jueves, 28 de noviembre de 2013

Monocultivos en San Martín: ¡Mi chacra por un Smartphone!

Rafael Inocente

He regresado al departamento de San Martín después de más de 20 años. Muchas cosas han cambiado en San Martín y en Tarapoto en estas dos décadas. La irrupción del capitalismo de alta intensidad y del llamado modelo de desarrollo alternativo (con cultivos como el café y el cacao principalmente), promovidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el fin de erradicar los cultivos de coca, se corona con la descomunal presencia de motos lineales y mototaxis, que seguramente duplican a las 150 mil almas tarapotinas. 


 


Que una ciudad infernalmente comercial como Tarapoto posea solo dos parques es sintomático del crecimiento metastásico de la llamada Ciudad de Las Palmeras, hoy reconvertida en una jungla de cemento. Que en un departamento considerado como el de mayor crecimiento económico en el Perú ocurran diariamente atracos en las principales vías, como Tarapoto-Yurimaguas-Moyobamba, es sintomático del caos en que dejan al departamento de San Martín las gestiones del hoy premier César Villanueva. Aparte de la Plaza de Armas, solo el bonito Parque del Barrio de Suchiche forma un relicto a salvo de la grosería de los remedos de malls capitalinos, multicines, casinos, discotecas, ‘chupódromos’ y pizzerías que harían las delicias del cocinero Acurio.

Pero San Martín no solo es Tarapoto. Es en las 10 provincias de San Martín donde sobrevive todavía la esperanza de un verdadero desarrollo para la región.

Los cultivos alternativos

El concepto “desarrollo alternativo” (DA) tiene aproximadamente 30 años. Se comenzó a aplicar en la región del Chapare en Bolivia y, en la década de 1980, también en el Alto Huallaga (Perú) y la Bota Caucana de Colombia. Las Naciones Unidas lo convirtieron en un concepto oficial en junio de 1998, durante su Asamblea General, entendiéndolo como parte de una estrategia más global de lucha contra las drogas.


En realidad, no existe un solo enfoque para el DA, sino muchos. Así, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) enfatiza la asociatividad de los pequeños agricultores y el mayor valor agregado de los productos agrícolas; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hace hincapié en un enfoque de mercado, servicios sociales y obras de infraestructura complementarias; la cooperación alemana (Programa de Desarrollo Alternativo de Tocache y Uchiza - PRODATU) destaca la industrialización de los productos agrícolas, la formalización de los pequeños agricultores y el financiamiento; la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), organismo rector de la lucha contra las drogas en el Perú, privilegia un enfoque integral, que incluye la sostenibilidad social y ambiental.

Veamos ahora la realidad.

El cacao

Es sorprendente y contradictorio analizar cifras socioeconómicas en las provincias sanmartinenses en donde se han implantado los cultivos alternativos: los índices de desarrollo humano (IDH) de las principales provincias productoras de cacao son similares, e incluso inferiores, a los IDH de lugares como Papúa Nueva Guinea, Honduras, Guatemala o Haití. Por otro lado, ni uno solo de los países productores de cacao (Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Nigeria en África; Indonesia y Malasia en el sudeste asiático; Brasil y Ecuador en Sudamérica) ha logrado dar el salto hacia el soñado “desarrollo” que pretenden quienes promueven los monocultivos y la inclusión social.


En la economía sanmartinense el sector agricultura es el más importante, pues aporta 30% del PBI y genera hasta un 46% de empleo. Actualmente, según cifras oficiales, San Martín se ha convertido en la primera región productora del país en los siguientes cultivos: palma aceitera (79% de la producción nacional), cacao (33%), arroz (19%), café (19%) y algunos frutales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, San Martín es la región que más ha reducido la pobreza en todo el país: en el periodo 2001-2010, ésta bajó de 70% a 31%. En términos económicos, el PBI regional ha crecido a un ritmo de 7% anual durante los últimos 10 años, siendo una de las regiones responsables del magnífico crecimiento nacional de 6% anual, el más alto de América Latina. La región, según información de Centrum de la PUCP, ha mejorado en cuatro de los cinco pilares de la competitividad: economía, gobierno, personas e infraestructura.

Este tipo de estadística es parte de la información que induce a los ciudadanos a creer que somos buenos porque exportamos mucho. Mucha palma aceitera, mucho cacao, mucho pescado o mucha pota. Nos enorgullecemos de ser grandes exportadores. Es parte del cuento que se nos han hecho creer.

Más allá de las cifras impactantes que los medios constantemente publican, no se dice cuánto gana el Perú y la población por la exportación de tal o cual recurso natural o producto cultivado en tierras o bosques vírgenes adjudicados sospechosamente a empresas privadas, bosques que han pertenecido a todos los peruanos.

Sabemos que el exportador recibe la devolución del IGV pagado en el proceso de transformación y, además, se lo incentiva con un porcentaje de lo exportado, denominado drawback. Queda un poco de impuesto a la renta de tercera categoría neto. Esto en cuanto a beneficios económicos.

Pero ¿qué hay del mercado interno? Así como se atiende al mercado de consumo extranjero, ¿cuánto de lo cultivado en San Martín se destina a atender a las poblaciones marginales del país, de la sierra, de las ciudades del interior del Perú? ¿Qué hace el empresario por servir a esos mercados? ¿Y el Estado?

Resulta justo entonces preguntarse: ¿Quiénes se han beneficiado durante todos estos años con el dinero generado por los llamados “cultivos alternativos” en San Martín? Es información pública que de las 8 principales cooperativas productoras de cacao, solamente una vende su producto directamente al extranjero. Las demás lo hacen localmente y en forma de grano, sin dar mayor agregado al valioso producto, a través de intermediarios oriundos de Lima, con lo que pierden el incentivo del drawback por el cual retorna el IGV.

Y no es que no haya sacrificados productores cacaoteros cuyos rendimientos y productividades tengan altos estándares de calidad. No. Es que no se trata tan solo de promover las cadenas productivas bajo el modelo de desarrollo alternativo, donde lo único que importa tras el paquete asociado al rendimiento y la calidad es el dinero ocasionalmente inyectado por la entidad cooperante. Entonces, ¿cuán beneficioso es el llamado “modelo San Martín” y a quién o quiénes realmente beneficia? Cabría preguntar además, a los artífices y defensores del modelo: ¿Se ha realizado una verdadera evaluación socioeconómica que parta de analizar la rentabilidad en la finca del productor con un criterio verdaderamente técnico? Si esto se hiciera, se encontraría que la gran mayoría de agricultores cacaoteros, con la baja productividad de sus cultivos y con la abrumadora venta local en grano del cacao, están trabajando en franca pérdida.

Paradójicamente, encontramos empresas transnacionales, como el fondo de inversiones británico Armajaro Trading Limited, que constituyen subsidiarias y ONG en el Perú para promover el cultivo y la compra en grano de cacao, estrategia que estaría anulando la posibilidad de los productores locales de organizarse y exportar directamente y que, a su vez, estaría generándole a esta transnacional, a través de su subsidiaria en el Perú, el derecho a percibir el drawback, incentivo financiado con fondos de todos los peruanos.

Armajaro es un fondo de inversiones famoso por haberse hecho de multimillonarias ganancias en países africanos mediante operaciones especulativas en cacao y café. El año 2010 cortó el flujo de cacao desde Costa de Marfil durante varios meses, para lo que contó con la complicidad del gobierno de ese país y de los países occidentales, en especial Francia. El 2010, un tipo llamado Anthony Ward, apodado Chocfingers (Dedos de Chocolate), creador del fondo de inversiones Armajaro, gastó nada menos que 1.000 millones de dólares (unos 700 millones de euros) en comprar 241.000 toneladas de cacao marfileño, el 7% de la producción anual mundial, que estaban aún por recogerse, y así obtuvo luego multimillonarias ganancias.

La deforestación galopante

No es difícil comprobar que los monocultivos mencionados —y, peor aún, la palma aceitera, la soya transgénica y el piñón, vinculados indefectiblemente a los agrotóxicos— generan un grave déficit en la producción de alimentos: un jugo de naranja en Tarapoto cuesta entre 1,5 y 3 soles, un jugo de papaya no baja de 3,5 soles, y así por el estilo. Este modelo de desarrollo promovido por USAID, por el Gobierno Central y el Gobierno Regional, conduce a la pérdida, tal vez irreversible, de la biodiversidad, a la degradación de tierras y a la deforestación y progresivo envenenamiento de cultivos de panllevar como el maíz, los frijoles, las hortalizas y los frutales.


Actualmente San Martín tiene la tasa de deforestación más elevada del país,3 con 57 mil hectáreas degradadas anualmente. Según información recabada en la zona, la deforestación ocurre a razón de 1 hectárea/motosierrista/día. Antecedentes tan graves e indignantes como la adjudicación de más de 8 mil Ha de bosque virgen en el distrito de Barranquita (provincia de Lamas) a la empresa Palmas del Espino, del Grupo Romero; la concesión de casi 25 mil Ha de bosques primarios en los límites entre San Martín y Loreto en el año 2009, también al Grupo Romero, y la muy probable adjudicación de más de 100 mil hectáreas a empresas malayas de un solo dueño, configuran la dramática situación de los bosques primarios en la Amazonía peruana, merced a los cultivos alternativos, pues el remedio resultó peor que la enfermedad: si con la coca en su mayor esplendor se deforestaron 30 mil Ha, con cultivos como la palma aceitera, destinado a elaborar biocombustible, y el café y el cacao, la deforestación es aún más infame e impune.

