Reflexiones, artículos, ensayos amazónicos

La Declaración de Bariloche

II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas

Los más de dos mil doscientos participantes en este Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, celebrado en Bariloche entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del 2007 personificamos una amplia gama de variados intereses: gestores de áreas protegidas, representantes de gobiernos nacionales y locales y de organismos de integración regional, organizaciones civiles dedicadas a la conservación de la naturaleza y desarrollo social, organizaciones internacionales, representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, científicos y académicos, así como empresarios privados; igualmente, compartimos una preocupación y un compromiso común.

Apreciamos y agradecemos los esfuerzos realizados por la Administración de Parques Nacionales de Argentina, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Redparques, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas, así como de todas las organizaciones e individuos que contribuyeron a hacer realidad este Congreso facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias como también la discusión de nuestras preocupaciones y aspiraciones con respecto a nuestras áreas protegidas.

Reconocemos que las áreas protegidas de la región, como parte de nuestra herencia natural y cultural, son instrumentos indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y para elevar el bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que aportan soluciones a las principales problemáticas ambientales globales. Alcanzar dicho reconocimiento constituye una necesidad urgente y un gran reto para todos.

Reafirmamos que la región Latinoamericana tiene carácter de acreedora ambiental de los países desarrollados.

Reconocemos que después de una década de haber realizado el Primer Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 21 al 28 de mayo de 1997, se ha propiciado una serie de importantes eventos que marcan pautas en la agenda internacional sobre áreas protegidas:·

·La adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Milenio (Nueva York, Estados Unidos de América, Septiembre del 2000) que establece objetivos e indicadores prioritarios para el desarrollo;

·La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto a 4 de septiembre del 2002) donde se adoptaron las metas de reducir antes del 2012 el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, de establecer redes de áreas marinas protegidas antes del 2012 y de mantener o restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles antes del 2015;

·El I Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC, Geelong, Australia, octubre del 2005) que ha establecido recomendaciones para aumentar la cobertura y fortalecer la efectividad de las áreas marinas protegidas;

• El V Congreso Mundial de Parques de la UICN (Durban, Sudáfrica, Septiembre del 2003) que adoptó el Acuerdo de Durban y el Plan de Acción de Durban para las áreas protegidas;

• La adopción (Decisión VII/28) por la 7ª Conferencia de las Partes (Kuala Lumpur, Malasia, Febrero del 2004) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) del Programa de Trabajo de la CDB sobre Áreas Protegidas;

• El I Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Managua, Nicaragua, 2003) y el II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Ciudad de Panamá, Panamá, Abril del 2006) que han establecido pautas y recomendaciones para fortalecer las áreas protegidas de la región.

• El IV Congreso Mundial de Guardaparques, Australia, 2003;

• El V Congreso Mundial de Guardaparques, Escocia, 2005;

• El Congreso Iberoamericano de Guardaparques, Chile;

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, 2007;

• El Primer Congreso internacional de áreas marinas protegidas;

• Las ratificaciones de los países del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 OIT, Ginebra, l989.

Destacamos el surgimiento, avance y fortalecimiento de diversas formas de organización social que han ocurrido en la región en las últimas décadas y que derivaron en procesos de gestión ambiental compartida de las áreas protegidas entre los Estados y los actores sociales locales, contribuyendo a la conservación de los espacios naturales protegidos y la conservación de la diversidad biológica.

Reafirmamos nuestro apoyo y compromiso con el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas establecido por el CBD como compromiso fundamental para el logro de los sistemas de áreas protegidas, financieramente sostenibles y manejados de manera eficiente. Somos conscientes de que vivimos en un mundo en constante transformación, en el que cada día son más evidentes los impactos asociados al cambio climático, la creciente fragmentación de ecosistemas y la propagación de especies invasoras.

