jueves, 13 de diciembre de 2012

AIDESEP, una crisis de principios




Por Alberto Chirif. 

Consideraciones generales

A lo largo de sus 30 años de vida institucional, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) ha jugado un papel central como organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas amazónicos. A ella se le debe el haber vuelto a poner en la escena nacional el tema de los pueblos originarios como una cuestión que solo podrá ser resuelta cuando el país asuma la deuda histórica no solo por las barbaridades que se cometieron contra ellos en el pasado sino por la herencia de la que se beneficia en el presente, en especial, por el legado arqueológico y de la portentosa biodiversidad domesticada. Queda como reto superar la esquizofrenia de apelar al glorioso pasado indígena al mismo tiempo que se desprecia a los descendientes actuales de ese pasado. Desde las bases se han producido avances importantes, y así sectores que antes ocultaban sus orígenes por pensar que indígena era un insulto hoy los recuperan al tomar conciencia de que sin raíces no podrán encaminar su futuro. Un caso notable son los kukamas en Loreto quienes luego de décadas de ocultar sus orígenes y debilitarse como personas y como colectivo social, hoy los reafirman con orgullo. Y esto no significa un intento de caminar hacia atrás. Todo lo contrario. Indica su voluntad de marchar hacia adelante pero sabiendo de dónde vienen.

La energía que ha trasmitido las luchas de AIDESEP ha ido incluso más allá del ámbito que le es propio: la Amazonía. Hoy existen organizaciones indígenas en las otras regiones del país que, aprendiendo de su experiencia y planteamientos, afirman sus orígenes y reivindican derechos colectivos.

En el campo de las reivindicaciones específicas, no me canso de volver a señalar una y otra vez la importancia de AIDESEP en la liberación de miles de indígenas del alto Ucayali en fecha tan cercana como inicios de la década de 1990, cuando los patrones los mantenían en condiciones de esclavitud, castigando físicamente, mediante torturas e incluso la muerte, a quienes pretendieran escapar. La consolidación de los derechos territoriales de las comunidades, hoy objeto apetecido por empresas agroindustriales que han puesto a su servicio a gobernantes y asesores varios, es también un logro de AIDESEP y de algunas instituciones solidarias con el movimiento indígena.

De su Programa de Formación de Maestros Bilingües han salido cientos de maestros que hoy aplican sus conocimientos y experiencias en la forja de nuevas generaciones. Muchos de sus egresados ocupan además importantes cargos en ministerios, municipalidades y otras entidades públicas y privadas, trabajando temas relacionados con el medio social del cual provienen. En fin, sobre estos logros ya he escrito bastante solo o con colegas, y solo es cuestión de buscar en redes y centros de documentación para conocer más sobre ellos.

Sin embargo, mi admiración por los logros de AIDESEP no me ha llevado nunca a eludir críticas como las arbitrariedades y malos manejos en las que han incurrido a veces algunos dirigentes. Lo he hecho en otras oportunidades y estoy dispuesto a hacerlo ahora nuevamente. La incondicionalidad es el peor favor que se le puede hacer a un amigo porque ocultar sus equívocos no hace más que afirmarlo en sus errores.

Esto último es lo que me anima hoy a escribir estas líneas, en las que quiero dejar en claro mi posición acerca del momento actual de una organización como AIDESEP a la que no solo he visto nacer, sino que he acompañado a lo largo de su vida.

Lamento la actitud que ha tomado el consejo directivo de AIDESEP frente a las críticas, negándose a admitir los cuestionamientos y considerando enemigos a quienes los formulan. Sé que muchos me acusarán de haberme sumado al “cargamontón” contra AIDESEP y al grupo de “criticólogos” (ver pronunciamiento del 5/11/12). Asumo este riesgo.

Una mirada a la crisis actual de AIDESEP

Al inicio de las movilizaciones de 2009 AIDESEP se encontraba debilitada por una serie de pugnas internas. Una de sus regionales, la Organización Regional de AIDESEP Ucayali (ORAU), pasaba por una aguda crisis en la que un sector de sus bases acusaba a la directiva de haber llegado al poder con malas artes. La directiva, por su parte, expandió sus problemas a la instancia nacional de dos maneras. La primera fue mediante la elección arbitraria de delegados afectos a ella para asistir a la asamblea nacional de la organización que ese año se realizaba en Iquitos; y la segunda, el apoyo dado para la reelección del presidente de AIDESEP por parte de la presidente de ORAU quien, en ese congreso, fue designada para ocupar la vicepresidencia nacional. La turbulencia originada por estos problemas se generalizó a otras regionales, algunas de las cuales no andaban bien por otras razones[1]. Se sucedieron así acusaciones y pedidos de renuncia de la directiva y de convocatoria a nuevas elecciones.
Fue en estas condiciones que comenzaron las movilizaciones de protesta contra los decretos dados durante el gobierno del presidente Alan García. Algunos pensaron que los conflictos internos no aseguraban las condiciones adecuadas para iniciar una protesta tan importante. Otros, incluso, opinaron que se trataba de una estrategia de la directiva de AIDESEP para distraer la atención de sus bases y unificar fuerzas ante un enemigo externo. En mi opinión esto último no es cierto. Considero que la movilización fue una respuesta legítima que, atendiendo el pedido de las bases, rechazaba la política arbitraria e injusta del gobierno que transgredía derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en las leyes y convenios internacionales. Como ha sido puesto en evidencia, la mayoría de los decretos no fueron redactados por los ministros ni por sus asesores. Según Juan José Salazar, quien se desempeñó como ministro de Agricultura de ese gobierno entre julio de 2006 y mayo de 2007: “Todas las iniciativas legislativas que incluían el uso del agua, transgénicos y régimen de propiedad de tierras boscosas eran hechas fuera de los ministerios”. ¿Por quién? Por: “Consultoras externas o estudios jurídicos”.[2] La pregunta por cuenta de quiénes se hacían esas consultoras cae por su peso: de las empresas que se verían beneficiadas por los decretos, especialmente las dedicadas a la agroindustria para la producción de biocombustibles.
Luego del “Baguazo” y del fracaso del presidente Alan García de cargar toda la culpa a los indígenas, el gobierno buscó salidas a la crisis. Una primera medida fue aceptar la renuncia del Primer Ministro, Yehude Simon, un independiente que sucedió en el cargo a Jorge del Castillo quien, a su vez, había caído al verse él y otros miembros de su gabinete y del gobierno aprista comprometidos en turbias negociaciones de contratos petroleros, en el llamado escándalo de los “petro-audios”. Junto con Simon fueron cambiados seis ministros, entre ellos, los de Defensa e Interior. A pesar del rol que jugaron los ministerios que dirigían en los hechos de Bagua, fueron liberados de responsabilidad por las consecuencias de la nefasta intervención en la Curva del Diablo.
Otra medida adoptada por el gobierno para paliar la crisis fue la creación de “mesas de diálogo” para tratar diversos temas relacionados con las demandas indígenas, como educación, consulta y desarrollo. No obstante, ninguna de ellas llegó a producir un documento vinculante. En cambio, simultáneamente, el gobierno comenzó a apoyar organizaciones paralelas, buscando crear “interlocutores” a su medida para negociar sus propuestas de desarrollo y consulta. En este juego de intereses cayeron lastimosamente algunos antiguos líderes indígenas que en su momento habían sido importantes para impulsar las reivindicaciones de AIDESEP. En esta organización afloró nuevamente la crisis que vivía al inicio de las movilizaciones, y a esto contribuyó la inoportuna salida del país de su presidente, Alberto Pizango, quien logró asilo en Nicaragua. A su retorno al país, y luego de una breve detención, envanecido por la notoriedad que le había dado el liderazgo de las movilizaciones, Pizango fue considerado por algunos sectores como potencial candidato a la presidencia del país. En vez de dedicarse a analizar y solucionar los problemas internos que, como he señalado, se arrastraban desde antes de las protestas y habían sido agravado por las malévolas intervenciones del gobierno, él se dedicó a explorar el terreno de su probable candidatura. Al ver que sus posibilidades eran remotas, optó entonces por buscar alianzas con el entonces candidato Ollanta Humala. Sin embargo, las condiciones que puso no fueron aceptadas por este y su equipo y se quedó solo.

