Explotación del caucho y traslado de población indígena

Por Alberto Chirif*

La explotación de gomas silvestres en el Perú apareció como actividad económica importante cuando el Estado hacía esfuerzos para promover la inmigración europea hacia su región amazónica, objetivo en el que había fundado sus esperanzas para poner en valor sus recursos. No obstante, sus afanes no fueron compensados con la inmigración masiva de colonos, ni con el incremento substancial de la producción agropecuaria. El auge del caucho debe haber sido considerado, tanto por el gobierno, como por los extractores y comerciantes de entonces, como una aparición milagrosa por la posibilidad de generar ingresos mediante el sencillo expediente de recoger un producto del medio natural y venderlo en Europa y los Estados Unidos (Chirif, 2009).

Un fabricante y comerciante de sombreros de la provincia de Rioja (región de San Martín) llamado Julio César Arana, aprovechando del auge empezó a llevar sus productos por los ríos de la selva baja. De esta manera comenzó una carrera en el negocio de las gomas silvestres que tendría un ascenso vertiginoso. Se inició como acopiador del producto que luego vendía a las casas exportadoras ubicadas en Iquitos, pero antes de que terminara el siglo XIX dio dos saltos importantes.

El primero fue consecuencia de su asociación, en 1890, con el comerciante colombiano Juan V. Vega (Santos y Barclay, 202: 78) y, el segundo, la fundación, en 1896, de la firma “J.C. Arana y Hermanos” (Pennano, 1988: 162) que consolidó su posición como único habilitador en la zona del Putumayo. En 1901 fundó la firma “Arana, Larrañaga y Compañía”, en sociedad con el cauchero colombiano Benjamín Larrañaga y, a su muerte, compró sus acciones a su hijo Rafael Larrañaga, en 1905 (Santos y Barclay, 2002: 78-79; Pennano, 1988: 162-63).

Poco después Arana viajó a Londres para buscar capitales en Gran Bretaña. El 27 de septiembre de 1907 creó la empresa “Peruvian Amazon Rubber Company”, con un capital de un millón de libras esterlinas. Su intención por constituir a su empresa como británica, además de captar nuevos capitales, tenía como objetivo dejar a salvo sus intereses en caso que la contienda del territorio donde él operaba (entre el Putumayo y el Caquetá), por entonces en disputa con Colombia, se resolviera en favor de este país.

Como ha señalado mi colega Frederica Barclay, los colombianos hicieron lo mismo y con idéntica finalidad: asegurar sus inversiones en la zona en caso que el territorio quedase en manos peruanas. Por eso, al mismo tiempo que Arana registraba su empresa en Inglaterra, ellos constituyeron un sindicato con inversionistas norteamericanos, Hnos. Selleck, sobre la base de propiedades que el gobierno colombiano había otorgado a la empresa colombiana Cano, Coello & Cía. Finalmente, endeudados y atemorizados por Arana, Cano & Coello terminaron cediendo su concesión al cauchero peruano (Barclay, 2012).

Frederica Barclay también ha señalado que, en este juego de intereses económico, encubierto por discursos patrióticos y de defensa de las fronteras, “Arana no tuvo reparos en asociarse con otros inversionistas y políticos colombianos como el diplomático Enrique Cortés, que en 1907 era Ministro Plenipotenciario de Colombia en Washington, quien no solo era su agente comercial en Londres, sino que fue socio fundador de la Peruvian Amazon Co.”.

La obtención de mano de obra para trabajar en la empresa era un tema central. Para resolverlo Arana encargó a su socio Abel Alarco que viajara a la isla caribeña de Barbados para conseguir gente. Allí recluto cerca de 200 barbadenses para supervisar la recolección de gomas (Gray, 2005). Los extractores directos fueron indígenas de la región, en especial, boras, huitotos, ocainas, andoques y resígaros. El sistema de trabajo se basada en la habilitación, es decir, en la entrega de productos industriales a los indígenas que ellos debían pagar con gomas. Como la relación de intercambio era asimétrica, en tanto que los precios de los productos entregados a los indígenas estaban sobrevaluados mientras que el valor de aquéllos con los cuales estos los pagaban estaba subvaluados, las “deudas” se fueron haciendo impagables. Los indígenas que mostraban su disconformidad con el sistema comenzaron a ser castigados y los que osaron rebelarse fueron bárbaramente asesinados. Como los jefes de estaciones gomeras ganaban un porcentaje sobre el caucho recolectado, ellos impusieron condiciones cada vez más duras a los indígenas. La situación llegó a convertirse en un verdadero régimen de terror, con castigos físicos (uso del cepo, flagelaciones, mutilaciones) que causaron miles de muertes.

