miércoles, 24 de junio de 2009




¿QUÉ TAN AMAZÓNICA ES LA FIESTA DE SAN JUAN?


José Barletti

Uno de los impactos mayores del “Viernes Terrible” es, debe ser, sentirnos obligados a releer la Amazonía. Releer su presente a la luz de su pasado. Sólo así podremos estar en condiciones de imaginar su futuro.

En nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestro sentir, nada debería ser igual después del 5 de junio.

Uno de los temas más importantes para entender el hoy de la Amazonía es la relación entre las ciudades amazónicas y los pueblos indígenas a través de nuestra historia.

Una diferencia de la región San Martín con las regiones del llano amazónico y de la selva central es que sólo en San Martín hubo dominación colonial española propiamente dicha. Allí hoy perviven aspectos de la herencia colonial en casi toda su población. Uno de esos aspectos es el “culto al pellejo blanco” y a los “buenos apellidos”. La dominación colonial dejó su huella en el pueblo sanmartinense.

En cambio, en el llano amazónico (Loreto, Ucayali, Madre de Dios) y en la selva central, la presencia colonial fue liderada por misioneros, salvo en las décadas previas a la Independencia , que aunque impactó en la manera de vivir de la gente, no llegó a ocasionar el desmadre cultural que se produjo en San Martín, donde sólo quedan dos pueblos indígenas, de los muchos que existían cuando llegaron los españoles.

Hace 200 años, en el primer semestre de 1809 los pueblos indígenas del llano amazónico llevaron a cabo un levantamiento en Jeberos, la capital de Maynas Colonial y en Lagunas, la ciudad más importante. En Jeberos estaba la sede del gobernador español, el coronel Diego Calvo. Allí también estaba la sede del único obispo que tuvo Maynas Colonial, Hipólito Sánchez Rangel y la sede del jefe de la Compañía Veterana , el capitán Juan Manuel Oyararte. Maynas Colonial comprendía más allá de los territorios de las actuales regiones Loreto, Ucayali y San Martín.

El levantamiento indígena de 1809 golpeó al poder colonial “a la cabeza” y “en la cabeza”. Golpeó “a la cabeza”, ya que terminó con la muerte de la autoridad de Jeberos (Juan Ortiz) y del mismo gobernador español de todo Maynas. Sin embargo, golpeó también “en la cabeza”, “en la ciudad capital”, en Jeberos. Vanos fueron los intentos del obispo por apaciguar a la gente en el mes de junio (como han sido vanos los intentos de apaciguar en este junio). Al cabo de un par de años, una tras otra, las autoridades españolas fueron abandonando esta ciudad para ir a refugiarse a Moyobamba, “ciudad de españoles”, sin mediar orden alguna del virrey Abascal o del rey de España Carlos IV. Se les había movido el piso. Se dieron cuenta que ya no iban a estar seguros. Dicho de otra manera, las autoridades españolas fueron expulsadas de las “Misiones Bajas de Maynas” (del llano amazónico) hacia la “Misión Alta” (la zona de Moyobamba y alrededores). Esto explica por qué las luchas finales por la Independencia se libraron entre Moyobamba, donde estaban los partidarios del rey de España y Chachapoyas, donde estaban los partidarios de la Independencia.

Cuando los sanmartinenses se desparramaron por todo el llano amazónico hace un siglo, en la Época del Caucho, se fueron con sus juane de arroz con gallina y aceitunas, su pandillada y su Fiesta de San Juan, así como con sus otras manifestaciones de “civlización” que los españoles les habían impuesto.

El proceso de urbanización en toda la Amazonía ha tenido un mismo patrón. Cuando se establecía una ciudad, sea en el tiempo de los españoles o sea en nuestra vida republicana, la población indígena allí establecida era desplazada hacia la periferia. Los blancos ocupaban la parte central.

Todas las ciudades han seguido ese proceso. Tengo un escrito sobre lo que sucedió en San José de Sisa a mediados del siglo XIX. Igual fue lo acontecido en Iquitos en 1964 cuando la Marina instaló su puerto y factoría. Las personas indígenas que vivían en esta "humilde ranchería" (así la calificó Antonio Raimondi cuando vino en su primer viaje en 1862) fueron desplazadas por los blanco mestizos que fueron llegando después.

Las ciudades de Iquitos y Yurimaguas crecieron y se hermosearon con sangre y sufrimiento indígena durante la Época del Caucho.

El reciente movimiento indígena amazónico ha contribuido a reducir distancias entre las ciudades amazónicas y el movimiento indígena, pero el abuso se mantiene allí.

En el caso nuestro, en Iquitos, la mayor parte de la población actual tiene raíces indígenas. Los blanco mestizos somos minoría. Quizás esta realidad pueda explicar que la movilización del 11 de junio fuera convocada por Wagner Mussolini líder de los jóvenes indígenas universitarios de Iquitos. Su capacidad de convocatoria ha quedado demostrada, dado el dramático vacío que tenemos al no contar con un organismo centralizador de todo el movimiento social, como lo fuera el Frente de Defensa o el Frente Patriòtico.

Se ha iniciado un proceso de inimaginables proyecciones. El divorcio entre las ciudades amazónicas y los pueblos indígenas podría estar llegando a su fin, a condición de que, el conocimiento y reconocimiento de los pueblos indígenas vaya acompañado de repensar el rol de las ciudades, buscando formas de establecer relaciones simétricas, principalmente retribuyendo con justicia a los productores rurales.

San Juan es una fiesta de las ciudades del llano amazónico. En los miles de caseríos del llano amazónico, incluidas las comunidades indígenas, NO SE CELEBRA LA FIESTA DE SAN JUAN, salvo en uno que otro caserío muy influenciado por las costumbres de la ciudad más cercana.

Los españoles cambiaron el significado de la celebración del cambio de estación de junio y "bautizaron" esta celebración creando la "Fiesta de San Juan", con su juane de arroz con gallina y aceitunas buscando "civilizar" al "inmundo" juane de yuca con su presa de pescado de nuestra gente. Lo único que tiene de amazónico el juane de arroz es la hoja de bijao. Todo lo demás, incluido el culantro, son ingredientes traídos por los europeos.

Pienso que las cosas ya están maduras para darle un revolcón a la Fiesta de San Juan en las ciudades amazónicas y sobre todo en Iquitos, donde se ha instituido la “semana turística”. Ya no tienen sentido los bailes de cumbias y música chicha en la Fiesta de San Juan, en la localidad de San Juan, ya que todos los domingos, principalmente los domingos de fines de mes, hay bailes de esa naturaleza en dicho lugar.

Le toca el reto a la actual alcaldesa de San Juan de terminar su gestión el año entrante dándole un revolcón a la Fiesta de San Juan en el antiguo pueblo de San Juan, que no es tan antiguo como algunos creen, ya que sólo tiene alrededor de un siglo. Con un año de preparación, podría conseguirse que la Fiesta de San Juan sea una fecha en la que se lleven a cabo actividades de todo orden, desde académicas hasta artísticas, para revindicar lo propiamente amazónico, específicamente lo referido a los pueblos indígenas a través de la historia. Ya se ha avanzado bastante en los últimos años con el Festival de Danzas, aunque es incipiente la recuperación de la música y de los bailes de los pueblos indígenas. La entrada de las danzas amazónicas a los colegios ha hecho que nuestros jóvenes gusten de estos bailes. Ello ha llevado a que Explosión, el grupo musical que nos hace bailar, haya fusionado temas de moda con la música tradicional amazónica blanca mestiza.

Después del 5 junio ni el Perú ni la Amazonía serán los mismos.

En la vida de las personas y en la vida de los pueblos las oportunidades se presentan muy de cuando en cuando y hay que saberlas aprovechar. No debemos dejar pasar cosas como éstas.

Estos son tiempos de repensar la Amazonía... en todo sentido, incluida la manera cómo hacemos educación.

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martes, 23 de junio de 2009

Es fácil acabar con la pobreza si se tiene voluntad

Por Heinrich Helberg Chávez
I. Introducción
II. La pobreza es una visión externa
III. Profundizando algunos temas
IV. Cómo combatir la pobreza


I. Introducción


Antes del 5 de junio ya sabíamos que la situación indígena en el Perú es causa de una honda preocupación internacional, porque el país demuestra un déficit importante respecto al tratamiento que los gobiernos dan a los pueblos indígenas, los pobres de los pobres, en relación con los países vecinos, pero también respecto a las deficiencias en la aplicación de los tratados internacionales.

Las Naciones Unidas, los organismos internacionales, la comunidad científica mundial, la cooperación internacional y los organismos multilaterales como el Banco Mundial, todos han mantenido una actitud expectante de observador crítico. Justamente el 4 de junio, un día antes del trágico enfrentamiento en Bagua, la Defensoría del Pueblo difundió una nota de la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli Corpuz, advirtiendo al estado peruano que evitara “cualquier acción, como la intervención militar que podría acentuar el conflicto”, pero fue desoída por el Gobierno peruano como si desconociera las características del pueblo awajún, como si no hubiera podido medir las consecuencias de su decisión, con los trágicos resultados que demuestra por enviar una intervención policial que obviamente desencadenó una matanza. Esto solo puede haber sucedido por desinformación antropológica del Gobierno Peruano, al desconocer con quién estaba tratando, o por su incapacidad ética y política, al no saber medir las consecuencias de la intervención policial, que ha terminado por polarizar más a los ciudadanos peruanos.