Frente a esta situación, nos preguntamos: ¿No sería más conveniente desarrollar capacidades en productores organizados ahora que está tan en boga la asociatividad y la competitividad para que los productores exporten directamente su producto, aprovechando el incentivo que nuestro país otorga? En las cooperativas productoras se sabe que el fondo de inversiones Armajaro cuenta con un “brazo social”, una ONG que muy probablemente pueda utilizar recursos públicos como los que ofrece el Estado peruano (Produce) para promover el cultivo de cacao.

Como es evidente, existiría un despropósito en las estrategias nacionales, pues los recursos tan inteligentemente puestos a disposición de los productores para desarrollar competitividad y exportación directa podrían desviarse hacia transnacionales aureoladas por la infamia y cuyo único objetivo es conseguir el cacao en grano sin valor agregado y, además, aprovechando el incentivo del drawback.

El café

En el caso del café, frente a la temible plaga de la roya que arrasa con cultivos en la Amazonía, el pasotismo del Estado peruano es sublevante. Al fraude del café orgánico, cuya agricultura exige más pesticidas que el café sin certificación orgánica, se suma la nula investigación sobre el cultivo. Hace muchos años que en el Perú no se generan nuevas variedades de café, pese a existir —en Brasil, por ejemplo— variedades de alto rendimiento y resistentes a la roya, tal como lo manifiesta el ingeniero agrónomo e investigador multidisciplinario Daniel Vecco, director de Urku Estudios Amazónicos. En el año 2000, en un acto inexplicable, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) desestimó un gesto de buena voluntad del entonces investigador del IAPAR de Brasil, Amador Villacorta, peruano radicado por esos lares, para introducir esas variedades; mientras tanto, las solicitudes de las organizaciones de caficultores de San Martín a los gobiernos nacional y regional para que se introduzcan estas especies de café resistentes a la roya se apolillaron durante años en alguna oficina del gobierno, y así se perdieron millones de soles por los efectos de la plaga.


Hace más de 20 años, la Agencia contra las Drogas (DEA) de los Estados Unidos arrojó el herbicida cancerígeno Spike y diseminó una raza del hongo Fusarium oxysporium para acabar con la coca. Hoy financian la investigación para desarrollar organismos que le hagan frente al daño causado por ellos mismos.

¿Y la gente? ¡Mi chacra por un Smartphone!

Como corolario de este tipo de desarrollo alternativo, la siguiente historia grafica la asimetría en las relaciones y las pequeñas fortunas que puede amasar cualquier fenicio avispado en la Amazonía. Junior Urtecho Huarocc es un chimbotero sabido, un trotamundos que recorría el Perú de cabo a rabo llevando baratijas para mercarlas en los pueblos alejados de las principales urbes. Cuando llegó a Tarapoto, por probar, pidió 700 soles por un celular chino doble chip (pero con el logo Samsung) a un cacaotero embelesado por los productos high-tech. El cacaotero acababa de realizar una venta de cacao en grano a una conocida empresaria chocolatera de Lima y la billetera pesaba en su bolsillo. Pagó sin chistar por el celular que a Junior le costó 70 soles en Las Malvinas y le pidió dos más para su esposa y su hija de 12 años de edad. Junior Urtecho viajó a Lima y retornó al cabo de una semana. Un mes después había logrado colocar, solamente en Tarapoto, 150 celulares chinos doble chip (pero con logo de marca) a un precio que oscilaba entre los 700 y los 1.600 soles. Hoy tiene 12 puntos de venta de celulares en Tarapoto, Lamas, Yurimaguas y un terreno inundado de 10 Ha donde sobrenadan decenas de árboles de camu-camu, que un yurimagüino atónito trocó por un Sony X-peria de 5 mp.


Entonces, un análisis somero de las cifras de ventas de teléfonos celulares, motocicletas, televisores pantalla plana, equipos estereofónicos, ropa china re-etiquetada en Chile, versus la cantidad de jóvenes que abandonan los campos en las provincias productoras de cacao y café, seducidos por el oropel de los malls y video-pubs, arroja un panorama desolador para cualquiera que pretenda un auténtico desarrollo del departamento de San Martín.

Más dramático aún: la inmensa mayoría de muchachos cautivados por la urbanización y empujados por la deforestación progresiva se ven sometidos a un tipo de desarrollo que corroe los conocimientos ancestrales de las comunidades locales y destruye las bases mismas de la identidad histórica de los pueblos precoloniales de la Amazonía.

Así, la debilitada identidad étnica de las comunidades de San Martín pierde piso frente a la agresiva política expansiva de las corporaciones (que no tienen bandera).


 



domingo, 29 de septiembre de 2013

Blas Valera y la historia de la infamia


Título del libro: Blas Valera y la historia de la infamia
Autor: José M. Santillán Salazar
Editorial: Independiente
 
 
Sobre mí
Por: Gianfranco Hereña


¿Quién fue Blas Valera? Esta interrogante me asaltó luego de que un compañero presente en el Tercer Encuentro Nacional de Cultura me dijese que había en había en Chachapoyas un autor que había publicado sobre él. Googleando, me hallé ante la historia de un hombre perteneciente a la orden jesuíta que había sido cronista en tiempos de la conquista y , que a pesar de ser hijo de español, defendió y pretendió legitimar los derechos indígenas. Mayor sorpresa aún me causó saber que el libro "Nueva crónica y buen gobierno", atribuído al ya célebre Guamán Poma de Ayala (cronista) le pertenecía en realidad a Blas Valera según registros de Laura Laurenlich Minelli, historiadora.

José M. Santillán hace un recorrido histórico que nos permitirá situarnos en los siglos que antecedieron a Blas Valera y formula luego un copioso análisis capaz de llevarnos a pensar sobre la historia del Perú. Tal cual cita en el libro al historiador Pablo Macera: "No hay que hablar de la historia del Perú sino de las historias del Perú".

Dividido en varias partes, Santillán logra enmarcar el siglo que precedió a Valera para comprender cuál fue el contexto de su obra y los múltiples obstáculos a los que se tuvo que enfrentar en una sociedad que segregaba ampliamente a mal llamado pueblo indígena (chequear la historia del porqué un error de Colón devino en el uso de este término).

Este texto reúne una amplia bibliografía recopilada por el autor y considero que debería leerse más allá de posturas a favor o en contra. Es un estudio serio que permitirá conocer un poco más sobre ese letrado que luchó desde donde estaba para lograr una mayor inclusión a través de la denuncia. Cito literalmente a Augusto Zavala "Para crear una nación hay que empezar, primero, por considerarnos a nosotros mismos con un pasado en común".
 
Fuente: El buen librero

Nota del autor:
Lector voraz, blogger por arrebato, mendigo de la cultura. Quien les habla es alguien que trata de difundir la lectura.

sábado, 7 de septiembre de 2013

Leyendas y tradiciones de Loreto: “¡Pues bien! Tendrán los preciosos árboles”

Literaturas andinas: mito y utopía

Por: Gonzalo Espin

Para Manuel Marticorena, como reconocimiento y homenaje, por sus trabajos sobre las literaturas amazónicas.


En 1918 Jenaro Herrera publica sus Leyendas y tradiciones de Loreto[1], uno de los primeros libros que remiten a la fabla popular que se registra de la Amazonía e inaugura, según el decir de Luis Hernán Ramírez con “este volumen y ese año, la narrativa  amazónica propiamente” (2011).  Jenaro Herrera Torres (Moyobamba 1861- Lima 1941) es considerado  como “uno de los mayores intelectuales de la Amazonía Peruana” (Ramírez), que Manuel Marticorena precisa: “Jenaro Herrera es el primer escritor que literariamente se preocupa en recoger esta veta cultural en nuestra Amazonía acogiendo en sus creaciones los refranes, sentencias, anécdotas, dichos, coplas, redondillas, sentencias, etc. , que sirve como afirmación latente de la sabiduría del pueblo, habiéndose decantado y adquirido mayor belleza con la constancia.” (2010:128).  Cierto, pero hay que decir que se trata de la escritura de la ciudad, esto es como los que empezaron asentarse en los parajes amazónicos hicieron eco de los mundos cosmogónicos que llegaban a sus oídos y que traducían en escritura.   La de Jenaro Herrara no es la excepción, su importancia radica precisamente en que se trata del primer documento que hace la cartografía de las historias, anécdotas y leyendas que hay ese extenso espacio que por entonces, y hasta no hace mucho, se identificaba como montaña y en términos política como Loreto.

Leyendas y tradiciones de Loreto se asocia a la “tradición” en el sentido que impuso Ricardo Palma, es decir, entre la historia y la conseja popular, entre el documento y la voz pueblo, o como quiere Herrera: “La tradición es, pues, lo que el idioma a la gramática; es decir, la primera etapa para escribirla, la forma más sencilla que ella tiene de exteriorizarse, el block aún no pulido y relativamente tosco que se acumula para erigir después la estatua histórica” (XX). Trae 38 leyendas y tradiciones, sigue lo que la gente sabe, conversa y tiene  como memoria, pero al mismo tiempo, esta se documenta, contrasta con la información que existe en viejos infolios como las crónicas o memorias de misioneros o libros de la época que acusa para dar consistencia a su tradición. La impresión final que deja el libro es que se construye la cartografía de Loreto,  un retrato que  hace visible la voz del ribereño, en sentido de los herederos hispanos y los mestizos que se posesionarios de estas tierras.

