lunes, 12 de diciembre de 2011

José María Arguedas: anecdotario mínimo

Por
 Stefano Varese






 Debe haber sido en el verano de 1967 o 1968 cuando logré invitar a José María Arguedas a la casa de playa de San Bartolo que mi padre Luis y su esposa Rita rentaban para el placer de todos nosotros hijos, hijastros y amigos que siempre llenaban cualquier casa que mi padre tocara con sus generosas manos lígures. Arguedas llegó con Sybila, creo que en carro que ella misma manejó, y se instaló en el patio asoleado, bajo una sombrilla protectora y discreta, atendido por la excesiva hospitalidad que Rita solía dispensar a cuanta persona entrara a la casa. Tenía yo veintiocho o veintinueve años, un doctorado en etnología recientemente logrado y una admiración respetuosa y un tanto atemorizada de esta persona menuda, de ojos claros, de facciones que hubieran podido ser de algún pariente lejano de Génova o Turín. En 1965, Arguedas había estado unos pocos días en Génova invitado a un congreso de escritores. Creo recordar que yo había usado esa excusa para convencerlo de que pasara un día en la playa con nosotros y remembrara, distrayéndose, los recuerdos de su viaje a Italia, a la tierra de mi padre y de Rita, entre unos vinos y unas pastas muy genovesas de «pesto» y recuerdos  que aparecían siempre como por milagro en la mesa de nuestra casa.
En mi escasa década de vida en Perú —había yo llegado de Italia, después de tres días de avión turbohélice sobre el Atlántico y las Américas, al aeropuerto de Talara a fines de 1956— José María Arguedas y yo habíamos coincidido en varias y poco predecibles ocasiones. Quizás en Génova en 1965, en una de esas ‘sincronías’ de las que habla Carl Gustav Jung, él buscando a escritores que entendieran su pasión andina, yo en el intento reiterado cada cierto tiempo de cercenar mis nostalgias y sepultar en el olvido las tierras de mis infancias. Después, a través de maestros comunes cuando en las clases magistrales de Jorge Muelle y Jean Vellard, a pocos años de distancia uno de otro, escuchamos parecidas invocaciones a la inteligencia, sensibilidad y apertura mental —y emocional— para con los pueblos originarios de América. O tal vez cuando el maestro Jorge Puccinelli, Decano de Filosofía y Letras de la Universidad de San Marcos, en algún momento le comentara a Arguedas que el Departamento de Antropología de San Marcos se hubiera podido beneficiar con el joven Varese, tan metido en esas cosas exóticas de la selva amazónica y tan poco apreciado por el jefe, José Matos Mar, por sus innegables vínculos con la Universidad Católica y su muy conservador director de tesis el «pied noir» argelino Jean A. Vellard. Algo debió funcionar, porque en 1967 ingresé como profesor asistente al Departamento de Antropología en San Marcos y, el mismo año, Arguedas me invitó a dar unas clases sobre la Amazonía en el Departamento de Sociología que él dirigía en la Universidad Agraria de La Molina.