En el XXII Congreso Nacional de AIDESEP realizado en diciembre de 2011, Alberto Pizango y toda su junta directiva, con una sola excepción, fue reelegida para el periodo 2012-2014, lo que despertó una nueva ola de protestas. En su caso, se trata de un tercer periodo consecutivo, algo que hasta ahora no había nunca sucedido en esa confederación. Sin embargo, la agitación causada por esta reelección no es nada comparable a la que se desató a inicios de octubre de este año, cuando el boletín virtual Servindi hizo público un contrato suscrito entre la organización y la empresa petrolera Petrobras, la quinta transnacional más importante en el rubro de hidrocarburos en el mundo.

Con fecha 11 de junio de 2012, AIDESEP, representada por su presidente Alberto Pizango, y Petrobras, por Pedro Miguel Grijalba Vásquez y José Heráclides Gayoso Vásquez, respectivamente, director presidente y gerente de SMS de Petrobras, suscribieron un acuerdo que declara como sus objetivos

“…establecer las bases para articular esfuerzos comunes […] para el desarrollo de acciones conjuntas que lleven al cumplimiento de los objetivos organizativos al interior de las comunidades permitiendo mantener relaciones armoniosas entre las Comunidades Nativas y la Empresa Privada”.
Con esa mira, señala el documento, es preciso
“evitar conflictos entre ambos actores que pudieran afectar el normal desarrollo de las actividades de cualquiera de las partes [siendo] fundamental encaminar esfuerzos para familiarizar a las comunidades con los aspectos más relevantes de la industria hidrocarburífera y sus controles para la protección del medio ambiente y de los aspectos sociales”.

Remata esta sección sobre objetivos que las partes
“acuerdan que es fundamental comunicar a las comunidades los avances de los proyectos de hidrocarburos de PETROBRAS –brindando información oportuna y trasparente sobre los mismos- recogiendo y canalizando las inquietudes de las comunidades sobre dicho particular”.
Entre los compromisos que asume AIDESEP están:
“Promover acciones para mantener relaciones armoniosas entre las comunidades nativas que integran a su organización y PETROBRAS, basadas en el respeto mutuo y el cumplimiento de sus objetivos a satisfacción de sus comunidades integrantes” y “Garantizar la implementación y operatividad de las acciones en beneficio de sus comunidades que se generen a partir del presente convenio”.

A cambio, la empresa petrolera entregará la cantidad de 200 000 nuevos soles a AIDESEP, unos 77 000 dólares al cambio actual. El contrato tiene como plazo de vigencia un año y podrá renovarse de común acuerdo.

Un compromiso especialmente preocupante es el contenido en la cláusula séptima:
“Las partes acuerdan que AIDESEP se compromete a mantener indemne y a eximir de cualquier reclamo, acción o demanda entablada en contra de PETROBRAS, sea de índole administrativo, penal, civil comercial, etc., sin que esta enumeración sea limitativa, por parte de integrantes de su organización que se relacionen con el presente convenio, sea de manera directa o indirecta”.
La difusión de este contrato ha generado una gran polémica entre el vasto público de lectores de Servindi, la mayoría de los cuales son contrarios a este acuerdo y, algunos, aprovechan la oportunidad para descargar antiguas iras contra la organización. AIDESEP justifica el contrato mediante una serie de argumentos que se inicia señalando cómo la política extractivista actual afecta a la Amazonía y a los pueblos indígenas[3]. Describe un panorama cierto refiriéndose a la explotación desenfrenada de la Amazonía, la existencia 52 proyectos de energía hidráulica, la expansión de la búsqueda de hidrocarburos sobre el 70% de la selva y de la minería sobre 10 millones de hectáreas, las características trágicas de la minería informal en Madre de Dios y el aumento de las redes viales que extienden el sistema extractivista.

En un segundo momento, cuestiona el rol del Estado como un organismo que “ha sido privatizado y sus tecnócratas son socios o empleados de grupos empresariales. Por eso, la fiscalización ambiental es un chiste y el canon es un desastre. A la vez, la economía indígena es maltratada o ninguneada por esa alianza estatal-empresarial. Nos siguen viendo como ‘objetos de asistencia social’, o abastecedores de materia prima para los grandes negociantes, pero nunca como actores, socios activos y protagonistas centrales del destino de la Amazonía”. En este contexto ellos juegan el rol de “convidados de piedra”, ya que “las inversiones a gran escala significarán gigantescas ganancias económicas para la industria extractivista, quedando fuera los pueblos indígenas de toda posibilidad de beneficio”.

Finalmente, AIDESEP considera que el contrato responde al acatamiento hecho por el consejo directivo nacional de “acuerdos y mandatos” adoptados por la asamblea general de la organización en el XXII Congreso Nacional (diciembre 2011) y en reuniones regionales y locales:

“En este marco estamos impulsando una serie de estrategias para afrontarlas [encrucijadas]; tales como elaborar Planes de Vida Plena regionales y locales de los pueblos indígenas y difundirlos a todo nivel, a fin de lograr la adhesión de la opinión pública, la voluntad política y la prioridad de su financiación, por parte del presupuesto público, y también, con los aportes obligatorios que deben dar las industrias extractivas amazónicas”.
En este sentido, AIDESEP declara haber entregado dicho plan a una serie de instituciones, concretamente: Presidente del Congreso, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, Registros Públicos “y empresas como Pluspetrol, Petrobras y Pacific [Stratus Energy]”. La única que hasta el momento ha respondido es Petrobras.

Intentaré hacer una mirada lo más objetiva posible frente a un asunto que presenta muchas interrogantes, para lo cual tomaré a veces algunos de los argumentos hechos públicos en Servindi. Una primera cuestión es el carácter secreto que mantuvo la dirigencia de AIDESEP respecto al contrato. Y ni siquiera me estoy refiriendo a publicitarlo para el público en general, sino darlo a conocer a los dirigentes de sus bases regionales. En efecto, el Consejo de Coordinación Ampliado de AIDESEP, en el que se reúnen dirigentes de las organizaciones regionales con la directiva nacional, se realizó en Agosto de 2012, pero ahí no informó del contrato con Petrobras firmado el 11 de julio de ese año. Más que un olvido involuntario, tratándose de una reunión tan importante para la vida institucional parece un acto deliberado.

Un hecho que ha sido señalado por muchos comentaristas y que también suscribo es que, hasta la firma del referido contrato, la diferencia entre la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y AIDESEP era la dependencia financiera de la primera de las empresas petroleras y otras, y el rechazo de cualquier trato con estas por parte de la segunda que, en cambio, recurría a fondos de la cooperación internacional. ¿Cuál será la diferencia entre estas organizaciones en el futuro? Resulta sorprendente la declaración hecha por AIDESEP en su comunicado público de: “No podemos seguir dependiendo de la cooperación y donaciones como si fuéramos huérfanos”, en primer lugar, porque a pesar del contrato con Petrobras, que solo aporta una cifra muy pequeña dentro de su presupuesto, sigue dependiendo de dicha cooperación; y en segundo, porque no es lo mismo disponer de dinero sin condiciones para sus programas (más allá de las del buen uso de los recursos y, con frecuencia, trabajar algunos temas: género, cambio climático) que de fondos que la obligan a actuar de mediadora en caso de conflictos entre la empresa y comunidades afectadas por el desarrollo de sus actividades.

La revisión de los objetivos del contrato, así como de los compromisos asumidos por las partes, están abiertamente orientados a fortalecer el punto de vista de la petrolera antes que los derechos de los pueblos indígenas representados por AIDESEP. En efecto, señalar que uno de ellos es “mantener relaciones armoniosas entre las Comunidades Nativas y la Empresa Privada” implica priorizar la tranquilidad de la empresa ante los derechos de las comunidades. Los privilegios de la empresa se hacen aún más claros en una frase posterior que aclara que, para evitar conflictos entre las partes, “es fundamental encaminar esfuerzos para familiarizar a las comunidades con los aspectos más relevantes de la industria hidrocarburífera y sus controles para la protección del medio ambiente y de los aspectos sociales”.[4]

Es decir, la opción para mitigar y sortear los problemas radica en que las comunidades se familiaricen con la industria petrolera y sus mecanismos para proteger el medio ambiente y la sociedad. Son ellas las que deben hacer el esfuerzo para entender a la empresa y no al revés, y AIDESEP se compromete a cumplir esta tarea el rol de intermediaria para acostumbrar a las comunidades a su presencia y actividades. Como claramente señala el contrato más adelante, AIDESEP debe “Promover acciones para mantener relaciones armoniosas entre las comunidades nativas que integran a su organización y PETROBRAS”. Debe así jugar el papel de una especie de relacionista comunitario corporativo.