La lectura que realizo es desde la escritura de la ciudad. Es decir, en el ánimo de inventariar un discurso que se apropia de la Amazonía por criollos y mestizos, y en los inevitablemente emergen los indios. Me interesa el documento desde la parla popular ribereña y lo que la escritura de Jenaro Herrera recoge como pensamiento compartido o imagen construida sobre el periodo del caucho: no se ocupa, en consecuencia, ni será historia principal, se registra como complementaria o como datos sueltos. El caucho involucra, para el periodo que trabajo –fines del siglo XIX e inicios del siglo XX- a indígenas y empresarios caucheros y lo que las empresas acometieron en los territorios indígenas.

Antes de ingresar al tema corresponde hacer dos anotaciones: la primera tiene que ver con la idea del indio, en el caso la producción de 1918 el indio aparece con una larga historia, con identidad de pueblo y a la vez como una moninación propia de la escritura de la ciudad letrada.  En “Dominio de los incas en la región oriental del Perú” (:61-70) afirma que los aborígenes “soportaron a través del tiempo dos conquistas sucesivas” (61), inca y la española. Se detiene en la inca,  esto permite caracterizar en general a los indígenas como poblaciones que resistieron, aunque luego de su derrota, adscribieron al imperio inca, aunque no fue generalizado, como en el caso de los Chachapuyas en la que aparece un héroe huanca (Ancohuallo), en situación similar los Mayorunas “los más (, que) prefirieron la libertad a la subyugación” abandonan sus vegas, e irse a vivir  “a los ríos Yavarí y Alto Trapiche” pero “no conquistó(aron) a los indígenas  Jíbaros, Yahuarzongos, Omaguas y Cocamas, que quedaron siempre irreductibles” (:64);  resistencia que a su vez, en su línea histórica –ya de la colonia- se puede apreciar en  “Origen de los barrancos de Moyobamba” (:53-59).  En esta cartografía Herrera identifica varios pueblos amazónicos como “tribus aborígenes”: “Huanca-chupachos, Ishcaysingas, Chachapuyas, Cascayungas, Muyupampas, Mayorunas, Talabosos y Motilones de los Lamas y de los Saposoas” (61), Jíbaros, Yahuarzongos, Omaguas y Cocamas (Ocamas), Jeberos o Iquitos” (:73), que al mismo tiempo da cuenta de su condición de “salvajes”, “desnudos e incivilizados” (64). Se califica a los indígenas como “indios”, “aborígenes”, “indígenas”, “salvajes” y (71) “indios”

Ahora trabajaré a partir de cuatro tradiciones: “El porqué de las plagas de Iquitos” (:33-43), “La leyenda de El Dorado” (:81-91), “Historia de dos pretensiones célebres” (: 102-118) y  “Por qué en Maynas se conoce a las ratas con el nombre de ‘bayanas’” (119-126). Veamos. Herrera en “El porqué de las plagas de Iquitos”, que fecha “8 de diciembre de 1914”, recoge una tradición que explica los dones que ha otorgado el Dios cristiano a los ribereños, en especial a Iquitos. En esta tradición, San Juan y Santa Bárbara ascienden a los lares de dios para que les conceda buenas al pueblo de Iquitos, así, sin excesos San Juan pide que estos no sufran hambre, que disfruten de un buen clima, que posean abundancia y riqueza, asunto que lo hace con tino, respeto y sumo cuidado, sin que se atolondre el Señor del todo:
–Pero, Señor –replicóle San Juan-, yo quisiera para él [Iquitos] una especialidad vegetal suya, eminentemente suya, entre los muchos dones o los que puedes bien favorecerlo, dadas tu proverbial omnipotencia y tú nunca desmentida bondad.
–¡Pues bien! Tendrá los preciosos árboles  de la Hebea brasilinesis (jebe fino) y Castilloa elástica (caucho), lo que con el andar de los tiempos y los progresos de la industria y la navegación a vapor, le llevarán una corriente continua de oro que le darán, no obstante su apartamiento, una significación mundial y a cuyo impulso progresará, como por ensalmo, en comercio, población e industrias, así como en categoría y rangos político, económico y administrativo, de simple pueblucho que hoy tiene.” (:36)

Santa Bárbara, por el contrario, atolondrada, desatinada y presurosa, no toma en cuenta los gestos del Señor, y vuelve hacer una nueva petición, el resultado será que en estas extensas tierras de la montaña hasta hoy, existen plagas. Pero por fin, los criollos y mestizos son beneficiados con la bondad de Dios; lo conseguido por San Juan, la especificidad de Iquitos; tendrán una riqueza singular que advierte el destino del pueblo, que pasaría de pueblucho a pueblo, pero sobre todo, que tendría una riqueza inmejorable y natural.  Como se podrán ya imaginar para Jenaro Herrera la idea de humano o gente, solo está asociada a los ribereños, es decir, a los migrantes que se instalaron en las riberas de los ríos y construyeron los poblados del siglo XIX. No están para nada los indígenas y si aparecen,  serán exóticos y salvajes, o pertenecen a una historia pasada.  Dios seguramente no se equivocó porque el pedido era para los criollos y mestizos que ya estaban construyendo ciudades en esos lares.  Entonces, la primera imagen será la de un don otorgado por Dios, que transformará al Iquitos en un pueblo próspero, que convierte al territorio indígena en ciudad de blanco, mestizos y extranjeros.[2]
La segunda tiene que ver con la memoria del caucho. Herrera anota en varias ocasiones como un asunto polémico y controversial. Llamará la “candente cuestión del Putumayo” y lo asocia a la “cuestión de límites”  (:91);  y nos recuerda el explosivo asunto que la internacionaliza: “la famosa campaña de difamación que se hizo en Europa contra el Perú, con motivo de los exagerados crímenes del Putumayo, por péñolas asalariadas o interesadas especialmente en fomentarlas en los diarios londinenses de ‘The Trude’ y el ‘The Dayly New’” (:43)  y nos advierte también que se trata  de “los abusos que aquí se perpetra en la industria  extractiva de la goma elástica, que es la más significativa y única si se quiere.” (:43).  Para entonces, las notas de Herrera resultaban actuales y amenas, y seguían con atención lo que estaba ocurriendo con el escándalo de Putumayo. Reconoce que se perpetraron “abusos” por caucheros y acepta, al mismo tiempo, que lo ocurrido con los indígenas son “exagerados crímenes”, es decir, execrables, que descalifiquen cualquier empresa. Adicionalmente, en otra tradición, califica a los caucheros como “hordas nómades y errantes” que “tan solo destruyen pero que nada edifican, que talan las selvas y bosques en demanda del caucho” (:125).

Si la Amazonía, Iquitos, aparece dotada por la voluntad divina y se ha producido los excesos, estos no parecen tener un culpable tal como aparecen en la documentación existente.  Aparece más bien la imagen del hombre emprendedor, pioner y patriota. Me voy a permitir hacer una extensa cita de su tradición “Historia de dos pretensiones célebres”, en que aparece en retrato de Arana:
“Julio C. Arana, cauchero, comerciante y hombre público que ha tenido en Loreto los negocios más extensos y en los ríos Yavarí, Yurúa, Purús, Acre, Putumayo y Cahuinarí, tributario del Alto Caquetá, con casas comerciales en este puerto y en el de Manaos y una flota de siete vapores que hacían tráfico entre ellos; habiendo tenido la rara suerte, con su dinero y con su actividad industrial, de peruanizar completamente el río Putumayo, como Nicolás Suárez bolivianizó la hoya del Madre de Dios y casi toda la región NO de ese país, y organizó en Londres la  Peruvian Amazon Rubber Company Limited, con un capital de 1.000.000 libras esterlinas, de cuya sociedad fue presidente, alcalde municipal de Iquitos en 1902, presidente de la Cámara de Comercio en 1901 y de la Junta Departamental en 1898  y 1901.” (:115)

Recuérdese que Leyendas y tradiciones de Loreto aparece en 1918, por momentos el narrador de Leyendas, declara el ahora en 1907, por ejemplo, cuando observa que la principal materia de explotación y exportación es el caucho, “que justamente constituye hoy [1907] la principal y más importante industria extractiva de Loreto” (:122).  Y cuando nos proporciona el retrato de Arana lo pone como un empresario mayor y emprendedor, capaz de establecer una inmensa fortuna y tranzar negociaciones con el capital inglés.  En el mismo contexto, deja entrever, como parte del debate interno  sobre el diferendo con Colombia, Arana aparece como el patriota, el empresario que peruanizó en río Putumayo (cf. Paredes [1912] 2012:88). Ni una palabra sobre las oscuras relaciones de la Casa Arana, ni los siniestros movimientos en los que Arana estuvo implicado y la forma como finalmente no fue arrestado, tal como lo notifican las noticias posteriores, que lo convierte en un representante del estado, Senador de la República.


[1] Cito por la segunda edición, de la de Moyobamba 2003.
[2] La idea de tierra pródiga está también en La Ciudad de los Reyes.

