía nos queda sino también de las parcelas familiares, en Barranquita estamos trabajando ese tema y trabajando proyectos para que la gente pueda salir adelante económicamente de la pobreza.

Lo que desearíamos es que el ejecutivo tenga optra posición con la población, que protegiera mas a sus ciudadanos, que a la amazonía no la viera simplemente como recursos económicos, que viera como su población el poblador amazónico se ha mantenido en armonía con su medio ambiente, que aunque le llamen “ignorante” ha tenido la sabiduría para manejar su ambiente que a todos nos permite la vida y que comprenda que el conflicto con la empresa del Grupo Romero ha llegado al límite, los pobladores ya no están dispuestos a seguir esperando mientras se atropellan sus derechos. Por ello pedimos que todos las ciudadanas y ciudadanos se sumen a la capaña de firmas "Defendamos Barranquita, defendamos los bosques de la amazonía"

Tarapoto, 7 de enero


Campaña por Barranquita
http://porlaamazonia.blogspot.com/2010/01/campana-por-barranquita-nota-de-prensa.html

http://www.amazoniamagica.com/

Amazonía peruana: guerra por los recursos y contra las drogas

Ricardo Soberón Garrido

En la Amazonía peruana, el Estado libra dos guerras contradictorias aunque en paralelo. La guerra contra las drogas, que pretende terminar con el uso de sustancias psicoactivas en el mundo a través de la desaparición de plantas como la coca y la cannabis, y la guerra por los recursos naturales, que pretende reordenar el territorio amazónico a voluntad de empresas, conglomerados y megaproyectos.

El reciente enfrentamiento entre policías e indígenas awajún en el Perú, que costó la vida de 34 personas, guarda relación con las marchas cocaleras en Colombia (1996), las del Perú (2004) y las del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Todas estas movilizaciones sociales son la prueba evidente de la confrontación de dos modelos de vida y desarrollo: uno es el que pregona el denominado ‘Consenso de Washington’, basado en el neoliberalismo salvaje, la extracción indiscriminada de recursos no renovables y el consumismo extremos; el otro está basado en el respeto a los pueblos originarios, los ecosistemas biodiversos como el amazónico y la vigencia de los derechos colectivos.

En ambos conflictos, los actores estatales asentados en Lima, Bogotá, México DF y Washington juegan un rol promotor de la continuidad del modelo del ‘Consenso de Washington’, a pesar de las evidencias mostradas en el último semestre sobre las consecuencias de la crisis financiera global y la debacle del referido modelo. De forma simultánea, perennizan los postulados del denominado ‘Consenso de Viena’, que consiste en mantener una fracasada guerra antidrogas, basada en la interdicción indiscriminada, la erradicación aérea, la extradición y la certificación.

Tales promotores de guerras inútiles, pero muy lucrativas –como ministros de Comercio, zares antidrogas, embajadores o jefes de policía–, se la pasan convenciendo o presionando a Gobiernos adeptos y opiniones públicas desinformadas, a través de presupuestos y condicionamientos sobre la necesidad de mantener ambas guerras: la de las drogas y la de los recursos. En ambos casos, tales guerras cuentan con instrumentos de aplicación similares o convergentes. Es el caso de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), destinada a unir por redes fluviales y terrestres el Atlántico con el Pacífico, el Plan Colombia, destinado a terminar con las FARC y el narcotráfico, la Iniciativa Mérida, con el objetivo de acabar con el crimen organizado en la frontera con Estados Unidos, la Iniciativa Andina, destinada a contener los impactos del conflicto armado en las fronteras andino-amazónicas, los tratados para promover el libre comercio con determinados países, o la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPADEA, en inglés) como instrumento de transición para el desarrollo alternativo. Todo parece indicar que el Gobierno del presidente García ha dado marcha atrás al aceptar la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, sobre flora y fauna y ordenamiento territorial, respectivamente (denominados ‘Ley de la selva’ por los indígenas). Sin embargo, en su presentación televisada de unos días atrás, García fue muy claro en mantener los objetivos de largo plazo de su Gobierno, es decir, promover la inversión y el crecimiento económico.

¿Qué significa ello?

1. Su intención de promover otros marcos legales –esta vez consultados con los indígenas– que le permitan asegurar la propuesta económica contenida en su teoría del “perro del hortelano”, es decir, darle valor económico a los 63 millones de hectáreas que hay en la Amazonía promoviendo concesiones petroleras y de gas, licencias forestales y una mayor concentración de la propiedad para el desarrollo de monocultivos.


2. El mantenimiento de relaciones políticas, comerciales y de seguridad privilegiadas con los Gobiernos de los presidentes Lula y Álvaro Uribe. En el caso del primero, el Brasil está interesado en asumir el liderazgo regional y global –como acontece en el G-20, en el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y en el Consejo Sudamericano de Defensa– y en lograr la neutralización de la influencia de Chávez en América del Sur. Perú y Brasil comparten una alianza estratégica amplia que tiene varios componentes como, por ejemplo, el uso por parte del Perú del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM). Asimismo, la construcción de carreteras interoceánicas en el marco de la IIRSA, la construcción de seis hidroeléctricas en la Selva Alta peruana que van a promover de energía barata a los estados fronterizos de Acre y Rondonia y, finalmente, la promoción de los proyectos de expansión de la frontera agrícola a través de los agrocombustibles.

En el caso de Colombia, todo parece indicar que se puede producir una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe (2002-2014), pues cuenta con un 54 por ciento de intención de voto. Es evidente que hay una relación entre dicha intención y la forma como ha manejado el conflicto armado con las FARC. Pero ¿cuál es la situación real del narcotráfico? Todos los indicadores, tanto de Estados Unidos como de la ONU, muestran que, a pesar de los 8.000 millones de dólares invertidos en la ejecución del Plan Colombia, ni el área de cultivos ilícitos ni la droga producida se han reducido. Por el contrario, se han conformado nuevas alianzas entre organizaciones criminales emergentes (las Águilas Negras, Los Rastrojos). Es conocido el interés de los paramilitares –y del Gobierno colombiano– en promover megaproyectos, concentración de la propiedad y el desplazamiento de la población originaria en diversas partes del territorio.

Por otro lado, las experiencias de diez años de tratado de libre comercio (TLC) en México son desalentadoras en cuanto a promoción del empleo, balance comercial y pérdida de seguridad y soberanía alimentaria. Las relaciones entre los impactos adversos del TLC sobre la cultura mexicana y el actual estado de guerra que se vive en la frontera son evidentes. Las lecciones aprendidas del caso mexicano y de los países andinos muestran la íntima relación que existe entre las nefastas consecuencias de la guerra antidrogas y la guerra por los recursos naturales.

Curiosamente, al mismo tiempo que el Gobierno peruano pasó 55 días sin resolver las peticiones de los hermanos awajún asentados en la zona norte del Perú, las Fuerzas Armadas venían desarrollando un intenso operativo militar en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), destinado a ubicar las columnas de José Quispe Palomino, máximo representante de la corriente de Sendero Luminoso denominada ‘Proseguir’, que en los últimos meses realizó importantes emboscadas contra el ejército, inutilizó un helicóptero, reclutó niños y dio entrevistas a la prensa. Así pues, ni el denominado Plan VRAE ni la teoría del “perro del hortelano” constituyen una solución a los problemas históricos de la Amazonía.

Nota:
Ricardo Soberón Garrido es abogado peruano, reconocido analista internacional en asuntos de drogas y seguridad, e investigador asociado del Centro de Investigación “Drogas y DDHH” y el Transnational Institute.

Fuente: Transnational Institute

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