Respecto al Plan de Vida Plena que, sostiene AIDESEP, será financiado con los fondos entregados por Petrobras, tampoco parece haber mucha claridad. En sus comentarios publicados en Servindi (19 de octubre), Gil Inoach, expresidente de AIDESEP, asevera que AIDESEP tiene un Plan de Vida desde el año 2002[5] y que este fue “gestado y elaborado de manera participativa en un proceso que duró un año porque se tenía que recoger la propuesta en los 11 departamentos amazónicos del país”. Se pregunta él si el actual Plan ha sido también elaborado mediante consulta con las bases o es creación de dirigentes y asesores. Se refiere igualmente a la afirmación de AIDESEP incluida en su comunicado, en el sentido que la asamblea aprobó que el financiamiento del Plan debiera hacerse con recursos de las industrias extractivas amazónicas. Interroga: “¿Acaso esto significa que la asamblea le autorizó a AIDESEP suscribir acuerdos con las empresas petroleras?”. Inoach señala que es cierto que en las asambleas de AIDESEP siempre se trata acerca de los problemas de las comunidades para obtener mejores beneficios del mercado y se propone la búsqueda de mejores condiciones para las comunidades a través de alianzas estratégicas con el Estado y las empresas privadas. No obstante asegura que cuando los delegados “se refieren a empresas privadas, no se refieren precisamente a las empresas petroleras, se refieren más bien a las empresas que pueden comprar sus productos (piña, plátano, frejol, yuca, madera, arroz, etc.)”. Su último apunte sobre el tema es más bien una acusación al actual consejo directivo: “Otra cosa es que se trate de agarrarse de esos acuerdos para intentar probar la suerte de salir bien librado por los cuestionamientos que están saliendo. Creo que estos cuestionamientos no debieron salir si a tiempo se le hubiera informado a las organizaciones indígenas”.

Respecto al Plan de Vida tengo una observación más. Recientemente se ha lanzado una campaña de incidencia titulada “Territorios seguros para las comunidades del Perú”, impulsada tanto por organizaciones sociales (Confederación Campesina del Perú –CCP-, Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería –Conacami-, Confederación nacional Agraria –CNA-) como por ONG (Instituto del Bien Común –IBC-, Centro Peruano de Estudios Sociales –Cepes- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación práctica –CAAAP-, Instituto de Defensa a Ilegal –IDL-, Comisión Andina de Juristas- CAN- y otras). Ciertamente, AIDESEP fue convocada a participar en este colectivo e inicialmente aceptó hacerlo, pero luego desistió señalando que la organización apuesta por “territorios de pueblos indígenas “y no de “comunidades nativas”.

No obstante el anterior deslinde, ahora en el Plan de Vida Plena de AIDESEP aparece, como uno de los “ocho Ejes Programáticos”, el de “Saneamiento, Consolidación y Seguridad Territorial”, estimando en 988 las comunidades que deberían ser atendidas.
Un último comentario es respecto a la cláusula séptima del contrato:

“Las partes acuerdan que AIDESEP se compromete a mantener indemne y a eximir de cualquier reclamo, acción o demanda entablada en contra de PETROBRAS, sea de índole administrativo, penal, civil comercial, etc., sin que esta enumeración sea limitativa, por parte de integrantes de su organización que se relacionen con el presente convenio, sea de manera directa o indirecta”.

Es una cláusula que llama la atención desde su redacción: “las partes acuerdan que AIDESEP se compromete…”. Como una de esas partes es Petrobras, simplificando la redacción la cosa suena así: “Petrobras acuerda que AIDESEP se compromete…”. Ciertamente es una fórmula extraña que una parte acuerde a que el otro cumpla.

Pero más allá de esto, quiero trascribir la respuesta del jurista Bartolomé Clavero a la pregunta que le formulé sobre cómo debe entenderse la mencionada cláusula. Aquí su respuesta:
“La cláusula séptima del convenio entre AIDESEP y PETROBRAS entiendo que supone una renuncia general de recurrir a la justicia, tanto a la propia indígena como a la del Estado o como también a instancias jurisdiccionales internacionales, respecto a cualquier conflicto que surja, ya directa, ya indirectamente, de parte indígena a propósito del mismo convenio.

Equivale a una renuncia general de derechos por vía contractual, lo que es inconstitucional. 

Cuando había esclavitud abierta y se planteaba su abolición, se sentó el principio constitucional de que tampoco cabe mediante la vía contractual de renuncia de derechos a cambio de manutención o retribución por trabajo; esto es, que no puede haber esclavitud por el consentimiento del esclavo.

A efectos prácticos, a esto mismo equivale ahora la renuncia a las garantías judiciales, lo que se hace con dicha cláusula séptima. AIDESEP acepta el compromiso de privar a las comunidades indígenas de las garantías de sus derechos, esto es de los derechos mismos, a cambio de la subvención que recibe” (Ver Servindi, noviembre 7, 2012).
Ante una opinión tan clara, que además proviene de una autoridad en la materia, huelgan los comentarios. No se sabe aun en qué irán a desembocar estos problemas.

Las contradicciones en las que ha incurrido AIDESEP al firmar el contrato con Petrobras son graves. No se trata de un error pequeño o de un acto de corrupción individual. Con el contrato AIDESEP desmonta principios que le han dado solidez a lo largo de su vida.

La ausencia de un verdadero plan de vida que parta de la reflexión sobre el momento actual y que defina los rumbos y las estrategias para seguirlos explica esta desorientación. El peligro siempre es quedarse en el campo de las apariencias, y la única manera de superarlas es que las decisiones tengan raíces en las bases y los dirigentes no sean más que los portavoces de ellas.
Pero este es un tema que escapa a los alcances de estas reflexiones.

[1] Por mencionar algunos de estos problemas: en la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (Orpio, Iquitos) el presidente era, a la vez, subgerente de la oficina encargada de pueblos indígenas del Gobierno Regional de Loreto, algo que era cuestionado por sus bases; y en la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian, Bagua) se agudizaban los conflictos entre ella y una de sus bases que en ese momento (y hasta ahora) mantenía cerrada oposición con la empresa minera canadiense Dorato instalada en su territorio, luego de negociados turbios entre sus ejecutivos y algunos altos funcionarios del gobierno del presidente Alan García.
[2]Ricardo Uceda, 2010. “Los imperdonables. Un amargo recuerdo de las sesiones del Consejo de Ministros de hace ocho meses, cuando la tragedia de Bagua era inminente. Las posiciones y las responsabilidades aún no asumidas”. PODER 360º (poder360.com). 15 de febrero.
[3] Sus alegatos están contenidos en un comunicado aparecido en la segunda semana de octubre de 2012, en el diario La República
[4] A propósito de esto, los más importantes controles son los que las propias organizaciones indígenas han llevado a la práctica a través del monitoreo independiente y de la exigencia de reinyección de las aguas de formación. AIDESEP debería saber que este ha sido precisamente uno de los logros históricos de la Feconaco. Trato sobre este tema en otra parte del presente trabajo.
[5] Este trabajo fue realizado con fondos de la GTZ

miércoles, 7 de noviembre de 2012

Sobre Madre de Dios



Alberto Chirif, en presentación de libro

Madre de Dios es una región extraña desde su nombre, que parece clamar al cielo. Mientras toda la Amazonía peruana mira y desagua con dirección norte, Madre de Dios, de espaldas, lo hace hacia el sur y este, separándose de ella por estribaciones de la Cordillera Oriental, que divide las aguas que fluyen hacia el Urubamba y hacia la otra excepción que también corre al este: el Purús. Podemos imaginar a Madre de Dios como un inmenso anfiteatro cerrado hacia el norte y oeste y abierto hacia el sur y este. 