Enfrentamos grandes retos de conservación y desarrollo vinculados a la reducción de la pobreza, el crecimiento demográfico, la urbanización, el desarrollo económico e industrial en algunos casos descontrolado y la contaminación asociada con sus procesos de producción, el rápido desarrollo de megaproyectos y de agroindustrias no alimentarias, la demanda creciente de alimentos y otros recursos naturales, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el deterioro de los ambientes costeros, en especial los crecientes y serios problemas de demanda sobre calidad y abastecimiento de agua además de la problemática asociada a la disponibilidad de tierras y especulación.

Estamos orgullosos de nuestra gran riqueza natural y cultural ya que la región cuenta con varias de las áreas más importantes en megadiversidad del mundo y con importantes centros de endemismo y biodiversidad de relevancia global. También estamos orgullosos del cúmulo de conocimientos y experiencias que hemos alcanzado en la difícil pero necesaria labor de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre nuestro patrimonio natural y cultural.

Valoramos que actualmente Latinoamérica tiene alrededor de 4000 áreas protegidas, con una superficie mayor a 4 millones de km2, es decir más del 18 % del territorio terrestre de la región. Estas cifras representan el 4 % del número de áreas pero el 20 % en cuanto a la extensión de todas las áreas protegidas del mundo. Esto convierte a nuestra región en una de las más dinámicas y comprometidas con el establecimiento y manejo de áreas protegidas a nivel mundial.

Somos conscientes de que existen importantes vacíos, especialmente en la protección de los ambientes marinos y de los ecosistemas interiores de agua dulce y que existen sesgos importantes en la conservación de la biodiversidad terrestre en las diferentes regiones. Preocupa el atraso en la cobertura de áreas marinas protegidas que sólo representa alrededor de 0.5% de la superficie marina de la región.

Existe una baja tasa de creación de nuevas áreas marinas protegidas y vacíos importantes en la representación de los ecosistemas, especialmente en el Pacífico sudeste y en el Atlántico sur oeste. No existen esfuerzos para la creación de áreas protegidas oceánicas y de alta mar, siendo que esta zona sufre uno de los mayores niveles de explotación pesquera en el mundo. Vemos que será muy difícil cumplir con el compromiso internacional del 2012 si no se hacen intensos esfuerzos en el corto plazo.

Celebramos el avance e implementación en la región de políticas y planes regionales y subregionales[1] en torno a la conservación de la biodiversidad. Son instrumentos que indican la voluntad de los países para tratar los temas ambientales en conjunto, y esperamos que estos planes se conviertan en políticas de acción a nivel regional, nacional y local.

Reconocemos los logros alcanzados, aunque aun incompletos, en el desarrollo de sistemas nacionales de áreas protegidas, la evaluación de la efectividad de manejo de muchas de estas áreas, el creciente perfeccionamiento de los cuerpos de guardaparques y demás trabajadores de la conservación para mejorar el desempeño de sus funciones.

Reconocemos además las experiencias alcanzadas en la desconcentración y descentralización de las funciones del gobierno respecto al establecimiento y gestión de áreas protegidas, el desarrollo de iniciativas de conectividad ecológica y funcional y la contribución de esquemas de gobernanza como el comanejo de áreas protegidas, áreas administradas por gobiernos subnacionales y locales, pueblos indígenas y comunidades locales y propietarios privados.

Destacamos que el turismo vinculado a las áreas protegidas, es un instrumento que puede contribuir a su conservación, por cuanto:

· Constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las actividades de conservación;· Hace posible que las áreas protegidas cumplan un importante rol en el desarrollo de las economías regionales generando beneficios a las comunidades locales y pueblos originarios;

· Potencia el rol educativo de las áreas protegidas, al permitir la experiencia del contacto directo del turista con la naturaleza;

· Posibilita el acceso y conocimiento de las áreas protegidas a toda la sociedad, lo que contribuye a la formación de una conciencia ambiental y refuerza su compromiso con los valores y objetivos de la conservación. Sólo se defiende lo que verdaderamente se conoce y se siente como propio.