Referencias bibliográfica:
Casement, Roger.  Libro Azul Británico. Informes de Roger Casement y otras cartas sobre las atrocidades en el Putumayo. Intr. Alberto Chirif. Trad. Luis Elvira Belaunde. Lima: CAAAP Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), 2012.
Chirif, Alberto. “Los caucheros y su pretensión civilizadora” en La defensa de los caucheros.  Iquitos: Monumenta Amazónica. CETA – IWGIA 2005. <http://www.ibcperu.org/doc/isis/8884.pdf>
Chirif, Alberto (y) Cornejo Chaparro, Manuel (Ed.). Imaginario e imágenes de la época dl caucho. Los sucesos del Putumayo. CAAAP Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Universidad Científica del Perú, 2009.
Paredes, Rómulo. “Los informes del Juez Paredes” en Chirif, Alberto (y) Cornejo Chaparro, Manuel (Ed.). Imaginario e imágenes de la época dl caucho. Los sucesos del Putumayo. CAAAP Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), Universidad Científica del Perú, 2009; pp.75-133.
Dávalos y Lissón, Pedro. (1904) La ciudad de los Reyes. Época histórica de 1884 a 1895. 3ª ed. Lima: Instituto Nacional de Cultura, 1989.
Herrera, Jenaro. Leyendas y tradiciones de Loreto. Primera serie, con 38 leyendas. Iquitos: Imp. El Oriente, 1918. Moyobamba: Dirección Regional de Educación de San Martín/ Editores Asociados, 2003.
----. Obra poética. Compilación y estudio de Manuel Marticorena Quintanilla. Moyobamba: Gobierno Regional de San Martín, 2011 (Autores Clásicos Sanmartinense, v. 3).
Ramírez, Luis Hernán.  “Jenaro Herrera: primer narrador” en Jenaro Herrera, Obra poética. Compilación y estudio de Manuel Marticorena Quintanilla. Moyobamba: Gobierno Regional de San Martín, 2011 (Autores Clásicos Sanmartinense, v. 3).  (Solapas)


sábado, 31 de agosto de 2013

EL CÓDIGO BLAS VALERA

Por Roberto Ochoa

Publicado el mayo 1, 2013 por andares   

La vida y obra del sacerdote Blas Valera confirma aquello de que la realidad supera a la ficción. Una reciente investigación publicada por la peruanista italiana Laura Laurencich Minelli da nuevas luces sobre este enigmático cronista mestizo de formación jesuita considerado ‘políticamente incorrecto’ por la historia oficial del Perú.

Desde la monumental novela “El nombre de la rosa” hasta best sellers como “El Código Da Vinci”, la ficción parte de una realidad indiscutible: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana monopolizó el conocimiento occidental desde la Edad Media hasta el Renacimiento, administrando la información previa censura que castigaba hasta con la muerte cualquier desviación en el dogma.

Esta propensión a reprimir todo aquello que contradiga la verdad oficial se trasladó a las Américas luego de la conquista y también afectó a las crónicas que procedían del Nuevo Mundo. El Virreynato del Perú transcurrió bajo el férreo sometimiento y control ideológico administrado por la tenebrosa Santa Inquisición. Lo paradójico es que son precisamente las crónicas –desde las escritas por “la soldadesca” hasta enciclopédicas como la de Cieza de León, pasando por la obra del Inca Garcilaso de la Vega y la de Guamán Poma de Ayala– las bases de nuestra historia oficial y políticamente correcta. Pero esta historia oficial sufrió un remezón en 1996, cuando, invitada por el historiador Franklin Pease, la peruanista italiana Laura Laurencich Minelli presentó una investigación sobre los Manuscritos Miccinelli en el IV Congreso Internacional de Etnohistoria, celebrado en Lima en junio de ese año. La ponencia de Laurencich se basaba en el enigmático Exsul Inmeritus Blas Valera Populo Suo, un manuscrito bilingüe (texto en latín y traducción al quechua) con ilustraciones a color, quipus, piezas de metal, tejidos con iconografía prehispánica y hasta una pieza en concha espondyllus. La obra fue escrita en los primeros años de la conquista por el sacerdote jesuita Blas Valera, cronista mestizo como el Inca Garcilaso de la Vega.


Portada original del Exsul Inmeritus  Blas Valera Populo (coleccón Miccinelli)

Se ha comprobado, con análisis paleográficos y químicos realizados en universidades italianas, que el manuscrito es original y corresponde a las fechas que figuran en el texto. Fue enviado a Europa en el más absoluto secreto en una caja que aún se conserva en la colección de antigüedades de Clara Miccinelli, una dama italiana descendiente de una  rancia familia en cuyo árbol genealógico figuran Papas, cardenales, nobles ítalo-españoles y virreyes en América.

El documento rompe todos los esquemas de la historia oficial: allí se afirma con testimonios de testigos que Francisco Pizarro capturó a Atahualpa previo envenenamiento de los jefes militares incas. Valera también revela la actividad clandestina de una logia conocida como La Cofradía del Nombre de Jesús del Cusco, dedicada a denunciar los atropellos del clero y de los conquistadores, a reivindicar los derechos indígenas –previa creación de una iglesia sincrética y “peruana”– y a la restauración de la economía inca siguiendo los preceptos de los primeros cristianos. La similitud con la obra jesuita en Paraguay no es pura coincidencia.

                                 
Ese manuscrito perteneciente al s. XVI
             Facsímil de dos páginas manuscritas del Exsul Inmmeritus Blas Valera Populo

Pero ahí no queda la cosa, el Exsul Inmeritus Blas Valera Populo Suo acusa de plagiario al Inca Garcilaso de la Vega y de haber desvirtuado en Los Comentarios Reales de los Incas la información brindada por Blas Valera, para adecuarse a la censura oficial. Lo cierto es que el propio Garcilaso cita varias veces a Blas Valera en su obra, pero el jesuita chachapoyano revela que el Inca Garcilaso no solo lo citó mal, sino que desvirtuó toda la información relacionada a los quipus como escritura, minimizándola a una simple cualidad contable. Según Valera, Garcilaso no entendió lo de los quipus literarios por una razón: ignoraba la existencia y la interpretación de los capacquipus.
                 
                                    
            Ilustraciones del Capacquipu con sus respectivas explicaciones

Blas Valera, en cambio, era nieto por parte de madre del altomisayoc Illavanqa, quien a su vez recibió toda esta información del amauta y quipucamayoc Machaquymuqta. Esta versión puede sonar a reivindicación familiar, pero hoy en día se sabe que la zona de Chachapoyas y la vecina Leymebamba son escenarios de sorprendentes descubrimientos de quipus funerarios.


Capacquipu (quipu real, quipu literario) Tab XII Exsul Immeritus


Pachacquipu correspondiente al año 1532. El sexto colgante (de izquierda a derecha) corresponde al "tiempo para llevar a los difuntos en procesiòn/tiempo de los Ayar Maca". El punto negro en el sexto colgante corresponde al 16 de noviembre de 1532, la derrota inca en Cajamarca

Sigamos con las revelaciones. Valera agradece al indio Guamán Poma de Ayala “por haber prestado su nombre” para firmar la Nueva Corónica y Buen Gobierno, obra que, según Valera, fue dictada por un grupo de jesuitas liderado por él mismo. Por si fuera poco, Valera reconoce que tuvo que escribir y dibujar las célebres ilustraciones de la Nueva Corónica, pero con el seudónimo de Gonzalo Ruiz, pues por aquel entonces ya era víctima de una “muerte jurídica” como sacerdote y cronista.
                  
                             
La nave con los bidones de vino envenado que, según el autor, habría sido usado por Francisco Pizarro para matar a Atahualpa y sus generales incas. No hubo ningún enfrentamiento. Nótese el parecido con las ilustraciones de Guamán Poma d Ayala.

 Blas Valera era hijo del conquistador Alonso Valera y de la joven princesa Urpay, descendiente de la nobleza chachapoya emparentada con panacas cusqueñas. Pero a los 6 años el niño Blas vio como su padre, Alonso Valera, asesinó a su madre, la princesa Urpay. Criado por su tío español e íntimamente vinculado a la familia de su madre (hija de un célebre quipucamayoc de Chachapoyas), Blas se hace jesuita y participa en las campañas de extirpación de idolatrías en Huarochirí. Allí comprueba la importancia de Pariacaca y Pachacámac. Años después, ya en Cusco, Blas y otros jesuitas forman la Cofradía Nombre de Jesús, cuyas actividades fueron incómodas para el gobierno colonial.



Cristo crucificado con decoraciones incas ¿estampa de La Cofradía del Nombre de Jesús del Cusco fundado por Blas Velera y otros jesuitas?

Entonces su situación se complicó. En el Cusco fue acusado de quebrar los votos de castidad (no se dan detalles del caso) y enviado a España para “regenerarse’. En la Madre Patria ocurre todo lo contrario.Valera entrega información al Inca Garcilaso de la Vega y toma contacto con los movimientos pro indigenistas de la época, liderados por el padre Bartolomé de las Casas. Al ser descubierto, fue sancionado con su expulsión de la orden y su “muerte jurídica”.

Valera decide volver al Perú pero con otro nombre. Aquí reinicia sus contactos con los miembros de la Cofradía Nombre de Jesús y un grupo de españoles que negaban la versión oficial de la captura de Atahualpa. Es entonces que ellos deciden escribir la Nueva Corónica y Buen Gobierno, prestándose la firma del Indio Guamán Poma de Ayala.