Pero tiene muchas otras rarezas, por ejemplo, compartir una cuenca con Puno, departamento al que muy pocos habrán imaginado como también amazónico. Otra es haber pasado, en apenas  unas décadas, de ser el departamento menos poblado a ser uno de los que registra tasas más violentas de crecimiento a causa de la migración de lavadores de oro procedentes de Puno y Cuzco, que probablemente constituyan hoy la mayoría de su población, actividad de la cual se deriva otra de sus peculiaridades, que es poner en evidencia la inmensa contradicción entre las políticas estatales de conservación y las de desarrollo.  Madre de Dios es la región con más áreas naturales protegidas del país, con dos parques nacionales (Manu y Bahuaja Sonene; parte del primero es además reserva de biosfera), una reserva nacional (Tambopata Candamo); una reserva comunal (un auténtico triunfo del movimiento indígena) y un área privada, en la cuenca del río Los Amigos, con fines de investigación y turismo; todas las cuales 
constituyen un importante porcentaje del territorio de la región. Parecería que los esfuerzos del Estado por la conservación del medioambiente y el manejo de recursos en esta región fuesen claros, definidos y coherentes. Pero no es así, porque al lado de todo esto la extracción del oro produce una de las  más feroces agresiones al entorno contaminando el aire y los ríos con mercurio, alterando paisajes, removiendo cauces antiguos y colmatando lechos que producen desbordes y lagos de lodo. Y como para que la cosa sea completa, todo esto se realiza dentro de brutales condiciones de explotación de los lavadores, parte de los cuales son niños mantenidos como esclavos. Refiriéndose a esto, Andrew Gray, en uno de los volúmenes de su trilogía, escribe sobre un misterioso cementerio, cuyo incremento de inquilinos es mayor  a las posibilidades del predio del patrón al que atiende.  

Pero en Madre de Dios hay más que la extracción aurífera como factor de agresión al medio y de contradicción política. Está el caso de la madera, caoba para ser exacto, talada a escasa distancia de la frontera con Brasil por una empresa extranjera que  tuvo que construir 180 kilómetros de carretera para llegar allí sin que nadie (quiero decir, INRENA y el Ejército) se diera cuenta hasta que las trozas comenzaran a desfilar por Puerto Maldonado y ya no fuese posible tapar la madera con un dedo. 

Es también particular la composición étnica de los pueblos indígenas de Madre de Dios, dos de ellos de troncos lingüísticos que no se encuentran en ninguna otra región del país, el Harakmbut y el Tacana, y, el primero, en ningún otro país de la cuenca. No menos extraña es la presencia de gente dislocada de sus territorios originales, como kichwas o santarrosinos (quienes a su vez son producto de otra agresión histórica), que proceden  del Napo ecuatoriano, en la frontera en el otro extremo del país; y shipibos que vienen del Ucayali, todos ellos descendientes de pobladores esclavizados por los caucheros del cambio del siglo XIX.  

Madre de Dios es igualmente una región donde existen núcleos de población indígena en aislamiento. Son los que antes se llamaban los no contactados, como si el estar apartados fuese fruto de un descuido civilizador y, por esto, la necesidad de incorporarlos a la historia, una tarea ineludible. Sin embargo, la verdad es diferente, ya que se trata de grupos de personas que por haber padecido los horrores del contacto (esclavitud, asesinatos y enfermedades) desde la época del caucho, decidieron retraerse a lugares lejanos. Hablar de grupos da una idea equivocada del volumen de gente comprometida en esta estrategia de supervivencia. Por eso cito datos de Beatriz Huertas, que aluden a entre 600 y 1000 personas en el alto Tahuamanu y entre 400 y 600 en las cabeceras de Las Piedras. Hoy se los llama también pueblos en aislamiento voluntario, y a pesar de las contradicciones del término (¿quién huye por voluntad?) refleja de todas maneras la situación que ellos enfrentan. 
Todos éstos y muchos más son los temas tratados en el libro que ahora presento, “Los Pueblos Indígenas de Madre de Dios”, editado por Beatriz Huertas y Alfredo García. Se trata de un conjunto de 22 trabajos, escritos por 18 autores, agrupados en tres grandes temas: 
historia, etnografía y coyuntura. No he encontrado mejor forma de presentarlo que hacer un comentario breve sobre cada uno.  

El libro...

Continuar leyendo en: http://www.ibcperu.org/doc/isis/8883.pdf
                                             
1
 Texto leído durante la presentación del libro  Los pueblos indígenas de Madre de Dios, editado por
Beatriz Huertas y Alfredo García. IWGIA, Lima, 2003. La presentación tuvo lugar en mayo de ese año.

lunes, 29 de octubre de 2012

LAS BOAS...¿PELIGROSAS? O BENEFICIOSAS?