Lo ocurrido en Bagua el 5 de junio denota una ignorancia de las características del pueblo awajún y su ímpetu guerrero en quienes tomaron la decisión. Obviamente enviar una delegación policial era una provocación, porque la policía no va a negociar, no es la instancia para eso, va a imponer, y la única salida posible cuando se negocia con la policía es ceder ante la presión del estado. Quizá eso hubiera sido sabio. Pero eso no puede esperarse de un pueblo dispuesto a luchar porque se respeten sus derechos reconocidos y establecidos, cuando éstos no se aplican o se recortan, — y esa ha sido lamentablemente la política de este gobierno. Muchas veces los antropólogos hemos advertido y explicado los riesgos de violencia en esta zona a los funcionarios del estado, pero obviamente fuimos desoídos.

El problema en este caso, es que se enfrentan dos derechos distintos, el derecho consuetudinario indígena, respaldado por una Declaración de las Naciones Unidas y un Convenio internacional, ambos firmados por el Perú y el derecho nacional, que minimiza y distorsiona los derechos indígenas reconocidos, y que en este caso el gobierno quería ajustar o reducir aún más, de manera solapada y engañosa, repartida en múltiples artículos aparentemente inconexos. La consecuencia previsible es que las medidas del estado van a generar más pobreza, en este sector de la población, pues va a descapitalizarlos al disponer de sus bosques y ríos para favorecer a la economía de la globalización: empresas mineras, petroleras, agricultura industrial, etc. Esos son generadores de riqueza para el país, entiéndase el gobierno, pero no para la población local que requeriría de otras medidas para su desarrollo.

Esta preocupación internacional sobre la situación indígena en el Perú, es relevante porque la discriminación étnica, ya antes del 5 de junio, compromete uno de los derechos humanos, a no ser discriminado por razones raciales, culturales o de orientación sexual. Y ese derecho humano está siendo obviamente violado por el conjunto de la sociedad peruana, pero también por los gobiernos, que son producto de esa sociedad. Las reacciones exacerbadas, pidiendo venganza, inferiorizando y calificando a la gente awajún de “salvajes y crueles” son prueba de ello. Hablan como si no hubiera habido una sobrerreacción militar, muy evidente en el abuso de poder, con la intervención de al menos una tanqueta y helicópteros, que es responsabilidad del Gobierno Peruano. Es decir, como si el estado y la sociedad peruana no fueran capaces de violencia y hasta de aplaudirla y sentirse satisfechos.

Si algo se deja confirmar una vez más sobre la estructura social del Perú es entonces que la sociedad se organiza por una estratificación étnica de exclusiones jerarquizadas. Y eso significa que consciente o inconscientemente estamos siendo administrados por el racismo.

Lo llamativo, para quien analiza los antecedentes, es que los gobiernos del Perú, desde la década del cincuenta, hayan desistido de cualquier política social, y por lo tanto se han contentado con convivir con el racismo en todas sus formas y al hacerlo se han hecho cómplices, porque no han querido revertir el estado actual de las cosas. No conozco ninguna campaña oficial antirracismo en el Perú, ni del estado, ni de los colegios profesionales, ni de las universidades, ni de la fuerza armada. Sí ha habido muchos proyectos de la cooperación internacional que han trabajado el tema de la exclusión y también la iglesia tuvo una campaña “Compartir” y muchas declaraciones sensatas y oportunas. Esto no quiere decir que el racismo o su forma cultural, el etnocentrismo, hayan sido políticas expresas de gobierno, eso sería ir muy lejos, pero cuando se ha tratado el tema de la exclusión, esto ha sido de una forma más bien tímida como parte de las políticas de estado, por ejemplo, en los sectores de educación y salud, con resultados nulos o insignificantes, y que fácilmente entran en contradicción con las políticas de otros sectores.

II. La pobreza es una visión externa

La diferencia entre riqueza y pobreza, en términos económicos, que para el mundo occidental es muy evidente, sin embargo no se aplica a los pueblos indígenas amazónicos, sino solo en relación con la economía de mercado y con la sociedad nacional. Como es sabido, en las lenguas indígenas la palabra pobre, si existe, se refiere a estar desvalido, es decir, a ser huérfano, a no tener parientes o sufrir algún impedimento físico. En sociedades como éstas donde la herencia no existe y no hay forma de acumular bienes, que todos producen más o menos lo mismo y que todos trabajan físicamente para sostenerse, la diferencia entre ricos y pobres no tiene ningún sentido ni aplicabilidad. Es más, en muchos pueblos existen además costumbres que nivelan las diferencias personales en talento o habilidades de la caza, el producto más importante en los intercambios de presentes, impidiendo, por ejemplo que el cazador consuma de su propia presa, de manera que tiene que regalarla, y comer de lo que a él le regala. Esta costumbre se relaciona con los alter egos animales que tiene la humanidad, y que trataremos más abajo.

En consecuencia, para los pueblos indígenas amazónicos solo se puede ser pobre o rico en relación con otras culturas y otros estándares de vida: “Así nos ven”, dicen. Pero ellos no se ven pobres en sus casas aireadas, que no son de material noble, sino de finas maderas, y con techos de hoja de palmera, que echan sombra fresca, a diferencia de la calamina, que irradia calor. Y toman el agua de sus quebradas y no de tuberías y con cloro. Hay países como Alemania que no usan cloro en su agua potable porque cuidan sus fuentes de agua, pero lo que allá es una cualidad aquí es un defecto. El problema es que esos otros estándares generalmente han sido generados en otros ambientes y sistemas ecológicos y resultan poco aplicables en la Amazonía, o son objeto de resistencias culturales y otros problemas adicionales. Hay que cuidar que no sean además humillantes y que descalifiquen al otro. En mi caso he llevado agua de las quebradas de mi comunidad de Shintuya en Madre de Dios a analizar a la OPS y el resultado fue que estaban asombrados de la calidad de esa agua, que era casi potable, a pesar que la guardé 15 días antes de llevarla para que la analicen, pensando que era la causa de las diarreas. De manera que mi discurso que era la mala calidad del agua lo que causaba las diarreas tuve que tirarlo al trasto de basura.

Es necesario además caer en cuenta que los procesos que generan la pobreza se dan en la relación con la sociedad nacional, y es ésta la que induce la pobreza real de estos pueblos, por ejemplo porque:

· Los servicios públicos de salud y educación no son pertinentes desde el punto de vista cultural y la gestión de la educación con contratos de 9 meses para los maestros genera una inestabilidad laboral que impide cualquier mejora pedagógica. En todo se impone la lógica de estado: en el currículo unitario (que se dice que es diversificable pero no lo es), en la formación unitaria del docente y en los materiales didácticos. De esta manera el estado se apropia de la educación y escamotea el derecho de los padres a criar a su manera a sus hijos. Y ahora quieren imponer la educación inicial para que todo empiece más temprano todavía. Si se quisiera hacer las cosas mejor, eso demandaría una gran inversión.

· La legislación no reconoce legalmente los servicios educativos y de salud comunales que surgen de la iniciativa propia y así se invisibilizan; pero existen y las comunidades logran todavía que sus hijos sean miembros plenos de su cultura. Es decir, tienen mucho más éxito que los servicios estatales. Pero sus logros no son reconocidos: no hay un sistema de certificación profesional en base a la educación comunal, por ejemplo como guía de río o de bosque. Recordemos asimismo que el 90% o más de pacientes en el Perú acude a la medicina tradicional y no al médico. Pero solo la medicina académica está reconocida legalmente, la otra solo se la tolera y a veces se la persigue.

· La cultura predominante constantemente inferioriza a las culturas indígenas, a sus sistemas de conocimiento y a sus sistemas de validación de conocimiento, y en consecuencia los subutiliza o ilegaliza (no reconoce el ejercicio de la medicina tradicional; somete la comprobación de los efectos curativos de las plantas medicinales a procesos sumamente costosos y totalmente en manos de la industria farmacéutica, que resultan en un provecho económico mínimo o nulo para los indígenas que dieron la idea inicial); de esa manera se impide que los pueblos indígenas puedan vivir de lo que realmente saben hacer y que el mundo demanda, pero el Perú no reconoce y facilita su uso.

· La estructura de mercado es etnocéntrica y eco-céntrica; los productos artísticos de los pueblos indígenas amazónicos no tienen demanda nacional y los productos comestibles amazónicos tampoco. Por lo tanto su precio es muy bajo en el mercado. Eso parece un hecho neutral, pero no lo es. Porque es el resultado de la política educacional del país: nadie sabe nada de los pueblos del país. Nos desconocemos, y por lo tanto no podemos apreciarnos y menos pagar un precio justo por lo que no conocemos ni entendemos.

· La legislación no protege efectivamente sus territorios, recursos y propiedad y por lo tanto no pueden movilizarlos como su capital para la construcción de su propio futuro. En la Amazonía no es el suelo, ni el terreno lo valioso, no se entiende por qué la legislación habla de suelos, cuando es el bosque parado el que vale. Este es el punto principal, porque la identidad de un pueblo y de su gente está en sus bosques y sus ríos. En el mundo occidental las personas reciben su identidad solo de la sociedad en que viven, en los pueblos indígenas la identidad es doble: hay una social y otra natural, un alter ego (otro yo) que vive en el monte. Desde su conformación como personas, pues tienen los elementos para manejar adecuadamente el medio ambiente, y su salud y bienestar psicológico depende de esa interrelación. Esa es la relación especial con los bosques y ríos que ya hace más de cincuenta años la ciencia (no solo la antropología), las instituciones internacionales, las empresas y todo el mundo reconoce y respeta, quizá porque en el futuro vamos a tener que implantar algo así para todos.

· Sus territorios ancestrales son convertidos en un mosaico de territorios mínimos de supervivencia, por medio de una traducción del derecho consuetudinario a un derecho comunal, y el resto del territorio es declarado “de libre disponibilidad por el estado” para colonizaciones o concesiones forestales, concesiones mineras, petroleras o agricultura industrial. Pero los indígenas no han sido debidamente consultados ni compensados, lo que equivale a un despojo legalizado. Esto, a pesar de que el Convenio 169-OIT les confiere un derecho sus tierras y sobre el subsuelo, y por lo tanto participación en la ganancias. Pero el estado prefiere no normar la aplicación del Convenio y así quedarse con todo y disponer a su antojo de los ingresos; eso lo llama “soberanía”. Pero es la forma como se genera pobreza donde antes no la había.

