miércoles, 7 de noviembre de 2007


Crítica a estudio sobre pueblos en aislamiento elaborado por encargo de PeruPetro

Indígenas aislados avistados por misión del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA) y la Sociedad Zoológica de Frankfort (FZS) en el Alto
Purús:



















Indígenas en aislamiento entre los ríos Napo y Tigre
Algunas observaciones sobre el Documento “Opinión Antropológica sobre el Estudio Técnico” escrito por el antropólogo Carlos Mora a pedido de PerúPetro, con referencia al Estudio Técnico presentado por AIDESEP sobre la situación de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) en la cuenca alta de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes.

Lima, Noviembre de 2007

El presente documento expresa algunas opiniones, desde la perspectiva de las ciencias sociales y desde nuestra experiencia en los procesos de investigación científica, acerca del Documento “Opinión Antropológica sobre el Estudio Técnico” escrito por Carlos Mora a pedido de PerúPetro. Los que colaboramos en la formulación de estas opiniones afirmamos que, además de nuestra vasta experiencia académica, hemos acumulado colectivamente más de cien años de práctica en el trabajo con y la protección de los derechos de pueblos indígenas del Perú, incluyendo a los PIAV.
En primer lugar, en términos generales, es importante señalar que el Estudio Técnico, objeto de la crítica del Sr. Mora, no es un documento académico, sino, precisamente un informe técnico sobre el viaje a la zona en cuestión y el estudio llevado a cabo allí por un grupo de antropólogos de la Universidad de Adam Mickiewcz en Polonia. Por lo tanto, no se puede juzgarlo por los mismos estándares de rigurosidad científica como si fuera un documento académico.
En segundo lugar, al momento de elaborarse el Estudio Técnico como también los comentarios del Sr. Mora, no existían términos de referencia ni criterios razonables claramente definidos por el Estado para determinar la existencia o no de un PIAV, ni tampoco para determinar la creación o no de una reserva territorial para su protección. Sólo a partir del 5 de octubre de este año existe un reglamento para la Ley de PIAV, y éste sólo da algunas pautas generales. Tanto el Estudio Técnico como las opiniones del Sr. Mora caen sobre este vacío.
Sin embargo, en el caso que éste u otro estudio técnico ofreciera indicios razonables de la existencia de una población en aislamiento voluntario, es menester que el Estado asuma sus responsabilidades bajo la Ley de PIAV. En todo caso, según la Ley de PIAV, es la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano del MIMDES (INDEPA), mas no PerúPetro, quien debe juzgar la calidad técnica de este y de otros estudios e informes técnicos que ofrecen indicios de la existencia de PIAV.
Nuestras Opiniones
1. En su articulo titulado “El síndrome del perro de hortelano”, publicado recientemente en El Comercio, el Presidente de la República escribe: “Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático “no conectado”; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$ 90 por cada barril“.
Al leer la primera página del documento del Sr. Mora, nos da la impresión que él no comparte la opinión del Sr. Presidente que el PIAV es un invento interesado; mas bien, el Sr. Mora mismo afirma (párrafo 3, p. 1) que es obligación del Estado cautelar los derechos a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y libre desarrollo de los indígenas en aislamiento voluntario. En esto estamos totalmente de acuerdo con el Sr. Mora.
2. Sin embargo, leyendo el documento en su conjunto, nos damos cuenta que, en el fondo, el Sr. Mora, sí, está de acuerdo con lo señalado por el Sr. Presidente. En la primera página de su documento (párrafo 2, p.1) dice que su informe no pretende determinar la existencia o no de población indígena en aislamiento en la cuenca alta de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes. Más bien, pretende dar una opinión “antropológica” sobre el contenido del Estudio Técnico de AIDESEP.
Pero, en el último párrafo (p. 26) el Sr. Mora dice “se estima pertinente opinar que el mencionado Estudio Técnico no reúne las condiciones necesarias desde el punto de vista antropológico para validar la propuesta de creación de la mencionada reserva territorial.” Siendo la condición necesaria primordial para la creación de una reserva territorial la existencia de una población indígena en aislamiento voluntario, el Sr. Mora, de hecho, está diciendo, sin decirlo, que no existe dicha población en el área de estudio y por lo tanto no es justificado crear una reserva territorial para su protección. Es más, atraviesa el informe del Sr. Mora la insinuación de que AIDESEP ha inventado la existencia de esta población de indígenas en aislamiento por razones oscuras.
Sin embargo, y a pesar de usar constantemente del concepto de “rigurosidad científica” para criticar al Estudio Técnico, en ningún lugar de su documento encontramos pruebas presentadas por el Sr. Mora que respalden su conclusión de que no existe esta población indígena en el área de estudio. El Sr. Mora no ha hecho un trabajo de campo en esta zona, la base para toda conclusión antropológica, no ha entrevistado ni siguiera un habitante de la zona para tener un testimonio contrario a los presentados en el Estudio Técnico, ni tampoco ha conversado con profesionales que han trabajo en la zona y que puedan tener opiniones contrarias a las suyas (p. Ej. investigadores del IIAP o del Field Museum de Chicago).
3. En la sección Análisis de la metodología del Estudio Técnico, el Sr. Mora critica, con cierta razón, la falta de una descripción más detallada de la metodología utilizada para levantar la data, base de las conclusiones del Estudio Técnico. Dicha descripción hubiera podido resolver varias de las observaciones subsecuentes que hace el Sr. Mora. Por el otro lado, el Sr. Mora no habla sobre la dificultad, si no imposibilidad, de aplicar, en casos de los PIAV, las metodologías clásicas para los estudios antropológicas y etnológicas, como son la “observación participativa”, las entrevistas a informantes claves del PIAV, etc. De hecho, la misma situación de rehusar contacto con el mundo externo hace imposible metodologías de comprobación directa con los PIAV. Entre otras razones, la comprobada falta de resistencia a los organismos transmisores de enfermedades occidentales de parte de los PIAV hace que un contacto forzado con ellos pone en peligro la supervivencia del grupo; a la vez, en un mundo moderno que protege a los derechos humanos fundamentales, ésta resultaría ser un acto tan inmoral como el genocidio.
En la primera parte de su mirada a la Metodología, el Sr. Mora, basándose en esta falta de detalle metodológico, cuestiona la validez de cualquier conclusión basada en las entrevistas presentadas, tildándolas de subjetivas y no-representativas (p. 6, párrafo 1). Nos parece que el Sr. Mora está muy equivocado con esta afirmación. Por un lado, al hablar de la representatividad de los entrevistados y la necesidad de solicitar la opinión de disidentes, el Sr. Mora está confundiendo un estudio técnico con una Encuesta de Opinión Pública. No se trata de la opinión de los vecinos con referencia a la existencia o no de PIAV en esta zona. Mas bien, en este caso, los autores del estudio están empleando una metodología muy reconocida y legitima en las ciencias sociales: entrevistas a informantes claves. Uno puede estar en desacuerdo que tal o cual entrevista constituye una indicación sustancial de la existencia de un PIAV, cómo hace el Sr. Mora al examinar sólo un par de estas entrevistas; pero no puede descalificar en términos generales la metodología seguido por la expedición polaca por no seguir las normas de una Encuesta de Opinión Publica.
4. Otra sección principal de 5 páginas titulada Pertenencia Étnica es un interesante revisión de las opiniones de diferentes antropólogos sobre la posible pertinencia étnica de una variedad de grupos indígenas reportados para la zona en cuestión durante los últimos tres siglos. El Sr. Mora compara estas opiniones con las vertidas por los autores del Estudio Técnico de AIDESEP, y concluye que éstos presentan una hipótesis sin fundamento alguno sobre la identidad étnica de los dos grupos de PIAV del río Nashiño y Yanayacu. Como se trata de opiniones sin una base rigurosa de investigación en el campo, es imposible saber quien pueda tener la razón. El Sr. Mora tampoco ofrece evidencia rigurosa para fundamentar su crítica; es simplemente su opinión.
La única manera que se puede determinar la pertenencia etno-lingüística de un grupo humano “no-contactado” es contactarlo para realizar los estudios etno-lingüísticas comparativas y eso requiere estar un buen tiempo con el grupo en cuestión. Hasta el momento, estos estudios no se han realizado.
En cualquier caso, la pertenencia etno-lingüística de un grupo humano, PIAV o no, no tiene nada que ver con su existencia; por lo tanto, estas cinco paginas no fundamentan la opinión del Sr. Mora sobre la no-existencia de PIAV en el área del estudio. Como dijo recientemente Sydney Possuelo, especialista en PIAV de la FUNAI de Brasil, no importa a qué grupo étnico pertenecen o cuantos son, lo importante es saber que están ahí y tomar las medidas para protegerlos.
5. En la sección Demografía y Patrones de Asentamiento, el Sr. Mora critica la falta de información demográfica, sobre todo la que puede aportar al “entendimiento de la dinámica poblacional ….(y)..al de la ocupación y uso del espacio” (párrafo 4, p.19). Luego (párrafo 3, p.25), el Sr. Mora se contradice, reconociendo que, por su “alta capacidad de movilización y de migraciones internas”, es imposible usar métodos normales como censos para levantar datos demográficos detallados, y sugiere el uso de imágenes de satélite. En primer lugar, es obvio que no se puede aplicar un censo en el caso de un PIAV, y por lo tanto, no es posible tener el tipo de dato necesario para analizar la dinámica poblacional.
Y por el otro lado, aparentemente el Sr. Mora no sabe que un imagen de satélite no es una fotografía, sino una composición virtual creado en base a un análisis, píxel por píxel, de la reflectancia de luz sobre la cobertura vegetal de la tierra. Con un imagen de satélite no se puede contar ni personas ni casas. Aun con fotografías aéreas, mediante las cuales se podría contar objetos, sería imposible hacer un conteo porque la cobertura de bosque esconde todo lo que está debajo de ello.
Finalmente, la nueva generación de imágenes, con una resolución de un metro, (asumiendo que uno podría tener acceso a ellos) podría indicar un pequeño claro en el bosque; pero no hay manera de saber si ese claro es natural (la caída de un árbol) o antropomorfo, si fue hecho por PIAV, por madereros ilegales o por narcotraficantes. Sólo la comprobación en el campo puede determinar eso; y de nuevo estamos frente a la necesidad de penetrar al dominio de los PIAV, contactarlos, contarlos, fotografiarlos, censarlos, etc. con todos los riesgos que esto significaría.
6. Pensamos que el Sr. Mora tiene razón de preocuparse por la debilidad y generalidad de la información presentada con referencia a la relación entre los PIAV y los recursos naturales (p. 22 Sección Del uso de los recursos naturales). Pero le faltó decir, como en casos anteriores, que es imposible desarrollar este tipo de conocimiento sin un estudio antropológico basado en la metodología de observación participativa, o sea, sin hacer contacto con el PIAV y pasar un buen tiempo entre ellos observando esta relación a través de la participación en su vida cotidiana. Si bien es cierto que podría ser un tema de mucho interés para la antropología conocer cómo los pueblos que no participan en la economía de mercado se relacionan con los recursos naturales de su entorno, no es información necesaria para determinar la existencia de PIAV en un área especifica.
Conclusión
Aquí señalamos sólo algunos de las debilidades de la critica hecha por el Sr. Mora al Estudio Técnico sobre la situación de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) en la cuenca alta de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes. Es nuestra opinión que el Estudio ofrece indicios razonables de la existencia de un grupo de indígenas en aislamiento voluntario de la zona del estudio y por lo tanto, es responsabilidad del Estado Peruano actuar inmediatamente para proteger la zona de incursiones de otros humanos hasta 1. determinar definitivamente la no existencia de esta población, o 2. establecer una Reserva Territorial a su favor. No asumir esta responsabilidad sería ignorar la propia ley del Estado y transgredir las normas básicas de los derechos humanos fundamentales.


Documento elaborado por: Dr. Richard Chase Smith, Antropólogo PhD Cornell University (EUA); Post-Doctorado Harvard University (EUA) Dr. Carlos Soria Dall’Orso, Abogado PhD The Flinders University of South Australia, Ms. Ciencias Sociales FLACSO-Ecuador Margarita Benavides, Antropóloga Bachiller, PUCP (Perú) Margarita Vara, Antropóloga Licenciatura, UNMSM (Perú) Aliya Ryan, Antropóloga Bachiller, University of Cambridge (UK)


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Fuente: Agradecemos el envío de la información al Dr. Richard Chase Smith, Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común Av. Petit Thouars 4377, Miraflores, Lima 18, PerúTel. (511) 440-0006, 421-7579 - fax (511) 440-6688
Publicado por Servindi. 7 Noviembre 2007

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jueves, 11 de octubre de 2007





La Declaración de Bariloche

II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas

Los más de dos mil doscientos participantes en este Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, celebrado en Bariloche entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del 2007 personificamos una amplia gama de variados intereses: gestores de áreas protegidas, representantes de gobiernos nacionales y locales y de organismos de integración regional, organizaciones civiles dedicadas a la conservación de la naturaleza y desarrollo social, organizaciones internacionales, representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, científicos y académicos, así como empresarios privados; igualmente, compartimos una preocupación y un compromiso común.

