Amazonía peruana: guerra por los recursos y contra las drogas 
Ricardo Soberón Garrido
En la Amazonía peruana, el Estado libra dos guerras contradictorias aunque en paralelo. La guerra contra las drogas, que pretende terminar con el uso de sustancias psicoactivas en el mundo a través de la desaparición de plantas como la coca y la cannabis, y la guerra por los recursos naturales, que pretende reordenar el territorio amazónico a voluntad de empresas, conglomerados y megaproyectos.
El reciente enfrentamiento entre policías e indígenas awajún en el Perú, que costó la vida de 34 personas, guarda relación con las marchas cocaleras en Colombia (1996), las del Perú (2004) y las del Movimiento Sin Tierra en Brasil. Todas estas movilizaciones sociales son la prueba evidente de la confrontación de dos modelos de vida y desarrollo: uno es el que pregona el denominado ‘Consenso de Washington’, basado en el neoliberalismo salvaje, la extracción indiscriminada de recursos no renovables y el consumismo extremos; el otro está basado en el respeto a los pueblos originarios, los ecosistemas biodiversos como el amazónico y la vigencia de los derechos colectivos.
En ambos conflictos, los actores estatales asentados en Lima, Bogotá, México DF y Washington juegan un rol promotor de la continuidad del modelo del ‘Consenso de Washington’, a pesar de las evidencias mostradas en el último semestre sobre las consecuencias de la crisis financiera global y la debacle del referido modelo. De forma simultánea, perennizan los postulados del denominado ‘Consenso de Viena’, que consiste en mantener una fracasada guerra antidrogas, basada en la interdicción indiscriminada, la erradicación aérea, la extradición y la certificación.
Tales promotores de guerras inútiles, pero muy lucrativas –como ministros de Comercio, zares antidrogas, embajadores o jefes de policía–, se la pasan convenciendo o presionando a Gobiernos adeptos y opiniones públicas desinformadas, a través de presupuestos y condicionamientos sobre la necesidad de mantener ambas guerras: la de las drogas y la de los recursos. En ambos casos, tales guerras cuentan con instrumentos de aplicación similares o convergentes. Es el caso de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), destinada a unir por redes fluviales y terrestres el Atlántico con el Pacífico, el Plan Colombia, destinado a terminar con las FARC y el narcotráfico, la Iniciativa Mérida, con el objetivo de acabar con el crimen organizado en la frontera con Estados Unidos, la Iniciativa Andina, destinada a contener los impactos del conflicto armado en las fronteras andino-amazónicas, los tratados para promover el libre comercio con determinados países, o la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la Droga (ATPADEA, en inglés) como instrumento de transición para el desarrollo alternativo. Todo parece indicar que el Gobierno del presidente García ha dado marcha atrás al aceptar la derogatoria de los decretos legislativos 1090 y 1064, sobre flora y fauna y ordenamiento territorial, respectivamente (denominados ‘Ley de la selva’ por los indígenas). Sin embargo, en su presentación televisada de unos días atrás, García fue muy claro en mantener los objetivos de largo plazo de su Gobierno, es decir, promover la inversión y el crecimiento económico.
¿Qué significa ello?
- Su intención de promover otros marcos legales –esta vez consultados con los indígenas– que le permitan asegurar la propuesta económica contenida en su teoría del “perro del hortelano”, es decir, darle valor económico a los 63 millones de hectáreas que hay en la Amazonía promoviendo concesiones petroleras y de gas, licencias forestales y una mayor concentración de la propiedad para el desarrollo de monocultivos.
- El mantenimiento de relaciones políticas, comerciales y de seguridad privilegiadas con los Gobiernos de los presidentes Lula y Álvaro Uribe. En el caso del primero, el Brasil está interesado en asumir el liderazgo regional y global –como acontece en el G-20, en el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) y en el Consejo Sudamericano de Defensa– y en lograr la neutralización de la influencia de Chávez en América del Sur. Perú y Brasil comparten una alianza estratégica amplia que tiene varios componentes como, por ejemplo, el uso por parte del Perú del Sistema de Vigilancia Amazónica (SIVAM). Asimismo, la construcción de carreteras interoceánicas en el marco de la IIRSA, la construcción de seis hidroeléctricas en la Selva Alta peruana que van a promover de energía barata a los estados fronterizos de Acre y Rondonia y, finalmente, la promoción de los proyectos de expansión de la frontera agrícola a través de los agrocombustibles.
En el caso de Colombia, todo parece indicar que se puede producir una segunda reelección del presidente Álvaro Uribe (2002-2014), pues cuenta con un 54 por ciento de intención de voto. Es evidente que hay una relación entre dicha intención y la forma como ha manejado el conflicto armado con las FARC. Pero ¿cuál es la situación real del narcotráfico? Todos los indicadores, tanto de Estados Unidos como de la ONU, muestran que, a pesar de los 8.000 millones de dólares invertidos en la ejecución del Plan Colombia, ni el área de cultivos ilícitos ni la droga producida se han reducido. Por el contrario, se han conformado nuevas alianzas entre organizaciones criminales emergentes (las Águilas Negras, Los Rastrojos). Es conocido el interés de los paramilitares –y del Gobierno colombiano– en promover megaproyectos, concentración de la propiedad y el desplazamiento de la población originaria en diversas partes del territorio.
Por otro lado, las experiencias de diez años de tratado de libre comercio (TLC) en México son desalentadoras en cuanto a promoción del empleo, balance comercial y pérdida de seguridad y soberanía alimentaria. Las relaciones entre los impactos adversos del TLC sobre la cultura mexicana y el actual estado de guerra que se vive en la frontera son evidentes. Las lecciones aprendidas del caso mexicano y de los países andinos muestran la íntima relación que existe entre las nefastas consecuencias de la guerra antidrogas y la guerra por los recursos naturales.
Curiosamente, al mismo tiempo que el Gobierno peruano pasó 55 días sin resolver las peticiones de los hermanos awajún asentados en la zona norte del Perú, las Fuerzas Armadas venían desarrollando un intenso operativo militar en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), destinado a ubicar las columnas de José Quispe Palomino, máximo representante de la corriente de Sendero Luminoso denominada ‘Proseguir’, que en los últimos meses realizó importantes emboscadas contra el ejército, inutilizó un helicóptero, reclutó niños y dio entrevistas a la prensa. Así pues, ni el denominado Plan VRAE ni la teoría del “perro del hortelano” constituyen una solución a los problemas históricos de la Amazonía.
Nota:
Ricardo Soberón Garrido es abogado peruano, reconocido analista internacional en asuntos de drogas y seguridad, e investigador asociado del Centro de Investigación “Drogas y DDHH” y el Transnational Institute.
Fuente: Transnational Institute
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