De José María Arguedas en San Marcos, tengo recuerdos fragmentarios y calurosísimos. Aparecía en las reuniones de un departamento de antropología en el que yo y otros profesores jóvenes no nos sentíamos muy bien recibidos, infundiéndonos, con su timidez e inseguridad, toda esa fuerza que él parecía no tener y que nos dispensaba a su pesar. Recuerdo un día, quizás un año antes de su muerte, en el que de repente, sin aviso alguno, al comenzar la reunión formal del departamento, Arguedas se lanzó a hablar en quechua a todos los miembros del departamento. Algunos de nosotros —yo y Alejandro Ortiz Rescaniere, creo— nos quedamos honrada y discretamente callados dando la ilusión de que algo entendíamos. Después de tres años de clases con el maestro Teodoro Meneses, yo algo debía de comprender. El silencio más ambiguo y mortificante provino de los profesores quechua hablantes que se negaban, y negarían por mucho tiempo, a reconocer su condición de andinos quechuas. Fue en esa ocasión que la conversación en quechua entre José María Arguedas, Luis Lumbreras y Rodrigo Montoya marcaron en mi mente el comienzo de una amistad respetuosa de estos dos jóvenes colegas con quien pocos meses después daríamos un «coup d’état» en el departamento. Bajo el empuje de los estudiantes se formó el triunvirato Lumbreras-Montoya-Varese, que administró académicamente el departamento hasta su reorganización. Por años, este acto de rebeldía juvenil, implícitamente aprobado sino estimulado por Arguedas, nos costó a los tres la abierta hostilidad de José Matos Mar y por extensión de John V. Murra. Recuerdo que varios años después, ya en México, Murra me agredió de palabras por ese acto de insubordinación ante la autoridad intelectual y profesional de los maestros de la antropología peruana. Extrañamente, no le había quedado claro a Murra que esos eran los meses y años del movimiento estudiantil y obrero de Paris (1968), la masacre de estudiantes mexicanos en Tlatelolco (1968), el movimiento estudiantil de Berkeley, contra la guerra de Viet Nam, en los Estados Unidos y el movimiento de los derechos civiles de negros, indios y chicanos, y obviamente la joven Revolución Cubana. No pasaban impunemente por las mentes y los corazones de los estudiantes de San Marcos las muertes, sufrimientos y contradicciones morales y políticas que de alguna manera permitían sus años de ciertos privilegios y de estudio.

La verdad es que, aun en el trato ocasional que teníamos en San Marcos y en La Molina, me encariñé con Arguedas. Intuí que fue él quien entendió la importancia del estudio de los pueblos indígenas de la Amazonía y ayudó a abrir un área de estudios amazónicos tanto en San Marcos como en La Molina. No sé si tuvo alguna influencia en la decisión del Decano de Filosofía y Letras Jorge Puccinelli de apoyar, en 1967, la creación del Centro de Investigaciones de Selva en el «Instituto Raúl Porras Barrenechea» de San Marcos. Creo saber, sin embargo, que el antropólogo quechua hablante Mario Vásquez consultó con Arguedas sobre mis trabajos en la selva y fue precisamente en el Centro de Investigaciones de la Selva donde Mario Vásquez y Carlos Delgado fueron a buscarme, después de octubre de 1968, para proponerme trabajar en las reformas agrarias, territoriales y sociales que postulaba la revolución velasquista para la selva amazónica.  No consulté con Arguedas este ofrecimiento un tanto arriesgado por parte de una «revolución» que parecía, y no, espuria y socialista. Acepté el nombramiento. Ni siquiera recuerdo bien si llegué a conversar largamente con él durante este primer año del velasquismo y menos si él hubiese aprobado esta decisión mía. Entre 1967 y 1969 trabajé con mi amigo Alberto Chirif en la producción de un disco de música aguaruna y campa asháninka. En algún momento, José María Arguedas nos presentó a su amigo el musicólogo Josafat Roel quien ofreció escribir «Algunas Anotaciones sobre la Música» aguaruna y asháninka del disco. El disco fue publicado finalmente, poco antes de la muerte de José María Arguedas, bajo el sello de la Casa de la Cultura y el Centro de Investigaciones de Selva del Instituto Raúl Porras Barrenechea de San Marcos.

Han pasado 38 años desde que vi a José María Arguedas.  Su muerte me enfadó muchísimo, como me enfadaron después otras muertes por suicidio, la de Mario Vásquez con quien me unía la ilusión por la revolución velasquista, la ambigua muerte autoinfligida de mi querido colega y más que amigo, Guillermo Bonfil Batalla, el mexicano que me abriera las puertas de su país «profundo» y la última penosísima muerte del novelista indio Louis Owen, colega en mi departamento de la universidad de California de Davis. A todos los enfados siguió el duelo dolorido y la nostalgia y la conciencia de la ausencia y la soledad y el retorno limpio de los recuerdos. Pocos instantes de cercanía reencontrada y celebrada en la intimidad de una memoria incierta.