Apreciamos y agradecemos los esfuerzos realizados por la Administración de Parques Nacionales de Argentina, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Redparques, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas, así como de todas las organizaciones e individuos que contribuyeron a hacer realidad este Congreso facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias como también la discusión de nuestras preocupaciones y aspiraciones con respecto a nuestras áreas protegidas.

Reconocemos que las áreas protegidas de la región, como parte de nuestra herencia natural y cultural, son instrumentos indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y para elevar el bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que aportan soluciones a las principales problemáticas ambientales globales. Alcanzar dicho reconocimiento constituye una necesidad urgente y un gran reto para todos.

Reafirmamos que la región Latinoamericana tiene carácter de acreedora ambiental de los países desarrollados.

Reconocemos que después de una década de haber realizado el Primer Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 21 al 28 de mayo de 1997, se ha propiciado una serie de importantes eventos que marcan pautas en la agenda internacional sobre áreas protegidas:·


·La adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Milenio (Nueva York, Estados Unidos de América, Septiembre del 2000) que establece objetivos e indicadores prioritarios para el desarrollo;

·La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto a 4 de septiembre del 2002) donde se adoptaron las metas de reducir antes del 2012 el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, de establecer redes de áreas marinas protegidas antes del 2012 y de mantener o restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles antes del 2015;

·El I Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC, Geelong, Australia, octubre del 2005) que ha establecido recomendaciones para aumentar la cobertura y fortalecer la efectividad de las áreas marinas protegidas;

• El V Congreso Mundial de Parques de la UICN (Durban, Sudáfrica, Septiembre del 2003) que adoptó el Acuerdo de Durban y el Plan de Acción de Durban para las áreas protegidas;

• La adopción (Decisión VII/28) por la 7ª Conferencia de las Partes (Kuala Lumpur, Malasia, Febrero del 2004) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) del Programa de Trabajo de la CDB sobre Áreas Protegidas;

• El I Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Managua, Nicaragua, 2003) y el II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Ciudad de Panamá, Panamá, Abril del 2006) que han establecido pautas y recomendaciones para fortalecer las áreas protegidas de la región.

• El IV Congreso Mundial de Guardaparques, Australia, 2003;

• El V Congreso Mundial de Guardaparques, Escocia, 2005;
• El Congreso Iberoamericano de Guardaparques, Chile;

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, 2007;

• El Primer Congreso internacional de áreas marinas protegidas;

• Las ratificaciones de los países del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 OIT, Ginebra, l989.

Destacamos el surgimiento, avance y fortalecimiento de diversas formas de organización social que han ocurrido en la región en las últimas décadas y que derivaron en procesos de gestión ambiental compartida de las áreas protegidas entre los Estados y los actores sociales locales, contribuyendo a la conservación de los espacios naturales protegidos y la conservación de la diversidad biológica.

Reafirmamos nuestro apoyo y compromiso con el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas establecido por el CBD como compromiso fundamental para el logro de los sistemas de áreas protegidas, financieramente sostenibles y manejados de manera eficiente. Somos conscientes de que vivimos en un mundo en constante transformación, en el que cada día son más evidentes los impactos asociados al cambio climático, la creciente fragmentación de ecosistemas y la propagación de especies invasoras.

Enfrentamos grandes retos de conservación y desarrollo vinculados a la reducción de la pobreza, el crecimiento demográfico, la urbanización, el desarrollo económico e industrial en algunos casos descontrolado y la contaminación asociada con sus procesos de producción, el rápido desarrollo de megaproyectos y de agroindustrias no alimentarias, la demanda creciente de alimentos y otros recursos naturales, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el deterioro de los ambientes costeros, en especial los crecientes y serios problemas de demanda sobre calidad y abastecimiento de agua además de la problemática asociada a la disponibilidad de tierras y especulación.

Estamos orgullosos de nuestra gran riqueza natural y cultural ya que la región cuenta con varias de las áreas más importantes en megadiversidad del mundo y con importantes centros de endemismo y biodiversidad de relevancia global. También estamos orgullosos del cúmulo de conocimientos y experiencias que hemos alcanzado en la difícil pero necesaria labor de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre nuestro patrimonio natural y cultural.

Valoramos que actualmente Latinoamérica tiene alrededor de 4000 áreas protegidas, con una superficie mayor a 4 millones de km2, es decir más del 18 % del territorio terrestre de la región. Estas cifras representan el 4 % del número de áreas pero el 20 % en cuanto a la extensión de todas las áreas protegidas del mundo. Esto convierte a nuestra región en una de las más dinámicas y comprometidas con el establecimiento y manejo de áreas protegidas a nivel mundial.

Somos conscientes de que existen importantes vacíos, especialmente en la protección de los ambientes marinos y de los ecosistemas interiores de agua dulce y que existen sesgos importantes en la conservación de la biodiversidad terrestre en las diferentes regiones. Preocupa el atraso en la cobertura de áreas marinas protegidas que sólo representa alrededor de 0.5% de la superficie marina de la región.

Existe una baja tasa de creación de nuevas áreas marinas protegidas y vacíos importantes en la representación de los ecosistemas, especialmente en el Pacífico sudeste y en el Atlántico sur oeste. No existen esfuerzos para la creación de áreas protegidas oceánicas y de alta mar, siendo que esta zona sufre uno de los mayores niveles de explotación pesquera en el mundo. Vemos que será muy difícil cumplir con el compromiso internacional del 2012 si no se hacen intensos esfuerzos en el corto plazo.

Celebramos el avance e implementación en la región de políticas y planes regionales y subregionales[1] en torno a la conservación de la biodiversidad. Son instrumentos que indican la voluntad de los países para tratar los temas ambientales en conjunto, y esperamos que estos planes se conviertan en políticas de acción a nivel regional, nacional y local.

Reconocemos los logros alcanzados, aunque aun incompletos, en el desarrollo de sistemas nacionales de áreas protegidas, la evaluación de la efectividad de manejo de muchas de estas áreas, el creciente perfeccionamiento de los cuerpos de guardaparques y demás trabajadores de la conservación para mejorar el desempeño de sus funciones.

Reconocemos además las experiencias alcanzadas en la desconcentración y descentralización de las funciones del gobierno respecto al establecimiento y gestión de áreas protegidas, el desarrollo de iniciativas de conectividad ecológica y funcional y la contribución de esquemas de gobernanza como el comanejo de áreas protegidas, áreas administradas por gobiernos subnacionales y locales, pueblos indígenas y comunidades locales y propietarios privados.

Destacamos que el turismo vinculado a las áreas protegidas, es un instrumento que puede contribuir a su conservación, por cuanto:

· Constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las actividades de conservación;· Hace posible que las áreas protegidas cumplan un importante rol en el desarrollo de las economías regionales generando beneficios a las comunidades locales y pueblos originarios;
· Potencia el rol educativo de las áreas protegidas, al permitir la experiencia del contacto directo del turista con la naturaleza;

· Posibilita el acceso y conocimiento de las áreas protegidas a toda la sociedad, lo que contribuye a la formación de una conciencia ambiental y refuerza su compromiso con los valores y objetivos de la conservación. Sólo se defiende lo que verdaderamente se conoce y se siente como propio.

Reconocemos que la región es líder global en la gestión conjunta y corresponsable de áreas protegidas con pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos étnicos diversos, cuyos territorios, tierras y recursos han sido en muchos casos conservados a través del empleo de sus prácticas y conocimientos tradicionales. No obstante, todavía se advierte insuficiente participación de estos grupos y del ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales garantizados por la legislación nacional e internacional. Por ello, proponemos que esta riqueza en cuanto a experiencias y lecciones aprendidas sea apropiadamente utilizada en la definición de políticas y lineamientos técnicos globales y regionales sobre áreas protegidas, potenciando el conocimiento científico y tradicional, así como el respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades que han habitado ancestralmente en dichos sitios.

Reconocemos el valor de las áreas protegidas como espacios de excelencia para la educación e interpretación ambiental.Identificamos que en la última década las amenazas existentes a la integridad de las áreas protegidas se han intensificado, especialmente el avance de actividades agrícolas de gran escala (incluyendo la producción de agrocombustibles), la colonización ilegal de tierras, el tráfico ilegal de madera (tala) y otras especies invasoras de flora y fauna y la extensión de actividades mineras, petroleras y forestales no sostenibles así como de cultivos de uso ilícito en algunos países.

En muchos casos estas amenazas se ven agudizadas por el surgimiento de iniciativas de infraestructura vial y energética que carecen de consideraciones ambientales adecuadas, así como por el incremento de la demanda de recursos naturales para el comercio internacional, lo cual las hace más vulnerables al cambio global.

Vemos con preocupación que el impacto del cambio climático, en forma de cambios en el régimen de temperatura y precipitación, así como las consecuentes variaciones en los patrones de distribución de biomas y especies, constituye una nueva amenaza para las áreas protegidas de Latinoamérica.
Ante esta situación, es urgente desarrollar acciones que permitan identificar a diferentes escalas, la vulnerabilidad de las áreas protegidas al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos y diseñar sistemas de indicadores y monitoreo particulares. Asimismo, el diseño de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas deberá modificarse para permitir aumentar la resiliencia de los ecosistemas más frágiles y contribuir a reducir la vulnerabilidad de poblaciones que dependen directamente de los bienes y servicios ecosistémicos.

Identificamos que las áreas costeras y marinas están siendo sometidas a presiones cada vez mayores por usos como la pesca, el turismo y el desarrollo urbano. Hay áreas costeras y marinas de gran importancia ecológica que no reciben atención y gestión adecuada que las hacen más vulnerables.Igualmente, identificamos la necesidad de establecer áreas protegidas para la conservación de ecosistemas singulares y frágiles de alta montaña en la región, tales como glaciares, páramos, punas, jalcas y humedales, en el marco de estrategias integradas para la conservación de estos ecosistemas mediante su valoración y su gestión para prevenir su pérdida y degradación por amenazas globales.


Destacamos que la región Latinoamericana cuenta con bosques y ecosistemas asociados, en particular la Amazonia (cuenca y bioma), con una enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y especies, un volumen significativo de agua y carbono almacenado, multiplicidad de valores ecológicos, sociales y económicos y servicios ambientales particularmente importantes para mantener los equilibrios climáticos global y regional.

A pesar de esto la Amazonia es también frágil frente a los cambios climáticos y necesita estrategias integradas de conservación con las áreas protegidas como lineamientos prioritarios e integración entre los países en temas como análisis de región, interpretación de procesos ecológicos e interacciones mas allá de las fronteras, así como evaluación de efectividad de gestión, promoción de la sostenibilidad financiera y desarrollo de capacidades.

Vemos con gran preocupación que a pesar de que la investigación ha demostrado la significativa contribución de las áreas protegidas al mantenimiento de importantes servicios ecosistémicos, como la provisión de agua y la protección de costas y cuencas hidrográficas ante desastres naturales, así como el aporte que ofrecen y las oportunidades que abren para mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales, muchas áreas protegidas continúan adoleciendo de apoyo en cuanto a recursos humanos y financieros para su gestión efectiva y sufren los impactos derivados de proyectos de desarrollo económico y de infraestructuras inadecuadas. Es necesario que los gobiernos de la región integren los requerimientos de estas áreas en las diferentes políticas y estrategias nacionales de planificación del uso de las tierras aguas y mares en el marco del ordenamiento territorial.
Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas en sus territorios contribuyen a la conservación de la diversidad biológica, y por tanto la calidad ambiental y el desarrollo sostenible en Latinoamérica.

Celebramos la reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la que constituye un hito para avanzar en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas protegidas-Felicitamos a los organizadores de este congreso por la iniciativa voluntaria para la mitigación de la huella ecológica de la realización de este evento, e invitamos a otros congresos en el futuro de considerar su impacto ambiental y de aplicar un mecanismo similar.

Reconocemos que muchas áreas protegidas de la región constituyen espacio de vida de pueblos en aislamiento voluntario y el manejo de estas áreas debe considerar específicamente los derechos humanos de estas comunidades.

Considerando lo anterior, nosotros participantes del Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas declaramos que:
Es fundamental reafirmar el papel indelegable de los Estados en la conducción de las políticas de Áreas Protegidas, en el marco de una amplia participación de las comunidades locales y en general del conjunto de la sociedad para una gestión incluyente de las áreas protegidas.