Los cálculos de Arana para convertir su empresa en británica le salieron mal. No solo no le sirvieron para salvar sus intereses en la región sino que, debido a que las denuncias comprometían, a la vez, a una empresa registrada en Londres y a súbditos  británicos, como eran los barbadenses, el Parlamento Británico ordenó una investigación.

La historia que sigue es el proceso de investigación ordenado por el Parlamento Británico y también por el gobierno peruano. Del primero dan cuenta los informes elaborados por Roger Casement (2012) y, sobre el segundo, los redactados por los jueces peruanos Valcárcel (2004) y Paredes (2010). Estos dos jueces son figuras que actuaron con valentía y dignidad en un proceso lleno de mentiras y amenazas de los caucheros. Sin embargo, nunca se llegó a sancionar a ninguno de los implicados en las atrocidades del Putumayo, quienes huyeron antes de ser capturados. Arana quedó como una persona “que no sabía” lo que pasaba en la región y es aún hoy considerado por muchos en el Perú como una especie de héroe civilizador y patriota defensor de la frontera.

La salvación para los indígenas de la región fue la pérdida de interés del mercado mundial por las gomas naturales. Este hecho no se debió, sin embargo, a las investigaciones que se iniciaron para determinar la responsabilidad de los gerentes y capataces de la empresa en las torturas y asesinatos de indígenas. La verdadera causa de la caída del precio de las gomas fue la entrada en producción de las plantaciones que Gran Bretaña había establecido en sus colonias del sudeste asiático, con semillas robadas en Santarem (Brasil) por un personaje especialmente encargado para este fin: Henry Wickham, quien por este hecho recibió luego el título de Sir por parte de la Corona Británica. El mayor volumen de producción ofertado por esas plantaciones y la mayor facilidad para cosechar las gomas fueron las causas de esta caída del precio del caucho amazónico. En efecto, en 1914 las plantaciones eran de alrededor de 1’200.000 hectáreas y producían más caucho que los bosques naturales. Ese año las gomas de plantación representaron el 60.4% del total mundial, porcentaje que llegó al 89.3% en 1920 y al 93.1% en 1922 (Pennano, 1988: 117-121).

A partir de entonces, los pueblos indígenas afectados por la explotación de las gomas silvestres serían protagonistas de nuevos procesos, en nuevos escenarios.

El traslado de población hacia Perú

La explotación del caucho ha dejado huellas profundas en las sociedades que fueron sometidas a trabajos forzados por los extractores. La drástica caída demográfica ha tenido efectos contundentes en su desestructuración social. Se calcula que al comienzo de la explotación del caucho existían en la región del Putumayo alrededor de 50 000 personas pertenecientes a los pueblos Huitoto, Bora, Ocaina, Resígaro y Andoque, entre los principales. Actualmente esa población no llega a 10 000 almas (Pineda Camacho 1987: 154 y 161).

Cuando la Peruvian Amazon Company aún no terminaban de asimilar el impacto de la caída de precios del producto en el que había basado su prosperidad, hecho que por supuesto afectó no sólo a Perú sino a la totalidad de países de la región amazónica(1), las pugnas que enfrentaban a Perú con Colombia por la posesión de los territorios comprendidos entre las márgenes izquierda del Putumayo y derecha del Caquetá, se resolvieron a favor de éste mediante el tratado de límites Salomón-Lozano, suscrito en 1922, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, y ratificado por el Congreso nacional recién en 1928. Este acuerdo fue duramente criticado por una serie de instituciones nacionales, como el Colegio de Abogados (1933), y de personalidades, como el juez Carlos A. Valcárcel (1931), quienes, entre otras consideraciones, cuestionaron que mediante el tratado se había entregado a Colombia más de lo que había reclamado en un primer momento, como fue el caso del llamado “trapecio amazónico”, donde se ubica Leticia, lo que le permitió a este país tener acceso directo al Amazonas.