Este texto sobre Arguedas circuló previamente en Martin, Revista de artes y letras de la Universidad San Martín de Porres, año IV, número 10-11, Lima, noviembre 2004 (141-143).

Fuente:








Nota

 En el Centenario del nacimiento de nuestro querido escritor y antropólogo José María Arguedas y con ocasión de cumplirse  42 años de su fallecimiento, un revelador y delicioso texto de Stefano Varese que nos desucubre el interés y apoyo a la investigación de la Amazonía del embremático escritor del mundo andino.

Reproducimos también el discurso emitido en la ceremonia de inauguración de la 52 edición del Premio Literario Casa de las Américas de Cuba  dedicado a la novelista José María Arguedas como parte de las celebraciones por el centanario de su nacimiento, publicado en La Ventana  portal informativo de la Casa de las Américas.

Discurso del investigador y antropólogo peruano Stefano Varesse ―invitado especial a la recién finalizada edición 52 del Premio Casa de las Américas―, previsto para la inauguración del certamen, el 17 de enero 


por Stefano Varesse 

El día de mañana, 18 de enero de 2011 se cumplen exactamente cien años del nacimiento en Andahuaylas (Sur-Andino peruano), de José María Arguedas, poeta de las lenguas quechua y castellana, escritor, novelista, ensayista, etnólogo, y sobre todo héroe cultural andino e indígena que se definía a sí mismo como «un demonio feliz (que) habla en cristiano y en indio, en español y en quechua… (y añadía) Yo no soy un aculturado». 

Treinta años antes de su muerte, en 1966, Arguedas publicaba el poema en quechua, “Huk Ducturkunaman Qayay” (“Llamado a algunos doctores”)[1], que define su relación ambigua y torturada con la Academia y la intelectualidad criolla europeizante, cito:
    Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor. Dicen que nuestro corazón tampoco conviene a los tiempos, que está lleno de temores, de lágrimas, como el de la calandria, como el de un toro grande al que se degüella; que por eso es impertinente; Dicen que algunos doctores afirman eso de nosotros; doctores que se reproducen en nuestra misma tierra, que aquí engordan o que se vuelven amarillos. Que estén hablando, pues; que estén chismeando si eso les gusta. ¿De qué están hechos mis sesos? ¿De qué está hecha la carne de mi corazón? Los ríos corren bramando en la profundidad. El oro y la noche, la plata y la noche temible forman las rocas, las paredes de los abismos en que el río suena; de esa roca están hechos mi mente, mi corazón, mis dedos. ¿Qué hay a la orilla de esos ríos que tú no conoces, doctor? Saca tus binoculares, tus mejores anteojos. Mira, si puedes. Quinientas flores de papas distintas crecen en los balcones de los abismos que tus ojos no alcanzan, sobre la tierra en que la noche y el oro, la plata y el día se mezclan. Esas quinientas flores, son mis sesos, mi carne. Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en colores, en flor se ha convertido la negra ala del cóndor y de las aves pequeñas.
Creo que es legítimo afirmar que la elite intelectual criolla del Perú consideró a José María Arguedas como un traidor de clase y de etnia. Nacido “blanco” (wiracocha-misti), de padre abogado y juez, miembro de la pequeña burguesía provinciana andina, fue relegado por su madrasta a vivir con los sirvientes quechua de la hacienda. Allí, el niño José María fue nutrido en lengua quechua por el calor y la comprensión de los comuneros andinos. Estos años formativos transformaron a Arguedas en un runa andino, de ojos azules y piel clara, capaz de usar con igual soltura el castellano y el runasimi quechua, la cultura andina y la versión criolla de la cultura del coloniaje euroamericano; pero sobre todo se formó el hombre comprometido con toda su pasión en la lucha de liberación de los pueblos indígenas andinos. 