Los autores exigen JUSTICIA

Toda esta historia más la sorprendente interpretación de quipus y capacquipus figura en la obra “Nativos, jesuitas y españoles” publicado por la Municipalidad de Chachapoyas con la intención, según su alcalde Meter Thomas Lerche, “de reivindicar la memoria del chachapoyano más ilustre”. Su autora, en tanto, luego de la “desilusión” sufrida en el congreso de Etnohistoria de 1996, logró la autorización de la propia Clara Miccinelli para investigar y analizar científicamente los manuscritos.

“Cuando terminó mi exposición en Lima solo recibí señales de indiferencia –recuerda Laura Laurencich desde Bologna, Italia– lo más curioso es que recibí una esquela con una amenaza de muerte por atentar contra Guamán Poma de Ayala y el Inca Garcilaso. En esos días pensé que se trataba de algún loquito, pero ahora entiendo que la amenaza se cumplió y fui ‘muerta en vida’ como peruanista”.

Hoy en día los lectores peruanos ya podemos acceder a esta publicación y sacar nuestras propias conclusiones.

Pintura en el anverso del unku (túnica masculina) con los hechos engañosos de la conquista y con la propuesta de Blas Valera para salvar al mundo indígena

Revelaciones de Blas
Según Blas Valera, el Inca Garcilaso de la Vega basó sus Comentarios Reales en los testimonios y documentos entregados por él. Sin embargo, Garcilaso habría tergiversado la información y minimizado detalles tan importantes como el de la escritura de los quipus. Valera asegura que el Inca Garcilaso fue un ignorante en la materia.

Según Blas Valera, el indio Guamán Poma de Ayala prestó su nombre “a cambio de un caballo y una carreta” para rubricar la autoría de la Nueva Corónica y Buen Gobierno.

Según Blas Valera, familiares de su rama materna le enseñaron a descifrar e interpretar los capacquipus (quipus de la realeza), los quipus literarios y los quipus contables. Junto con los tocapus fueron la base de la escritura incaica. Tanto quipus como tocapus fueron destruidos durante la campaña de extirpación de idolatrías.

Según Blas Valera, y basado en testimonios de caballeros e infantes que participaron en la captura de Atahualpa, el último inca no fue vencido en combate sino después del envenenamiento de sus principales jefes militares.

Según Blas Valera, los pobladores del Tahuantinsuyo eran los verdaderos dueños del Perú. Su fe era compatible con el dogma cristiano y su sistema económico bastaba para administrar todo el territorio del Virreynato del Perú.

La traducción al castellano del libro “Exsul Inmeritus Blas Valera Populo Suo e Historia et Rudimento Linguae Piruanorum. Nativos, jesuitas y españoles en dos documentos secretos del siglo XVII”, editado por Laura Laurencich Minelli, fue publicado este año en Chachapoyas por gestión de la Municipalidad Provincial.




Portada del libro editado en 2009 por Laura Laurencich Minelli e impreso por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas durante la gestión del alcalde Dr. Peter Thomas Lerche

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domingo, 25 de agosto de 2013

Una derrota para la Amazonía (y el ecosistema)

¿Por qué el gobierno decide dar carta libre a los mineros ilegales para que sigan operando impunemente hasta el 2016?



Luego de la decepcionante decisión del gobierno (a través de su presidente de la PCM) de prorrogar el plazo de fomalización de la minería informal hasta el año 2016, uno no entiende en realidad el cambio de rumbo tomado un año atrás, fomentado por el propio . 

"La minería ilegal es uno de los ejemplos más claro de la flagrante incapacidad del Estado para imponer orden dentro de su territorio" escribe hoy en un articulo el especialista Gonzalo Castro. Tiene razón. La ausencia de reglas claras y contundentes fomentan, indirectamente, una actividad no solo depredadora y contaminante (mirar el mapa de los estragos en Madre de Dios es para llorar de rabia) sino además arrastran una cadena de estragos que incluye, entre otros, la trata personas, prostitución clandestina, caos y anarquía. 

La minería ilegal es controlada por mafias que ganan millones sin ser fiscalizados y con total impunidad. No pagan impuestos y sin embargo tienen un poder fáctico que nace, en varios casos, de la corrupción. No se puede hablar de gente sin dinero, al contrario (se estima que el clan de los Baca-Casas maneja más de 4 mil hectáreas que le generan, se calcula, casi 20 millones de dólares anuales). La reina de la minería informal en Puno se dio el lujo de comprar una finca avaluada en 8 millones de dólares en España, antes propiedad de Rocío Jurado y Ortega Cano. 

Pero mientras estos grupo de poder económico real (que se dan el lujo de tener amigos en el estado y financiar campañas electorales) son tratadas con guantes de seda, al trabajador independiente le aplican el 13% más de retención de ingresos. ¿El Estado puede tener avalar tan alegremente este tipo de inequidades?
El congresista Comeoro debe estar muy feliz, pues ya justificó todo su lobby. Lo más triste, sin embargo, es que no solo se trata de evasión ni de corrupción. Se trata de esclavitud, de condiciones infrahumanas en las que trabajan las personas, de maltrato a personas y, aún más, de la ya acelerada y desvergonzada destrucción de la Amazonía y el ecosistema, con la defección del Estado y del gobierno de su tarea primordial de garantizar una vida digna y mejor a sus ciudadanos.

FOTO: DANTE PIAGGIO PARA EL COMERCIO

martes, 20 de agosto de 2013

Informe del Viceministerio de interculturalidad reconoce que ampliación dentro del lote 88 (Camisea) pone en peligro a pueblos en aislamiento voluntario


Por Juan Carlos Ruiz Molleda



18 de agosto, 2013.- Como ya es conocido, actualmente existen serios cuestionamientos a la ampliación del proyecto de gas de Camisea, a cargo de la empresa petrolera Pluspetrol, en la reserva territorial Kugapakori, Nahua, Nanti (RTKNN), por amenazar la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan(1).

La situación ha hecho que nos preguntemos: ¿Qué valen más, los hidrocarburos que hay en el lote petrolero 88 en el proyecto Camisea en Cusco, Ucayali y Madre de Dios, o la vida, la salud y la subsistencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIAVCI) que viven en esta reserva territorial? ¿Las rentas que se obtendrán por la explotación del gas justifican la extinción física y cultural de éstos pueblos?

Al parecer el Ministerio de Cultura, en algún momento también se hizo estas preguntas, pues a través de la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC, acaba de aprobar la opinión técnica del Viceministerio de Interculturalidad (VMI), sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de ampliación de operaciones de sísmica 2D y 3D, dentro del lote 88 “Camisea”.

Llama la atención que tan importante informe fuera retirado de la página web del Ministerio de Cultura pocas horas después de haber sido colgado (2). El mencionado documento reconoce en sus conclusiones que el EIA presentado por la empresa es insuficiente, que las nuevas actividades de exploración ocasionaran un daño severo y crítico en la salud de los pueblos en aislamiento voluntario y, en el numeral 4 de las conclusiones, que “No deben contemplarse actividades que tengan impactos críticos o severos para la salud y desarrollo de los modos de vida de poblaciones altamente vulnerables, como son los pueblos en contacto inicial y más aún los pueblos en aislamiento”(resaltado nuestro).

¿Qué dice el Informe del Viceministerio de Interculturalidad?

A continuación presentamos algunas de las conclusiones que consideramos hablan por sí mismas.

1. La empresa no ha brindado toda la información necesaria sobre la descripción del proyecto, línea de base física, línea de base social, impactos sociales, ambientales y culturales y el Plan de Manejo Ambiental. Toda esta información es importante para determinar los impactos reales del proyecto y hacer una valoración adecuada de los mismos”. (subrayado nuestro)

“2. La empresa no ha presentado en el EIA cuál es el sustento de la valoración de impactos que ha efectuado, careciendo de criterios técnicos para establecer el impacto real que tendrá el proyecto sobre los pueblos de la Reserva”.

“3. La empresa debe reevaluar los impactos identificados de acuerdo a las consideraciones señaladas en el informe. Al respecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:
3.1 Las propuestas contempladas en el EIA para la prospección sísmica 2D conllevan un impacto crítico en la salud del pueblo Nanti en aislamiento que habita la zona, así como afectaciones severas y moderadas al desarrollo de actividades económicas, es decir uso de sus recursos y por lo tanto provisión de alimento, y sobre los estilos de vida que dichas poblaciones han elegido.
3.2 Las propuestas contempladas en el EIA para la prospección sísmica 2D que se superponen con el área del alto Camisea, habitada por el pueblo Nanti en contacto inicial, en asentamientos poblacionales numerosos, conllevan un impacto severo en la salud de dichas poblaciones y también del pueblo Nanti en aislamiento, dadas las relaciones ocasionales entre dichas poblaciones.
3.3 Las propuestas contempladas en el EIA para la prospección sísmica 2D y los pozos exploratorios que se superponen a las áreas habitadas por el pueblo Nanti en contacto inicial del medio Camisea y/o por el pueblo Matsigenka y/o Nanti en contacto inicial del medio Cashiriari, conllevan impactos severos a la población Nanti en contacto inicial de dicha área.
3.4 Las propuestas contempladas en el EIA para la prospección sísmica 3D y los pozos exploratorios San Martín Norte, Kimaro Oeste, Kimaro Norte, Kimaro Centro, que se superponen a las áreas que habita el pueblo Kirineri en aislamiento y Nahua en contacto inicial conllevan un impacto crítico a severo en la salud de dicha población, así como afectaciones severas y moderadas al desarrollo de actividades económicas- es decir uso de sus recursos y por lo tanto provisión de alimento- y sobre los estilos de vida que dichas poblaciones han elegido.
3.5 Respecto a la línea de conducción propuesta en el medio Camisea, zona de uso de recursos del pueblo Nanti en contacto inicial, éste tiene efectos severos y moderados sobre su salud, desarrollo de actividades económicas y sobre los estilos de vida que dichas poblaciones han elegido”.