· La carencia de una institucionalidad democrática suficiente invisibiliza a los pueblos indígenas dentro de la administración pública, y no permite que existan las instancias de autogobierno de pueblo que tomen las decisiones correspondientes sobre sus recursos, sistema de salud, educativo y de derecho. Las comunidades nativas, por así decirlo flotan en la nada, no son parte de la administración pública, ni distrito, ni provincia ni región, ni nada, tienen que valerse por sí mismas. Si a algo se parecen es a una organización sin fines de lucro (ONG). Claro que se diferencian de las ONG, porque tienen sus tierras, pero solo las de aptitud agrícola, que será el 2 o 3% de lo que ocupan, el resto lo reciben como cesión en uso forestal, es decir prestado. Y casi ninguna está inscrita en Registros Públicos, de manera que no tienen asegurada su propiedad.

· Esto es, donde tenemos regiones, departamentos y municipios, también se requiere un ámbito administrativo de pueblo indígena. Mientras el mundo admira que los pueblos amazónicos hayan manejado de forma sostenible el bosque, - si no estaría como está, porque todo está manejado, en el Perú no les damos la oportunidad de manejar el bosque de forma ambientalmente adecuada y por lo tanto no aprovechamos de sus conocimientos y habilidades, justo en un punto donde el mundo necesita a los indígenas para frenar el cambio climático o al menos mitigar sus efectos. Es decir el Perú no está cumpliendo con su misión estratégica de conservar el medio ambiente, por falta de visión de sus gobiernos. Y eso es motivo de preocupación también en los organismos internacionales y puede provocar reacciones fuertes.

· La traducción del derecho consuetudinario al derecho comunitario distorsiona por lo tanto los derechos reales y los minimiza. Resultado: impedimos que la creatividad de los pueblos produzca su propia forma de desarrollo, en interacción con la cultura universal. Cuando alguien se defiende, se inmoviliza y no puede desarrollarse libremente.

· Los procesos de planificación pública no son conducidos desde la perspectiva de un pueblo indígena, y por lo tanto los proyectos y obras que generan son tangenciales a la perspectiva de pueblo. El Convenio 169-OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas son boicoteados a pesar de los Presupuestos Participativos, porque allí se trata de la ejecución de obras de estado, no de planificar el destino de los pueblos indígenas y de proveerlos para su futuro. En consecuencia no se cumple con la legislación internacional.

· El Gobierno Peruano no ha creado un solo proyecto de desarrollo que apoye a los indígenas amazónicos: todos los proyectos que apoyan a los indígenas amazónicos son de la cooperación internacional o bilateral. Eso es también una forma de discriminación.

· El interés público está definido por proyectos nacionales etnocéntricos, que se orientan y ponen al servicio de la globalización como cultura del poder. Todo el sistema educativo peruano, por ejemplo, es etnocéntrico, porque lo que el Ministerio de Educación practica y considera de interés nacional es que todo peruano adopte la visión científica del mundo y la fe católica. Ese es el bagaje cultural mínimo de cada ciudadano peruano debería tener.

Esto es surrealista, porque está totalmente alejado de la realidad peruana y mundial. En los centros de producción científica y tecnológica se vive desde los años ochenta una situación particular. Las reflexiones sobre epistemología (la teoría del conocimiento) han cuestionado el fundamento racional tradicional de la ciencia y por lo tanto estamos en una etapa de transición y de cambios. Los modelos de ciencia se orientaban tradicionalmente por la mecánica de la física, pero hoy día la biología y la ecología, que se ocupan del sistema de vida del Planeta Tierra generan otros modelos y concepciones, al igual que algunas ciencias humanas. La ecología, por ejemplo ha generado la política de conservación como la antropología ha generado a la política intercultural. Solo que la casta política en el Perú parece no haberse enterado de estos cambios.

Sería una locura deshacerse de la ciencia y de la tecnología, pero tampoco podemos confiarnos de ellas: el diálogo con otras culturas y otras posibilidades de ordenar y generar conocimiento están abiertos. Esta sería una gran oportunidad para el Perú, para fomentar una investigación intercultural, pero el Ministerio de Educación no ha seguido estas sugerencias e insiste en su currículo monolingüe y monocultural con foto del Presidente de la República, y ya se olvidó de la propuesta de un currículo nacional intercultural del 2003.

De otro lado, la idea que la nación pueda encontrar su punto de encuentro en una fe o una moral, cualquiera sea ésta, es imposible de alcanzar en un país multicultural, ni quinientos años después de la conquista. Además es una idea totalmente superada desde la Revolución Francesa. Un estado necesita ciudadanos y no creyentes.

El diálogo intercultural abierto a la comprensión y el aprendizaje mutuo son la única opción de constitución de un modo de convivencia, por lo que insistir en otras vías es solo pérdida de tiempo y voluntad de fracaso, a sabiendas. Eso significa que todos los peruanos tienen que aprender a tomar distancia de sí mismos, a suprimir sus reacciones emocionales inmediatas, para poder pensar por el otro, ponerse en su lugar. Y solo a partir de ese momento, de la empatía con el otro, es que somos políticos con un enfoque intercultural. Todo lo previo no son sino auto justificaciones – cuando nos atrincheramos para defendernos en nuestra cultura y nuestra moral. Pero eso no sirve de nada porque no hace progresar el diálogo y solo el diálogo puede llevar a la comprensión y a los acuerdos. Hay que recordar que sentirse dueño de la razón no es ser dueño de la razón; es casi su opuesto. Los consensos hay que construirlos, no imponerlos. El ejercicio de la autoridad, de donde venga, legal, eclesiástica, etc. no es un buen consejero.

En el Perú el enfoque intercultural no ha sido asumido por los organismos del estado sino de manera muy superficial e incipiente. Véase lo que ha hecho el sector salud, por ejemplo, para esconder sus mismos programas de siempre, bajo ropajes interculturales nuevos. No he visto un programa de salud, que parta del sistema indígena, y que ubique allí el lugar de apoyo de los servicios estatales o cuando es necesario abrirse a otras medicinas. Ese sería el enfoque correcto.

· La propiedad intelectual colectiva de pueblo indígena puede registrarse solo para una fracción de sus conocimientos, para los usos de recursos bióticos, y esto de manera bastante restrictiva, solo si no ha sido estudiada antes, cuyos autores, con poquísimas excepciones se apropiaron o plagiaron conocimientos indígenas. Pero sus conocimientos sobre terapias, manejo ambiental, manejo de especies, la literatura oral, el diseño y artes no están protegidos. Actualmente, por ejemplo, el uso de los diseños shipibo por quien se le venga en gana es totalmente abusivo. Por lo tanto el uso de estos conocimientos e ideas está expuesto al plagio y no representa ningún capital. Y por supuesto son pocos, muy pocos los esfuerzos de quienes los han puesto a trabajar para los pueblos indígenas mismos. Pero este es el reto para la sociedad peruana.

Hay que señalar que para la ciencia el conocimiento, la tecnología indígena y el diseño indígena es el mayor aporte de la sociedad nacional a la cultura universal, y este podría ser fuente de riqueza si se le protege y desarrolla adecuadamente. La investigación científica intercultural debería ser la fuerza productiva principal del país, pero el negocio de las universidades está en formar a jóvenes que necesitan integrarse a la vida económica del país o del extranjero y así casi no hay espacio para la investigación ni para ocuparse del desarrollo del país. Pero casi todos los gobiernos no se han dado cuenta, que la tecnología indígena es casi lo único que tenemos y los que se dieron cuenta se enfrentaron con tal avalancha de críticas, que finalmente desistieron en el intento.

III. Profundizando algunos temas


· En consecuencia, el estado no ha creado las condiciones legales y reales para una mejor articulación de la diversidad cultural a la sociedad mayor y al estado. Las carencias de los servicios públicos y la legislación inadecuada o tendenciosa los ve luego reflejados en las estadísticas de la pobreza, pero como si fueran las circunstancias de vida de esas personas las responsables de su pobreza. Esto implica un traslado de responsabilidad del estado a los pobres, que en este caso es un espejismo. Reconocer esto es importante, porque significa ubicar correctamente las causas de la pobreza, si queremos hablar de ella y luego combatirla. La pobreza no se ubica en las características culturales de los pueblos, sino en las condiciones legales y reales perversas que impone el estado y la sociedad peruana a la convivencia con los pueblos indígenas.

· Esto quiere decir, el problema fuerte no son los pueblos indígenas, sino las sociedades y los estados en que viven.

· Obviamente hay condicionamientos adicionales a revertir en los mismos pueblos indígenas, si se quiere superar la pobreza, entendida como modo de articulación deficiente o que inferioriza al pueblo indígena. Una de esas condiciones es el desconocimiento de las opciones positivas para la convivencia y el desarrollo que sí ofrece la cultura occidental. Otra es la necesidad de contar con una visión y formas de organización propia para generar su propio desarrollo, con o sin reforma constitucional, para generar equivalentes a regiones que correspondan a territorios indígenas o a las alianzas políticas que ellos propongan hacer. Es decir, la división política del país tiene que hacerse con criterio geopolítico, de quién quiere con quién y cómo. El uso de criterios geográficos y económicos exclusivamente lleva a unidades políticas inviables; ese ha sido el error de los procesos de descentralización y hay que corregirlos. Es lógico que la división política se base en criterios políticos, y los pueblos indígenas son unidades políticas que es necesario considerar.