La paradoja ―y tragedia― de la vida de Arguedas es que, en su posición de intérprete, traductor y activista político-cultural del mundo indígena, ha sido impugnado tanto por la elite intelectual criolla, como por el emergente academicismo indígena en vía de asimilación cultural. 

De Arguedas algunos críticos literarios andinos han podido decir que fue un wakcha, un huérfano, un solitario, un abandonado, mientras la izquierda desvariada de Sendero Luminoso lo acusaba de “andino lloriqueante” y la derecha fundamentalista, en su versión literaria, le reprochaba ser un pasadista y un utopista arcaico. El diálogo político, literario, cultural que Arguedas quiso establecer entre los pueblos indígenas, la antropología académica y la inteligencia criolla peruana, fracasó. La formación colonial y eurocéntrica de la intelectualidad urbana no estaba preparada, ni lo está, para aceptar una conversación que implique un auténtico proceso de descolonización, el reconocimiento de la existencia de diferentes epistemologías y axiologías, la plena legitimidad y viabilidad de cosmologías otras, de visiones y reinterpretaciones del mundo que pertenecen a otros paradigmas de civilización. 

Un caso obvio. La ineptitud de Mario Vargas Llosa para ver, reconocer, interpretar y finalmente comprender al Perú profundo, al Perú indio, al Perú multiétnico milenario y contemporáneo, al Perú que es precolonial, colonial y neocolonial; tradicional, moderno y posmoderno al mismo tiempo. Esta incapacidad de estructural nos revela el grado de sumisión acrítica de la intelectualidad liberal latinoamericana a la ficción de una “Historia Universal”, que es finalmente la historia de la expansión del Occidente euroamericano sobre el resto de la humanidad mundial a golpes de fierro y fuego y de los embustes del capital. 

Para que los “pueblos sin historia”, los indígenas de América y del mundo puedan seguir sometidos y desinterpretados, los José María Arguedas tienen que ser silenciados, desvirtuados o arrinconados a las márgenes de la intelectualidad oficial bajo el rubro de nostálgicos del pasado y enemigos de la modernidad. 

No es extraña, pues, la coincidencia histórica de José María Arguedas con otro pensador indígena quechua que tres siglos y medio antes escribiera una carta de más de mil folios al rey de España Felipe III denunciando los abusos de los españoles invasores del estado Inca y las virtudes de la sociedad y civilización indígena de los Andes. La Nueva Corónica y Buen Gobierno (1615) del intelectual andino Huamán Puma de Ayala intentaba establecer un puente de diálogo civilizacional entre la España posmedieval y el estado indio de Tawantinsuyo, a través de la primera crítica sistemática del colonialismo europeo en las Américas. 

Huamán Puma se oponía con fuerza al poder y gobierno de los invasores extranjeros argumentando a favor de la restitución de las tierras y territorios indios así como del restablecimiento del modo de gobierno indígena. En su aceptación de la irrevocable presencia del cristianismo cultural y político español Huamán Puma de Ayala llega a reconocer ―como lo hiciera siglos después José María Arguedas con la cultura urbano- criolla― unas cuantas virtudes de los ideales del Occidente. 

Huamán Puma reconoce que no todo es rapacidad, robo, engaño y violencia en la fe de España traída al Perú, sin embargo, la cristiandad del nuevo país criollo-indio-mestizo con su supuesta ética de compasión debe ser capaz de reinterpretar la cosmología que sustentaría este “renovado contrato social”. 

En su dibujo del “Mapamundi del Reino de las Indias” (1615) Huamán Puma pone al centro del mundo no a Jerusalén, sino el Cusco, como debe ser, y los seis ejes cósmicos ―norte, sur, oriente, occidente, nadir y cenit― corresponden al ordenamiento del Tawantinsuyo y de la Pacha (janac pacha, mundo de arriba y uju pacha, mundo de abajo). 