El tratado no trajo la paz sino que atizó los conflictos políticos internos y, sobre todo, las confrontaciones armadas externas entre Perú y Colombia de una manera mucho más intensa que las que se había dado en épocas anteriores. El descontento nacional por la firma del acuerdo y, en general, por la conducción política del país, se expresó en la Revolución de Arequipa, del 22 de agosto de 1930, encabezada por el coronel Luis Sánchez Cerro, quien depuso al presidente Leguía. El Manifiesto Revolucionario avivó el sentimiento patrio y motivó la formación de la Junta Patriótica en Loreto. El 1º de setiembre de 1932 un grupo de civiles y miembros del Ejército residentes en Caballococha y la misma Leticia tomaron este poblado con el fin de reintegrarlo al dominio nacional, al igual que la totalidad del Trapecio Amazónico. Esto encendió la chispa de una serie de enfrentamientos armados. El último de ellos tuvo lugar en Puca Urco, aguas abajo de la desembocadura del río Algodón en el Putumayo, en mayo de 1933. Finalmente, el 24 de mayo de 1934 ambos países firmaron el Protocolo de Amistad y Cooperación, reconociendo los términos del tratado Salomón-Lozano (Faura, 1964: 437-455).

Este recuento histórico sobre los enfrentamientos entre ambos países en la zona del Putumayo es importante para comprender el contexto en que se produjo el traslado de la población indígena desde Colombia hasta el Perú. Como es usual en los relatos históricos, cada fuente se refiere a los acontecimientos desde su propia perspectiva nacional y, más concretamente, desde sus propios intereses. Entre las cuestiones objetivas que puedo rescatar de esas narraciones, me quiero referir ahora solo a dos de ellas: que el traslado se produjo en medio de serios enfrentamientos armados entre los dos países y que el interés principal fue por el control de la mano de obra indígena.

Según diversas fuentes, en 1924, es decir, dos años después de la firma del tratado de límites, algunos altos empleados de la Peruvian Amazon Company comenzaron a trasladar población indígena, principalmente boras, huitotos y ocainas, y también unos pocos resígaros y andokes sobrevivientes de la barbarie cauchera, hacia el Perú. Los autores principales de esta reubicación fueron los hermanos Carlos y Miguel Loayza, este último, ex jefe de una de las sección gomera de la Peruvian Amazon Company. Ellos necesitaban mano de obra para la producción agropecuaria y extracción de nuevos productos del bosque que habían ido cobrando importancia económica en el mercado internacional, como la explotación de maderas y resinas.

El traslado de la población indígena se realizó en dos momentos. El primero de ellos fue entre 1924 y 1930. Durante ese tiempo los Loayza establecieron fundos en la margen derecha del Putumayo en Puerto Arturo, Nueva Colonia Indiana, Remanso, Santa Elena, Puca Urco y Boca del Algodón, donde estuvo la sede principal de la empresa. Los enfrentamientos armados posteriores a la toma de Leticia en 1932, dieron origen al segundo momento, en el cual la población indígena fue llevada hacia el interior del Perú, específicamente, al río Ampiyacu. Las personas mayores que habitan en el río Ampiyacu recuerdan hoy este episodio tal como les fue contado por sus padres. El traslado durante este segundo tiempo se produjo primero por río, descendiendo el Putumayo hasta su confluencia con el Amazonas, en Brasil y, desde allí, remontándolo hasta la boca del Ampiyacu; y después, cuando el tráfico por el río fue bloqueado por embarcaciones colombianas, por las trochas que unen el Putumayo con el Napo y el Ampiyacu, senderos usados tradicionalmente por la población indígena para comunicarse y que, durante el conflicto, fueron las vías a través de las cuales el Perú abasteció, con armas y alimentos, a sus tropas en la frontera.

En un informe fechado en 1937, Carlos y Miguel Loayza dieron su versión de los hechos ante Víctor Arévalo, delegado del Perú ante la comisión mixta de límites con Colombia. Ciertamente el documento está plagado apreciaciones subjetivas, como las referencias a la “importancia para el país” del traslado, al que califican de “patriótico empeño”, que, según ellos, era comprendido por “la población indígena, que nacida y crecida bajo el dominio peruano quiso seguir formando parte de nuestra nacionalidad” (citado en Paredes Pando, 2001: 38-39). Ya en otros escritos me he referido a la manipulación del imaginario patriótico hecho por los caucheros para justificar su lucrativa actividad, pisoteando los más elementales derechos de los indígenas (Ver Chirif, 2004, 2009.) A pesar de esto el documento es valioso para comprender el proceso del traslado y la información que da concuerda bien con los relatos de los moradores actuales.