· Es necesario también reconocer que la autonomía de pueblo no es solo un acto jurídico, la autonomía de pueblo se construye en el ejercicio cotidiano de la reflexión crítica. Eso implica compensar el déficit de planificación a futuro de los pueblos indígenas tradicionalistas, y que esos procesos deben ser autónomos. Sin procesos de planificación estratégica autónomos no se satisface el mismo concepto de desarrollo. El desarrollo impuesto no es desarrollo; con-vencer no es convencer.

· En conclusión, en el Perú la estratificación social sigue siendo étnica, y esto lo confirma la experiencia por todos lados. La sociedad peruana sigue siendo administrada por el racismo, que es un pésimo administrador porque inferioriza, deprime y despotencia. El racismo es una de las causas profundas de la pobreza en el Perú.

· Este ha sido y es un tema delicado en el Perú, que hiere muchas sensibilidades. Parte del problema es que la opinión pública peruana carece casi totalmente de cultura antropológica, porque en el Perú se enseña en las escuelas algo de las culturas ancestrales, pero nada de las actuales.

· En el Perú, el derecho tradicional indígena lo traduce la Constitución a un derecho comunitario moderno, y esa traducción a las comunidades campesinas y nativas es sumamente deficiente, puesto que no refleja los derechos reales, que son los ancestrales y que anteceden a la creación del estado peruano, y que sí reconoce el Convenio 169-OIT y también algunas constituciones políticas anteriores. El derecho peruano recorta y distorsiona el derecho consuetudinario y divide a un pueblo en comunidades. Por ejemplo, reduce el territorio de un pueblo que permitía una planificación espacial y el manejo ecológico de los recursos, a un área de supervivencia mínima de un asentamiento de un pueblo indígena, que se convierte por ficción legal en comunidad, como si un asentamiento fuera una unidad política de un pueblo. Pero lo cierto es que los asentamientos indígenas siguen su propio patrón de asentamiento cultural. La dinámica poblacional indígena no se deja traducir a estas comunidades estrechas. Y así se seguirán partiendo y creando nuevas ad infinitum.

Pero peor es cuando se sedentarizan. No es así que entonces empieza el progreso, porque ahora tienen escuela y posta médica. Lo que empieza es que una comunidad sedentaria acaba pronto con los recursos de su entorno inmediato y se empobrece y se desnutre. En otras palabras la pobreza la induce la legislación peruana y su equivocada traducción a un derecho comunitario.

La intención política en el momento de creación de las comunidades nativas fue darles territorios mínimos de supervivencia, y declarar el resto de “libre disponibilidad para el estado”. Tal libre disponibilidad es por supuesto ficticia, y esto lo sabe todo el mundo, incluyendo a los organismos internacionales que guiados por el estado actual de conocimientos sí reconocen los territorios indígenas ancestrales. Todos sabemos que las comunidades cazan, pescan y realizan sus migraciones tradicionales fuera del ámbito de sus comunidades, porque los necesitan. En consecuencia hay problemas con la creación de áreas de conservación, con concesiones forestales, mineras y de todo tipo, porque se genera superposición de derechos.

El hecho es que la minimalización de derechos “a la peruana” no puede impedir que las empresas y las instituciones internacionales sí reconozcan los territorios indígenas tradicionales porque tienen que dar cuenta del cumplimiento de los tratados internacionales ante sus países de origen y sus accionistas.

El asunto se agrava para los pueblos indígenas cuando empieza la extracción maderera, del petróleo, la minería aurífera, la venta comercial de carne de monte y peces secos y salados en las comunidades. El mercado succiona los recursos, que debían de usarse para su propia alimentación de manera sostenible, y se malbaratea el resto. Al final los indígenas se quedan sin recursos y sin dinero. En otras palabras, la mala inserción en la economía de mercado y de la globalización es la que produce pobreza.

· Antes de eso, los pueblos indígenas no eran ni ricos ni pobres, la oposición no se aplicaba en una economía tribal, como hemos dicho, porque no hay acumulación, cada familia produce más o menos lo mismo y todos trabajan manualmente para su sustento. Y sin medios de acumulación nadie puede tener más que otros y todo lo que dispone una familia depende de su trabajo; no puede heredar nada. Y por eso es que la aplicación de estos términos es inadecuada para los pueblos indígenas con economía tribal.

· Pensar que son pobres es sumamente etnocéntrico y hasta ecocéntrico, es decir, no toma en cuenta que cada sistema ecológico tiene formas de adaptación humana propias, una lógica propia que no se puede trasladar de un sistema a otro, porque allí carecen de uso o sentido las facilidades o bienes que se toma por indicadores de pobreza o riqueza. Por eso las organizaciones indígenas no se cansan de reír y protestar contra los indicadores de riqueza y pobreza que usan los estándares de medición de calidad de vida nacionales e internacionales. Ese tipo de pobreza, es una pobreza inducida de fuera, que no les va ni les viene. Su lucha es otra.

· ¿Cómo ven la situación los pueblos indígenas? Pues, que evidentemente han sido despojados de sus territorios y recursos, y que eso genera en su forma de pensar educada para el intercambio equitativo, una deuda. La deuda no es solo económica, el tema económico es un tema derivado de otro principal, que es político. Desde la Bula del papa Alejandro VI, el papa Borgia, que despojó a los pueblos de América de su autonomía y donó la integridad de los territorios americanos en nombre de Dios a los reyes de Castilla y Aragón y a sus descendientes por todos los siglos, creando así un nuevo estatus jurídico, recién la última Declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que el Perú ha firmado, vuelve equilibrar esta situación otorgándoles la autonomía de pueblo.

· Todo el enfoque de reducción de la pobreza trabaja por lo tanto con una pobreza inducida, que depende de la anexión a la economía de mercado, y que por lo insignificante de la anexión, no es mayormente asumida por la población indígena y no cambia la visión que tienen de sí mismos como gente auto suficiente. Decimos que son pobres porque no tienen una educación universitaria, o porque no pueden hacerse préstamos bancarios, y efectivamente, es así, pero eso no decide su horizonte de vida.

· Muchas veces sin embargo, son pobres porque se invisibiliza sus soluciones a la vida y sus instituciones. Por ejemplo: son pobres porque no van a la escuela pública, pero dejamos de lado la educación familiar y comunal que sí tienen, y que sí produce miembros productivos válidos, y que podría convertirse en una educación privada, si se la fomentara adecuadamente con un poquito de esfuerzo y convicción. Nadie puede enseñar a ser curandero, por ejemplo, sino un pueblo indígena. Decimos que no tienen servicios de salud, pero olvidamos que más del 90% de los pacientes indígenas, y también de los no indígenas, acuden a un curandero, y que sí tienen uno de los servicios de salud más efectivos y mejor estudiados del mundo. Y en las ciudades peruanas “todos” nos auto medicamos y eso no se considera pobreza.

· A nadie se le ha ocurrido pensar que un joven indígena sabe de memoria decenas de horas de su literatura oral, pero que si encontramos a un solo ciudadano en el mundo hispanohablante que sepa de memoria el Don Quijote, sería un milagro, pero nos atrevemos a llamar iletrados a los indígenas, porque no saben leer y escribir, mientras que nuestros letrados, si saben llenar una ficha en un aeropuerto es mucho. El indicador de cultura es la forma de transmisión de cultura, no el contenido de la cultura. Y entonces uno se pregunta: ¿No estaremos siendo muy unilaterales en el uso de indicadores?

Es curioso que la ciencia esté tan interesada en el conocimiento y evaluación de las plantas medicinales y de la conducción sico-somática de la enfermedad indígena, pero que no se considere pobres a todos aquellos en el mundo occidental, que teniendo síntomas sico-somáticos no tengan un curandero a su costado para ayudarles en ese trance, en el que muchas veces su medicina académica no puede ayudarles. El tratamiento sico-mágico hay que compararlo con el efecto placebo y con el efecto nocebo. Los antibióticos con las plantas medicinales por ejemplo – hay que mantener la equidad en las comparaciones. Y si procedemos así, veremos que el éxito depende del tipo de terapia para este síndrome, más que de quién la aplica o de las ideas que se hace al respecto.

· Como es fácil reconocer, entonces todo el tema de la supuesta pobreza de los más pobres, los indígenas, está manipulado, y que si se hiciera una evaluación limpia de etnocentrismos, entonces saldría a relucir que las sociedades tienen su sistema de salud, su sistema educativo, sanitario, patrón de asentamiento, etc. para sus propósitos y con sus niveles propios de inversión de trabajo ­ — y que todavía tienen poca comprensión e intercambio con los otros sistemas. Esto significa, que estamos inmersos en una gran negociación intercultural de patrones de vida culturales. Pero que ese diálogo está deformado por declives de poder material, que pretenden con-vencer al otro, de quién tiene las mejores soluciones para la vida. Parte de la estrategia es inferiorizar al otro y hacerle creer que tiene menos o le falta algo.
Como se constatará fácilmente no estamos en realidad tratando el tema de la pobreza, sino un tema más profundo el tema de los derechos de la gente, y estamos tratando el tema del derecho a la no discriminación, que es uno de los derechos humanos. Las organizaciones indígenas no están reclamando mejores ingresos o un cambio de calidad de vida, están reclamando sus derechos. Curiosamente, nuestros proyectos quieren mejorarles la calidad de vida, pero no darles sus derechos.

Mientras más concesiones forestales, mineras, petroleras se sobrepongan a sus territorios que solo en el imaginario legal peruano son de libre disposición, pero que el resto del mundo, ve en ellos territorios indígenas y un derecho colectivo sobre ellos, la situación de riesgo de los pueblos indígenas se incrementa. Y lo mismo es cierto para la exploración y explotación de petróleo, que trae epidemias que afectan a miles, derrames constantes de las tuberías, riesgos porque se sigue vaciando las aguas de formación en los ríos.