La sociedad latinoamericana y mundial debe valorar integralmente las áreas protegidas y todos sus atributos tangibles e intangibles. En tal sentido, deberá promoverse la inclusión de este concepto en la creación y manejo de las áreas protegidas. Es de suma importancia articular y fortalecer los componentes de los sistemas de áreas protegidas nacionales consolidando la adecuada integración con otras estrategias de conservación públicas y privadas en el marco del ordenamiento territorial.

Es prioritario que las diferentes instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible se nutran de las experiencias y lecciones aprendidas en la región para que sean utilizadas de mejor manera en la definición de políticas y en la ejecución de las diferentes convenciones, acuerdos y programas regionales e internacionales que operan en Latinoamérica.
Es importante reafirmar la visión Latinoamericana de las áreas protegidas acordada en el Congreso de Santa Marta, que considera estos territorios como “espacios estratégicos para los países, porque son indispensables para su crecimiento, su desarrollo y para la búsqueda de condiciones de vida adecuadas dentro de su territorio, además de constituir una de las principales opciones en la protección del patrimonio natural”.

Es prioritario y de importancia estratégica aprovechar las oportunidades vinculadas a los acuerdos internacionales y regionales para que los requerimientos de la planificación y gestión de áreas protegidas sean considerados en las políticas y estrategias nacionales y sectoriales.
La exploración y explotación minera y de hidrocarburos en áreas protegidas, así
como la reducción de la superficie de áreas protegidas declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad.
Es de la mayor importancia que los donantes y las agencias de cooperación y desarrollo internacional reafirmen mediante acuerdos vinculantes su compromiso y prioridad en apoyar las iniciativas nacionales y regionales vinculadas al desarrollo y gestión efectiva de sistemas nacionales de áreas protegidas; actuando como aliados y socios en este proceso facilitando el desarrollo de sinergias entre las diferentes agencias y actores nacionales y locales, involucrando a un aliado fundamental como es el sector privado.

Es necesario avanzar en completar los sistemas nacionales de AsPs incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de corredores biológicos (conservación y manejo) y otras iniciativas de conectividad, para que sean ecológicamente representativos, funcionales y eficaces en particular frente al los retos que surgen por efectos del cambio en el clima y en los ecosistemas.

· Se debe ampliar el abanico de opciones para la conservación de áreas de alto valor ecológico y cultural, para lo cual es necesario usar las diferentes opciones existentes las diferentes categorías de áreas protegidas, bajo diferentes esquemas de administración y gobernanza.

· Se debe fomentar el debate público y abierto sobre el carácter social de los servicios ambientales que son prestados por las áreas protegidas.

·Es esencial fortalecer y ampliar los procesos de planificación participativa de las áreas protegidas y aplicar los principios de buena gobernanza (transparencia, equidad, rendición de cuentas y mecanismos del manejo de conflictos) como un mecanismo que involucra activamente a los actores, generando espacio de diálogo donde se analizan las preocupaciones y expectativas y se establecen compromisos y responsabilidades para la acción conjunta y coordinada de las instituciones, las comunidades locales y pueblos indígenas, los científicos y académicos así como el sector privado en apoyo al manejo efectivo y participativo de las áreas protegidas.

Instamos a los Estados a que en un marco de cooperación y con arreglo a las particularidades nacionales y regionales, se pongan a disposición los medios que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación de todos los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo los territorios indígenas declarados en áreas protegidas.

Las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de pueblos indígenas deberán gestionarse respetando los derechos estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección de estos sitios, incluyendo esquemas de manejo, considerando el artículo 28.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

· En el caso de los pueblos indígenas vecinos a las áreas protegidas consideramos que tienen el derecho a la participación en la gestión de las mismas en condiciones de igualdad con los otros actores involucrados en éstas áreas.
· Es necesario armonizar, ampliar, fortalecer y actualizar los mecanismos y los marcos jurídicos e institucionales para promover un contexto propicio para el involucramiento y la participación de actores claves, especialmente comunidades locales y pueblos indígenas, en la toma de decisión y la gestión a todos los niveles y en la distribución equitativa de los costos y beneficios asociados al establecimiento y manejo de las áreas protegidas.

· Es esencial continuar desarrollando, sobre bases y normas bien definidas, justas y claramente establecidas y aceptadas, nuevas e interesantes alianzas con el sector privado, incluyendo el empresarial, para lograr compromisos innovadores y apoyo en favor de las áreas protegidas y que a la vez fomenten el bienestar de la sociedad latinoamericana.

· Reconocemos el rol de las áreas protegidas en la reducción del riesgo ambiental. Bajo esta premisa es necesario ampliar la visión de la conservación a nivel de paisaje y cuencas hidrográficas una manera más efectiva a la mitigación y adaptación del cambio climático, ampliando el marco territorial de referencia de la gestión ambiental en nuestros países.

· Reforzamos el conocimiento de que las áreas protegidas tienen un papel fundamental en la protección de regulación hídrica y además que el acceso a agua potable es un derecho fundamental de las sociedades humanas. Los estados y las sociedades tienen que buscar los medios para cubrir los costos de su manutención.

Teniendo en cuenta que esta declaración no tendría impacto alguno sin un decidido apoyo y una voluntad para promover y ejecutar acciones nos comprometemos a:

1. Demostrar y comunicar, con argumentos ambientales, sociales, culturales y económicos derivados de los resultados de la investigación y el conocimiento tradicional, el papel insustituible de las áreas protegidas en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la aplicación de importantes Acuerdos Ambientales Multilaterales (Convención de Diversidad Biológica, Convención de Patrimonio Mundial, Convención sobre Especies Migratorias, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Tratado Antártico) e instamos a los Estados al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en estos marcos.

2. Instar a los gobiernos de Latinoamérica y a los organismos de integración regional, que reconozcan el papel fundamental de las áreas protegidas en las estrategias de adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación y la promoción de estrategias regionales de monitoreo, mitigación y adaptación a estos fenómenos.

3. Revitalizar la atención de la región sobre el Tratado Antártico, sugiriendo su carácter permanente como área protegida internacional donde muchos países de la región mantienen una responsabilidad de presencia permanente, cumpliendo con el acuerdo que legitima su participación, especialmente frente a la amenaza del cambio climático y los intereses económicos emergentes.

4. Exhortar a los gobiernos, a la cooperación internacional, y a la sociedad civil, para que en el período de 2008-2018, acuerden metas presupuestarias anuales concretas e implementen las reformas legales y administrativas necesarias, que cierren las brechas financieras identificadas en los planes de sostenibilidad financiera de los sistemas de parques nacionales desarrollados dentro del programa de trabajo de la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB .

5. Impulsar la consolidación de la sustentabilidad financiera de las áreas protegidas proponiendo mecanismos atractivos y tangibles complementarios a los financiamientos fiscales otorgados por los gobiernos en cumplimiento de su función indelegable.

6. Velar porque los compromisos y acuerdos comerciales y de desarrollo económico, y las iniciativas de Infraestructura, no afecten negativamente las áreas protegidas y menoscaben las posibilidades de alcanzar los objetivos de conservación y apoyo al desarrollo por los cuales fueron creadas asegurando el cumplimiento de las convenciones internacionales que tienen carácter vinculante para nuestros países.

7. Apoyar y promover la aplicación de los estudios y evaluaciones encaminados a alcanzar una mejor representatividad en el sistema Latinoamericano de áreas protegidas con especial atención a fortalecer la conservación del medio marino y los ecosistemas interiores de agua dulce.

8. Instar a que los gobiernos declaren el período 2008 – 2018 como la Década de las Áreas Marinas Protegidas, priorizando en Latinoamérica la creación de redes nacionales y regionales de áreas marinas protegidas y la gestión integrada de los océanos para cumplir con los compromisos de alcanzar las metas del 2012 y 2015. Es prioritario incrementar durante este decenio el número y la superficie de las áreas marinas protegidas en la región, tanto en las Zonas Costeras como en Alta Mar, que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y procesos marinos, a su manejo integrado y al mantenimiento de las pesquerías sostenibles.


9. Desarrollar y promover formas de colaboración binacional, subregional o regional para el desarrollo, la planificación y el manejo colaborativo de áreas protegidas colindantes en zonas de frontera y de sistemas binacionales o subregionales de áreas protegidas.

10. Impulsar y facilitar el desarrollo de nuevas alianzas y de estrategias innovadoras de generación de ingresos para alcanzar el financiamiento sostenible de las áreas protegidas; incluyendo un mayor uso de oportunidades y mecanismos de compensación por bienes y servicios ecosistémicos.
11. Promover y aplicar evaluaciones de efectividad de manejo de las áreas protegidas como mecanismo para reducir las amenazas que éstas enfrentan y como herramienta para mejorar la gestión tanto de áreas protegidas individuales como de sistemas y subsistemas nacionales de áreas protegidas, especialmente en el marco del Programa de Trabajo del CDB sobre Áreas Protegidas establecido por la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB como herramienta fundamental para lograr sistemas de áreas protegidas viables.

12- Promover una mayor difusión del Enfoque Ecosistémico y del rol de Areas Protegidas en las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático y la articulación de las AP con los paisajes circundantes. Identificar a diferentes escalas la vulnerabilidad de las AP al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos como los páramos y otros ecosistemas como los humedales y los ecotonos marinos de interfase. Es urgente desarrollar investigaciones aplicadas a AP vulnerables para contribuir hacia una mayor resiliencia de ecosistemas claves que podrían verse afectados por el cambio climático.

13. Facilitar y fortalecer la participación informada de las comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones civiles, asociaciones de mujeres, científicos, académicos, usuarios, así como el sector privado en la planificación participativa de las áreas protegidas, aplicando los principios de buena gobernanza como son la transparencia, equidad, rendición de cuentas y acceso a mecanismos para el manejo de conflictos y el desarrollo de mecanismos e iniciativas que permitan el manejo eficaz de estas áreas y la distribución equitativa de los costos y los beneficios asociados al establecimiento y manejo sostenible de las áreas protegidas.

14. Fortalecer la capacidad institucional de los gestores y entes que inciden en el manejo de las ANP, incluyendo las agencias gubernamentales a todo nivel, ONGs, comunidades locales, asociaciones, propietarios privados, empresas y otras entidades, y mejorar el conocimiento, habilidades y competencia de los profesionales, guardaparques y otro personal que trabaja en y con las ANP así como su estabilidad y condiciones laborales, prestando especial atención a fortalecer iniciativas de capacitación y profesionalización de personal involucrada en a todo nivel a la implementación efectiva del programa de trabajo sobre ANPs de la CBD, y a la formación de las generaciones más jóvenes a las que corresponde ejecutar las acciones futuras a favor de la conservación de estas áreas.

15. Contribuir a crear sociedades concientes y comprometidas con un ambiente político propicio para el manejo efectivo de las áreas protegidas y para resolver los problemas y amenazas que enfrentan, mediante el fortalecimiento de instituciones, programas e iniciativas de comunicación, concientización, interpretación, y educación formal e informal. Como también mediante el uso de medios y mensajes apropiados para audiencias meta específicas, que contribuyan al mayor entendimiento por parte de comunidades locales, visitantes a las áreas protegidas, tomadores de decisión y la sociedad, sobre la importancia de las áreas protegidas y su contribución al desarrollo sostenible y al futuro de la vida en el planeta.

16. Solicitar a los países a que, donde sea apropiado y con el libre consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas, exploren opciones para articular, dentro de sus Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, a las porciones de territorios indígenas destinadas a la conservación.

17. Solicitar a la UICN que considere la integración del concepto de Territorios Indígenas de Conservación como un modelo legítimo de gobernanza de áreas protegidas establecidas en territorios ancestrales de pueblos indígenas, independientemente de la categoría de manejo, reconociendo en dicho modelo la integración de cultura y naturaleza, el papel del derecho consuetudinario, la institucionalidad tradicional y el ejercicio de la autoridad indígena en tales territorios.

18. Promover la integración de políticas sobre áreas protegidas en las estrategias de reducción de la pobreza y en los instrumentos de planificación y ejecución de modelos de desarrollo basados en la sostenibilidad y la equidad social.

19. Promover el reconocimiento del rol primordial de los guardaparques y demás trabajadores de la conservación en la protección de las áreas protegidas, de sus recursos naturales y culturales. Incentivar y promover, desde el sector público y privado, la consolidación de la Red Latinoamericana de Guardaparques a través de una plataforma virtual de intercambio experiencias, aprendizaje y de generación de capacidades.

20. Facilitar y promover el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas sobre la planificación y manejo de áreas protegidas tanto a nivel regional como internacional, mediante el trabajo en redes y la utilización de sistemas de información y comunicación que permitan el uso y acceso a una amplia gama de usuarios.