Reconocemos que la región es líder global en la gestión conjunta y corresponsable de áreas protegidas con pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos étnicos diversos, cuyos territorios, tierras y recursos han sido en muchos casos conservados a través del empleo de sus prácticas y conocimientos tradicionales. No obstante, todavía se advierte insuficiente participación de estos grupos y del ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales garantizados por la legislación nacional e internacional. Por ello, proponemos que esta riqueza en cuanto a experiencias y lecciones aprendidas sea apropiadamente utilizada en la definición de políticas y lineamientos técnicos globales y regionales sobre áreas protegidas, potenciando el conocimiento científico y tradicional, así como el respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades que han habitado ancestralmente en dichos sitios.

Reconocemos el valor de las áreas protegidas como espacios de excelencia para la educación e interpretación ambiental.Identificamos que en la última década las amenazas existentes a la integridad de las áreas protegidas se han intensificado, especialmente el avance de actividades agrícolas de gran escala (incluyendo la producción de agrocombustibles), la colonización ilegal de tierras, el tráfico ilegal de madera (tala) y otras especies invasoras de flora y fauna y la extensión de actividades mineras, petroleras y forestales no sostenibles así como de cultivos de uso ilícito en algunos países.

En muchos casos estas amenazas se ven agudizadas por el surgimiento de iniciativas de infraestructura vial y energética que carecen de consideraciones ambientales adecuadas, así como por el incremento de la demanda de recursos naturales para el comercio internacional, lo cual las hace más vulnerables al cambio global.

Vemos con preocupación que el impacto del cambio climático, en forma de cambios en el régimen de temperatura y precipitación, así como las consecuentes variaciones en los patrones de distribución de biomas y especies, constituye una nueva amenaza para las áreas protegidas de Latinoamérica.

Ante esta situación, es urgente desarrollar acciones que permitan identificar a diferentes escalas, la vulnerabilidad de las áreas protegidas al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos y diseñar sistemas de indicadores y monitoreo particulares. Asimismo, el diseño de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas deberá modificarse para permitir aumentar la resiliencia de los ecosistemas más frágiles y contribuir a reducir la vulnerabilidad de poblaciones que dependen directamente de los bienes y servicios ecosistémicos.

Identificamos que las áreas costeras y marinas están siendo sometidas a presiones cada vez mayores por usos como la pesca, el turismo y el desarrollo urbano. Hay áreas costeras y marinas de gran importancia ecológica que no reciben atención y gestión adecuada que las hacen más vulnerables.Igualmente, identificamos la necesidad de establecer áreas protegidas para la conservación de ecosistemas singulares y frágiles de alta montaña en la región, tales como glaciares, páramos, punas, jalcas y humedales, en el marco de estrategias integradas para la conservación de estos ecosistemas mediante su valoración y su gestión para prevenir su pérdida y degradación por amenazas globales.

Destacamos que la región Latinoamericana cuenta con bosques y ecosistemas asociados, en particular la Amazonia (cuenca y bioma), con una enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y especies, un volumen significativo de agua y carbono almacenado, multiplicidad de valores ecológicos, sociales y económicos y servicios ambientales particularmente importantes para mantener los equilibrios climáticos global y regional.

A pesar de esto la Amazonia es también frágil frente a los cambios climáticos y necesita estrategias integradas de conservación con las áreas protegidas como lineamientos prioritarios e integración entre los países en temas como análisis de región, interpretación de procesos ecológicos e interacciones mas allá de las fronteras, así como evaluación de efectividad de gestión, promoción de la sostenibilidad financiera y desarrollo de capacidades.

Vemos con gran preocupación que a pesar de que la investigación ha demostrado la significativa contribución de las áreas protegidas al mantenimiento de importantes servicios ecosistémicos, como la provisión de agua y la protección de costas y cuencas hidrográficas ante desastres naturales, así como el aporte que ofrecen y las oportunidades que abren para mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales, muchas áreas protegidas continúan adoleciendo de apoyo en cuanto a recursos humanos y financieros para su gestión efectiva y sufren los impactos derivados de proyectos de desarrollo económico y de infraestructuras inadecuadas. Es necesario que los gobiernos de la región integren los requerimientos de estas áreas en las diferentes políticas y estrategias nacionales de planificación del uso de las tierras aguas y mares en el marco del ordenamiento territorial.

Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas en sus territorios contribuyen a la conservación de la diversidad biológica, y por tanto la calidad ambiental y el desarrollo sostenible en Latinoamérica.

Celebramos la reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la que constituye un hito para avanzar en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas protegidas-Felicitamos a los organizadores de este congreso por la iniciativa voluntaria para la mitigación de la huella ecológica de la realización de este evento, e invitamos a otros congresos en el futuro de considerar su impacto ambiental y de aplicar un mecanismo similar.

Reconocemos que muchas áreas protegidas de la región constituyen espacio de vida de pueblos en aislamiento voluntario y el manejo de estas áreas debe considerar específicamente los derechos humanos de estas comunidades.

Considerando lo anterior, nosotros participantes del Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas declaramos que:

Es fundamental reafirmar el papel indelegable de los Estados en la conducción de las políticas de Áreas Protegidas, en el marco de una amplia participación de las comunidades locales y en general del conjunto de la sociedad para una gestión incluyente de las áreas protegidas.

La sociedad latinoamericana y mundial debe valorar integralmente las áreas protegidas y todos sus atributos tangibles e intangibles. En tal sentido, deberá promoverse la inclusión de este concepto en la creación y manejo de las áreas protegidas. Es de suma importancia articular y fortalecer los componentes de los sistemas de áreas protegidas nacionales consolidando la adecuada integración con otras estrategias de conservación públicas y privadas en el marco del ordenamiento territorial.

Es prioritario que las diferentes instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible se nutran de las experiencias y lecciones aprendidas en la región para que sean utilizadas de mejor manera en la definición de políticas y en la ejecución de las diferentes convenciones, acuerdos y programas regionales e internacionales que operan en Latinoamérica.

Es importante reafirmar la visión Latinoamericana de las áreas protegidas acordada en el Congreso de Santa Marta, que considera estos territorios como “espacios estratégicos para los países, porque son indispensables para su crecimiento, su desarrollo y para la búsqueda de condiciones de vida adecuadas dentro de su territorio, además de constituir una de las principales opciones en la protección del patrimonio natural”.

Es prioritario y de importancia estratégica aprovechar las oportunidades vinculadas a los acuerdos internacionales y regionales para que los requerimientos de la planificación y gestión de áreas protegidas sean considerados en las políticas y estrategias nacionales y sectoriales.

La exploración y explotación minera y de hidrocarburos en áreas protegidas, así
como la reducción de la superficie de áreas protegidas declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad.

Es de la mayor importancia que los donantes y las agencias de cooperación y desarrollo internacional reafirmen mediante acuerdos vinculantes su compromiso y prioridad en apoyar las iniciativas nacionales y regionales vinculadas al desarrollo y gestión efectiva de sistemas nacionales de áreas protegidas; actuando como aliados y socios en este proceso facilitando el desarrollo de sinergias entre las diferentes agencias y actores nacionales y locales, involucrando a un aliado fundamental como es el sector privado.

Es necesario avanzar en completar los sistemas nacionales de AsPs incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de corredores biológicos (conservación y manejo) y otras iniciativas de conectividad, para que sean ecológicamente representativos, funcionales y eficaces en particular frente al los retos que surgen por efectos del cambio en el clima y en los ecosistemas.

· Se debe ampliar el abanico de opciones para la conservación de áreas de alto valor ecológico y cultural, para lo cual es necesario usar las diferentes opciones existentes las diferentes categorías de áreas protegidas, bajo diferentes esquemas de administración y gobernanza.

· Se debe fomentar el debate público y abierto sobre el carácter social de los servicios ambientales que son prestados por las áreas protegidas.