· Los gobiernos peruanos piensan que si el estado asume los riesgos, favorecen la inversión, pero eso no es así, porque someten a las empresas a constantes presiones sociales y de opinión pública mundial, que muchas veces las obligan a retirarse, por la incapacidad del estado de asumir y corregir esos riesgos.

· 35 años de trabajo de campo nos autorizan a hablar no solo a nombre de esta experiencia y la de instituciones públicas y privadas con las que trabajamos, sino también a nombre de la ciencia, es decir que a diferencia de los políticos, que producen verdades sociales, que son verdades de consenso, y otros grupos como la prensa que simplemente pueden reflejar todo, desde la opinión personal valiente de un periodista hasta la de un grupo de interés, la ciencia pretende ser más objetiva. Todos tienen derecho a expresar su opinión, pero la forma cómo se constituye cada opinión merece un análisis.

IV. Cómo combatir la pobreza

El hecho es que sería facilísimo combatir la pobreza y la pobreza extrema, si existiera la voluntad política y la decisión para ello.

La pobreza que se corregirá no está referida a los rasgos culturales indígenas, sino a los nexos con la cultura occidental, porque es allí donde se genera y puede corregirse la pobreza.

1. La primera recomendación es escuchar a Hernando de Soto y aplicarlo a los pueblos indígenas: hay que capitalizar a los que tienen derechos y propiedades sin reconocer legalmente: Denles sus bosques y sus ríos a los indígenas, que ellos dispongan y planifiquen a su manera de ellos. El argumento no es solo reconocer derechos ancestrales, que ya los tienen reconocidos, sino hacerlos efectivos para evitar la pobreza. Si los pueblos indígenas no pueden disponer de su capital, son los gobiernos los que se hacen cómplices de la pobreza.

2. Los pueblos tienen que poder aprovechar económicamente sus conocimientos y sus creaciones, los mejores del mundo en materia de sus recursos y manejo de sus sistemas ecológicos, y necesitan de garantías para eso.

3. El llamado mestizaje o chocolatear a todo el mundo para emparejar a todos no parece ser una buena estrategia ni para crear conciencia nacional ni para fortalecer la economía de país, porque en lugar de fortalecer las ventajas comparativas de cada grupo social y cada cultura para su propia versión de desarrollo, las debilita y les quita o desconoce lo único que tienen para construir su futuro. Así solo producimos más pobreza. El estrategia es reconoce distintos tipos de desarrollo e interconectarlo – ponerles reglas de tráfico.

4. La unidad de los pueblos en un estado solo puede darse conociéndose y respetándose, dialogando y tomado acuerdos. Que yo sepa entre los distintos pueblos indígenas hay más entendimiento que entre el gobierno y sus pueblos. El diálogo intercultural es constitutivo para todas estas sociedades multiculturales, pero también para los estados que conforman: tienen que revisar su legislación con un enfoque intercultural, y esa es una gran tarea para el futuro. En la legislación actual tienen los jueces tienen que tomar en cuenta la ética de cada pueblo;

5. Hay que superar el etnocentrismo científico y religioso. La ciencia no es la dueña de la verdad, ni mucho menos cualquier sistema de creencias religioso. El sistema educativo no puede basar la identidad nacional en esos dos componentes, porque no se puede basar la convivencia en una unidad que no existe ni va a existir, esto es en propuestas nacionales etnocéntricas. Hay que tener presente que la ciencia ya no representa un conocimiento objetivo culturalmente neutral, es la propuesta de la modernidad para la empresa de la modernidad, y está cuestionada por la propia epistemología contemporáneo por eso. Por lo tanto, hay que cultivar un sano perspectivismo intercultural. Es necesario reconocer la medicina y la educación de pueblo indígena, fortalecer su institucionalización. Se acabó el privilegio de la medicina académica. La legislación sigue siendo fundamentalista, mientras que el pensamiento universal ya se dinamizó y creció y se fortaleció con el diálogo intercultural.

6. El potencial de desarrollo en el Perú está en los conocimientos indígenas. Lamentablemente las culturas mestizas no han sido productores de tecnologías ni de sistemas de conocimiento; son mayormente epigonales, aunque en algunas ramas de la cultura de consumo tengan también sus aportes (la cocina criolla). Pero recuerden que lo que sabe el mundo occidental del manejo y conservación de recursos es un remedo del conocimiento indígena, ligeramente adaptado a las necesidades de planificación occidentales. Si no lo saben, lean la carta del jefe Seattle al Presidente de Estados Unidos.

7. No hay desarrollo sin un proceso de decisiones autónomo; si el desarrollo es concebido y planificado por otros no es desarrollo, se llama imposición, por más bien intencionada que sea. El Convenio 169 – OIT les da a los pueblos indígenas el derecho de planificar su propio desarrollo en su artículo 7°. Eso supone planificar con perspectiva de pueblo indígena, y no con la obras de estado o intereses políticos partidarios. La perspectiva de pueblos se basa en el objetivo espontáneo de toda sociedad humana: seguir existiendo en el tiempo. Ese objetivo es el que rige sobre sus alianzas matrimoniales, política poblacional, económica, cultural, de salud, etc. Si se avasalla a un pueblo, entonces se está generando su pobreza.

8. Denle a los indígenas la propiedad intelectual sobre sus usos de los recursos y los recursos genéticos transformados en sus chacras, así como sobre sus creaciones artísticas y de todo tipo. La inscripción legal no debe estar manipulada para reconocerles lo mínimo, incrementando el acervo común no reconocible, sino por el contrario, darles lo máximo posible, porque queremos que usen su propio acervo cultural para producir. Las descripciones previas, no hechas por indígenas, sino por ejemplo por científicos no son aportes de los científicos, ellos solo registran lo que los miembros de los pueblos les comunicaron, a veces inclusive sin su autorización. Y lo mismo vale para la música y los diseños pictóricos. El recopilador no es el autor. Además las recopilaciones no indígenas no están puestas en el contexto de los sistemas de pensamiento indígena y por eso están desfigurados.

9. Generemos una cultura de la propiedad intelectual al alcance todos, que cualquier idea con un boceto, sea inscribible por un monto mínimo. Si se quiere capitalizar hay que reconocer y promover la inscripción legal, porque solo así garantizamos la posibilidad de uso, sin que nos roben la idea.

10. Articulen la unidad política de pueblo indígena a la administración del estado: reconozcan su existencia política. Pueden articularse a nivel de municipios inicialmente y luego como subregiones o regiones. De hecho los derechos que demandan requieren de políticas de salud, educación y desarrollo propias, por eso tienen que tener finalmente las atribuciones de un gobierno regional. Todas las democracias inteligentes actúan así: reconocen los derechos para integrar a sus ciudadanos. Sin ciudadanos integrados no hay unidad política de país. Y eso significa reconocer e integrar derechos colectivos.

11. Obviamente la economía de un país no puede crecer si no arregla sus asuntos internos. No se puede confiar solo en la economía globalizada: hidrocarburos, agricultura industrial, minería, etc. Estas no abastecen ni abastecerán la demanda de trabajo, por lo que se necesita de otras formas de trabajo, y estos grupos humanos tienen su visión de futuro y lógica propia. ¿Cree alguien acaso que las industrias están creando plazas de trabajo bien pagadas que sustituyan las economías indígenas de autoabastecimiento? Hay que recordar que estamos hablando de un 40% de la población peruana.

12. Se requiere de un sistema de financiamiento de proyectos locales. Actualmente los proyectos de la cooperación internacional saltan en la brecha y cubren una parte de la demanda, pero se debería crear un sistema de financiamiento nacional, no necesariamente estatal. En el Perú hay capacidad de producción, conocimiento y tecnología para la transformación, y capitales, pero todos están desenchufados; hay que conectarlos y ponerlos a trabajar. Pero con respeto por las formas de trabajo indígena y por el medio ambiente.

13. La propuesta de desarrollo indígena es intercultural, a través de todo el ciclo productivo, en la producción, transformación y comercialización. Por lo tanto se necesita un soporte tecnológico apropiado.

14. El desarrollo de la infraestructura de estado: electrificación para que puedan desarrollar pequeñas y medianas industrias en centros urbanos pequeños.

A la ahora de promover desarrollo no se trata obviamente de recortar los derechos consuetudinarios para que las industrias de las empresas petroleras, mineras, madereras y la industria agrícola puedan explotar suelos y extraer los recursos y pagar sus impuestos al estado, y nada más. Si fuera así, lo que está creando el estado no es sino un círculo de la pobreza y pobreza extrema.

El camino para superar la pobreza es muy fácil de seguir, pero exige tomar algunas medidas fuertes, tanto de orden económico como político: una reingeniería de la sociedad peruana y como consecuencia una reingeniería del estado, que es una expresión de esa sociedad peruana. Si la expresión está distorsionada, es decir la voz de la gente va por un lado y la del gobierno por otro, allí hay un problema de gobernabilidad, pero no se le puede culpar a la población. Estamos cansados de los gobernantes quejándose de sus gobernados. Quien finalmente es la que manda es el pueblo, porque es el que construye su futuro, y las políticas inadecuadas a sus propósitos que manifiesta tomando decisiones prácticas, simplemente desaparecerán.

Las negociaciones de las organizaciones indígenas con las empresas petroleras y con mineras obviamente serán duras, muy duras, en el futuro. No siempre han sido así. En parte se han endurecido por las terribles experiencias con las empresas, pero también porque el estado defiende obviamente más a las empresas que a sus pueblos. Muchas decisiones de estado han empeorado la capacidad de negociación de las comunidades y sus organizaciones y por lo tanto las han enfrentado y las posiciones se han endurecido.
Finalmente este es un ejercicio en democracia participativa y de diálogo intercultural.