Los hermanos Loayza dan cuenta del traslado desde Colombia hacia la margen derecha del Putumayo y lo que este implicó en términos de preparación previa de chacras para poder llevar, “tribu por tribu y sección por sección, algunas casi desde el Caquetá”, a cerca de 7000 personas. Para esto se mandó primero a gente para preparar chacras de las que se pudieran alimentar a los que iban a llegar.

Según  información de los Loayza, mediante este sistema se trasladaron 6719 personas de diversos pueblos indígenas, principalmente del Huitoto, y los demás de los pueblos Bora, Ocaina, Muinane y Andoque. Si sumamos las personas trasladada con las fallecidas a causa de la explotación del caucho durante la época de auge extractivo, podemos prever que la zona de origen de esta población debe haber quedado despoblada. El informe de los hermanos Loayza se refiere a esto de la siguiente manera: “El entonces Coronel Acevedo, jefe de la Colonización Colombiana, en uno de sus viajes a su paso por ‘El Encanto’, declaró que nada podía hacer por estar todos los brazos en territorio peruano”. En el mismo sentido apunta una anotación de los autores de este informe, al indicar que: “Cuando las Comisiones demarcadoras de límites llegaron al Putumayo [no precisan fecha], la población casi en su totalidad estaba en territorio peruano, quedando unas pocas familias en ‘La Chorrera’ y ‘El Encanto’ (Paredes Pando, 2001: 39).

Sin embargo, Colombia no reaccionó frente a esto hasta mucho después y dejó que progresaran los fundos establecidos por los Loayza en la margen derecha del Putumayo. Es interesante la alusión que los autores hacen en su informe a la “efímera duración” de las explotaciones forestales. En efecto, para extraer la resina de los árboles de caucho los extractores tumbaban el árbol. A diferencia de lo que sucede con los de shiringa, que eran sangrados, la bonanza económica generada por el caucho estaba destinada a decaer si no se encontraban otros recursos. Por esta razón, los Loayza en sus nuevos emplazamientos comenzaron a experimentar con cultivos, señalando que en 1931 tenían 370 mil almácigos en las secciones de La Chorrera (Ibíd.: 39).

Los Loayza consideran la toma de Leticia de 1932 no como un acto patriótico sino como un evento que les causó desgracias. Se refieren al hecho como “la más ingrata e inesperada de las sorpresas y el más inmerecido y funesto trastorno de nuestros trabajos y proyectos”. Señalan que ese incidente solo sirvió para que Perú retome Leticia, pero “arruinó completamente las labores que con tanto empeño y sacrificio se habían desarrollado en siete años de ininterrumpido esfuerzo” (Ibíd.: 40).

A partir de entonces, los Loayza se vieron inmersos en un conflicto que les causó cuantiosas pérdidas. Refieren con detalles las que tuvieron en Puca Urco, abajo de la boca del Algodón, al ser invadido el fundo por tropas colombianas, el 7 de mayo de 1933. Señalan que perdieron 160 vacas, 238 cerdos, más de 900 aves, chacras de yuca, plátano y frutas. También refieren los estragos causados por esas tropas, tres días más tarde, al tomar la sede principal ubicada en el río Algodón: destrucción de talleres de carpintería, mecánica, fundición, aserradero, piladora de arroz, centrífugas de azúcar y otras instalaciones (Ibíd.: 40-41).

Sus quejas se dirigen igualmente a las autoridades de Iquitos (“…clamamos, rogamos por medicamentos, no se nos prestó la menos atención”) y, por último, anuncian también su decisión de abandonar todo lo que habían hecho en el Putumayo (“construcciones, plantaciones de café y árboles frutales, todo en producción”), para trasladarse “en gran parte a Puca Urquillo, en el río Ampiyacu (afluente izquierdo del Amazonas) zona de clima benigno y, sobre todo, libre de la perjudicial vecindad y mala voluntad de los colombianos” (Ibíd.: 42). Como ya antes mencioné, una parte de la población llegó al Ampiyacu por río y, otra, por las trochas que unen el Putumayo con el Napo y el Ampiyacu.