·Es esencial fortalecer y ampliar los procesos de planificación participativa de las áreas protegidas y aplicar los principios de buena gobernanza (transparencia, equidad, rendición de cuentas y mecanismos del manejo de conflictos) como un mecanismo que involucra activamente a los actores, generando espacio de diálogo donde se analizan las preocupaciones y expectativas y se establecen compromisos y responsabilidades para la acción conjunta y coordinada de las instituciones, las comunidades locales y pueblos indígenas, los científicos y académicos así como el sector privado en apoyo al manejo efectivo y participativo de las áreas protegidas.

Instamos a los Estados a que en un marco de cooperación y con arreglo a las particularidades nacionales y regionales, se pongan a disposición los medios que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación de todos los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo los territorios indígenas declarados en áreas protegidas.

Las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de pueblos indígenas deberán gestionarse respetando los derechos estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección de estos sitios, incluyendo esquemas de manejo, considerando el artículo 28.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

· En el caso de los pueblos indígenas vecinos a las áreas protegidas consideramos que tienen el derecho a la participación en la gestión de las mismas en condiciones de igualdad con los otros actores involucrados en éstas áreas.

· Es necesario armonizar, ampliar, fortalecer y actualizar los mecanismos y los marcos jurídicos e institucionales para promover un contexto propicio para el involucramiento y la participación de actores claves, especialmente comunidades locales y pueblos indígenas, en la toma de decisión y la gestión a todos los niveles y en la distribución equitativa de los costos y beneficios asociados al establecimiento y manejo de las áreas protegidas.

· Es esencial continuar desarrollando, sobre bases y normas bien definidas, justas y claramente establecidas y aceptadas, nuevas e interesantes alianzas con el sector privado, incluyendo el empresarial, para lograr compromisos innovadores y apoyo en favor de las áreas protegidas y que a la vez fomenten el bienestar de la sociedad latinoamericana.

· Reconocemos el rol de las áreas protegidas en la reducción del riesgo ambiental. Bajo esta premisa es necesario ampliar la visión de la conservación a nivel de paisaje y cuencas hidrográficas una manera más efectiva a la mitigación y adaptación del cambio climático, ampliando el marco territorial de referencia de la gestión ambiental en nuestros países.

· Reforzamos el conocimiento de que las áreas protegidas tienen un papel fundamental en la protección de regulación hídrica y además que el acceso a agua potable es un derecho fundamental de las sociedades humanas. Los estados y las sociedades tienen que buscar los medios para cubrir los costos de su manutención.

Teniendo en cuenta que esta declaración no tendría impacto alguno sin un decidido apoyo y una voluntad para promover y ejecutar acciones nos comprometemos a:

1. Demostrar y comunicar, con argumentos ambientales, sociales, culturales y económicos derivados de los resultados de la investigación y el conocimiento tradicional, el papel insustituible de las áreas protegidas en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la aplicación de importantes Acuerdos Ambientales Multilaterales (Convención de Diversidad Biológica, Convención de Patrimonio Mundial, Convención sobre Especies Migratorias, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Tratado Antártico) e instamos a los Estados al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en estos marcos.

2. Instar a los gobiernos de Latinoamérica y a los organismos de integración regional, que reconozcan el papel fundamental de las áreas protegidas en las estrategias de adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación y la promoción de estrategias regionales de monitoreo, mitigación y adaptación a estos fenómenos.

3. Revitalizar la atención de la región sobre el Tratado Antártico, sugiriendo su carácter permanente como área protegida internacional donde muchos países de la región mantienen una responsabilidad de presencia permanente, cumpliendo con el acuerdo que legitima su participación, especialmente frente a la amenaza del cambio climático y los intereses económicos emergentes.

4. Exhortar a los gobiernos, a la cooperación internacional, y a la sociedad civil, para que en el período de 2008-2018, acuerden metas presupuestarias anuales concretas e implementen las reformas legales y administrativas necesarias, que cierren las brechas financieras identificadas en los planes de sostenibilidad financiera de los sistemas de parques nacionales desarrollados dentro del programa de trabajo de la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB .

5. Impulsar la consolidación de la sustentabilidad financiera de las áreas protegidas proponiendo mecanismos atractivos y tangibles complementarios a los financiamientos fiscales otorgados por los gobiernos en cumplimiento de su función indelegable.

6. Velar porque los compromisos y acuerdos comerciales y de desarrollo económico, y las iniciativas de Infraestructura, no afecten negativamente las áreas protegidas y menoscaben las posibilidades de alcanzar los objetivos de conservación y apoyo al desarrollo por los cuales fueron creadas asegurando el cumplimiento de las convenciones internacionales que tienen carácter vinculante para nuestros países.

7. Apoyar y promover la aplicación de los estudios y evaluaciones encaminados a alcanzar una mejor representatividad en el sistema Latinoamericano de áreas protegidas con especial atención a fortalecer la conservación del medio marino y los ecosistemas interiores de agua dulce.

8. Instar a que los gobiernos declaren el período 2008 – 2018 como la Década de las Áreas Marinas Protegidas, priorizando en Latinoamérica la creación de redes nacionales y regionales de áreas marinas protegidas y la gestión integrada de los océanos para cumplir con los compromisos de alcanzar las metas del 2012 y 2015. Es prioritario incrementar durante este decenio el número y la superficie de las áreas marinas protegidas en la región, tanto en las Zonas Costeras como en Alta Mar, que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y procesos marinos, a su manejo integrado y al mantenimiento de las pesquerías sostenibles.

9. Desarrollar y promover formas de colaboración binacional, subregional o regional para el desarrollo, la planificación y el manejo colaborativo de áreas protegidas colindantes en zonas de frontera y de sistemas binacionales o subregionales de áreas protegidas.

10. Impulsar y facilitar el desarrollo de nuevas alianzas y de estrategias innovadoras de generación de ingresos para alcanzar el financiamiento sostenible de las áreas protegidas; incluyendo un mayor uso de oportunidades y mecanismos de compensación por bienes y servicios ecosistémicos.

11. Promover y aplicar evaluaciones de efectividad de manejo de las áreas protegidas como mecanismo para reducir las amenazas que éstas enfrentan y como herramienta para mejorar la gestión tanto de áreas protegidas individuales como de sistemas y subsistemas nacionales de áreas protegidas, especialmente en el marco del Programa de Trabajo del CDB sobre Áreas Protegidas establecido por la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB como herramienta fundamental para lograr sistemas de áreas protegidas viables.

12- Promover una mayor difusión del Enfoque Ecosistémico y del rol de Areas Protegidas en las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático y la articulación de las AP con los paisajes circundantes. Identificar a diferentes escalas la vulnerabilidad de las AP al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos como los páramos y otros ecosistemas como los humedales y los ecotonos marinos de interfase. Es urgente desarrollar investigaciones aplicadas a AP vulnerables para contribuir hacia una mayor resiliencia de ecosistemas claves que podrían verse afectados por el cambio climático.

13. Facilitar y fortalecer la participación informada de las comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones civiles, asociaciones de mujeres, científicos, académicos, usuarios, así como el sector privado en la planificación participativa de las áreas protegidas, aplicando los principios de buena gobernanza como son la transparencia, equidad, rendición de cuentas y acceso a mecanismos para el manejo de conflictos y el desarrollo de mecanismos e iniciativas que permitan el manejo eficaz de estas áreas y la distribución equitativa de los costos y los beneficios asociados al establecimiento y manejo sostenible de las áreas protegidas.

14. Fortalecer la capacidad institucional de los gestores y entes que inciden en el manejo de las ANP, incluyendo las agencias gubernamentales a todo nivel, ONGs, comunidades locales, asociaciones, propietarios privados, empresas y otras entidades, y mejorar el conocimiento, habilidades y competencia de los profesionales, guardaparques y otro personal que trabaja en y con las ANP así como su estabilidad y condiciones laborales, prestando especial atención a fortalecer iniciativas de capacitación y profesionalización de personal involucrada en a todo nivel a la implementación efectiva del programa de trabajo sobre ANPs de la CBD, y a la formación de las generaciones más jóvenes a las que corresponde ejecutar las acciones futuras a favor de la conservación de estas áreas.