La opinión técnica del Viceministerio de Interculturalidad es de cumplimiento obligatorio.

La opinión técnica previa del VMI es vinculante. Esto significa que las 83 observaciones deberán ser levantadas por la empresa Pluspetrol como condición para generar una nueva opinión técnica, antes del inicio del proyecto. Esto de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial” (Ley N° 28736), aprobado por Decreto Supremo N° 008-2007-MIMDES, y modificado por la novena disposición complementaria, transitoria y final de la ley de consulta previa (Ley N° 29785), aprobado por Decreto Supremo N° 001-2012-MC,

Cuando en la reserva indígena se ubique un recurso natural cuya exploración o explotación el Estado considere de necesidad pública, la autoridad sectorial competente solicitará al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura la opinión técnica previa vinculante sobre los estudios de impacto ambiental requeridos conforme a Ley.

¿Por qué es importante proteger a los pueblos en aislamiento voluntario?
Como lo señala las Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay elaborada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(3), los pueblos en aislamiento voluntario necesitan una protección reforzada, entre otras cosas porque son extremadamente vulnerables a enfermedades e impactos ambientales:
son pueblos altamente vulnerables, que en la mayoría de los casos se encuentran en grave peligro de extinción. Su extremada vulnerabilidad se agrava ante las amenazas y agresiones que sufren sus territorios que ponen en peligro directamente el mantenimiento de sus culturas y de sus formas de vida, debido a que generalmente, los procesos de contacto vienen acompañados de impactos drásticos en sus territorios que alteran irremediablemente sus relaciones con su medio ambiente y modifican, a menudo radicalmente, las formas de vida y las prácticas culturales de estos pueblos. La vulnerabilidad se agrava, aún más, ante las violaciones de derechos humanos que sufren habitualmente por actores que buscan explotar los recursos naturales presentes en sus territorios y ante la impunidad que generalmente rodea a las agresiones que sufren estos pueblos y sus ecosistemas”.

Las minorías no tienen siempre que someterse a las mayorías.
Algunos sectores han planteado que los intereses de un sector minoritario de la población no pueden estar por encima del interés de la mayoría. Es la tesis que subyace los artículos “Del síndrome del perro del hortelano” planteados por el ex presidente Alan García(4). Este razonamiento olvida que el artículo 1 de la Constitución señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. La sobrevivencia de los pueblos indígenas, es decir la vida y la salud de cada uno de ellos, así como la protección del derecho a la identidad cultural y la preservación del pluralismo cultural (art. 2.19 de la Constitución) no es un asunto privado o particular, sino que es un asunto de interés público. Dar preferencia al interés general y a “la conveniencia de las luces del progreso” frente al interés de comunidades nativas o campesinas, carece de sustento jurídico constitucional, principalmente, porque desconoce que la diversidad étnica y cultural también es parte del interés general de la nación y que, con respecto al desarrollo, la Constitución no defiende una sola forma de entenderlo y alcanzarlo.

En un Estado Constitucional, la necesidad pública no puede subordinar el derecho a la vida

La necesidad pública deberá respetar los derechos fundamentales en todo momento y en caso de colisión entre el bien jurídico, que la invocación a la necesidad pública intenta materializar, y los derechos de los PIAVCI posiblemente afectados, deberá recurrirse al principio de proporcionalidad.
Por lo tanto las medidas estatales que invocan la necesidad pública que limiten o afecten los derechos de los pueblos indígenas, en este caso la explotación del lote 88, para ser constitucionales y legítimas, deben cumplir con las exigencias del principio de proporcionalidad, es decir deberán representar una limitación o afectación idónea, necesaria y proporcional.

En otras palabras, solo podrá limitarse el derecho a la vida y a la salud de los PIAVCI, en la medida que se demuestre que se persigue concretar y proteger bienes jurídicos constitucionales de mayor entidad y valor jurídico. No obstante en este caso, la libertad de empresa (art. 59 de la CP), la explotación de recursos naturales (art. 66 de la CP) y la promoción del desarrollo (art. 44 de la CP), nunca pueden considerarse bienes jurídicos de mayor valor que la vida y la salud de los PIAVCI.

Es evidente, que los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución son un componente esencial de la necesidad pública. De esa manera se podrá poner coto a la desnaturalización de este tipo de instituciones jurídicas. Sólo de esta manera podemos hablar de una utilización “constitucional” de los conceptos jurídicos indeterminados.

Conclusión: Está en juego la sobrevivencia física de los pueblos en aislamiento voluntario

Todo parece indicar que el gobierno quiere desconocer –una vez– un informe técnico hecho por su propia administración (recordamos claramente cuando sucedió en el caso Conga(5)) para consumar la ejecución del proyecto de ampliación de operaciones en el lote 88, lo cual afectará drásticamente a los pueblos que habitan en la reserva. Estamos hablando de la posible extinción física y socio cultural de estos pueblos, dado que su territorio será invadido por cientos de personas y será gravemente impactado por las operaciones de la empresa.

No le falta razón a Marcus Colchester (2004), cuando sostenía que
Si deploramos los horrores de la muerte y la destrucción que acompañaron ineluctablemente las incursiones previas en el Amazonas, ¿podemos demostrar ahora que la sociedad industrial moderna es más civilizada? ¿Podemos respetar la elección de otras sociedades de evitar el contacto y dejarlas en sus tierras natales sin perturbarlas hasta que, tal vez, en algún momento futuro decidan emprender la riesgosa aventura de contactar un mundo con el que –según les ha enseñado la amarga experiencia- no es seguro interactuar? Si no podemos, entonces es casi seguro que las generaciones futuras nos condenaran por la misma  avaricia, indiferencia, egoísmo y codicia por las que hoy condenamos a los conquistadores y a los “barones del caucho

Notas:

(2) Fue publicada en el portal del Ministerio de Cultura el 15 de julio de este año, pero fue retirada y actualmente no se encuentra en ningún portal del Estado. Se agradece a Beatriz Huertas por la información proporcionada.

(3) Directrices de Protección para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ginebra, Febrero 2012, párrafo 14.



*Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.
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Fuente: Publicado en el portal informativo de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1115


Nota

uan Carlos Ruiz Molleda es abogado con especialidad en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, con experiencia de trabajo en Derecho Parlamentario, Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL) desde el año 2005 a la fecha. Se tituló en Derecho con la Tesis: “Control Parlamentario de los Decretos de Urgencia en el Perú”.

viernes, 28 de junio de 2013

Sobre el desarrollo: Cuando la palabra significa otra cosa


Alberto Chirif

 El discurso del desarrollo, entendido como progreso siempre creciente de la sociedad, tiene una escasa profundidad histórica. En un excelente artículo, llamado justamente “Desarrollo”, Gustavo Esteva (1996: 52-78) señala cómo, entre mediados del siglo XVIII y del XIX, el concepto de “desarrollo evolucionó de una noción de transformación que supone un avance hacia la forma apropiada de ser, a una concepción de cambio que implica encaminarse hacia una forma cada vez más perfecta”. Añade el autor que en ese “periodo, evolución y desarrollo llegaron a emplearse como términos intercambiables entre los científicos” (Ibíd.: 55). Y en esto radica el meollo del problema: la evolución así concebida debe ser un proceso que lleve a situaciones cada vez más perfectas y el desarrollo también. Engels completó esta idea cuando, trasladando las ideas de la evolución biológica al campo social, estableció las etapas del tránsito obligado de todas las sociedades, las cuales, partiendo del salvajismo, debían pasar por la barbarie y alcanzar finalmente la civilización. Es curioso cómo los más acérrimos anticomunistas y los más convencidos católicos han asumido esta tesis sin cuestionarse su origen.


 Es a inicios del siglo XX, con el afianzamiento cada vez mayor de la sociedad industrial, del capitalismo y de la ciencia tal como hoy la conocemos, y, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial cuando se configuran las características que deben regir las relaciones entre los países del mundo, que la noción de desarrollo cobra gran importancia. El desarrollo queda así marcado por la forma que le imprime un país determinado, los Estados Unidos, que logra que su modelo se convierta en objeto de deseo general. Su trabajo posterior sería entonces conseguir que la vehemencia por poseerlo fuese mundial.