21. Fortalecer el papel de la Red Latinoamericana de Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre como un espacio indispensable de cooperación técnica horizontal y una plataforma de concertación y definición de lineamientos de política y capacidades regionales. Se insta en la reunión de México (Marzo 2008), cuando la Red cumplirá 25 años de existencia, a iniciar los ajustes a su misión y sus estatutos a fin de adaptarla a las nuevas condiciones y oportunidades del contexto actual de los países, fortaleciendo el papel estratégico para las autoridades nacionales y otras áreas protegidas de la región.

22. Divulgar y promover ampliamente los resultados de este congreso y la aplicación de sus conclusiones y recomendaciones en el desarrollo de políticas y prácticas encaminadas a fortalecer las áreas protegidas de nuestra región; a través de una estrategia plan de trabajo producto de este congreso que dé atención prioritaria a obtener apoyo político para la ejecución de estas recomendaciones en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, noviembre 2007), las reuniones inter-sesionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Novena Conferencia de las Partes (Alemania, mayo 2008).

23. Solicitar la inclusión en el nuevo Programa de UICN (2009-2012), a ser discutido y aprobado en el Congreso Mundial de Conservación de la UICN (Barcelona, 5-14 Octubre 2008), las principales actividades de seguimiento que sean necesarias para la promoción y ejecución de las recomendaciones del Congreso por parte de la UICN y de sus miembros y asociados.

24. Instar a los organismos multilaterales y las agencias de cooperación a hacer suyas las conclusiones y recomendaciones del presente Congreso.

Fuente:

Noticias de Bariloche, diario digital interactivo.








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jueves, 20 de septiembre de 2007

Napoleón en la floresta

Hacia un nuevo sentido de pensar. Katenere y los sonidos del manguaré
Tierra Nueva (Iquitos)


Decía el famoso filósofo alemán Martin Heidegger, el autor de Ser y tiempo (1927), que la obra del gran Heráclito de Efeso (siglo V a. de C.) había sido hecha para pensar. Los grandes filósofos no enseñan una doctrina, hacen pensar. Felizmente para sus lectores, el libro de Miguel Donayre tiene esa vocación. No está escrito para que el lector aprenda una lección o memorice un dictado. Está hecho para obligarnos a repensar temas trajinados y aparentemente zanjados por la historiografía y los estudios amazónicos.

Para lograr su propósito, Donayre ofrece cuatro ensayos sobre la problemática histórica y contemporánea de la Amazonia. El primer trabajo está dedicado a analizar las fotografías que el magistrado Carlos Valcárcel incluyó en su libro El proceso del Putumayo y sus secretos inauditos (Lima, 1915) para graficar las atrocidades cometidas por el barón del caucho, Julio C. Arana, y la Peruvian Amazon Company contra los pueblos indígenas Huitoto, Ocaina y Bora. Valcárcel nutre su alegato jurídico, histórico y moral con una propuesta visual "seductora" y convincente. Las imágenes que presenta identifican responsables --desde los barones hasta sus "muchachos" o verdugos-- y evidencias --huesos calcinados, cadenas y el cuerpo flagelado de un indígena.
Donayre recurre a la antropología visual para analizar la función persuasiva de esta secuencia fotográfica en el texto de Valcárcel. Así, éste adquiere un nuevo significado que permite plantear más preguntas sobre el boom del caucho, la reacción de las sociedades indígenas, los intereses cruzados de las elites locales y el papel del derecho y el estado central en una situación límite.

El segundo capítulo, Napoleón en la floresta. Anotaciones y reflexiones del cuaderno de campo. Hacia un nuevo sentido de pensar, es un agudo ensayo sobre el derecho oficial frente a la realidad amazónica. Aplicando la cartografía simbólica del derecho propuesta por Boaventura de Sousa Santos a sus observaciones de campo, Miguel retrata las tensiones entre el derecho de familia desarrollado por la tradición romano-germánica y la regulación de las relaciones de parentesco entre los Huitoto. Además, grafica cómo las sociedades amazónicas usan la figura de las federaciones indígenas (asociaciones sin fines de lucro) para ventilar su propia dinámica política y social. No es que Napoleón o los dictados del "palacio legislativo" nacional sean irrelevantes en ambos casos. Tampoco que las sociedades amazónicas sean autárquicas. Lo que se produce es una situación de interlegalidad en donde lo usual es el armisticio y la negociación, ciertamente tensa, desigual y conflictiva, entre el derecho moderno y las formas locales de regulación.

En el tercer ensayo, Memoria e historia en la floresta. Ñañe, Katenere y los sonidos del Manguaré, Miguel explora las formas de resistencia simbólica y material impresas en la memoria colectiva y en la tradición literaria amazónica. Combinando la crítica literaria con una lectura antropológica de los mitos y de los testimonios documentales que revelan episodios de la resistencia indígena a la barbarie cauchera, el resultado es un texto que rescata la vitalidad del corpus narrativo amazónico.

Finalmente, el cuarto capítulo es una crítica a los agentes nacionales e internacionales del desarrollo regional amazónico. Para hacerla se concentra en el examen del caso de la reserva Pacaya-Samiria. El diálogo de sordos, las visiones inconmensurables y los desencuentros entre el estado, las ONGs nacionales e internacionales y las dirigencias indígenas y colonas son ilustrados de una manera contundente. Si alguna medida urgente deben tomar la cooperación internacional, las ONGs y el estado es la de capacitarse a cabalidad antes de intentar experimentos que en la mayoría de los casos acaban empeorando la situación ambiental y perjudicando a las poblaciones locales. ¿Qué se puede hacer, cuáles son los márgenes de acción indiviudal en un contexto tan desalentador? Unos pueden afirmar un optimismo ilimitado pero irreflexivo, otros un cinismo cómplice y, personas como Miguel, una firme esperanza de que a través de la reflexión y el trabajo autocrítico sí es posible plantear estrategias de desarrollo que beneficien integralmente a la Amazonia.

Los ensayos de Donayre están raigalmente enlazados con sus preocupaciones y experiencias de campo. No son meros ejercicios academicistas. Reflejan, más bien, la travesía personal e intelectual del autor. Al leerlos se nota que Miguel es un peregrino no solo geográfico sino también académico, siempre en búsqueda de nuevas perspectivas que lo ayuden en la tarea del pensar. En su formación se entrecruzan diferentes disciplinas, desde el Derecho hasta la Antropología, pasando por la Literatura y la Historia.

¿Cuándo se inicia este peregrinar interdisciplinario? Sus biógrafos lo precisarán, pero creo que un buen hito para rastrearlo lo ofrece el propio autor:
  Cierta tarde sentado en mi despacho en la ciudad de Iquitos ingresó una señora para hacer una consulta. Me sonrió con cierto nerviosismo y me dijo que quería demandar a su vecina y reclamar una indemnización porque le había causado daño. Entusiasmado por el caso porque me gustaba y me gusta el tema de la responsabilidad civil extra-contractual, le pregunté detalles sobre el daño. Inmediatamente en mi fuero interno iba armando argumentos legales con la relación al daño y persona que causó el daño --la relación de causalidad, los criterios de asignación de responsabilidad, sean éstos objetivos o subjetivos, el monto del daño y las pruebas. Y mientras la mujer iba narrando los hechos mi horror al vacío iba siendo cada vez más grande. La señora me explicaba que su familia de un momento a otro cayó en desgracia económica y de mala suerte en los negocios y al ir a consultar con un brujo le dijo que fulano de tal le había hecho daño y por eso quería demandarlo por daños y perjuicios. Esta persona había causado un grave daño familiar porque les había salado.

La consulta desarmó todo ese argumento legal posible que iba desarrollando. Me sacó de todos los marcos legales y doctrinarios en los cuales un abogado formado dentro de la tradición romano germana latinoamericana había transitado en los años universitarios. Seguramente que la mujer notó mi rostro de sorpresa y horror. Me dejó un momento sin palabra e inmediatamente le dije que nuestro sistema legal no había previsto este tipo de daños. Me dijo que el brujo estaba dispuesto a atestiguar quién fue el causante del daño. De mi parte insistía en la falta de regulación sobre este tema. La señora se levantó indignada, me dijo que era un abogado incompetente y me gritó en voz alta que iba a buscarse a otro abogado. Me quedé sobrecogido con la consulta y rogaba que algún abogado pudiera llevarle el caso, estaría atento. Pero creo que la señora no pudo acceder con su reclamo al sistema judicial peruano. Me causó cierto malestar la consulta y me dije a mí mismo que andaba mal nuestra educación legal, que habíamos sido educados para contextos más propiamente urbanos y dije que Napoleón había naufragado en este intento de codificar una realidad tan diferente como la floresta (pp. 89-90). (Recuérdese la vanagloria napoleónica: "Mi verdadera gloria no consiste en haber vencido cuarenta batallas. Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que nadie borrará, aquello que vivirá eternamente es mi código civil ...")

Como se puede apreciar, ese joven abogado carecía de los instrumentos para satisfacer la expectativa de su cliente pero sí tenía la lucidez, sensibilidad e intuición que necesitan los viajeros para llegar a su destino. Frente a ese “horror al vacío” que nos confiesa Miguel cabían muchas reacciones. La primera era encerrarse en el positivismo legal etnocéntrico y, como hacen los procesalistas, afirmar que “lo que no esta en el expediente no está en el mundo”. La segunda era transformar el incidente en una anécdota que refleje la “ignorancia de la gente” frente a los edificios doctrinarios del Derecho. La tercera reacción posible era usarlo para cuestionar al Derecho oficial, la educación legal tradicional y la forma de comprender a las sociedades amazónicas. Felizmente Miguel tomó este último camino.

Bien se puede afirmar que Donayre es un “revisionista” en el sentido más crítico de la palabra. El se propone replantear, cuestionar y repensar las propias preguntas de investigación que guían a los trabajos más conocidos sobre la Historia de la Amazonía o del Derecho en el Perú. El producto de esta posición radical es este trabajo que critica las versiones acartonadas y adocenadas sobre la Amazonía y plantea una serie de nuevas imágenes sobre, por ejemplo, las relaciones entre los caucheros y las sociedades indígenas, las limitaciones del Código Civil vigente para regular las relaciones de parentesco en las sociedades amazónicas, y las relaciones entre los pueblos indígenas, los agentes del desarrollo y el estado peruano.

Miguel se ha propuesto, y lo está logrando, contribuir a forjar una nueva historiografía que pondere adecuadamente la vitalidad y resistencia de los líderes y sociedades amazónicas que se enfrentaron al “boom del caucho”. En lugar de presentar agentes pasivos que se sometieron sumisamente a su trágico destino, Donayre explora las formas de resistencia activa y pasiva, material y simbólica, que los pueblos indígenas plantearon ante el abuso, la explotación y la complicidad de otros agentes históricos.

Donayre también se ha propuesto estudiar el papel del Derecho en contextos multiculturales. Para hacerlo está erosionando los fundamentos del ejercicio positivista del Derecho y está postulando la necesidad de una práctica legal intercultural, realista y equitativa. Esta es una larga tarea que sólo se logrará cuando la crítica que se hace desde la Antropología del Derecho se incorpore plenamente a la educación legal y al ejercicio de la profesión en contextos evidentemente multiculturales.

Finalmente, sólo quería mencionar un par de atingencias sustantivas y otra formal al trabajo que presentamos. La primera, como él mismo reconoce, es la falta de un trabajo de campo más amplio para sustentar algunas de sus pretensiones teóricas y observaciones sobre el papel del Código Civil en la regulación de las relaciones de parentesco de los Huitoto. Me parece que sería estupendo diseñar una investigación dirigida a analizar cómo presiona e influye la legalidad estatal en el sistema de parentesco indígena. Eso nos daría una imagen más dinámica sobre la interlegalidad y sobre las respuestas locales a los dictados de Napoleón en materia de parentesco.

La segunda observación se refiere a la tensión en el lenguaje empleado por Donayre a lo largo de su libro. Me permito señalar la existencia de una tensión entre la connotación poética y la denotación académica. El problema es que la comprensión de la realidad social que se practica desde las ciencias sociales y el Derecho exige una prosa parsimoniosa y denotativa. En eso estamos en desventaja frente a la representación literaria o mítica de la realidad. Combinar ambos lenguajes es sumamente difícil. Por eso creo que en sus futuros trabajos Miguel podría administrar mejor esa tensión entre el lenguaje literario y el académico. La atingencia formal se refiere al cuidado de la edición. Sería ideal que la siguiente sea más esmerada.

Por cierto que ninguna de estas observaciones desmerece su valioso esfuerzo de comprensión de la realidad amazónica. Como todo buen viajero ya está listo y anunciado el siguiente viaje. Se trata de 2 tomos más sobre Napoleón en la Floresta. Los esperamos con expectativa porque se trata de un autor original y vigoroso.