Por: Hugo Vela Díaz
La presente semana, la prensa regional publicó una noticia alarmante: Varios pobladores del Centro Poblado El Porvenir habrían visto una boa gigante en el Río Romero.- Según las versiones de los mismos pobladores la víbora tendría una longitud aproximada de 20 metros y su cabeza sería del tamaño de una vaca, hecho que ha sembrando el terror en la gente que tiene sus chacras en ese lugar, por  lo que una brigada de hombres provistos de armas de fuego buscaban al monstruo para eliminarlo, otros llamaron a la policía nacional pidiendo apoyo con ese mismo fin, quienes les aconsejaron que no lo maten al animal.-La serpiente al ser perseguida desapareció; otros campesinos dicen haberla visto hace dos días río más abajo en la desemboca la quebrada Tamboyacu donde existe un aguajal; pero hoy otros dicen haberlo visto muy cerca al puente en la carretera Fernando Belaunde; lo cual significa que se desplaza casi en el mismo lugar, en un tamo de 1 Km. del río.
¿Por qué tanto miedo y el terror a una boa de gran tamaño?;  Porque desconocemos sobre las costumbres y formas de vida de las boas y pensamos equivocadamente que nos puede comer; por lo que es necesario poner en conocimiento de todos los Sgte:
1ro.-Nunca se ha dado el caso que una boa grande haya hecho daño a alguien, muy al contrario estas criaturas están condenadas a desaparecer porque no tenemos conciencia de su valor y los matamos por matar.
2do.-En el Alto Mayo existen dos clases de boas: La boa de tierra llamada  boa arco iris, conocida también con el nombre de Mantona que muchos arroceros hoy los protegen por que se ha demostrado ser un buen controlador de roedores y la boa de agua llamada boa verde o común de lomo pardo, conocida también con el nombre de Anaconda, el mismo que cuando las hembras adquieren un gran tamaño toman el nombre de Yacumama o madre del agua.- Se han tejido muchas historias sobre la anaconda e incluso se le ha llevado al cine, haciéndole aparecer como un monstruo que devora personas e incluso que ataca y destruye embarcaciones, deformando la mentalidad de la gente, aunque    la realidad es otra: Son seres casi inofensivos para el hombre, que se dejan agarrar en los pantanos y que antiguamente han sido objeto de bellas historias como la historia de la Yacumama escrita por Ventura García Calderón, donde la yacumama lucha contra un tigre o jaguar que pretende devorar a un niño, cuyos padres le dejaron en su choza junto al río.-La boa, ante los gritos del niño acude en su auxilio, desatándose una lucha feroz con el tigre, logrando salvarlo pero muere a consecuencia de las mordeduras del felino.
3ro.- La boa nunca muerde y dado el caso de que mordería, no es venenosa y sus dientes son muy pequeñitos, casi inofensivos, pero le sirve para sujetar a su presa.-Estas serpientes generalmente son compradas por los  charlatanes que los utilizan para atraer a sus clientes.-En la ciudad de  Iquitos las loretanas hacen espectáculos para los turistas utilizando una boa grande que envuelve a su cuerpo semidesnudo.-Una de estas bailarinas famosas fue la loretana Martha Chuquipiondo  llamada la “mujer boa”. Los que conviven con la naturaleza como los pescadores jamás lo tienen miedo, prácticamente conviven con ella a pesar que navegan en canoas muy pequeñas por los ríos y cochas de la selva baja.- Aquí en el Alto Mayo  los pescadores de la boca del río Tonchima  manifiestan que siempre ven a la yacumama en el río negro y en el sector matorral del Río Romero, pero se corre de ellos, lo que demuestra que no son un gran peligro para el hombre. Pero, ¿De qué se alimenta la anaconda? Se alimenta de peces y animales que acuden al río a beber.- En cuestión de segundos la serpiente sujeta a su presa y lo envuelve o constriñe para quitarle la respiración, luego lo traga entera sin masticar.- Después de comer suele dormir varias semanas para digerir su alimento.-En el caso de los seres humanos huye ante la presencia del hombre pero en el caso hipotético que atacaría a un ser humano, desenredarlo sería muy fácil salvo que esté solo y no haya quien lo desenvuelva a tiempo, pero para que ataque a un hombre, este tendría que estar dormido dentro la quebrada o no tenga pies para correr.
4to.-  En cuanto al tamaño; los investigadores de serpientes, opinan que no existen víboras de más de 9 metros en ningún lugar de la Amazonía y que los relatos de víboras gigantes constituyen mitos o leyendas producto de la imaginación humana.- Por lo tanto es imposible hablar de una serpiente real de más de 20 metros.- La boa más grande encontrada hasta hoy fue agarrada en  el Brasil con  8.45 m. de largo con un peso de 227 Kg.
Actuemos con inteligencia.- 
Eliminar una criatura que desaparece ante la presencia del hombre y que no hace daño físico a nadie, opino que no es lo más sensato y  conveniente; primero por respeto a las leyes divinas donde todos los seres de la creación tienen derecho a la vida y segundo porque todos los seres desempeñan una función en la naturaleza, cuyo estudio se denomina ECOLOGÍA, por lo tanto; más bien saquemos provecho de esta situación.- Una boa gigante es una muestra de la riqueza natural del Alto Mayo y que nos puede traer muchos beneficios a todos.- Pero, como podríamos  obtener beneficios o sacar provecho de una víbora gigante?.- Sacando muestras fotográficas o filmando al monstruo para luego lanzarlo al mundo por internet y los medios de comunicación masiva; luego los periodistas se encargarían de difundirlo a nivel nacional e internacional.- Entonces vendrían muchos estudiosos del tema, curiosos y turistas de diferentes latitudes.
 Las serpientes gigantes han desaparecido en toda la Amazonía.-Los pobladores los matan por falta de conocimiento, por temor o por el simple hecho de matar para afianzar el domingo del hombre sobre la naturaleza; Por lo tanto en el Alto Mayo, están en peligro de desaparecer, son muy pocas las boas de agua, ya no se ven ni las crías de ellas  y las que pueden haber son las únicas sobrevivientes de la depredación ocasionada por el hombre. El hecho de que exista una de ellas en un sitio accesible como es el río Romero, ubicado a poca distancia de una carretera y a pocas horas de otras ciudades, un ejemplar gigante, una verdadera reliquia de la naturaleza; ocasionaría  una avalancha de gente deseosa de ver algo raro, algo nunca visto en la realidad: UNA ANACONDA  en vivo y en directo.
Entonces ¿Qué hacer?  A nuestro parecer deberíamos hacer lo Sgte.:
1ro.- No matar a  la víbora. Si no lo hacemos ahuyentar,  no se va ir.
2do.- Tratar de acostumbrarlo con comida en un solo sitio y estudiar sus movimientos.
3ro.-Hacer un observatorio de palos con techo para divisarlo desde una distancia de 80 a 100 metros cuando llega a comer.
4to.- Limpiar el lugar para que sea fácilmente visto a distancia con binoculares, igual como se hace en Madre de Dios con los loros y huacamayos.-
¿Quiénes serían los beneficiarios? 
Toda la población del Alto Mayo y hasta la región, especialmente del pueblo El Porvenir.- El turista paga por ver un espectáculo natural de este tipo.-Ejemplo:  Las ballenas de Guayaquil o de la Patagonia, donde se paga tours carísimos por que viajan largas distancias en barco y aquí todo está a la mano.-Actualmente en el Centro de Conservación Wakany Center de la ciudad de Moyobamba, hay un puesto de observación de 3 pisos solo para ver colibríes y el ingreso es diez soles por persona.- Si para ver colibríes se paga esa cantidad ¿Cuánto se podría pagar por ver a una Anaconda gigante, un espectáculo único en el mundo?. Lógicamente mucho más.
¿ Por qué se dice que beneficiaría a todo un pueblo o a una región? Porque el turista deja dinero al hacer uso de los diferentes servicios que les podemos brindar como: Movilidad, comida, bebidas, alojamiento, diversión, Etc . Este dinero empieza a circular y se queda aquí mejorando la economía de todos directa o indirectamente.- A ese dinero circulante se le denomina las divisas que todos necesitamos para mejorar nuestras condiciones de vida y superar los actuales niveles de subdesarrollo.-
POR LO TANTO NOS TOCA DECIDIR SI A ESTA CRIATURA VIVIENTE LO CONSERVAMOS O LO HACEMOS DESAPARECER PARA SIEMPRE.
NO OLVIDEMOS:  ¡EXTINSIÓN ES PARA SIEMPRE!
                                                         Rioja, 29-10-2012.
Hugo Vela Diaz
"Complejo Turístico Yacumama"
Titular Gerente

lunes, 22 de octubre de 2012

Reencuentro de familias separadas por la barbarie del caucho:


 Abriendo el canasto de la abundancia

Por Alberto Chirif y Manuel Cornejo Chaparro

Apertura de la canasta de la abundancia o la yuca dulce. Fotos: Roberto Carrasco

20 de octubre, 2012.- En La Chorrera, poblado localizado en el departamento de Amazonas, Colombia, se realizó, entre el 6 y el 12 de octubre pasado, un importante evento que congregó a familias de los pueblos afectados por la barbarie cauchera hace un siglo y que hoy habitan en tres países: Colombia, donde se encuentra la mayoría de ellos, Perú y Brasil, este último con solo dos comunidades pequeñas.
La Chorrera se ubica a orillas del río Igaraparaná, afluente del Putumayo por la margen izquierda, y debe su nombre a los chorros o cascadas que se forman en el río justo antes del poblado. Un estrechamiento del río que rompe una formación rocosa del escudo colombiano convierte al tranquilo Igaraparaná en una corriente turbulenta y constituye una barrera para la navegación.
Al salir del angosto cañón, el río forma un extenso remanso que le da a uno la sensación de estar frente a una laguna. Sobre la orilla derecha de este remanso se yergue la casa de la que fuera una de las estaciones más siniestras de la Peruvian Amazon Company, empresa que tuvo como gerente a Julio César Arana, al inicio solo un anónimo comerciante de sombreros de Rioja (San Martín) pero que llegó a convertirse en uno de los hombre más ricos de Loreto, comerciando caucho conseguido con el trabajo esclavo de miles de indígenas de los pueblos Huitoto (o Uitoto), Bora, Ocaina, Nonuya, Andoque, Resígaro y otros.
La empresa cauchera tuvo dos grandes estaciones de las cuales dependieron una serie de puestos más pequeños. Ellas fueron La Chorrera, cuyo gerente fue el colombiano Víctor Macedo, y la otra El Encanto, en el río Caraparaná, también afluente del Putumayo por su margen izquierda, que estuvo a cargo del peruano Miguel Loayza.
Las atrocidades de esta etapa han sido denunciadas en documentos escritos por los jueces peruanos que llevaron a cabo el juicio contra los caucheros: Carlos Valcárcel (El Proceso del Putumayo, editado en 1915 y reeditado en 2005) y Rómulo Paredes (dos informes realizados para el gobierno peruano que han sido publicados en 2009 en el libro Imaginario e Imágenes en la Época del Caucho); y también por el cónsul británico Roger Casement, quien fue encargado por su gobierno para investigar la veracidad de las denuncia llegadas a Londres, considerando que desde 1907 la empresa había sido registrada en es ciudad, y contaba entre su personal con súbditos británicos, tanto directivos como capataces traídos de la isla caribeña de Barbados, que se mantuvo en condición de colonia inglesa hasta la década de 1970.
Sin embargo, la primera denuncia contra los caucheros fue realizada por el periodista peruano Benjamín Saldaña Roca, en 1907, en dos diarios que él dirigía en Iquitos: La Sanción y La Felpa. Sobre esa base, él presentó una acusación formal ante la Corte Superior de Iquitos. El poder de Arana, que en 1902 había sido elegido alcalde de la ciudad y un año más tarde ocupaba la presidencia de la Cámara de Comercio, bloquearon el proceso.
No obstante los esfuerzos de Saldaña Roca no fueron en vano y, dos años más tarde, el ingeniero estadounidense Walter Hardenburg llevó a Londres las denuncias aparecidas en los mencionados diarios y los presentó ante la Sociedad Antiesclavista. El objetivo de difundir las atrocidades fue alcanzado cuando el diario londinense The Truth las publicó en primera plana. Esto obligó al gobierno peruano a reabrir el juicio que se encontraba detenido por las presiones ante la Corte Superior de Iquitos ejercida por la empresa Peruvian Amazon Company; y al gobierno británico a hacer lo mismo.
En ese contexto aparecieron los dos jueces antes nombrados, Carlos Valcárcel y Rómulo Paredes, el primero como titular y el segundo como alterno cuando Valcárcel enfermó de beriberi. Fue este último quien viajó a la zona de extracción en 1911 y visitó las estaciones y puestos caucheros, entrevistando a los jefes, capataces e indígenas que trabajaban en ellas.
Paralelamente, el Parlamento Británico abrió una investigación a la empresa y envió a la zona a su cónsul Roger Casement que por entonces desempeñaba funciones diplomáticas en Río de Janeiro. Su informe y otros documentos consulares vinculados con el caso fueron publicados en The Blue Book, libro de circulación restringida en la medida que solo se difundió entre algunas legaciones diplomáticas y gobiernos involucrados en el caso. Una edición en castellano de esta obra acaba de aparecer este año 2012, en coedición entre el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), con el nombre de El Libro Azul.
El resultado de los años de barbarie cauchera fue la disminución poblacional de los pueblos afectados, ya que se calcula que fueron miles las muertes por asesinato, maltrato y desnutrición; las huellas dejadas en la gente por la tortura y los años de terror; y la desarticulación de los clanes como unidades fundamentales de su organización, tanto a consecuencia de los crímenes como del traslado hacia el Perú, entre 1923 y 1930, de indígenas sobrevivientes de las estaciones caucheras, por parte de ex patrones de la Peruvian Amazon Company que entró en liquidación el 30 de agosto de 1911. Al comienzo, la gente fue llevada a la margen derecha del Putumayo y luego, por el conflicto bélico entre Colombia y Perú, hacia otros ríos situados en el interior de Loreto.

La Chorrera hoy

Luego de años de decadencia, la casa que la empresa construyó en La Chorrera, así como el llamado Predio Putumayo, inmensa extensión de casi seis millones de hectáreas, fueron tomados por la Caja Agraria de Colombia quien pensó convertirlo en un lugar para inversiones agropecuarias. En ese contexto ella comenzó a refaccionar la casa, de la cual por entonces solo se conservaba parte de los muros originales de piedra que se hallaban invadidos por las hierbas.
No obstante, los tiempos habían cambiado y los indígenas, organizados en asociaciones diversas, comenzaron a ejercer presiones para que el predio les fuera reconocido como lo que correspondía: su territorio tradicional. En 1988, el entonces presidente de Colombia Virgilio Barco entregó formalmente el predio a manos de los indígenas en calidad de resguardo, es decir, de tierras propiedad de los indígenas. La Caja Agraria mantuvo inicialmente una parte del predio de 800 hectáreas, donde se encuentra la casa, pero nuevas presiones de los indígenas dieron como resultado que el gobierno les reconociera también la propiedad de esta área.
Una vez refaccionada la casa y construidos nuevos edificios en su entorno, se constituyó como sede de “La Casa del Conocimiento”. Las organizaciones indígenas se precian de haber convertido un lugar de muerte y sufrimiento en uno de estudio y esperanza.
En el mismo sentido, en lo que fueron los calabozos de la empresa, lugar de sufrimiento de los ancestros, hoy día se almacenan los alimentos que dan vida a los estudiantes y profesores de los centros de estudios. La casa alberga un colegio primario y secundario, cuyos profesores son todos indígenas formados en universidades del país, así como un programa de formación universitaria, que funciona en convenio entre la Asociación Zonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera (Azicatch) y la Universidad Pedagógica de Colombia. Allí una veintena de jóvenes de ambos sexos siguen la carrera de biología.

Abriendo el canasto de la abundancia

El evento fue titulado “El grito de los hijos de la coca, del tabaco y la yuca dulce”. Tanto la coca como el tabaco son productos fundamentales de la cultura de los diversos pueblos indígenas que comparten el resguardo Predio Putumayo, así como de sus paisanos que fueron llevados al Perú, principalmente al río Ampiyacu, y a Brasil. Con la coca y el tabaco, se enseña los valores éticos que deben guiar la vida de las personas, a través de largas sesiones en la maloca, centro ceremonial que representa el Universo, donde se trasmite la palabra tradicional. La yuca dulce, por su parte, simboliza a la mujer y es un elemento fundamental para el equilibrio social.

Delegación peruana
Desde antes del evento, dos artistas huitotos del Perú, Santiago Yahuarcani y Rember Yahuarcani, padre e hijo, trabajaron durante tres semanas un gran mural de aproximadamente 10 x 4 metros, titulado “El grito de los hijos de la coca, el tabaco y la yuca dulce”. Para esto, previamente se reunieron con líderes tradicionales que debatieron sobre cuál debiera ser el contenido y significado del mural. El resultado da cuenta, en una secuencia que va de izquierda a derecha, del tránsito seguido por las sociedades indígenas de la región desde un estado de paz a uno de violencia, terror y muerte generado por los caucheros y, finalmente, a un futuro en el cual recuperan su libertad y la abundancia que las caracterizó.
A los artistas Santiago y Rember Yahuarcani los organizadores del evento les dijeron: “el mural que plasmaron en nuestra institución educativa (…) quedará aquí como memoria, como legado, como raíz y como esperanza. Esta es su cuna, este es su territorio, ustedes hacen parte de nosotros porque llevan nuestra propia sangre. Gracias por hacer visible este grito de dolor y de esperanza”.
En el día central del evento, en el que llegaron representantes del Estado y de diversas instituciones civiles y religiosas, varias delegaciones indígenas danzaron y cantaron en el patio central ubicado frente a la “Casa del Conocimiento”. Simbólicamente, además, taparon el canasto de la tristeza, con lo cual quisieron significar que ponían fin a los trágicos recuerdos de la época del caucho, y destaparon el canasto de la abundancia, “monifue” en lengua huitota, pleno de frutos, que es lo que debe guiar su vida en adelante.

Representantes del gobierno colombiano

Antigua casa Arana, ahora casa del conocimiento
Luego de días de discusión sobre la historia del caucho y sus impactos sobre las sociedades indígenas y de la exposición de los planes de vida de cada organización que deberán servir para ordenar la marcha de la sociedad hacia el futuro, la gente discutió y elaboró una propuesta para ser presentada a los enviados del gobierno colombiano y de las otras instituciones participantes en el evento el día 12 de octubre.
El tema central del documento que presentaron fue la cuestión territorial. Las organizaciones expresaron la necesidad de “sacar adelante la ley de ordenamiento territorial y en ella nuestra entidad territorial”. Para que esto sea posible indicaron que es necesario crear “una mesa de acuerdos y seguimientos para la implementación de nuestros planes de vida y desarrollo comunitario que sesione aquí en medio de la selva”.
Pusieron también énfasis en la necesidad de buscar soluciones a la división de sus pueblos en tres países diferentes. Señalaron: “Es un clamor de los aquí presentes para que se gestionen acuerdos trinacionales: Colombia, Brasil y Perú para seguir encontrándonos como pueblos y reconstruyendo el tejido social que fue roto por causa de la cauchería”.