 Antes de ese tiempo no se hablaba de desarrollo. Los misioneros de los siglos XVII y XVIII no conocieron ni intentaron nada parecido al desarrollo de los indígenas. Lo suyo era la evangelización, la conquista espiritual, como la calificaron, aunque ella en muchos casos lo fue también material, en la medida que junto a los sacerdotes (en especial en los casos de la sierra y de la costa), se establecieron encomenderos y autoridades diversas que se apropiaron de la fuerza de trabajo de los indígenas. En ese proceso de evangelización, los misioneros realizaron cambios que tuvieron drásticas consecuencias en el estilo de vida y el bienestar de las sociedades indígenas. El principal de ellos fue la fundación de reducciones, esas Babeles en las que las culturas y las lenguas se confundieron y las gentes quedaron desorientadas por falta de referentes sociales para organizar sus vidas en condiciones desconocidas.

 Pero el cambio más drástico producido por las reducciones fue el reasentamiento en ambientes ribereños de indígenas acostumbradas a habitar en espacios interfluviales. Este hecho abrió un proceso que continúa hasta nuestros días, cuando de ribereños de cursos fluviales, muchos asentamientos se han convertido en orilleros de carreteras. Se trata de un cambio grave porque implica, a la vez, una fuerte presión sobre áreas reducidas y el abandono de zonas interiores del monte, lo que ha tenido severas consecuencias para la buena gestión del territorio y el bienestar de la gente. 
   
Los caucheros del cambio de siglo XIX-XX tampoco especularon sobre el desarrollo. Lo suyo, decían, en lo que corresponde a su relación con los indígenas, era un tema de civilización. No es casual que ya por entonces las ideas de Engels al respecto fueran bien conocidas.

 Si en algo se parecen los caucheros civilizadores a los agentes desarrollistas actuales es que las acciones de ambos producen justamente lo contrario de lo que sus discursos anuncian. ¿Qué tiene que ver con la civilización bien entendida las masacres, violaciones y torturas cometidas contra la población indígena, y esto sin referirme a los métodos destructivos de la naturaleza para hacerse de las gomas silvestres que, en el caso del caucho (es decir, de la Castilloa ulei) implicaba la tala del árbol? ¿O qué tiene que ver con los beneficios que anuncia el desarrollo, la contaminación de las personas y de su medio ambiente, el retroceso cada vez mayor de la calidad de servicios sociales, como los de educación y salud, y, en fin, la alteración de condiciones de vida satisfactorias a cambio de nada? Por más que lo pienso, en ninguno de los dos casos he podido encontrar la relación. 

 No puedo decir lo mismo respecto a los misioneros, no porque esté de acuerdo con lo que hicieron sino porque, en los casos que no actuaron como monaguillos del poder político y económico, no se les puede acusar de haber lucrado con discursos deliberadamente falsos. No obstante, las tres fuerzas, misioneros, caucheros y agentes del desarrollo, tienen en común la responsabilidad de haber generado aquello que los economistas llaman “externalidades”, término que, a pesar de su aparente inocencia, encubre realidades atroces: en el caso de los misioneros, las epidemias que diezmaron a las poblaciones indígenas; de los caucheros, las torturas y asesinatos deliberados; y de los agentes del desarrollo (Estado, empresas, entidades financieras internacionales), el deterioro de la vida de la gente y la contaminación de su salud y hábitat. 

 La otra pregunta que hay que hacer en este momento es si desarrollo significa algo para los pueblos indígenas. En una notable reflexión, Carlos Viteri se pregunta si existe el concepto de desarrollo en las cosmovisiones indígenas. Su conclusión es que en ellas no existe “la concepción de un proceso lineal de la vida que establezca un estado anterior o posterior, a saber, de subdesarrollo y desarrollo; dicotomía por los [sic: la] que deben transitar las personas para la consecución de bienestar, como ocurre en  el mundo occidental”. Añade que tampoco existen en esas cosmovisiones “conceptos de  riqueza y pobreza determinados por la acumulación y carencia de bienes materiales”. En cambio, agrega, los pueblos indígenas tienen una visión holística acerca de lo que debe ser el objetivo de los esfuerzos humanos, que es “buscar y crear las condiciones materiales y espirituales para construir y  mantener el  'buen  vivir', que se define también como 'vida armónica', que en idiomas como el runa shimi (quichua) se define como el 'alli káusai' o 'súmac  káusai'” (Viteri, 2012).

 En la misma línea de lo que plantea Viteri, quiero señalar que durante un taller en la comunidad de Pucaurquillo (río Ampiacu, bajo Amazonas, Loreto), realizado hace unos años, pregunté a personas de cuatro identidades indígenas diferentes qué significaba para ellos pobreza. Solo una de las personas señaló que ser pobre era “no tener recursos económicos”. La pregunta que debí hacerle en ese momento es qué entendía por tales recursos. De las demás, ninguna aludió a dinero o a bienes de mercado, sino más bien a relaciones y a actividades propias: no tener parientes, no tener relaciones sociales, no tener chacra, alguien sin cultura, no tener conocimiento ni educación, ser minusválido o mutilado (exactamente: “que no tiene extremidades”) y ser ciego. 

 Por las dos consideraciones expuestas, como son la escasa profundidad histórica del discurso del desarrollo y la ausencia del concepto de desarrollo en los pueblos indígenas, es que ahora le daré un giro al tema de la presente mesa titulada “Autonomía y desarrollo en las historias de los pueblos amazónicos”, para entrar más bien a analizar qué es lo que hay detrás del concepto y cuáles han sido las consecuencias de las políticas de desarrollo para los pueblos indígenas.

 Analizando la palabra
 La palabra en general está en un franco proceso de desvalorización. Muchos políticos no cumplen lo que ofrecen o señalan que lo que hacen es justamente lo que habían prometido por más que la realidad demuestre todo lo contrario a quienes aún les quedan ojos para ver y decencia para evaluar. Otros declaran, sin el más mínimo temblor de voz, que una cosa son las ofertas de pretendiente y otra las realidades de ejecutante.
 El carácter puramente convencional que se le atribuye a las palabras parece haberse ahora trasladado al terreno de las ideas, y así como se considera que el término para llamar, por ejemplo, a una mesa pudo haber sido otro, así se piensa -o al menos, se actúa como si así se pensase- que las ideas expresadas a través de una palabra pueden ser contrarias a los contenidos que en un momento constituían su significado. De este modo, palabras como igualdad o democracia pueden, en la práctica, significar algo muy diferente a lo que indica su semántica.

 Entre las palabras que más me impresionan por la distancia que su uso arbitrario ha ido estableciendo respecto a su significado están patriotismo y su correspondiente local regionalismo. Con frecuencia vemos cómo los que más cantan el himno nacional e inflaman sus bocas con discursos de amor a la tierra natal, mano al pecho incluida, son los que más saquean las arcas nacionales y regionales, dejando al país sin recursos para invertir en obras de infraestructura, y en servicios de salud, educación y promoción económica destinados a lo que constituye el bien más valioso de un país: su gente. El maltrato, la burla, el escarnio hecho contra esa misma gente por quienes ocupan puestos de poder nos pone nuevamente frente a la distancia que separa la palabra patriotismo de la realidad. La referencia a los ciudadanos de segunda, tercera y demás categorías inferiores no es solamente producto del dislate de un ex presidente, sino expresión de una práctica común en la que el peso específico de la palabra “derecho” es diferente para los que son cercanos al poder que para los que están alejados de él.  

 Otra de esas palabras que cada vez marca mayor distancia respecto a la realidad es sin duda “desarrollo”. ¿Qué significa esta palabra? El DRAE consigna siete acepciones. La última de ellas está relacionada con el contenido que le atribuye la política: “Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente las comunidades humanas”. Esta acepción junto con otras dos está precedida de la abreviatura fig., que indica que se trata de un significado figurado, lo que resulta interesante y tal vez explicativo de la escasa correspondencia del término con la realidad.

Sin embargo, ninguna de las acepciones de la palabra contempla las posibilidades, lamentablemente reales, que se hacen cada vez más explícitas en las prácticas relacionadas con el desarrollo. Mencionaré algunas. Comienzo por decir que el desarrollo no beneficia a todos por igual. Claro que esto tiene muchas variantes dependiendo del país en que se sitúe el análisis. En los Estados Unidos, por ejemplo, según un informe anual realizado para Merrill Lynch (Brooks, 2011) en 2011, 3.1 millones de personas, que representan el 1% del total de su población, concentran el 25% del ingreso nacional del país. Esto quiere decir que 300 millones de estadounidenses se reparten el 75% restante de dicho ingreso. Y aunque es verdad que la plusvalía acumulada por ese país permite que gran parte de este porcentaje de población viva en condiciones de bonanza más que suficientes, la escala descendente deja muy mal parados a muchos millones que no reciben nada de la torta o apenas recogen las migajas que caen de la mesa. En otras palabras, el “chorreo” es cada vez más débil para los que están más alejados de la fuente.
 No dispongo de datos estadísticos sobre el Perú, pero teniendo en cuenta que su capacidad de acumular plusvalía es notablemente menor que la de los Estados Unidos, a causa de su economía basada en el modelo primario exportador, el “chorreo”, que con frecuencia se convierte en “choreo”, alcanza a un porcentaje muy reducido de la población. Y lo que es peor, se destruyen economías locales que si bien no otorgaban estatus de ricos a sus actores, les permitían gozar del beneficio de bienes y servicios, y de lo que es tan importante como esto, de capacidad de controlar sus conflictos para tener como resultado una cierta armonía de vida. Este conjunto de características seguramente no encaje dentro de lo que hoy se entiende como desarrollo o incluso, luego de la aplicación de los indicadores de pobreza acuñados por el Estado y organismos internacionales, lleve a la calificar de muy pobres a estos sectores sociales.  