Para concluir recordemos que Heráclito renunció a los privilegios de su linaje, incluido el de gobernar Efeso, para dedicarse a pensar y comprender el logos del universo. Cual recurrente comprobación de su imagen sobre el constante fluir de la realidad ("nadie se baña en el mismo río"), los dilemas del intelectual que profesa su fe se mantienen. Como señala el autor, "reflexionar desde la Amazonia supone varios esfuerzos. Mantenerse en la gimnasia intelectual es uno de ellos, vencer los muros del centralismo mental de los peruanos es otro". A pesar de ello tenemos intelectuales como Donayre que han decidido "vivir del sano vicio de escribir a toda costa a pesar del maltrato y los malos pagos ... lejos de las oligarquías intelectuales que asedian nuestros bosques, de las modas y amiguismos que son parte de la tradición académica de nuestro país". Por hacerlo y por compartir sus hallazgos con nosotros le estamos muy agradecidos.

Armando Guevara Gil
Iquitos, 20 de setiembre de 2002
Facultad de Derecho & Instituto Riva-Agüero
Pontificia Universidad Católica del Perú

miércoles, 19 de septiembre de 2007

LOS IMPACTOS DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN LA ECOLOGÍA

AMAZÓNICA Y EN LA VIDA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS



Por Róger Rumrrill


En la primera semana de febrero del 2007 los medios informaron que la mayor empresa petrolera del mundo, la estadounidense EXXON MOBIL, había cerrado sus operaciones en el año 2006 con las más altas utilidades registradas en Wall Street, 39,500 millones de dólares, 9.6 por ciento más que en el año 2005. Una inmensa maquinaria de hacer dinero a la velocidad de 76 mil dólares por minuto. EXXON MOBIL se ha convertido en una especie de rey Midas de las ganancias, pese a que en el segundo semestre del 2006 se produjo una fuerte contracción y caída de los precios del petróleo y el gas.
Los otros gigantes petroleros no se quedan a la zaga. La anglo holandesa SHELL, la mayor petrolera europea, registró utilidades en el año 2006 por encima de los 25,440 millones de dólares. En total, el conjunto de empresas incluidas en el índice Dow Jones han obtenido utilidades netas en el año 2006 del orden de los 252,594 millones de dólares (193,925 millones de euros).
El período de las vacas gordas que viven todas las empresas petroleras y mineras en general en todo el planeta, alcanza lógicamente a la minería peruana. La rentabilidad de éstas saltó por encima del 22 por ciento anual. Sólo en el primer trimestre del año 2006 las utilidades de las mineras en el Perú habían crecido entre 50 al 60 por ciento, gracias a los altos precios de los metales e hidrocarburos a nivel internacional, que han estado subiendo en ascensor, mientras los costos de producción se trepan en escalera. Ante estas perspectivas, el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (ANMPE) Carlos del Solar (La República 13/07/2006) anunció inversiones para el próximo quinquenio por un monto de 9 mil millones de dólares, eso sí, advirtió, siempre y cuando nadie les cambie las reglas de juego a las empresas, es decir, que el gobierno no les imponga nuevos impuestos, regalías y cambios en la política tributaria. A este respecto, en el Perú existen un grupo de empresas que suscribieron contratos llamados de “estabilidad tributaria” durante la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000) verdaderos candados a cualquier pretensión o intento modificación tributaria. Estos convenios fijan por un tiempo determinado (10 años como promedio) la tasa de Impuesto a la Renta (IR) que deben pagar las empresas.
La mayoría de estos contratos vencen entre el 2006 y el 2018. Las empresas beneficiadas son Yanacocha, Santa Luisa, Los Quenuales, Doe Run, BHP Billiton, Cerro Verde, Sipán, Barrick Misquichilca, Antamina, Milpo, Minsur, Toromocho, Yauricocha, Refinería Cajamarquilla, Ubinas, Ares, Paragsha y Minera Tahr Túnel. Hay que imaginar las cuantiosas ganancias de estas empresas con los altos precios de los minerales y la gratificación de las exoneraciones tributarias y las laxitudes y liberalidades impositivas.
Yanacocha, que opera desde 1993, es una de estas empresas privilegiadas. Es la número uno entre las empresas en América Latina en la explotación de oro y la número dos a nivel internacional. Newmont, socia principal de Yanacocha, es la más poderosa aurífera del mundo. Sólo Yanacocha produce el 66.4 por ciento de las utilidades de Newmont.
Sin embargo, tal como ha señalado Iván Salas Rodríguez, vicepresidente del Frente Único de Defensa de la Vida, el Medio Ambiente y los Intereses de Cajamarca, Yanacocha, igual que la mayor parte de las mineras, obtienen rentabilidades hasta del 98 por ciento y sólo dejan 2 por ciento de esos multimillonarios beneficios en las regiones donde operan.
Paradójicamente, tal como ocurre con Yanacocha y la ciudad de Cajamarca, allí donde prosperan las empresas a costa del saqueo de la riqueza natural, ya sea en los Andes, la región costera y la Amazonía, reina la pobreza y su secuela de enfermedades en la población sobre todo campesina y rural como corolario de los devastadores estragos ecológicos y medioambientales en las aguas, los suelos, los bosques y toda la actividad productiva campesina como la agricultura y la ganadería.
La Oroya es una ciudad minera en los Andes peruanos, sometida a los fríos glaciales de la cordillera pero sobre todo con una población ahogada por la pobreza y la contaminación ambiental que produce la extracción minera a cargo de la multinacional estadounidense DOE RUN. No hace mucho, la Universidad San Luis Missouri de Estados Unidos ha detectado la presencia de plomo, cadmio, antimonio y arsénico con potencial cancerígeno en la sangre de 360 personas en un nivel que supera cuatro veces los niveles máximos permisibles recomendados por la Organización Mundial de Salud (OMS). El estudio efectuado por la Universidad estadounidense trató de ser ocultada. Un informe reciente de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) del Ministerio de Salud del Perú señala que cada año el país produce más de 100 mil toneladas métricas de residuos industriales que no son objeto de ningún tratamiento y, por lo tanto, esa montaña de basura es una verdadera bomba de contaminación.
El drama de la pobreza del hombre y la destrucción de la naturaleza en el Perú está en relación directa con la industria minera e hidrocarburífera.


EL CALENTAMIENTO CLIMÁTICO

Las inmensas ganancias que obtienen las multinacionales petroleras y mineras está llevando a la opinión pública mejor informada y con una mayor toma de conciencia a preguntarse con alarma, preocupación y rechazo sobre los incalculables costos ambientales de son necesarios para obtener estas ganancias. Costos que están directamente relacionados con la contaminación de ríos y mares, con la extinción de especies biológicas que desaparecen diariamente de la faz de la Tierra, con la deforestación masiva de los bosques tropicales a lo largo y ancho del planeta y con el calentamiento atmosférico, el clímax de este acelerado proceso de inestabilidad ecológica global.
A fines del mes de enero de este año, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre la Evolución del Clima (GIEC), un equipo de 2500 expertos que trabajan para las Naciones Unidas en el tema, presentó su cuarto informe en la Conferencia de París sobre Cambio Climático. El documento final, en síntesis, señala que la temperatura media de la Tierra se elevará entre 2 a 4.5 grados hasta el 2100. Como consecuencia de este incremento de la temperatura global, el nivel de los mares y océanos se elevará entre 19 y 58 centímetros en ese mismo lapso.
Pocos días después, del 2 al 3 de febrero del 2007, en la misma capital francesa se reunieron bajo la iniciativa y el liderazgo del presidente francés Jacques Chirac, 46 representantes de países de la Unión Europea, América Latina y África que por primera vez llegan a reconocer sin tapujos ni medias tintas “ que hemos llegado al umbral de lo irreversible y de lo irreparable” en cuanto a la destrucción del medio ambiente terrestre y el calentamiento climático y ante esta situación de verdadera emergencia plantean, en un documento denominado el “Llamamiento de París”, la suscripción de una “Declaración Universal de los Derechos Humanos Ambientales” en el marco de la creación de una Organización de las Naciones del Medio Ambiente. Nunca, hasta donde conocemos, las naciones industriales habían formulado una declaración de este tono y de mea culpa con relación al desastre ambiental que el modelo económico basado en una orgía consumista está provocando en el planeta.
Por supuesto, fiel a su posición imperial y a la defensa a ultranza de las multinacionales petroleras y otras que saquean los recursos naturales terrestres, Estados Unidos se negó a firmar el documento, seguido de China y la India, las dos naciones emergentes que bajo la égida estadounidense se niegan ciega, irresponsable y tozudamente a adquirir compromisos de salvaguarda ambiental.
Casi simultáneamente a estos eventos que han puesto la crisis ecológica mundial en la agenda internacional, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, convertido en un adalid contra el calentamiento climático presentó su película y libro en Europa, ambos titulados “La Verdad Incómoda”, donde llega a decir que los volúmenes y tasas de gases de efecto invernadero superan actualmente los alcanzados en 650,000 años y sus impactos previsibles en el presente y el futuro serán sequías, oleadas de calor y tormentas y huracanes cada vez más violentos y destructores. El libro y la película advierten, asimismo, que los deshielos del Himalaya dejarán sin abastecimiento de agua al 40 por ciento de la población mundial, considerando que los glaciares himalayenses proveen del líquido vital a China y la India, los países más poblados del mundo y otras naciones del Asia. Y para quienes, como el presidente Bush y su poderoso entorno de la Casa Blanca formado por los capitanes, generales y mariscales de las multinacionales como la EXXON MOBIL, Al Gore dejó un mensaje:” Los escépticos desaparecen más rápido que los glaciares” y para los creyentes una fórmula:”Sólo falta la voluntad política. Y ese sí es un recurso renovable”, terminó diciendo el hoy profeta del calentamiento climático que, sin embargo, ni en su libro ni en su película, se atreve a decir la verdad más incómoda para el sistema: que la causa de fondo es el modelo económico y la lógica de las ganancias basadas en la destrucción de la vida en el planeta.
Esta vez no sólo los eventos naturales como los desastres ambientales, los inesperados cambios climáticos y las evidencias científicas permiten seguir negando y cuestionando los orígenes y las causas del calentamiento global. Serge Halimi, en la edición de enero del 2007 del mensuario francés “Le Monde Diplomatique” revela que entre los años 2000 y 2003, la EXXON MOBIL gastó 8 millones de dólares en una cuarentena de “Think Tanks”, científicos mercenarios encargados de refutar la tesis del calentamiento climático.
La misma multinacional petrolera fundadora y financiadora de la “America Enterprise Institute” (AEI), un lobby estadounidense de derecha y vinculada al presidente George W. Bush, ha sido denunciada por el diario inglés “The Guardian” (2/2/2007) de enviar cartas a economistas y expertos ofreciéndoles pagar 10 mil dólares, además de pasajes y otros pagos adicionales, a fin de que escriban artículos señalando los defectos y debilidades del informe del GIEC. Un equipo de 21 personas de la planta de la AEI han trabajado con Bush en la Casa Blanca.
Comentando la campaña de la AEI contra el informe científico del GIEC sobre el calentamiento climático cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, David Viner, de la Sección de Investigaciones Climáticas de la Universidad de East Anglia, ha dicho que es un “intento desesperado de una organización que quiere tergiversar las pruebas científicas en beneficio de sus objetivos políticos”. Por su parte, la climatóloga francesa, Sylvie Joussaume, miembro de la delegación francesa a la Conferencia de París sobre el Cambio Climático ha expresado que hay consenso generalizado entre los científicos sobre las causas del cambio climático y que los escépticos generalmente no tienen argumentos convincentes.
A estas alturas ya nadie puede tapar el sol con las manos. Ni siquiera el presidente George W. Bush, vinculado a los más poderosos intereses petroleros norteamericanos, que ha tenido que reconocer, por primera vez durante su administración, en su discurso sobre el estado de la Unión el 21 de enero del 2007, la realidad del cambio climático y ha anunciado la reducción del 20 por ciento del consumo de carburantes procedentes del petróleo en una década a los 290 millones de estadounidenses. Sin embargo, pese a que Estados Unidos que sólo tiene el 4 por ciento de la población mundial y es el responsable de la emisión del 25 por ciento del CO2, origen y causa del cambio climático, se niega aún a firmar el Protocolo de Kyoto.
El Protocolo de Kyoto entró en vigor en febrero del año 2005 y ha sido ratificado a la fecha por 166 países. El texto compromete a los países industrializados y desarrollados a reducir en 5% sus emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, además de tres gases industriales, hidrofluorocarbono, perfluorocarbono y hexafluoruro en un período que va del 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990. Canadá, de acuerdo al texto primigenio, debería reducir sus emisiones de 6 por ciento, Estados Unidos de 7 por ciento. Los mayores emisores de CO2 son Estados Unidos, que arroja a la atmósfera 6 millones, 849 mil toneladas de dióxido de carbono (el 25 por ciento); la Unión Europea, 4 millones 180 mil toneladas (el 8 por ciento); Japón, 1 millón, 339 mil toneladas métricas (el 6 por ciento) y Canadá, 740 millones de toneladas. Otros grandes emisores son China y la India.
El Foro Económico Mundial (FEM), reunido en la ciudad suiza de Davos el 24 de enero del 2007, luego de 36 años de existencia, ha tenido que aceptar a regañadientes por primera vez que el cambio climático es una amenaza para la supervivencia de la especie humana en el planeta y ha formulado un plan de reducción de emisiones de CO2 a los países industrializados y los más ricos del mundo que integran el FEM.