Desarrollo del Evento
Por parte del gobierno colombiano estuvieron e hicieron uso de la palabra la Sra. Ángela Robledo, de la Cámara de Representante; el Sr. César Vergara, de la Unidad de Víctimas de la Presidencia de la República; el Sr. Gabriel Muyuy Jacanamijoy, Consejero Presidencial y director del Programa Presidencial para Pueblos indígenas; el Sr. Gonzalo Sánchez, del Centro de Memoria Histórica; y la Sra. Luisa Fernanda Acosta, del Ministerio de Cultura.
De las otras instituciones que participaron en el evento hablaron el Sr. Tood Howland, representante del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de la ONU; el Nuncio Apostólico, Monseñor Aldo Cavalli; y el Sr. John Deew, embajador de Gran Bretaña en Colombia. Todas esas personas dirigieron su palabra a las autoridades indígenas tradicionales presentes, así como a los moradores de diversas comunidades asistentes a la reunión.
Representantes indígenas de las asociaciones que organizaron el evento leyeron las cartas enviadas por el Papa Benedicto XVI y por el presidente de la República de Colombia, Sr. Juan Manuel Santos. El Papa en su carta dirigida “a los indígenas colombianos”, se refiere al centenario de la encíclicaLacrimabili statu indorum, firmada el 7 de junio de 1912 por el entonces Papa, hoy san Pio X, que fuera motivada precisamente por las atrocidades cometidas por los caucheros en el Putumayo.
Por su parte, el presidente de Colombia, previa disculpa por no asistir al encuentro debido a razones de salud, recordó el etnocidio y genocidio cometidos por los caucheros, y “en nombre del Estado colombiano, a las comunidades de los pueblos Huitotos, Bora, Okaina, Muinane, Andoque, Nonuya, Miraña, Yukuna y Matapí, a todos pido perdón por sus muertos, por sus huérfanos, por sus víctimas en nombre de una empresa, de un gobierno, de un pretendido “progreso” que no entendió la importancia de salvaguardar a cada persona y a cada cultura indígena como parte imprescindible de la sociedad que hoy reconocemos con orgullo como multiétnica y pluricultural”.

Mural de Santiago y Rember Yahuarcani
Los organizadores cedieron también el uso de la palabra a los Srs. Manuel Cornejo, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) y Alberto Chirif, consultor independiente. Ambos se refirieron a la barbarie del caucho y sus consecuencias para las sociedades indígenas, y leyeron, respectivamente, cartas del Sr. Víctor Isla, presidente del Congreso Nacional, y del Sr. Luis Peirano, ministro del Cultura del Perú.
El presidente del Congreso recordó que en un evento realizado días antes, “Manifesté mi sentido perdón por las miles de muertes de hermanos y hermanas indígenas del Putumayo que no supimos socorrer en su momento” añadió: “A las autoridades colombianas les expreso mi intención de crear puentes entre nuestros Estados para construir un nuevo escenario para nuestro pueblos indígenas”.
Por su parte, el ministro de Cultura indicó la necesidad de aprovechar la ocasión para “honrar a todas y todos aquellos hermanos indígenas que padecieron a causa de la fiebre del caucho” y enfatizó: “Nos toca pedir de corazón, como peruanos y peruanas, perdón por todo el sufrimiento que como sociedad, como país, no fuimos capaces de evitar”.
No cabe duda que se trata de un evento histórico que marca un hito fundamental en el desarrollo de sociedades que fueron afectadas por la barbarie desatada por la ambición de los caucheros. Para ellas, cerrar el canasto de la tristeza y abrir el de la abundancia no es una expresión vana de retórica, sino manifestación de una voluntad para trabajar desde el presente en la continua construcción del futuro.
Destaca la presencia en el evento de importante delegados institucionales, pero sobre todo resalta la coincidencia por tres altos funcionarios de Colombia y Perú de pedir perdón por los actos del pasado.
Es entonces momento de elaborar propuestas y de exigir que se lleven a la práctica, a fin de que los pedidos de perdón no queden como actos de cortesía formal sino que constituyan auténtica expresión de voluntad política para construir nuestros países como lo que en realidad son: naciones pluriétnicas y multiculturales.
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*Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la Amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando TerritorioEl Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de numerosos ensayos y artículos.
Manuel Cornejo Chaparro es investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). Ha escrito artículos en diversos medios, ha publicado con Alberto Chirif, el libro Imaginario e imágenes de la época del caucho (CAAAP-IWGIA-UCP, 2009), y coeditado con Jean Pierre Chaumeil y Oscar Espinosa “Por Donde hay Soplo: estudios amazónicos en los países andinos” (PUCP-IFEA-CAAAP, 2011).
Documentos sobre el reencuentro de familias separadas por la barbarie del caucho:


Fuente SERVINDI

lunes, 15 de octubre de 2012

MEMORIAS DEL ETNOCIDIO CAUCHERO

Por: Raul Teteye Ugeche
Rector del Colegio Indígena Casa del Conocimiento
 “Todavía quedan suficientes indios…” fue la frase que impidió a los “civilizados” tan siquiera vislumbrar el daño que a todo nivel estaban haciendo con el aniquilamiento de las comunidades indígenas de estas tierras.
Llegada de los no indígenas.
Alrededor del año 1900 aparece por estos contornos el colombiano Benjamín Larrañaga quien introduciéndose por las cabeceras del río Igaraparaná llega a este paraje y seducido por el encanto de su paisaje se establece en el mismo lugar que ocupa esta casa.
Por los mismos años llega el peruano Julio Cesar Arana del Aguila quien se asocia con Larrañaga y posteriormente ocurre la muerte de Larrañaga en circunstancias poco claras, dejando sus caucheras a uno de sus hijos quien después vendió a Arana sus siringales e indios dejándolo como único dueño.
Esto mismo ocurrió en el río Caraparaná con el Encanto y otros fundos que eran de  colombianos y así se hizo dueño de una extensa región bañada por los ríos Caquetá, Putumayo, Igaraparaná, Caraparaná, Pupuña, Cahuinarí y un sinnúmero de ríos y quebradas menores.
Conformación de las Compañías Caucheras.
Ya sin competidores a la vista organizó la región en secciones o subestaciones que en total fueronh más de cincuenta y que estaban diseminadas por toda la región.De  La Chorrera dependían La unión o Arica, Mediodia, Indostan, Danta quemada, Santa Julia antigua, Santa Julia, Pereira, Providencia, Porvenir, Ortiente, Sur, India, Sombra, occidente, Bellavista, San Antonio, Santa Rosa, Valverde, Ultimo Retiro, Urania y otros sobre el Igaraparaná; Palmeras, Abisinia, Gondar, Morelia, Santa Catalina, Sabana, Atenas, Entreríos y otros sobre el Cachuinarí y sus afluentes y Matanzas o Andokes, Puerto Pizarro y otros sobre el río Caquetá; El Encanto, Argelia y otras 20 subestaciones sobre el río Caraparaná y Yabuyanos y otras subestaciones    sobre el río Putumayo.
Territorio en concesión:
Desde estas estaciones y subestaciones La Casa Arana dominó y controló las cerca de 6000000 de hectáreas que tenía la concesión.
Método de Trabajo:
A los jefes de secciones se les asignaba como sueldo un porcentaje del producto recogido. Se sabe que el jefe de la sección Matanzas donde se cometieron los asesinatos más numerosos ganaba el 20% del caucho recolectado. El personal diferente a jefes de secciones tenía asignaciones fijas.
El contingente de barbadenses que fue contratado tenía asignaciones fijas pero a los precios de los artículos en las tiendas de la compañía hizo que muchos después de trabajar cinco o seis años tenían tanta deuda que solo era cancelable si trabajaban seis meses sin pago alguno.
Si eso era con el  personal contratado, a los indígenas les fue peor a estos se les entregaba una camisa, o un pantalón, o un machete, por los que tenían que trabajar seis meses o más y aún quedaban debiendo.
Los días de entrega o bajada de caucho eran fijados cada quince días o cada mes en los que cada indígena debía entregar un número determinado de kilos so pena de flagelación, cepo, ahogamiento, o cualquier otro castigo que la creatividad pudiera producir.
Métodos de Tortura y Muerte.
Al analizar los métodos de tortura que se usó en La Casa Arana aparecen como si obedecieran a un concurso cuyo ganador fuera quien se inventara el método de tortura más cruel, despiadado e inhumano.
Así aparecen
·         Las flagelaciones con latigazos en números que iban desde 5 hasta 200 los cuales en varias ocasiones ocasionaron la muerte en el acto y muchos murieron en los caminos o en sus casas a consecuencias de las flagelaciones. Casi todos los indígenas tenían cicatrices de latigazos y muchos de los capataces o verdugos cogieron fama porque sus latigazos siempre producían cortes en la piel desnuda de los indígenas.
·         El cepo que eran dos bloques de madera pesada con muescas para sujetar a la persona por las muñecas, tobillos o cuello que en muchas ocasiones era combinado con la flagelación y la suspensión de alimentos. Se cuenta de un indígena en el cepo a quien estaba prohibido dar alimento que antes de morir comió gusanos que producían las heridas de los latigazos. El cepo de Santa Catalina fue el más cruel por su diseño.
·         El ahogamiento que consistía en sostener al indígena bajo el agua hasta que tragara tanta agua que fuera próxima la muerte la que en muchas ocasiones llegó como el que ocurrió en occidente y que aparece documentado en publicaciones.
·         La quema en la que al condenado se hacía cargar suficiente leña que encendida servía para quemar el cadáver previamente fusilado. Otra modalidad de quema consistía en colgar de las manos y quemar hojas secas bajo sus pies quemándoles los pies, piernas y muslos dejándolos que murieran lentamente en medio de dolores y gritos lastimeros. Como ocurrió con una indígena capturada en una correría organizada por Augusto Jiménez.
·         Fusilamiento cuyos cadáveres se quemaban como ya se describió o se enterraba en una fosa cavada por el mismo con anticipación. Esto se hacía  si quedaba cerca de una estación principal. En caso contrario se dejaba en cualquier matorral. Dicen que generalmente en las subestaciones era difícil alimentarse debido a los olores que producían tantos cadáveres dejados al aire libre.
·         El decapitamiento pena se la aplicaban a los que desertaban y se encontraba en la selva fuera de los campamentos.
·         La muerte de niños se la aplicaba a las madres a quienes se les acusaba de perder el tiempo por atender a su hijo y no trabajar en la recolección del caucho. Estas muertes eran muy diversas. La mayoría de las veces se partía el niño en varias porciones para alimentar a los perros. Otras veces se tiraban al río o en cualquier parte para que se murieran solos, en otras ocasiones se estrellaban sus cabezas en los estantillos de las malocas o en los árboles de la selva haciendo saltar por los aires sus sesos. En muchas ocasiones dejaban a los niños colgados en sus cargadores cerca de los hormigueros para que los comieran las hormigas.
·         Disparos. Esto fue lo que más muertes produjo y consistió en los disparos que se hacía a los que se rebelaban, contestones, a los que se fugaban o por cualquier causa por leve que fuera y hasta por diversión.
·         Cargas exageradas. Los cargadores tenían que trasladar 50 o 60 kilos de caucho por distancias hasta de ochenta kilómetros sin alimento alguno. Esto produjo muertos. Un muchacho de 25 cinco kilos llegó con un fardo de 29 kilos de caucho.
·         Las muertes por inanición que están documentadas por fotografías en las que se observa personas reducidas a piel y huesos.
·         Ahorcamiento en el que se colocaba a la persona con la cuerda en el cuello y parado en la punta de los dedos de tal manera que al cansarse los dedos se caían y se producían los ahorcamientos.
Quienes ejercían el control
Este sistema de trabajo, tortura y muerte fue controlado en especial por:
·         Los jefes de secciones quienes ejercían fuerte control sobre los subalternos.
·         Los empleados subalternos de las secciones o estaciones quienes eran los encargados de ejecutar las órdenes del superior de la sección en la administración de la muerte.
·         Es importante anotar que hubo un grupo de cerca de 200 ciudadanos británicos de la isla de Barbados quienes fueron contratados con engaños que en el terreno fueron ocupados  como capataces y verdugos  y que muchos de ellos fueron muy sanguinarios que llegaron a recibir los apodos de tigres o perros de monte.
·         Los muchachos que fueron jóvenes de nuestros mismos pueblos a los que se les armó y entrenó para matar y amedrentar a los indígenas de pueblos diferentes al propio.
·         Los perros. Cuentan que también hubo perros que se usaron para encontrar a los indígenas que se escapaban y eran alimentados con carne humana.
Otras causas de muerte.
·         Las enfermedades desconocidas por los indígenas causaron muchas muertes por ejemplo la viruela.
·         Los métodos de transporte en la deportación también produjeron muertes. En la maloca de Santa Julia murió mucha gente debido al contagio de la viruela.
·         El pueblo Nonuya que era transportado en una lancha-jaula se volcó a la altura de Orientes y no se salvó ninguno pues iban enjaulados.
·         En Yarokamena se incendió una maloca en la que se refugiaron muchos líderes indígenas que se resistieron, causándoles la muerte.
·         Muchos que regresaron desde algodón, desde remanso, buscando su territorios murieron en el camino de fiebre, picaduras de culebra, comidos por tigres, caimanes o de hambre.
Cuántos murieron.
Sir Roger Casement habla de 40.000 indígenas muertos hasta la fecha de su visita a la región en 1910 y el número resulta de la resta entre 50.000 indios que declaró la Peruvian Amazon Company  en los documentos de constitución y los 7.000 ó máximo 10.000 indios que había a la fecha de su visita.
Los números no los hemos inventado los uitoto, ni bora ni okaina ni muinane. Estos números aparecen fríos en los textos escritos por los parcos ingleses, norteamericanos o franceses que recorrieron la región en aquellas épocas.
Nosotros hemos hablado de 70.000 y hasta de más de 100.000 muertos porque,
la cifra que habla de 40.000 muertos, es de 1910 y no de la fecha en que definitivamente salió la compañía que siguió con el mismo régimen 20 años más.
El hecho es que el primer censo levantado en 1.934 arroja para La Chorrera el total de 162 personas incluyendo al sacerdote, hermana y corregidor que no eran indígenas.
La Peruvian Amazon Company o más conocida como Casa Arana en uno de los extremos tenía oficinas centrales en Londres en las que personal vestido con gran lujo atendía a los clientes  y pasando por sus oficinas de Manaus e Iquitos en donde los caucheros mandaban a lavar sus ropas a Europa se llega al extremo opuesto que fueron estas selvas en las que nuestros antepasados tenían que responder con sus vidas los demenciales niveles de ganancia que esperaban los caucheros.
Tanto los gobierno de Colombia, Perú e Inglaterra tenía noticias de lo que estaba ocurriendo y no hicieron nada para detener esta barbarie.  La ambición de un desarrollo mal entendido que arrasa con pueblos enteros estuvo a la raíz de lo que aquí pasó.
Colombia había dejado esta tierra en el olvido y el olvido también mata.
100 años después aun sentimos el olvido.  No somos una prioridad para el país.  Cuando hubo la zona de despeje, levantaron la base militar y quedamos en manos de las FARC que amarraron ancianos, los hicieron trabajar y bajo amenazas  nos hicieron ver que esta historia aún se puede repetir.  Por esto decidimos hacer memoria, aunque esto nos duele, queremos que el mundo sepa todo lo que pasó y que se aprenda la lección.  Hoy según la corte constitucional de Colombia somos pueblos en riesgo de desaparecer y ustedes ya conocen las causas.  Si desaparecemos es Colombia la que pierde, es la humanidad, la que pierde.
PORQUE MIENTRAS HAYA EXCLUIDOS AQUÍ O EN CUALQUIER PARTE, NO HABRÁ PAZ EN COLOMBIA NI EN NINGUNA PARTE DEL MUNDO.

Raul Teteye Ugeche – Indígena Bora