V. Conclusiones:
1. Sí se puede cambiar el país, pero eso requiere cambiar las formas de interacción y comunicación en todos los ámbitos. Hay que corregir una socialización etnocéntrica por una intercultural, y generar confianza para que la comprensión y el aprendizaje de unos y otros sea posible.

2. El problema es rara vez el pueblo indígena, el problema es la sociedad nacional que integra e inferioriza a la vez a sus miembros.

3. No se puede construir un país sin reconocer los derechos de sus miembros, y eso incluye los derechos previos a la constitución del estado y los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Más aún si se trata de derechos humanos como el no ser discriminado o de derechos inherentes a la persona, incluyendo el derecho a territorio como expresión o contraparte natural de un pueblo y de una identidad. Los derechos de autoría intelectual son también inherentes al concepto de pueblo, porque es aquello de lo que viven y lo que son. Si los derechos de los miembros de un estado no están reconocidos y practicados no tenemos un estado de derecho.

4. Hay que darle una forma política a la existencia de los pueblos indígenas, para que puedan determinar su desarrollo, economía, medio ambiente, cultura, salud y derecho. El equivalente en la estructura del estado actual parece ser una región o subregión. Pero debe estar articulada a la estructura del estado para que tenga capacidad de planificación y de decisión autónoma sobre sus asuntos. Una propiedad de tierras no es suficiente porque no tiene decisión sobre el uso ni capacidad de planificación.

5. Los pueblos indígenas tienen que ser dueños de su propio proceso, es decir planificar su futuro con autonomía. Esto es algo que pueden iniciar inmediatamente y sin esperar ningún cambio legal: está en sus manos.

6. El adoptar la planificación como instrumento ya constituye una innovación cultural para las sociedades tradicionales que tienden a reproducirse a sí mismas. El ejercicio de la autonomía política y cultural tendrá como efecto un desarrollo creativo en el intercambio con el mundo y la cultura universal. Solo sociedades amenazadas como están actualmente los pueblos indígenas se inmovilizan, se defienden y se vuelven conservadoras.

7. La pobreza la genera el mismo estado y toda la sociedad peruana. Los condicionantes fundamentales son el despojo legalizado de sus territorios, del uso del suelo y subsuelo, de su propiedad intelectual, del derecho de educar a sus hijos a su manera y sus propósitos, la ilegalización de su medicina. En consecuencia los proyectos que tratan de combatir la pobreza no van a tener resultados si no afectan las causas, sino solo sus efectos culturales como desnutrición, falta de ingresos, etc.

8. Dado que el enfoque de lucha contra la pobreza trabaja en el caso de los pueblos indígenas amazónicos con una perspectiva externa, que introduce una diferenciación conceptual, es preferible trabajar con programas de desarrollo indígena con autonomía.

9. No descartamos que una adopción de nuevos estándares de vida sean posibles y hasta deseables. En cierto modo ya lo están haciendo al usar relojes, zapatillas, ropa, motores y botes,… Pero esa adopción tiene ciertas condiciones. Por ejemplo, adoptar la lecto escritura como medio de transmisión de cultura es una decisión política de pueblo, y no es una estrategia pedagógica escolar. Si se confunden las cosas, los niños que aprenden a leer y escribir nunca usarán esa habilidad y se desmotivarán. Adoptar unas correcciones a su sistema sanitario puede ser necesario, pero para hacerlo hay que ver la necesidad dentro del sistema de salud indígena y plantearlo así, sobre el conjunto de medidas que promueven la vida del pueblo. Si solo se presenta la medida sanitaria propuesta con el efecto positivo, se está apelando a una lógica de pensamiento que no mueve su sistema de salud, con relaciones causa – efecto, que por supuesto conocen, pero solo para un pequeño grupo de enfermedades que son explicadas de esa manera.

10. La conducción del país necesita de una nueva ética intercultural. Si se entiende por ética las reglas y conceptos que nos permiten conducir la vida social, descubriremos que tenemos todos los elementos para ello en nuestro lenguaje cotidiano, pero que las instituciones y culturas escogen unilateralmente algunos conceptos como fundamentales para su visión particular de la vida. Esto es, simplifican las opciones contenidas en la lógica del lenguaje cotidiano. Por ello debemos recuperar la diversidad de opciones que contiene el lenguaje cotidiano y a partir de esas posibilidades ver cómo seleccionan las culturas sus modelos. Aquí algunos de esos conceptos que son útiles en la vida social: el reconocimiento de personas, cosas, procesos, cambios, la voluntad, la intención, los motivos y razones para nuestras acciones, el respeto a la persona, el prestigio y la dignidad de la vida (de todas las especies y del sistema), las distinciones que nos permiten discriminar acciones: bueno/malo, correcto/incorrecto, equitativo/inequitativo, justo/injusto, perfecto/imperfecto, normal/anormal, ordinario/extraordinario, amor/odio, deseado/rechazado,… y el principio de evitar el daño. Hay culturas que hacen de la equidad el valor central, otras del bien (y rechazan todo lo malo), otras del equilibrio entre el bien y el mal, otras dictaminan que todo extremo es malo. Muchas culturas introducen metáforas como comparaciones, con las cuales ver la vida, por ejemplo como prueba o como juicio, y otras tienen un concepto de otra vida que supuestamente es la solución a esta vida y otras lo rechazan.

En consecuencia, podemos ver las opciones como juegos para armar, y a partir de allí ver como cada cultura arma su juego de reglas. Así podemos meternos en la mente de otros como un juego de reglas. Debemos aprender a vernos así a nosotros por igual. Es a partir de este momento, de la empatía con el otro que empieza el pensamiento político. Que consiste en tomar en cuenta la visión y los intereses del otro. Y entonces empezamos a saber cómo negociar, en lugar de defendernos y apertrecharnos en nuestra cultura como en un fuerte. Recién a partir de la empatía con el otro podemos hacer pactos de convivencia respetando al otro y no avasallándolo, sea con razones, símbolos o armas.

11. Obviamente cuando nos vamos a las armas y al uso de la fuerza abandonamos el discurso racional; pero también hay que tener en cuenta que todo diálogo tiene que ver con la comprensión emocional y con el uso y el abuso del poder. Por eso el diálogo intercultural genera una ética propia: la perseverancia en la búsqueda de la comprensión y del acuerdo, la transparencia el rechazo de toda manipulación. Solo los resultados negociados y aceptados por las partes perdurarán, el imponer una solución aunque ésta sea la mediación entre posiciones, no lleva a buenos resultados, solo puede ser en el mejor de los casos una solución intermedia hasta que se retome el diálogo.

12. Estos días, al Gobierno Peruano y a la sociedad peruana le han faltado experiencia con el diálogo intercultural. solo el desconocimiento de las propias culturas puede explicar que se haya tomado una medida de fuerza desconociendo la naturaleza de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tampoco podían medir las consecuencias de sus actos. Nuestros políticos, por lo general, han carecido de experiencia en el enfoque político intercultural: jamás se han puesto en el lugar de los pueblos indígenas y han dado pasos seguros para resolver su situación, como reconocer los derechos preexistentes, y a partir de allí negociar. Hay que pensar que los pueblos indígenas son el componente más antiguo y por lo tanto con más derechos preexistentes en el país. Son también lo más característico del Perú y los que mayores aportes han hecho a la cultura universal.

13. Las ideas que manejan los partidos políticos en el país, al igual que la opinión pública reflejan un enorme desconocimiento de la realidad peruana, y son claramente insuficientes para gobernar un país tan complejo como el Perú. Ideas políticas que fueron concebidas en los años 30 y cuarenta del siglo pasado son difícilmente aplicables sin muchas reformas; pero no bastan reformas, se necesita un esfuerzo mayor para conceptualizar soluciones para tener un país viable, que venza a la pobreza y así pueda movilizar sus fuerzas productivas con confianza y seguridad jurídica, sin el temor constante a abusos por el mismo estado. Si no se hacen las reformas no habrá paz social y sin reglas claras satisfactorias para todas las partes no hay convivencia, hay confrontación. En la creación de esas reglas claras para la convivencia debemos estar empeñados para poder enfrentar el futuro.

Nota
* Investigador, Lingüista, filósofo, antropólogo; catedrático en San Marcos, asesor o director de varios proyectos e iniciativas relacionadas con los pueblos amazónicos y autor de varios libros sobre el tema.

Fuente: Blogeer de David Roca

lunes, 22 de junio de 2009



Amazonía peruana: guerra por los recursos y contra las drogas

Ricardo Soberón Garrido

En la Amazonía peruana, el Estado libra dos guerras contradictorias aunque en paralelo. La guerra contra las drogas, que pretende terminar con el uso de sustancias psicoactivas en el mundo a través de la desaparición de plantas como la coca y la cannabis, y la guerra por los recursos naturales, que pretende reordenar el territorio amazónico a voluntad de empresas, conglomerados y megaproyectos.

El reciente enfrentamiento entre policías e indígenas awajún en el Perú, que costó la vida de 34 personas, guarda relación con las marchas cocaleras en Colombia (1996), las del Perú (2004) y las del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Todas estas movilizaciones sociales son la prueba evidente de la confrontación de dos modelos de vida y desarrollo: uno es el que pregona el denominado ‘Consenso de Washington’, basado en el neoliberalismo salvaje, la extracción indiscriminada de recursos no renovables y el consumismo extremos; el otro está basado en el respeto a los pueblos originarios, los ecosistemas biodiversos como el amazónico y la vigencia de los derechos colectivos.

En ambos conflictos, los actores estatales asentados en Lima, Bogotá, México DF y Washington juegan un rol promotor de la continuidad del modelo del ‘Consenso de Washington’, a pesar de las evidencias mostradas en el último semestre sobre las consecuencias de la crisis financiera global y la debacle del referido modelo. De forma simultánea, perennizan los postulados del denominado ‘Consenso de Viena’, que consiste en mantener una fracasada guerra antidrogas, basada en la interdicción indiscriminada, la erradicación aérea, la extradición y la certificación.