LA MUNDIALIZACIÓN: UN SISTEMA OBSOLETO

“A la escala global, la lógica de la ganancia implica o significa la progresiva destrucción de las bases naturales de la reproducción de la vida sobre el planeta. A la vista de esta realidad, el capitalismo, de la que la mundialización es la expresión contemporánea, debería ser considerado como un sistema obsoleto”, ha escrito el famoso economista de origen egipcio, Samir Amin, autor de una treintena de libros entre los cuales están “Imperialism & Unequal Development”, “Specters of Capitalism: A Critique of Current Intellectual Fashion y Obsolescent Capitalism”, “Contemporary Politics and Global Disorder “ y “The liberal Virus”.
En efecto,¿ de qué economía moderna en el sentido de un sistema eficiente, óptimo con relación al funcionamiento de la naturaleza y la armonía de ésta con la vida humana estamos hablando cuando el costo de la ganancia de este modelo o sistema económico es la destrucción de la naturaleza y, como consecuencia, de la vida en el planeta?.
El modelo económico capitalista en su expresión más moderna, el neoliberalismo o la mundialización económica , es un sistema ambientalmente insostenible, socialmente inequitativo y éticamente injusto por donde se le observa, inclusive tratando de mirar el lado más amable de su rostro. Estados Unidos, la primera potencial mundial, es la expresión más radical de este modelo de mundialización. Sus grandes corporaciones fabrican cordilleras de utilidades económicas a costa de los escombros de los sistemas ecológicos del planeta. El alto nivel de vida y el confort californiano de su poderosa clase media sólo es posible con el mayor gasto y dispendio energético comparado con cualquier otra sociedad del planeta. No en balde es la nación que sólo representa el 4 por ciento de la población mundial, pero emite una cuarta parte del total de las emisiones de gases tóxicos a la atmósfera. Un modelo de economía, de cultura y de vida donde el consumo, un consumo despilfarrador, es el motor que mueve la existencia de sus millones de habitantes.
Como ha mencionado reiteradamente la física, ecologista y activista hindú Vandana Shiva, evocando al gran pacifista de la India, Mahatma Gandhi, necesitaríamos cinco planetas Tierra si los más de 6 mil millones de habitantes que la pueblan atrapados por el fundamentalismo del mercado y ahogados por la mundialización corporativa de las multinacionales gastaran y despilfarraran la energía y los recursos que dispendian las opulentas sociedades del Occidente rico.
A propósito, la autora de “Hearth Democracy: Justice, Sustainability and Peace” nos recuerda los dos grandes principios de Gandhi, el swary, o de la autorregulación, fundamental en la vida de los hombres y de las sociedades; y el swadeshi, el de la capacidad de creación y de producción de lo necesario para la vida. En la sociedad global donde sólo hay consumidores y la regulación corresponde a los grandes poderes y medios que aplastan la libertad y la conciencia de los individuos, los principios de Gandhi , de ser aplicados, tendrían los mismos poderes subversivos y liberadores que las prédicas de Cristo en los pueblos judíos colonizados por el imperio romano.

LA GLOBALIZACIÓN Y SUS IMPACTOS EN LA ECOLOGÍA AMAZÓNICA

El Fondo Mundial para la Naturaleza (FMN) en su informe del mes de noviembre del año 2006 presentado en Beijing, sostiene que para el 2050 la humanidad necesitará los recursos de dos planetas Tierra para abastecer la demanda mundial de alimentos, agua, energía, suelos y otras riquezas naturales. Pero lo más probable es que, al ritmo actual del consumo, esos recursos se hayan agotado para siempre para ese entonces. Podría estar ocurriendo en la cuenca amazónica con el agua, la biodiversidad, los bosques, la fauna silvestre y la biomasa pesquera.
A la tasa actual de extracción, la naturaleza amazónica está perdiendo su capacidad de regeneración y renovación. Reflejo de esta proximidad al colapso es que en la Amazonía Peruana los cuatro y únicos indicadores que crecen sostenidamente son la población, la pobreza, la desnutrición y la erosión de los ecosistemas. No es muy diferente en el resto de la cuenca amazónica sudamericana, en las regiones amazónicas de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela con relación a las altas tasas de extracción y la escasa o nula reposición de los ecosistemas degradados o destruidos irreversiblemente.
La tala ilegal abate los bosques tropicales del Amazonas y del resto del planeta. El Banco Mundial ha calculado que los países pierden entre 10 a 15 mil millones de dólares anuales en este lucrativo comercio ilegal debido sobre todo a la demanda de las naciones industrializadas. La madera ilegal fluctúa entre el 20 y el 90 por ciento del comercio mundial.
De acuerdo al Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), en el Perú se extrae cada año 22 mil metros cúbicos de caoba (Swetenia macrophyla) por un valor de 40 millones de dólares. Es el “oro rojo de la Amazonía”. El 90 por ciento de esa valiosa especie forestal que se exporta principalmente al mercado estadounidense para la fabricación de finos y costosos muebles son de procedencia ilegal, es decir, se tala en Parques, Reservas Nacionales y en Reservas Territoriales Indígenas. Los biólogos y forestales han señalado que los últimos rodales comerciales de caoba están siendo talados en los bosques de la Amazonía Peruana.
El Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), estima que las pérdidas por tala y deforestación en el Perú alcanzan los 600 millones de dólares anuales. De las 580 concesiones madereras que se han otorgado en el Perú en virtud de la ley 27308 en los últimos cuatro años (2002-2006), con aproximadamente 7 millones de hectáreas, sólo 71 han sido verificadas y están funcionando de acuerdo a las normas. Las demás, no sólo no funcionan, sino que son pasto de irregularidades.
En el segundo semestre del año 2006 recorrí las zonas de mayor extracción legal
e ilegal de madera, especialmente en las cuencas del Alto Ucayali, del Purús y del Yurúa en la frontera con el Brasil, en un espacio territorial en forma de polígono con una de las más altas tasas de biodiversidad del mundo, con un promedio de 1.53 árboles de caoba por hectárea. En esos remotos espacios de la frontera, casi el 100 por ciento de la caoba es ilegal y es parte del eslabón de un sistema de cruel explotación de los pueblos indígenas; sistema que nos retrotrae a las condiciones de precapitalismo y de semiesclavitud de la época cauchera de fines del siglo XIX. Los extractores ilegales pagan a los indígenas por un metro cúbico de caoba un promedio de 100 soles peruanos, es decir, aproximadamente 30 dólares. Ese metro cúbico de caoba transformada en muebles en Estados Unidos produce aproximadamente 100 mil dólares.
San Martín, en la Alta Amazonía del Perú, es la región que tiene la más alta tasa de deforestación en el país: 40 mil hectáreas anuales que en poco menos de 20 años, ha provocado la deforestación de cerca de 2 millones de hectáreas de bosques, de los 5 millones de tiene toda la superficie de San Martín. Por lo menos 20 millones de hectáreas de bosques se han deforestado en el Perú en las últimas dos décadas.
Prima una concepción reduccionista sobre el bosque amazónico. Se ha “maderizado” el criterio de su aprovechamiento. Todo el mundo cree que el bosque sólo puede aportar y proveer madera, descuidando el inmenso potencial de plantas medicinales e industriales, de flores y frutos, de lianas y resinas y las posibilidades del bosque para la implantación de proyectos de etnoecoturismo, además de sus potencialidades como sumideros de carbono, acogiéndose a los acuerdos del Protocolo de Kyoto. Los bosques del mundo y en especial los tropicales son los vitales “riñones” del planeta ayudando a purificar y limpiar la atmósfera del corrosivo CO2 y otros gases.
El Perú posee aproximadamente 74 millones de hectáreas de bosques, más del 95 por ciento en su territorio amazónico. En riqueza forestal, ocupa el segundo lugar en América Latina después de Brasil y el sétimo en el mundo. Sin embargo, se sitúa en el primer lugar entre los países que más destruyen sus bosques, seguido de Brasil, Rusia, Malasia e Indonesia. Porque el 90 por ciento de la madera que extrae, consume y exporta, es ilegal. Pese a este enorme potencial, es un importador de madera de Chile y Bolivia.
El contrabando de especies biológicas, o sea el biotráfico, es hoy en día en el Perú uno de los renglones más rentables de la economía, a un pelo de los niveles y volúmenes del narcotráfico. Se ha calculado que el valor del biotráfico en la Amazonía Peruana sobrepasa los 500 millones de dólares anuales. Sólo durante el invierno amazónico de 1999 (enero, febrero, marzo y abril), el Dr. José Parodi, descatado científico e investigador ya desaparecido calculó un volumen de extracción clandestina de 50,000 metros cúbicos de caoba de la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, uno de los bancos genéticos de la Baja Amazonía en el Perú (testimonio personal).

Sólo un ínfimo porcentaje de menos del 5 por ciento del total de los bosques tropicales del mundo, que se calcula todavía en 924 millones de hectáreas, están bajo manejo en muy pocos países. La mayor superficie, un total de 536 millones de hectáreas, están en América Latina en un proceso de erosión y degradación. La deforestación de bosques en América del Sur, de acuerdo a la FAO, en el lapso del 2000 al 2005, fue de 4. 3 millones de hectáreas por año. Sólo Brasil, deforesta un promedio de 3.1 millones de hectáreas por año.
La deforestación de los bosques tiene un impacto en cadena. Afecta toda la cadena de la vida. En el verano amazónico del 2005, en los meses de julio, agosto, setiembre y octubre, una calcinante sequía como consecuencia de los cambios climáticos y su secuela de modificaciones en los ciclos de vida de la naturaleza, agostó los ríos tributarios del Amazonas e hizo crisis en los sistemas de navegación y transporte, provocando en sólo 5 días más de 40 mil incendios en los estados brasileños de Acre, Mato Groso, Rondonia y Maranhao.
Según el testimonio del estudioso y cineasta peruano, Fernando Valdivia, la ciudad de Río Branco, la capital del estado de Acre, se cubrió de una densa e irrespirable humareda que obligó a los miles de habitantes a usar mascarillas y lentes. Los hospitales y centros de salud colapsaron porque no se dieron abasto para atender casos de asfixia y extrañas enfermedades como el Rota Virus que mataron a decenas de niños. Valdivia, que vivió esos días en Río Branco, describe una atmósfera y un paisaje del fin del mundo en Río Branco.
Todo este estado de cosas no surgió por generación espontánea. Es el producto de una política de colonización de la Amazonía brasileña iniciada por el presidente Getulio Vargas por los treintas del siglo XX e impulsada bajo la consigna falaz de ocupar “una tierra sin hombres para hombres sin tierra” con la construcción de la carretera Transamazónica liderada por el general Emilio Médici y que tuvo su mayor apogeo con el llamado “Milagro brasileño” (1968-1973) que convirtió a la Amazonía en un enclave productivo para cumplir con los bancos del Primer Mundo, los principales acreedores de una economía de creció al 11 por ciento , pero que ha hecho de ese espacio territorial poblado de bosques, ríos planetarios, megadiversidad y pueblos indígenas ancestrales muchos de ellos desaparecidos, como los Tupinamba, un espacio amenazado. Desde dentro y desde fuera. Desde dentro por las oligarquías dependientes y desde fuera por las economías centrales que imponen sus insaciables modelos y sistemas de ganancias a costa de la vida.