15. Contribuir a crear sociedades concientes y comprometidas con un ambiente político propicio para el manejo efectivo de las áreas protegidas y para resolver los problemas y amenazas que enfrentan, mediante el fortalecimiento de instituciones, programas e iniciativas de comunicación, concientización, interpretación, y educación formal e informal. Como también mediante el uso de medios y mensajes apropiados para audiencias meta específicas, que contribuyan al mayor entendimiento por parte de comunidades locales, visitantes a las áreas protegidas, tomadores de decisión y la sociedad, sobre la importancia de las áreas protegidas y su contribución al desarrollo sostenible y al futuro de la vida en el planeta.

16. Solicitar a los países a que, donde sea apropiado y con el libre consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas, exploren opciones para articular, dentro de sus Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, a las porciones de territorios indígenas destinadas a la conservación.

17. Solicitar a la UICN que considere la integración del concepto de Territorios Indígenas de Conservación como un modelo legítimo de gobernanza de áreas protegidas establecidas en territorios ancestrales de pueblos indígenas, independientemente de la categoría de manejo, reconociendo en dicho modelo la integración de cultura y naturaleza, el papel del derecho consuetudinario, la institucionalidad tradicional y el ejercicio de la autoridad indígena en tales territorios.

18. Promover la integración de políticas sobre áreas protegidas en las estrategias de reducción de la pobreza y en los instrumentos de planificación y ejecución de modelos de desarrollo basados en la sostenibilidad y la equidad social.

19. Promover el reconocimiento del rol primordial de los guardaparques y demás trabajadores de la conservación en la protección de las áreas protegidas, de sus recursos naturales y culturales. Incentivar y promover, desde el sector público y privado, la consolidación de la Red Latinoamericana de Guardaparques a través de una plataforma virtual de intercambio experiencias, aprendizaje y de generación de capacidades.

20. Facilitar y promover el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas sobre la planificación y manejo de áreas protegidas tanto a nivel regional como internacional, mediante el trabajo en redes y la utilización de sistemas de información y comunicación que permitan el uso y acceso a una amplia gama de usuarios.

21. Fortalecer el papel de la Red Latinoamericana de Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre como un espacio indispensable de cooperación técnica horizontal y una plataforma de concertación y definición de lineamientos de política y capacidades regionales. Se insta en la reunión de México (Marzo 2008), cuando la Red cumplirá 25 años de existencia, a iniciar los ajustes a su misión y sus estatutos a fin de adaptarla a las nuevas condiciones y oportunidades del contexto actual de los países, fortaleciendo el papel estratégico para las autoridades nacionales y otras áreas protegidas de la región.

22. Divulgar y promover ampliamente los resultados de este congreso y la aplicación de sus conclusiones y recomendaciones en el desarrollo de políticas y prácticas encaminadas a fortalecer las áreas protegidas de nuestra región; a través de una estrategia plan de trabajo producto de este congreso que dé atención prioritaria a obtener apoyo político para la ejecución de estas recomendaciones en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, noviembre 2007), las reuniones inter-sesionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Novena Conferencia de las Partes (Alemania, mayo 2008).

23. Solicitar la inclusión en el nuevo Programa de UICN (2009-2012), a ser discutido y aprobado en el Congreso Mundial de Conservación de la UICN (Barcelona, 5-14 Octubre 2008), las principales actividades de seguimiento que sean necesarias para la promoción y ejecución de las recomendaciones del Congreso por parte de la UICN y de sus miembros y asociados.

24. Instar a los organismos multilaterales y las agencias de cooperación a hacer suyas las conclusiones y recomendaciones del presente Congreso.

Fuente:

Noticias de Bariloche, diario digital interactivo.

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