 No solo entonces se está frente al hecho de que el desarrollo, tal como está concebido, no beneficia a todos, sino que se constata que en el Perú y muchos países similares, los que manejan menor porcentaje de poder son los que pagan el precio del desarrollo de aquellos que de antemano tienen una mayor cuota de este. Así, frente al embate de industrias mineras, de hidrocarburos y forestales son ellos los que deben ceder sus derechos para permitir el robustecimiento de empresas ricas y casi siempre extranjeras. Entre ellos encontramos actores también diferentes, desde medianos agricultores de Piura, exitosos exportadores de mangos, pasando por productores de pan llevar de Cajamarca y otras regiones que alimentan a las ciudades, hasta población indígena que maneja una concepción más integral de una economía inmersa en relaciones de reciprocidad, aunque también genera excedentes que destina al mercado y usa sus recursos para adquirir los bienes de mercado que necesita. A cambio, estos actores ni se benefician de las rentas generadas por las industrias extractivas, ni reciben indemnización alguna y ni siquiera un pedido formal de disculpa por los perjuicios que se les causan. Más bien son amonestados desde el púlpito severo de la ley por resistir el desarrollo, con el argumento de que sectores insignificantes no pueden oponerse al bienestar de 30 millones de peruanos. Se les califica de retardatarios opuestos al progreso y de terroristas encubiertos que buscan destruir las bases de la sociedad. La retribución, si así se le puede llamar, que ellos reciben son tierras y territorios expropiados en la práctica, por más que en la formalidad de la ley les sigan perteneciendo; ríos y demás cuerpos de agua contaminados; una salud destruida por acumulación de metales pesados, humos de fundación y escasez de alimentos; y un tejido social destruido.

 Cuando desde el poder se lanzan eslogan impresionantes pero poco consistentes como aquel que dice que pequeños sectores sociales no pueden poner en riesgo a 30 millones de peruanos, se está tratando de confrontar la situación real de un sector que es o va a ser afectado por un proyecto extractivo, con el beneficio figurado del conjunto de la población del país, cuya voz es tomada por los políticos sin haberles preguntado cuál es su opinión acerca del tema. De haberlo hecho, un gran porcentaje de ella habría señalado, de una u otra manera, la falacia del argumento. Por ejemplo, los maestros y los policías, ambos con sueldos de hambre. Los estudiantes de universidades públicas, por su parte, se quejarían del recorte de las asignaciones del Tesoro, indicando que esto es la causa de la caída de la calidad de la educación. Lo mismo harían los escolares, en especial los de escuelas rurales, al darse cuenta que la formación que han recibido no les permite acceder a la educación superior. También desmentirían ese tipo de propaganda los usuarios de los servicios de salud pública y los médicos que trabajan en ese sector. En fin, esos 30 millones que supuestamente aplauden las inversiones promovidas por el Estado quedarían reducidos a una cifra que no quiero imaginar para no caer en la misma falacia que ahora cuestiono. Y entonces, los grupos de gente que protestan por afectación directa -indígenas, campesinos y también población urbana cuyas fuentes de agua serán afectadas por actividades petroleras, como es el caso de Iquitos ya que se pretende explotar petróleo en la cuenca del Nanay- serían sustancialmente reforzados por millones de personas afectadas indirectamente por las políticas extractivas del Estado o, en todo caso, no beneficiadas por ellas.

 Final
 Cuando se califica a la gente que se opone a las políticas extractivas del Estado como refractaria al desarrollo, el punto central es analizar qué se entiende por desarrollo y quiénes son los beneficiarios de esta manera de concebirlo que produce mucho dinero para unos y deja en condición de miseria a quienes habitan en las zonas donde se genera la riqueza. A estos solo les tocan las famosas externalidades. Y aunque ya he dado suficientes pistas al respecto, quiero aún insistir en este asunto.

 De acuerdo al “índice de desarrollo humano” (PNUD, 2006), los distritos de Trompeteros, Pastaza, Urarinas y Andoas, ubicados todos en Loreto y en la zona más antigua de explotación petrolera en la región amazónica (42 años), figuran en el último quintil de pobreza. Andoas, que es uno de los que produce más petróleo en Loreto, se sitúa en el lugar 1801 de pobreza, a solo 31 puestos antes del último de todo el país. Una situación similar enfrentan otras regiones. Según el INEI: “los distritos más pobres de la región Puno son aquellos donde se explota algún mineral. Son los casos de Pichacani-Laraqueri donde de acuerdo a su medición el 82,7% de sus pobladores son pobres y 37,8% están en pobreza extrema; o de San Antonio de Esquilache, distrito en el cual la pobreza es de 87,2% y la pobreza extrema 49,9%” (INEI 2009b).

 Opino, sin embargo, que estos índices no toman en cuenta algunos indicadores que, de ser considerados, darían una visión más cabal de la pobreza, no solo de la población local, sino de la que se va generando en el patrimonio nacional y las consecuencias que esto tendrá para el país una vez que haya pasado la euforia del crecimiento del 6% anual, basado sobre todo en la venta de recursos naturales no renovables. Recién entonces tal vez nos demos cuenta que la mala inversión del dinero conseguido no ha ayudado a construir ciudadanía y que hemos sido colaboradores en la generación de la crisis global de un sistema fundado en el supuesto absurdo de una naturaleza inagotable. En suma, si los índices de medición de la pobreza tuvieran en cuenta la contaminación, y los de desarrollo la sanidad y buen estado del medio ambiente, se tendría una visión integral acerca de la verdadera pobreza de la gente y de la responsabilidad de las industrias extractivas contaminantes en su generación, al destruir los medios de vida de las personas y afectar su salud.

 He revisado mi memoria para tratar de encontrar en ella siquiera un proyecto de los calificados de desarrollo que haya beneficiado a la población indígena, y lamentablemente no he encontrado ninguno. Por el contrario, constato el deterioro de estilos de vida que si bien no expresaban riqueza sí calificaban de estrategias de satisfacción plena de las aspiraciones sociales. Y constato también la destrucción del medio ambiente y la generación de actividades ilegales generadoras de violencia. Es bien conocido lo del oro en Madre de Dios, cuya responsabilidad principal le corresponde a un Estado que por más de 50 años ha dejado que las cosas sucedan a su ritmo y de acuerdo a los intereses y voluntad de cada quien. Menos conocido son tal vez los efectos de la Carretera Marginal en la zona del Pichis-Palcazu que ha significado la inútil destrucción del bosque y la masiva expansión de los cultivos de coca y del narcotráfico.   

 ¿Hay algo que pueda hacerse para superar esta situación? Claro que lo hay, y mucho. Lo primero es fundar las políticas de inclusión en el reconocimiento de derechos y no, como hasta ahora se hace, en gestos de caridad. Dentro de los derechos, hay uno fundamental que es la consulta previa para lograr el consentimiento por parte de la población indígena que será afectada por iniciativas y políticas estatales. Se trata de un derecho cuyo pleno ejercicio permitirá la construcción de una verdadera democracia, en la cual las políticas respondan al bien común. Por el momento, sin embargo, el Estado lo considera solo un trámite que debe ser realizado con el mismo desagrado con que un paciente bebe un medicamento amargo.

No obstante, hay algunas experiencias que merecen ser conocidas y atendidas, ejecutadas, a veces, por las propias organizaciones indígenas, y, otras, por ONG que no hacen mucha bulla. Es el caso de iniciativas que han partido de lo que la gente sabe y practica para, a partir de ahí, recuperar sistemas de control social sobre el uso de recursos comunes, introducir cultivos y crianzas de especies que antes se daban de manera natural, y desarrollar tecnologías al alcance de las finanzas de la gente para darle valor agregado a productos del monte y a creaciones artesanales. En la base de todo esto está una estrategia central en la cual el desarrollo que hoy se impulsa no cree y desprecia: la seguridad alimentaria.

Escuchar y recoger la experiencia y conocimientos de la población, e insertarse en su propia dinámica para desde ahí construir con ella una estrategia orientada hacia mejores condiciones de vida, y lo que es tan importante como esto, aprender de los errores del pasado, son, creo yo, condiciones de base indispensables para superar las visiones autoritarias actuales que no solo no superan la pobreza sino que la generan.

Referencias desarrollo

Brooks, David

Esteva, Gustavo
1996 “Desarrollo”, en Sachs, Walter (ed), Diccionario del desarrollo. Pratec. Lima, pp.: 52-78.

INEI
2009b «Conozca a los más y menos pobres del Perú». Nuevo mapa de pobreza 2009. Instituto Nacional de Estadística e informática.

PNUD
2006 Informe sobre desarrollo humano / Perú 2006. Lima: PNUD.

Viteri, Carlos
 “Visión indígena del desarrollo en la Amazonía”, Polis [En línea], 3 | 2002, Puesto en línea el 19 noviembre 2012. URL :http://polis.revues.org/7678 ; DOI : 10.4000/polis.7678

Nota

[1] Este texto fue presentado en el conversatorio Realidad, desarrollo y autonomía de los pueblos amazónicos: abrazando peruanidad, organizado por el Congreso de la República, y realizado los días 13 y 14 de mayo, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio legislativo.