Tales promotores de guerras inútiles, pero muy lucrativas –como ministros de Comercio, zares antidrogas, embajadores o jefes de policía–, se la pasan convenciendo o presionando a Gobiernos adeptos y opiniones públicas desinformadas, a través de presupuestos y condicionamientos sobre la necesidad de mantener ambas guerras: la de las drogas y la de los recursos. En ambos casos, tales guerras cuentan con instrumentos de aplicación similares o convergentes. Es el caso de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), destinada a unir por redes fluviales y terrestres el Atlántico con el Pacífico, el Plan Colombia, destinado a terminar con las FARC y el narcotráfico, la Iniciativa Mérida, con el objetivo de acabar con el crimen organizado en la frontera con Estados Unidos, la Iniciativa Andina, destinada a contener los impactos del conflicto armado en las fronteras andino-amazónicas, los tratados para promover el libre comercio con determinados países, o la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPADEA, en inglés) como instrumento de transición para el desarrollo alternativo. Todo parece indicar que el Gobierno del presidente García ha dado marcha atrás al aceptar la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, sobre flora y fauna y ordenamiento territorial, respectivamente (denominados ‘Ley de la selva’ por los indígenas). Sin embargo, en su presentación televisada de unos días atrás, García fue muy claro en mantener los objetivos de largo plazo de su Gobierno, es decir, promover la inversión y el crecimiento económico.

¿Qué significa ello?
  1. Su intención de promover otros marcos legales –esta vez consultados con los indígenas– que le permitan asegurar la propuesta económica contenida en su teoría del “perro del hortelano”, es decir, darle valor económico a los 63 millones de hectáreas que hay en la Amazonía promoviendo concesiones petroleras y de gas, licencias forestales y una mayor concentración de la propiedad para el desarrollo de monocultivos.

  2. El mantenimiento de relaciones políticas, comerciales y de seguridad privilegiadas con los Gobiernos de los presidentes Lula y Álvaro Uribe. En el caso del primero, el Brasil está interesado en asumir el liderazgo regional y global –como acontece en el G-20, en el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y en el Consejo Sudamericano de Defensa– y en lograr la neutralización de la influencia de Chávez en América del Sur. Perú y Brasil comparten una alianza estratégica amplia que tiene varios componentes como, por ejemplo, el uso por parte del Perú del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM). Asimismo, la construcción de carreteras interoceánicas en el marco de la IIRSA, la construcción de seis hidroeléctricas en la Selva Alta peruana que van a promover de energía barata a los estados fronterizos de Acre y Rondonia y, finalmente, la promoción de los proyectos de expansión de la frontera agrícola a través de los agrocombustibles.
En el caso de Colombia, todo parece indicar que se puede producir una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe (2002-2014), pues cuenta con un 54 por ciento de intención de voto. Es evidente que hay una relación entre dicha intención y la forma como ha manejado el conflicto armado con las FARC. Pero ¿cuál es la situación real del narcotráfico? Todos los indicadores, tanto de Estados Unidos como de la ONU, muestran que, a pesar de los 8.000 millones de dólares invertidos en la ejecución del Plan Colombia, ni el área de cultivos ilícitos ni la droga producida se han reducido. Por el contrario, se han conformado nuevas alianzas entre organizaciones criminales emergentes (las Águilas Negras, Los Rastrojos). Es conocido el interés de los paramilitares –y del Gobierno colombiano– en promover megaproyectos, concentración de la propiedad y el desplazamiento de la población originaria en diversas partes del territorio.

Por otro lado, las experiencias de diez años de tratado de libre comercio (TLC) en México son desalentadoras en cuanto a promoción del empleo, balance comercial y pérdida de seguridad y soberanía alimentaria. Las relaciones entre los impactos adversos del TLC sobre la cultura mexicana y el actual estado de guerra que se vive en la frontera son evidentes. Las lecciones aprendidas del caso mexicano y de los países andinos muestran la íntima relación que existe entre las nefastas consecuencias de la guerra antidrogas y la guerra por los recursos naturales.
Curiosamente, al mismo tiempo que el Gobierno peruano pasó 55 días sin resolver las peticiones de los hermanos awajún asentados en la zona norte del Perú, las Fuerzas Armadas venían desarrollando un intenso operativo militar en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), destinado a ubicar las columnas de José Quispe Palomino, máximo representante de la corriente de Sendero Luminoso denominada ‘Proseguir’, que en los últimos meses realizó importantes emboscadas contra el ejército, inutilizó un helicóptero, reclutó niños y dio entrevistas a la prensa. Así pues, ni el denominado Plan VRAE ni la teoría del “perro del hortelano” constituyen una solución a los problemas históricos de la Amazonía.


Nota:
Ricardo Soberón Garrido es abogado peruano, reconocido analista internacional en asuntos de drogas y seguridad, e investigador asociado del Centro de Investigación “Drogas y DDHH” y el Transnational Institute.

Fuente: Transnational Institute

miércoles, 17 de junio de 2009



El monstruoso contrasentido

Los orígenes del conflicto con los pueblos indígenas están en la incapacidad del Estado para reconocerlos como sujetos de derecho.
Por: Santiago Alfaro Rotondo

José María Arguedas calificó como un “monstruoso contrasentido” el hecho de que las élites políticas y económicas peruanas a la vez que admiraban el arte indígena, despreciaran a sus creadores. Sus palabras no dejan de tener vigencia. El contraste entre cómo nos sentimos orgullos por nuestra diversidad cultural y cómo se interpreta el conflicto protagonizado por los pueblos indígenas de la Amazonía lo demuestra.

Por un lado, el Estado y múltiples empresas utilizan las expresiones culturales de los shipibos o asháninkas como un recurso para promover el turismo y ofrecer mercancías. Y por el otro, las demandas políticas de esas mismas poblaciones o no son escuchadas o se las concibe como el producto de la ignorancia y la manipulación de agentes externos, privándolas de toda capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Los pueblos indígenas de la Amazonía siguen siendo vistos solo como sujetos estéticos y no de derechos, como postales y no ciudadanos. Como consecuencia: palmas para Juaneco y su Combo, balas para los awajún.

La persistencia de este “monstruoso contrasentido” nos confronta con los retos que exige reconocer el agotamiento del modelo clásico de ciudadanía. Según este, solo se debe avalar la libertad de cada individuo para cultivar y mantener su herencia cultural. Por lo mismo, a los poderes públicos solo les correspondería conceder iguales derechos fundamentales para todos los ciudadanos.

A lo largo de las últimas décadas dicho modelo fue cuestionado debido a su incapacidad para garantizar que las comunidades históricamente discriminadas puedan mantener su identidad y acceder a los recursos económicos, sociales y políticos necesarios para su existencia. A raíz de ello, en el marco de la evolución y ampliación de los derechos humanos, a los pueblos indígenas se les reconocieron un conjunto de derechos especiales de carácter colectivo por medio de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o reformas constitucionales, abriendo paso a lo que se conoce como “ciudadanía multicultural” o “ciudadanía diferenciada”.

En tanto fuente de identidad, de sustento material y espiritual, el territorio es uno de esos derechos colectivos. No obstante, existe una contradicción entre el derecho internacional (léase Convenio 169 de la OIT) y la legislación nacional al respecto. Mientras que el primero asume que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de los recursos naturales existente en el subsuelo de los territorios indígenas, el segundo reconoce solo el derecho de propiedad colectiva de las comunidades sobre las tierras superficiales, señalando que los recursos naturales son propiedad de la nación.

Este es el nudo jurídico del conflicto amazónico: el Estado peruano sigue funcionando según el modelo clásico de ciudadanía, por lo que no reconoce a plenitud los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A esto se suma la ideología del “perro del hortelano”, según la cual los recursos naturales solo pueden ser aprovechados si los explotan grandes inversionistas. Su fundamentalismo descarta a los pueblos indígenas no solo como agentes de desarrollo sino también como interlocutores válidos, reproduciendo el “monstruoso contrasentido”.

Si el gobierno sigue actuando según esta lógica, los conflictos sociales no dejarán de brotar y la “masacre de Bagua” se repetirá sostenidamente. Las alternativas no pasan necesariamente por impedir la llegada de los flujos de inversiones, sino condicionarlos a respetar los derechos indígenas.

Para ello, el derecho a la consulta previa, libre e informadamente, “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art. 6.1 del Convenio 169 de la OIT), debe expresarse en procedimientos institucionales que garanticen su cumplimiento efectivo. Es importante entender que el espíritu de la consulta es lograr un consentimiento, no solo intercambiar información formalmente. Además, se debe emplear la consulta antes de tomar decisiones como conceder licencias de exploración y explotación de los recursos naturales.
La democracia es un modelo para organizar el ejercicio del poder, basado en el principio de que las decisiones que afectan el bienestar colectivo deben ser producto de deliberaciones libres entre personas consideradas moral y políticamente iguales. En ese sentido, el “monstruoso contrasentido” es un obstáculo para su ejercicio efectivo, y la ciudadanía diferenciada de los pueblos indígenas, una manera de radicalizarla.

Preguntas sobre hidroeléctricas en la Amazonía peruana

Marc Dourojeanni

En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciada demanda energética del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue mucho más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos 4 mil millones de dólares. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46,000 hectáreas.


Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, ya está funcionando en el Perú dos nuevas empresas, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada principalmente por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y sub-contratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un “secreto de estado”, pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 de éstas que más les convienen.


A este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente en condiciones de la Amazonía brasileña y, la verdad, obligan a reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etc. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aún más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.


Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia “que no hay problema” y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser re-localizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.