SE EXTINGUE LA BIOMASA PESQUERA

Los impactos del sistema extractivo mercantil impuesto desde la época colonial y desde los primeros días de la penetración occidental en la Amazonía, en la aurora del siglo XVI, y de la llamada economía moderna, de la globalización corporativa como lo define Vandana Shiva , sobre la biodiversidad amazónica son devastadores. Con todos los instrumentos científicos a su alcance, los investigadores y científicos han elaborado una suerte de ranking de las potencialidades amazónicas en el Perú. Es el siguiente:

-25,000 especies de flora 10% del total mundial
- 3,000 especies de orquídeas 10% del total mundial
- 7,500 especies nativas 5% del total mundial
- 4,400 especies nativas usadas por la población 1 en el mundo
- 128 plantas domesticadas 1 en el mundo
- 3,532 especies de mariposas 1 en el mundo
- 340 especies endémicas 3 en el mundo
- 298 especies de reptiles 12 en el mundo
- 98 especies endémicas 10 en el mundo
- 2,000 especies de peces 1 en el mundo
- 1,806 especies de aves 2 en el mundo
- 109 especies endémicas de aves 7 en el mundo
- 333 especies de anfibios 3 en el mundo
- 89 especies endémicas 12 en el mundo
Todo este invalorable banco genético está siendo asaltado y saqueado poniendo en peligro la supervivencia de muchas de estas especies. Pongamos por ejemplo el de la biomasa pesquera. Las pesquerías en la Amazonía atraviesan por una grave crisis por una captura indiscriminada e irracional que está provocando una acelerada disminución de la biomasa pesquera. ¿Las causas? Múltiples. A la existencia de normas desfasadas u obsoletas, a la falta de leyes regulatorias y de un estado ineficiente que haga cumplir las leyes todavía en vigencia, hay que agregar las prácticas no sostenibles de la pesca.
La mayor parte de los botes o lanchas de pesca que recorren los ríos y lagos de la Amazonía usan tóxicos como parathion, thiodan, cemento y otros productos venenosos para la captura de los bancos o mijanos en la estación del desove. Otros emplean productos vegetales como barbasco y catahua para pescar la apreciada especie de sábalos en las tahuampas en en el invierno amazónico. También los botes pescadores usan bombas y redes honderas que prácticamente barren la superficie de los lagos y ríos, arrasando también con los alevinos e impidiendo la reprodución de las especies.
Una de las prácticas más destructivas de la biomasa pesquera común en estos días en la Amazonía se realiza de la siguiente manera: los botes pesqueros se sitúan y esperan en la boca de los lagos y cochas, esperando la salida de las especies que salen en el busca del agua blanca de los ríos para desovar. Redes de fino tejido los capturan antes de que hayan cumplido su ciclo de reproducción y de vida.
Las consecuencias de esas prácticas están a la vista en toda la cuenca amazónica. Algunas poblaciones indígenas están al borde de la agonía biológica porque su principal alimento, la pesca, prácticamente está desapareciendo de sus lagos o cochas. En los mercados de todos los pueblos y grandes ciudades de la Amazonía, el pescado, que hace algunas décadas atrás, era el alimento del pueblo, ahora es un alimento de lujo porque la escasez ha hecho subir los precios a niveles prohibitivos para los pobres. Las especies de mayor tamaño y valor comercial tales como el paco, la gamitana, los grandes bagres como la doncella, el saltón y el zúngaro son cada día más escasos en los mercados de comercialización porque su pesca es la más intensa y depredadora. La fauna ictiológica de la Amazonía pierde tamaño y volumen.
El impacto de esta agresión sobre las pesquerías amazónicas se refleja en las estadísticas. Se estima que el desembarque anual de pescado del los ambientes naturales llega a 80 mil toneladas métricas en toda la Amazonía Peruana. Sin embargo, se ensancha cada día la brecha entre la oferta y la demanda. Hasta los no muy lejanos días del año 2000, un promedio de 22 mil toneladas de pescado eran desembarcadas en Iquitos, una ciudad de más de medio millón de habitantes y la principal urbe amazónica peruana. El año 2002 esa oferta descendió a 12 mil toneladas y en el año 2003 cayó a 8 mil. En Pucallpa, otra las grandes urbes amazónicas, la demanda anual de ambientes naturales es de 13 mil toneladas métricas. Pero la oferta sólo alcanza las 11 mil toneladas. Esta brecha entre la oferta y la demanda no se produce, tal como alguien podría suponer, porque otros sustitutos alimentarios están reemplazando al pescado y, por lo tanto, la demanda está disminuyendo. Simplemente la oferta está disminuyendo porque la biomasa pesquera conoce un proceso de acelerado agotamiento.
Se calcula que el 45% de la ingesta proteínica del poblador amazónico proviene de la pesca, seguido muy por debajo por la carne de vacuno, porcino, carne de monte, aves y huevos. El consumo de pescado del poblador rural amazónico es de más de 100 kilos per cápita y el de la urbe es de 30 kilos.
Si la tendencia de una cada vez más rápida caída de la oferta pesquera por un mayor agotamiento de la biomasa pesquera de los ambientes naturales no se revierte y si la oferta de la pesquería industrial no cubre la brecha cada vez más ancha entre la oferta y la demanda, podríamos estar acercándonos peligrosamente al borde de una catástrofe alimentaria en toda la cuenca amazónica.

EL RÍO AMAZONAS, UNA ANACONDA PLANETARIA QUE SE CONVULSIONA

En setiembre del año 2006 estuve en Belém do Pará, la capital del estado brasileño de Pará, con una población que bordea los 2 millones de habitantes. La urbe fluvial está al mismo tiempo en las orillas y en la misma desembocadura del río Amazonas en el Atlántico. En la ciudad, en la arquitectura, en la idiosincrasia de sus gentes, en la cultura y la economía, está la historia del gran río a través de los siglos.
El Amazonas no es el mismo río mar que Juan Vicente Núñez Pinzón avistó, asombrado, el 26 de enero del año 1500. Muchas aguas han pasado por la vida del río a lo largo de más de medio milenio. Cambios bruscos, drásticos, más que por el orden natural, por la mano del hombre, ha afectado severamente el sistema hidrológico del gran río y sus más de 1000 tributarios a lo largo y ancho de sus 6,780 kilómetros, que lo hacen el río más largo del planeta y el de mayor caudal. El volumen de las aguas del Amazonas representa el 47% de la suma total de las aguas de todos los ríos del orbe. El curso que semeja un camino de planetas como lo cantaba el gran poeta chileno Pablo Neruda parece hoy en día una anaconda cósmica herida de muerte y en convulsión por la implacable masacre y trituración de millones de hectáreas de sus bosques y su secuela de extinción de la fauna, de erosión de los suelos, desaparición de los pueblos y ciudades de sus orillas, de la agonía de decenas y centenares de los pueblos indígenas que se extinguen irreversiblemente.
Sin embargo, de acuerdo a los hidrólogos y climatólogos, nada amenaza más al río Amazonas que produce entre el 15 al 20 del agua dulce aún no contaminada existente en el planeta Tierra que el calentamiento climático.
En efecto, los transtornos climáticos producidos por las emisiones de gases tóxicos o de efecto invernadero han elevado la temperatura del Atlántico y el Pacífico tropicales, con implicancias en la estabilidad ecológica de la cuenca amazónica con la ocurrencia de sequías, lluvias diluviales, alteraciones en los ciclos biológicos de la flora y la fauna y sus previsibles impactos en la vida humana.
Estudios efectuados recientemente por equipos científicos de Francia y Brasil han revelado que el caudal de las aguas del Amazonas está en disminución. En el año 1999, de acuerdo a registros efectuados por estos equipos, se calculó que el volumen de las aguas del Amazonas fue de 267,000 metros cúbicos por segundo. En el año 2003 el registro bajó a 226,000 metros cúbicos. Además, los equipos de medición calcularon un incremento de los sedimentos que arrastra la corriente fluvial: entre los años 2000 y 2001 se estimó una sedimentación de 896 millones de toneladas métricas. Pero el 2003 el volumen sedimentario había pasado largamente de los mil millones de toneladas.
La disminución del caudal del río, el “padre monarca de los ríos”, según cantaba el poeta, significan cambios en toda la vida en la Tierra. Pero sobre en la vida de los pueblos indígenas que han interactuado con ese cosmos fluvial hace miles de años. Desde el principios de los tiempos como aparece registrado en la cosmovisión indígena.

LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA ECONOMÍA GLOBAL

Pasados los siglos, aún no hay acuerdo entre los científicos sobre el total de la población indígena precolombina en la cuenca del Amazonas, un sub continente de 7 millones de kilómetros cuadrados. Las estimaciones oscilan entre los 7 a 10 millones de habitantes. Quizás en el futuro los científicos lleguen a coincidir en una cifra mayor, talvez en los 10 millones, porque el argumento central de que la fragilidad y poca fertilidad de los suelos y los ecosistemas tropicales de la Baja Amazonía eran incapaces de sostener una población de millones de habitantes con el riesgo de un colapso ambiental y demográfico se está debilitando.
En años recientes los descubrimientos y estudios sobre sistemas productivos de alta fertilidad en la Baja Amazonía precolombina, basadas en la llamada terra preta, suelos preparados con materia orgánica, especialmente carbón negro y otros residuos del bosque, hicieron posible una agricultura permanente y semi permanente que sin duda permitió una organización social y económica productiva con posibilidades de soportar y alimentar grandes poblaciones.
Actualmente, según la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) la población indígena amazónica es de 1 millón y medio de habitantes, correspondientes a 400 pueblos o familias etnolingüísticas distribuidos en 9 países de la cuenca amazónica. La Amazonía precolombina, de acuerdo a COICA, cobijó a 7 millones de habitantes indígenas de 2000 pueblos o naciones.
Que hayan sido 7 o 10 millones hace 500 años, lo cierto es que los pueblos indígenas fueron masacrados y casi exterminados. Uncidos al yugo de la esclavitud para la producción del sistema extractivo-mercantil impuesto por la colonia, diezmados por las enfermedades traídas por Occidente, arrasados sus pueblos, su organización social, sus sistemas productivos, su economía, su cultura y su vida, los indígenas de la Amazonía, desde los Tupinamba, que originalmente habitaron en el delta del Marajó en la desembocadura del Amazonas en el Atlántico, hasta los Chamicuro, los Andoa y los Iñapari en la Baja y Alta Amazonía del Perú, fueron desapareciendo, extinguiéndose y con ellos, su lengua, su cultura, su memoria.
La destrucción de la naturaleza amazónica y la tragedia de los pueblos indígenas siempre está en relación a ciertos períodos, acontecimientos y a los ciclos de la economía mundial. Después del devastador impacto de la imposición colonial sobre la existencia de los pueblos indígenas, desde los siglos XVI hasta el siglo XVIII, el advenimiento de los estados independientes y republicanos en el siglo XIX no cambió mayormente la suerte de estos pueblos. Todo lo contrario, fue peor. A finales del siglo XIX y principios del XX la cuenca amazónica fue articulada a la economía mundial, en el auge de la primera revolución industrial, para suministrar la materia prima, el caucho o shiringa (Hevea brasiliensis) para la naciente industria automovilística. El látex del “arbol que llora” fue mezclada con la sangre de miles de indígenas atados inmisericorde y cruelmente a la cadena esclavista del sistema precapitalista de la explotación del caucho tanto en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Sólo en el Perú, de una población indígena amazónica de 300 mil habitantes, murieron no menos de 50 mil indígenas, de acuerdo a los documentos y testimonios de la época.
Tanto el ciclo del “oro blanco” de la cocaína como el ciclo del “oro negro” del petróleo, del gas y la demanda actual de minerales por China y la India, las dos potencias emergentes, están provocando una nueva conmoción en la vida de los pueblos indígenas y de los ecosistemas amazónicos. En el estado amazónico de Pará, Brasil, la mina de hierro más grande del mundo, “Serra do Carajás”, la siembra de millones de hectáreas de soya, la extracción aurífera, la tala de millones de hectáreas de bosques y otros grandes proyectos vinculados a las multinacionales y al modelo de economía moderna y global están produciendo heridas de muerte en los ecosistemas y amenazando la supervivencia de los pueblos indígenas.
En Ecuador, para citar un solo caso entre varios, la multinacional petrolera TEXACO a lo largo de 20 años ha perforado 430 pozos en una superficie de 430 mil hectáreas para extraer 1500 millones de barriles de petróleo con una impacto irreversible en ríos, bosques, suelos y en la existencia de los pueblos indígenas.
El 60% del territorio boliviano es amazónico. Después del ciclo del caucho, en el siglo XX se han instalado en este espacio grandes latifundios ganaderos, plantaciones de soya y otros cultivos del agrobusiness, los commodities, así como miles de parcelas o catos de siembras de coca para el consumo tradicional y el narcotráfico. En la vastas y fértiles llanuras aluviales de Santa Cruz de la Sierra se han plantado 200 mil hectáreas de soya que han ubicado a Bolivia como el octavo exportadora mundial del cereal para la producción de carne para las hamburguesas de MacDonald. El costo, tal como he podido observar en mis múltiples viajes de estudio a Bolivia, son cientos de miles de hectáreas de bosques tropicales húmedos convertidos en humo, ríos transformados en cursos sedientos como el Piraí y pueblos indígenas desalojados y expulsados de sus tierras ancestrales.
El proceso de ocupación de la Amazonía colombiana, el 40% de su territorio, es una historia de violencia. Primero con el ciclo del caucho que originó sangrientas masacres indígenas y ahora con el ciclo del narcotráfico donde, otra vez, las víctimas de primera línea son los indígenas y luego los colonos campesinos. De los 2 millones de refugiados colombianos, resultado de la atroz violencia que desangra esa nación, algunos miles son campesinos e indígenas andino-amazónicos. De acuerdo a un informe de la Defensoría del Pueblo en Colombia, los indígenas colombianos son víctimas de genocidio porque ancestralmente han vivido, siguen viviendo y por lo tanto son dueños de territorios donde las multinacionales del Primer Mundo han puesto sus ambiciones: bosques megadiversos, tierras con reservas de gas, petróleo y otros minerales. Pero sobre todo acuíferos, como los de la Sierra Nevada de San Marta, que tiene un valor estratégico y vital en el siglo XXI.
Al despuntar el alba del 10 de octubre del año 2006, las Comunidades Achuar tomaron las instalaciones petroleras de los lotes 1AB (253 pozos, 117 operativos) y B (176 pozos, 60 operativos) de la multinacional hispano-argentina PLUSPETROL, en las selvas de la Amazonía Peruana. Los Achuar, con una población de 12,500 mil habitantes, de la familia etnolonguística Jíbaro-Jíbaro como sus hermanos ecuatorianos Shuar y Shiwiar viven ancestralmente en los ríos Corrientes, Pastaza, Huasaga, Huitoyacu y Morona. Estos ríos, principalmente el Corrientes y el Pastaza, reciben desde hace más de 30 años un promedio de 1 millón 300 mil barriles de aguas de formación, es decir, aguas tóxicas que se extraen junto con el petróleo amazónico de origen marino a 100 grados de temperatura y con altos contenidos de bario, cadmio, plomo, benceno, mercurio y arsénico.
Hace algunos años visité la zona. Aún recuerdo vivamente los depósitos de agua de formación, humeantes, y en medio del vapor a los hombres con sus cascos amarillos manipulando tuberías y otros elementos para extraer las últimas gotas de petróleo escapadas con el agua de formación. Pregunté a uno de los obreros, ¿a dónde se arroja esta agua venenosa? El hombre, apenas mascullando en la boca la respuesta, me dijo: lo lanzamos al río. Pero la impresión más dolorosa y diría hasta sublevante lo tuve cuando hablé con la gente de una comunidad indígena. Hombres, mujeres y niños, además de un avanzado estado de desnutrición, estaban plagados de extrañas escoriaciones en los brazos, el rostro y todo el cuerpo. Es más, todos, a casi todos, padecían enfermedades estomacales. Estaban envenenados.
La explotación de los lotes 1AB y B empezó en 1978, cuando la Occidental Petroleum Company (OXY), propiedad del cuestionado multimillonario estadounidense Armand Hammer, suscribió el respectivo contrato con el gobierno del Perú. Ambos lotes, que han producido utilidades por 16 mil millones de dólares, que pasaron a las manos de la PLUSPETROL, siguieron arrojando los ríos de veneno y contaminación a la cuenca amazónica, causando terribles estragos en la ecología y la vida de los pueblos indígenas que, cansados y exasperados de pedir el apoyo de los sucesivos gobiernos en su lucha contra la multinacional y su supervivencia, recibiendo sólo indiferencia, decidieron esa madrugada del 10 de octubre hacerse justicia por su propias manos pasando a la lucha. Probablemente ese día ha empezado un nuevo capítulo en la historia de los pueblos indígenas en la defensa de su vida en la cuenca amazónica.
Camisea es uno de los megaproyectos de extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos en el Perú licitados internacionalmente en el año 2000 y adjudicado al consorcio Camisea. Los yacimientos de San Martín y Cashiriari, conocidos como Bloque 88, son uno de los más importantes de América Latina. El consorcio Camisea está integrado por la hispano-argentina Pluspetrol, la estadounidense Hunt Oil, la coreana SK Corporation, la argentina Techint y la argelina Sonatrach y han suscrito un contrato por 40 años para la extracción de 8.7 trillones de pies cúbicos de gas y 411 millones de barriles de líquidos de gas natural asociados con propano, butano y condensados. El gasoducto construido batió el récord mundial de mala calidad técnica y de inseguridad: en sólo 18 meses se produjo cuadro derrames por efecto de fallas y una explosión. Los impactos de estos derrames, de la explosión y de todo el funcionamiento del proyecto ha sido catastrófico para los pueblos indígenas y la ecología amazónica.
En el período del 2001 al 2003 murieron 17 pobladores indígenas a causa de la aparición de enfermedades que nunca se habían presentado entre los indígenas. La Defensoría del Pueblo exigió al Ministerio de Salud investigar esas muertes. El Defensor Adjunto para Servicios Públicos y Medio Ambiente, Carlos Alza, también pidió investigar una epidemia de gripe y 16 casos de sífilis detectados en las Comunidades de Camisea y de Shivancoreni. Aunque un informe de la Defensoría del Proyecto Camisea de la Universidad Católica del Perú (UCP) hace referencia a 132 casos de sífilis detectados en las Comunidades Machigüenga de la zona de influencia de la extracción del gas.
En setiembre del año 2006 entrevisté en Atalaya, en el corazón geográfico del Perú, en plena Amazonía, allí donde confluyen los ríos Urubamba y Tambo para dar nacimiento al río Ucayali que, a la vez, se junta con el Marañón para dar carta de nacimiento al Amazonas, a Francisco de Asís Mendoza de Souza, gerente de la Sub Región de Atalaya del Gobierno Regional de Ucayali (GOREU). Meses antes, toda la población de Atalaya, en un acto sin precedentes, había bloqueado el río Urubamba con centenares de canoas tripuladas por indígenas armados de lanzas y flechas para impedir el tránsito fluvial de las barcazas del consorcio Camisea.
“La contaminación de los derrames de gas y los impactos que produce la navegación de las barcazas y lanchas del consorcio Camisea en el río Urubamba está matando los peces.”, dijo. En las Comunidades más cercanas a los campamentos del consorcio, Segakiato, Mayapo, Camaná e Ivochote y otras, las escuelas y las postas médicas y otros servicios sucumben en medio de la pobreza y la escasez, abandonados por el estado y por las promesas incumplidas del consorcio.
Tanto por la irreversible alteración de su medio biofísico, así como por las drásticas modificaciones de su sistema social y cultural y por su inmersión sin defensas ni salvaguardas en una economía de mercado de cuarto mundo, sin regulaciones ni racionalidad, pero dependiente de una supuesta economía moderna y global, los Machigüenga, un pueblo de los familia etnolingüística Arawak que habita en el ámbito territorial de influencia del consorcio Camisea, está en un túnel sin salida.

PANTEÍSMO Y ANIMISMO INDÍGENAS: EL NUEVO PARADIGMA DE LA
ECOLOGÍA Y DE UNA NUEVA SOCIEDAD HUMANA

Como señala Julián Marías en su “Historia de la Filosofía” (Alianza Editorial, Madrid, 1966), para el pensamiento griego el mundo existe desde siempre y es interpretado como naturaleza y por ello como principio. Es un mundo inteligible, es decir, se puede comprender , contemplar y ver, teoría, logos y ser y, por lo tanto, este mundo aparece como algo ordenado y sometido a la ley. Es la noción del cosmos.
La activista hindú de la naturaleza, Vandana Shiva, citada reiteradamente en este texto, en su ensayo titulado “Recursos” y publicado en el Diccionario del Desarrollo, editado por Wolfgang Sachs (PRATEC Proyecto Andino de Tecnología Campesina, Lima, 1996), nos recuerda que en su origen la palabra “recursos” (resource en inglés) significaba vida. Su raíz es el verbo latino “surgere” y nos propone un concepto y una idea de una fuente de energía y vida permanente y en continuo surgimiento. Pero este concepto de recurso y naturaleza sufre un brusco cambio y transformación con el advenimiento del colonialismo e industrialismo que convierte a la naturaleza viva y sus dones en simples insumos materiales, agotables e inertes. La economía moderna y global ha terminado por asesinar el concepto de naturaleza como fuente de vida.
La naturaleza, la madre naturaleza sacralizada por las culturas antiguas y por la cosmovisión indígena andina-amazónica, termina por ser desacralizada por el racionalismo cartesiano y el cientificismo de Francis Bacon (1562-1626), considerado el padre de la ciencia moderna y para quien el conocimiento científico y sus instrumentos “no ejercen meramente una gentil inducción sobre el curso de la naturaleza; tiene el poder de conquistarla y subyugarla, de conmoverla hasta sus cimientos”.
Con este pensamiento, con la fe moderna en la ciencia y en la creencia ciega en la teología del mercado, la naturaleza se transformó en materia prima y los seres humanos en “recursos humanos calificados”. Lo que le llevó a Robert Solow, quizás el más destacado representante de la macroeconomía neo keynesiana, a afirmar: “La vieja preocupación sobre el agotamiento de los recursos naturales no descansa más en ninguna base teórica firme”. A tono con esta idolatría cientificista, el presidente George W. Bush, en su informe sobre el Estado de la Unión que hemos citado, ha dicho que el calentamiento climático y sus consecuencias serán solucionados con los instrumentos de la tecnología y los milagros de la ciencia. Curioso razonamiento en un fundamentalista contradictorio, en la religión armagedonista y en la economía ultraliberal de las multinacionales petroleras.
En síntesis, para el pensamiento científico occidental el concepto de naturaleza y de realidad es, fundamentalmente, material, o sea, lo material es la base de lo real. En esta realidad, existe un mundo único, unificado, regido por leyes físicas y químicas, únicas y válidas para todos sus ámbitos. Las leyes de la lógica aristotélica y clásica. Mundos en la categoría de naturaleza, opuestos a los de cultura y sociedad.
Por el contrario, para el pensamiento mágico de la cosmovisión indígena amazónica la realidad tiene aspectos materiales y no materiales, visibles y no visibles, ordinarias y extraordinarias. Para este pensamiento, existe un único cosmos. Pero este cosmos es una unidad en la multiplicidad. Es la unidad de lo diverso. Este cosmos, tal como lo han señalado los científicos sociales más destacados, está compuesto por diversos mundos ubicados en espacios y planos espaciales diferentes: el mundo del bosque, de los ríos y de las cochas. En este mundo, naturaleza y cultura son concebidas como partes.
En estos mundos no visibles habitan las esencias primordiales de las cosas: las madres de la naturaleza, los genios de las plantas, de los minerales y los animales. En tiempos primordiales, todos eran gente. Pero este cosmos primordial, individido e indiviso, en un momento de la historia se ha dividido y fraccionado. Los movimientos milenaristas y mesiánicos indígenas que han sucedido a lo largo de la historia, como el de Juan Santos Atahualpa, en el siglo XVIII, están a la búsqueda de la recomposición y unidad de este mundo.
El panteísmo y el animismo indígenas, que es un retorno a la creencia original de que el hombre está integrado a la naturaleza, como un todo, es hoy en los inicios del siglo XXI y en el curso de una crisis ambiental planetaria que algunos científicos columbran como irreversible y apocalíptica, uno de los mayores y mejores paradigmas ambientalistas y conservacionistas y un nuevo modelo de sociedad y de relación con la naturaleza. Porque mientras que en la sociedad capitalista neoliberal el ser humano vive sólo para consumir, en el modelo de sociedad indígena el hombre y la mujer consumen sólo para vivir.
Después de todo el mismo desarrollo y evolución de la ciencia nos conduce a los maravillosos mecanismos de funcionamiento de la naturaleza y la vida. Porque la ciencia moderna nació con Galileo en el siglo XVII y un siglo después se formularon y establecieron sus principios teóricos y sus principios prácticos se vieron en el siglo XIX con la revolución industrial, Por eso, el siglo XIX fue el siglo de la química y la mecánica, el XX el siglo de la física y el siglo XXI el siglo de la biología y la revelación del misterio de la vida.
Los filósofos de la postmodernidad, Leonardo Boff, Humberto Maturana y Félix Guattary lo saben y por eso se han atrevido a sostener que la única posibilidad de que el hombre sobreviva en el planeta Tierra es rearticulando y reestableciendo su relación con la naturaleza, volviendo a ser parte esencial de ella, asumiendo una condición de vida animista y panteísta.
Si el advenimiento de la modernidad sólo fue posible luego de los cambios y transformaciones de la Edad Media, paralizada durante diez largos siglos por la asunción dogmática de la fe y la razón, la postmodernidad amazónica desde la cosmovisión indígena es, igualmente, la puesta en cuestión de todos los extravíos y excesos de la supuesta modernidad de la globalización en la economía, la cultura, la política y sobre todo de su voluptuosa e insaciable capacidad destructora de la Madre Naturaleza.
Costa Mesa, 12 de febrero del 2007
Ponencia en el País Vasco en verano de este año en un evento sobre medio ambiente.