Para los Loayza el conflicto armado con Colombia que siguió a la toma de Leticia no solo fue un desastre porque los ubicó en medio del fuego de los dos países y destruyó sus inversiones, sino también porque les significó que perdieran mano de obra, principalmente por dos razones. La primera es que parte de los indígenas fueron llevados de regreso a Colombia por la Armada de ese país, donde fueron entregados a los misioneros capuchinos quienes los ubicaron en “El Orfanatorio” que más tarde se convirtió en el internado de La Chorrera (Echeverri et al, 1990: 20). La segunda, es que muchos de ellos murieron víctimas de una epidemia de sarampión llevada a la zona por cargueros del Ejército durante el conflicto. El informe de los Loayza calcula que esa enfermedad, que se desarrolló “con espantosa virulencia victimó el 50% del personal que nos quedaba” (Ibíd.: 41).

No todos los indígenas, sin embargo, fueron a internados y orfelinatos religiosos. El conflicto generado por la toma de Leticia abrió la posibilidad a patrones caucheros colombianos “de reclutar como trabajadores” a indígenas que habían huido del acoso de la empresa Peruvian Amazon Company. Uno de estos patrones, Oliverio Cabrera, cuyos campamentos estaban en el río Mirití, “participó activamente en la organización logística de la guerra contra Perú. Al fin y al cabo, era uno de los más interesados en defender la soberanía comercial de Colombia” (Echeverri et al, 1990: 20).

La capacidad de resistencia de las sociedades indígenas afectadas por la barbarie de los caucheros es asombrosa. Tanto en Colombia como en el Perú han recompuesto sus sociedades, constituyendo organizaciones para luchar en la defensa de sus derechos al territorio, a la identidad y a la libre determinación.

Referencias:

Barclay, Frederica
2012      “Los indígenas del Putumayo, tras 100 años no han sido reparados de palabra ni de obra”. En la presentación de El Libro Azul. Servindi www.servindi.org

Casement, Roger
2012      Libro Azul. Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo. CAAAP, IWGIA. Lima.

Chirif, Alberto
2004      “Introducción”, en Valcárcel, Carlos A. 2004. El Proceso del Putumayo. Monumenta Amazónica. CETA. Segunda edición. Iquitos, pp. 15-77.
2009      “Imaginario sobre el indígena en la época del caucho”. En Chirif, Alberto y Manuel Cornejo (eds.), pp. 9-35.

Chirif, Alberto y Manuel Cornejo Chaparro (eds.)
2009      Imaginario e imágenes de la época del caucho. Los sucesos del Putumayo. CAAAP-IWGIA-UCP. Lima.

Colegio de Abogados de Lima
1933      Exposición del Colegio de Abogados de Lima sobre los motivos jurídicos de la revisión del Tratado de Límites celebrado por el Perú y Colombia, el 24 de marzo de 1922. Imprenta Hispanidad América. Lima.

Echeverri, Juan Álvaro, Marta Lucía Torres y Nicolás Bermúdez
1990      “Estudio básico para el diagnóstico socioeconómico del resguardo indígena Predio Putumayo (Amazonia colombiana)”. Fundación Puerto Rastrojo. Bogotá. Mimeo.

Gray. Andrew
2005      “Las atrocidades del Putumayo reexaminadas”. Introducción en Rey de Castro, Carlos et al, pp. 15-72.

Paredes, Oscar
2001      Los Bora. Pueblo del Bosque tropical. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. Puerto Maldonado.

Paredes, Rómulo
2009      “Los informes del Juez Paredes”. En Chirif, Alberto y Manuel Cornejo (eds.), pp. 75-149.

Rey de Carlos
2005      La defensa de los caucheros. Monumenta Amazonica. CETA-IWGIA. Lima.

Pennano, Guido
1988      La economía del caucho. CETA. Iquitos.

Santos, Fernando y Frederica Barclay
2002      La Frontera Domesticada. Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.

Valcárcel, Carlos A.
1915      El Proceso del Putumayo y sus Secretos Inauditos. Lima. Comercial de Horacio La Rosa y Co. [La segunda edición de esta obra ha sido realizada por Monumenta Amazonica, CETA-IWGIA, en 2004].

1931      Crítica del Tratado Salomón-Lozano. Imprenta Lux. Lima.

Notas:

(1) Brasil fue el país más afectado, en tanto que exportaba el mayor porcentaje del caucho que consumía el mercado mundial. El Perú, el segundo en importancia, apenas exportaba el 6.2%, entre 1902 y 1911 (Santos y Barclay, 2002: 135)
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* El presente texto corresponde a su ponencia durante el conversatorio sobre el Libro Azul realizado el domingo 22 de agosto en La Feria Internacional del Libro de Lima organizado por IWGIA, Servindi y Colibrí Libros.

Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.

Fuente y @ Fotografía SERVINDI