El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos y peor aún será su efecto acumulado. En el Brasil, por ejemplo, las represas han dejado gran parte del país sin ríos no explotados con una o más obras para fines energéticos, con gravísimas y bien documentadas implicaciones sociales y ambientales. Han generado, por ejemplo, el importante movimiento popular denominado Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) que reclama un trato justo para las víctimas de esas obras y que para ser atendido invade y ocupa instalaciones de las empresas.


El problema, pues, es muy importante y antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:

1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?

2. ¿Hasta qué punto el avance de los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de pre-factibilidad, incluyendo aspectos sociales y ambientales, no demuestra que la obra ya está decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra, si sus impactos son excesivos, como manda la legislación ambiental?

3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo de que es de esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?


El Brasil y el Paraguay están precisamente ahora confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean ahora para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Pero el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.

Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios, o sea que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socio ambiental estratégica que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es “una represa” en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 o 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de la Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podrían haber otras cinco represas para “explotar” mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.

De otra parte, es difícil entender por qué el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los
niveles nacional, regional y local y en las instancias políticas, académicas y
populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que va a ser parcialmente destruida por la represa del Inambari,
que fue decidida con estudios socio-ambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.
Lima, 3 de Junio del 2009


Datos:

Marc Dourojeanni, reconocido ambientalista. Ing. agrónomo y forestal, dedicado a la investigación y docencia, laboró como consultor del BID en temas vinculados a las políticas de aprovechamiento sostenible de la Amazonía, en Brasil.

Semblanza del Dr. Marc Jean Dourojeanni Ricordi, por el Ing. Manuel A. Ríos Rodríguez, en ceremonia de reconocimiento en UNALM: “Marc es un prestigioso conservacionista, uno de los especialistas en temas amazónicos más destacados del planeta. Ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la ecología peruana y a trabajar para protegerla, es un escritor cuyas ideas e interpretación del mundo son siempre mencionadas y citadas”.


Versión en Inglés:


Questions on hydroelectric power plants in the Peruvian Amazon Región

Marc Dourojeanni

In the rapid occupation process of the Peruvian jungle, characterized in the last decades by road infrastructure, petroleum and mining exploitation in addition to usual agriculture, cattle ranching and forestry activities, another determining element has arisen. It is the exploitation of hydroelectric potential. Presidents Alan García from Peru and Luis Ignacio
Lula da Silva from Brazil formally launched, on April 28th 2009, the race that will culminate with the operation of an undetermined number of grand dams in the high jungle rivers of Peru that are mainly aiming at supplying the insatiable energy demand of the neighboring country.

News of the signing of a memorandum of intent between Brazil and Peru, where amongst its six points has one referring to hydroelectric possible plants was commented with far more detail in Brazil than in Peru where it was done almost without anyone noticing despite its very serious geopolitical, economic, social and environmental importance. In essence, the memorandum proposes allowing Brazil to study, finance, build and operate up to six very large hydroelectric power plants on Peruvian soil to supply its energy requirements, purchasing a large part of the energy produced in Peru. The hydroelectric plants chosen by Brazil are Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) and Chuquipampa (800 MW) and, of course, the corresponding transmission lines which will be integrated into the Brazilian system. The total cost of these six undertakings will amount to the order of US$ 16 billion dollars and the first project selected is on the Inambari River, at the confluence of Madre de Dios, Cuzco and Puno departments at a cost of US$ 4 billion dollars. Only to give an idea of what it entails Inambari would, in terms of generation of energy, be the largest dam in Peru and the fifth largest in Latin America flooding an area of over 46,000 hectares.

On revising the information one discovers that the actions to be taken in order to carry out this project were being implemented long before the signature of the memorandum. According to the media, two new companies are already working in Peru, the Empresa de Generacion Electica Amazonas Sur SAC, made up mainly of Engevix, the main consulting firm in Brazil and Inambari Geracao de Energia, a consortium made up by Brazilian state-owned Eletrobras and Furnas and the construction company OAS, also Brazilian. They apparently already have a credit of US$ 2,5 billion from the Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico e Social (BNDES). The studies, carried out by the first of the mentioned corporations are already being carried out by the equally Brazilian company PSR Consultant and sub-contractor, according to a ministerial resolution of Energy and Mines given in June 2008, in other words a year before the presidential meeting. It could be true that this was not a “state secret” but it also undeniable that the government made no effort to divulge this important event affecting the nation’s future. In fact, the six dam projects are not new. They were already proposed in the 70s based on a study made by a specialized company (Lahmeyer-Salzgitter) with financing by the German government (GTZ) and the World Bank. In this regard, numerous possibilities were detected of the 14, which are priorities. Brazilians chose 6 of these, which were most convenient.

At this point without major information, it is difficult to evaluate whether the undergoing negotiations for Brazil to develop and exploit Inambari and the other dams will represent a benefit for Peru. What is evident is that the construction of large dams on the Amazon rivers will have enormous economic repercussions in terms of external debt and obviously, extreme environmental and social impacts. There is countless information on those impacts especially on Brazilian Amazon conditions and, truly, they require reflection long before they embark on construction of them. Their direct impacts include the important displacement of humans, economic changes and social not always positive, flooding of scarce fertile land, deforestation, elimination of fauna, alteration of the hydro biologic system and of neighboring land ecosystems, especially problems of contamination (generation of methane), etc. The indirect ones are worse and they extend over enormous surfaces that include invasion of protected areas and Indian territories, more deforestation since the work will attract more people and energy facilitates new speculations. All of these problems will be even more serious in the sui generis conditions of the high jungle, since the valleys are narrow and their biota elements are rare and many are endemic.

The corporations involved have already announced some of the results of the environmental impact study of Inambari. It, predictably, says in essence, “that there is no problem” and if there were any, they are easily resolved. This is highly unlikely when we already know, for example, that the reservoir will flood all the existing agriculture in the area, as well as the illegal gold mining and various populated centers which, also, due to the characteristics of the valley, will be unable to be reallocated appropriately. We also know that it will flood between 90 km and 150 km (depending on the final altitude of the dam) of the recently built Interoceanica highway whose cost is very high and paid by Peruvians. The abrupt slopes of the region are not stable and can affect the reservoir. Worst of all is that it will also flood part of the buffer zone of the Bahuaja-Sonene Park and that, in order to rebuild the road, this will be very close to the Park itself gravely threatening its future. We already know, through studies in the same Basin, that many of the fish species including some rare ones will be drastically affected.

The impact of the other dams could be greater or smaller of than that of Inambari, but they will not be spared and even worse their effect will be accumulative. In Brazil, for example, the dams have left a large part of the country without rivers to be exploited with one or more construction works for energy purposes, with most serious and documented social and environmental implications. They have generated, for example, the important popular movement called Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) that calls for a fair treatment of the victims of these construction works and in order for it to be acknowledged invades and occupies installations of the corporations.

The problem then is most important and before starting the work, as seems to be the case, must be discussed on a national level and not only exposed in a short manner at a local level in small meetings of misinformed farmers where the supposed benefits at emphasized and the problems are swindled. The questions Peruvian promoters of the works must reply to be basically three:

Which is the present sate of the negotiation or the present level of Peru’s commitment with corporations, and the Brazilian government in the case of Inambari and of the other projects? Is there still a possibility to discuss the subject or to find other alternatives?

To what extent the advancement of the feasibility studies of Inambari, without pre- feasibility studies, including social and environmental aspects, does not show that the construction work already decided, compromising the option of not carrying out the work if its impacts are excessive, as the environmental legislation indicates?


Which will be the benefits for Peru of a hydroelectric program which, as informed, will be studied, financed, constructed and operated by the neighboring country who will buy the vast majority of the production? Do they not imagine the risk that entail waiting for the hydroelectric power plants to be returned to Peru already sedimented and obsolete despite the fact that Peru must continue paying the gigantic loan embarked on?

Brazil and Paraguay are precisely now confronting a difficult situation with regard to Itaipu that was constructed in similar conditions to those proposed now for the six Peruvian dams. The Brazilian argument is that the bi-national agreement signed in 1973 backs their attitude to not pay any more for the energy bought. But the Paraguayan argument is that they cannot even pay the debt taken on for the construction because Brazil pays a vile price for the energy that they buy under exclusivity. It does not matter, in this case, who is right, but Peru should study deeply this conflict before embarking on similar long-term international agreements.

It is perfectly reasonable that Peru sells energy that it does not need to neighbor countries like Brazil, like any country does with this or any other resource. That is normal, desirable and is part of continental integration. However before taking a decision, economic, social and environmental studies must be carried out which guarantee that the benefits will be greater than the damages, in other words that it be profitable under those three terms. The economic benefits must ensure, also, a minimum of social and environmental damage or adequate compensation. What is more, in this case a strategic socio-environmental assessment must be made of the total hydroelectric program of the Amazon region must be addressed, not only of Inambari. One thing is “a dam” in the high jungle and another very different one are 6 to 14 hydroelectric power plans on the main national rivers. Likewise, on reading the Lahmeyer-Salzgitter study it reveals that, only in Inambari, there could be five more dams to “exploit” the best potential. Each river in the Amazon could, in effect, be converted into a succession of artificial lakes, as is the case already on several Brazilian rivers. The new Environment Minister of Peru must undertake an independent assessment on this problem and to insist that financial resources to do this task be allocated.

On the other hand, it is difficult to understand why the Peruvian government, that is presently confronting a serious social conflict in the Amazon region, precisely due to lack of information and discussion of their activities, once again reverts to adopting the same behavior as for the hydroelectric power plants that are projected. The only way to legitimize this program is divulging and discussing it seriously at national, regional and local levels and at the political, academic and popular levels. We hope that the very sad experience of the Interoceanica highway, which will be partially destroyed by the Inambari dam, which was based on poor quality socio-environmental assessments and useless, since the road was already being built when these were finalized.

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