Tres siglos y medio después de las anotaciones de Huamán Puma, en los pueblos indígenas andinos perdura el principio de que espacio y tiempo son dos conceptos indivisibles, ambos recogidos en los términos y prácticas sociales tales como turpay pacha (el tiempo-espacio de la cosecha); kay pacha (el tiempo-espacio en que vivimos) y el concepto fundante del tiempo-espacio andino: ñawpa pacha que es definición del pasado y al mismo tiempo marcador de futuro, el tiempo por venir.[2] 

En esta concepción tan indoamericana de un futuro que se dibuja desde atrás, desde el pasado, desde un pasado que se encuentra en el presente y que generamos todos los días con nuestro actuar cósmico, que hay que discernir e interpretar el pensamiento y la práctica utópica india. La “utopía arcaica” a la que se refieren con cierto desprecio los criollos posmodernos neoliberales existen y habitan los Andes, el Amazonas, Mesoamérica y el Mapu, las tierrasyoemé y diné y los barrios indios de San Francisco, California, es decir, la América indígena toda. Se trata del futuro de justicia social, de una comunalidad (un ayllu, una parawa, una guzún), una comunalidad de reciprocidades y de un mundo relacional igualitario entre todos los entes del universo —tangibles e intangibles/ físicos y bióticos—, es decir, un universo de parientes, con los que hay que ponerse de acuerdo todos los días. 

Lo arcaico, en los proyectos indios, es el principio fundante del orden, tal como le dijo a José María Arguedas un campesino quechua iletrado respondiendo a la pregunta: “¿Qué es Inka?”. “Inka es el principio fundante de todas las cosas”, fue la respuesta. 

De allí la plena vigencia hoy día de la narrativa andina de Inkarí, el otro gran aporte de Arguedas a la comprensión del mundo indígena. Inkarí, el ser desmembrado, cuarteado, enterrado en pedazos a lo largo de los Andes que se va recomponiendo en el ñawpa pacha: tiempo-espacio/presente- pasado-futuro. Cuando el cuerpo completo de Inkaríse haya recompuesto, es decir, remembrado, el proyecto social andino volverá a resurgir. 

Deseo concluir estas palabras con una advertencia de antropólogo. Hay en las Américas del tercer milenio entre 40 y 50 millones de indígenas, millón más, millón menos. Durante seis siglos los pueblos indígenas se han resistido a desaparecer y se han adaptado a todos los cambios impuestos a la fuerza, de atrocidad en atrocidad, de abuso en abuso, de injusticia en injusticia. La tragedia y masacre de los pueblos awajún y wampis en Bagua, en la Amazonía peruana, en 2009 es un hito más en la larga historia de resistencia de los pueblos indígenas de las Américas. Lo que revela la insurrección de Bagua es que el paradigma indígena de una civilización más humana, igualitaria, de justicia relacional con el paisaje históricamente construido (el ñawpa pacha), se está confrontando con fuerza, inteligencia y organización a la alternativa política destructora y genocida del capitalismo salvaje globalizado impuesto desde el imperio. 

Añado dos consideraciones finales: una pesimista y otra esperanzada; las quiero expresar de manera radical: yo no creo que sea posible concesión y negociación alguna con la propuesta distópica del capitalismo global de los fundamentalistas neoliberales. La descivilización impuesta por el capital ha tenido más de 500 años de tiempo para demostrar su capacidad de civilización justa y humanística, moral con la humanidad y el cosmos, atenta al espíritu y a la belleza. No lo ha logrado, ni parece desear lograrlo. 

La segunda consideración y proposición esperanzada es que el diálogo inviable con el capitalismo de la distopía hay que sustituirlo por una conversación honesta y profunda con el otro paradigma de civilización ―el paradigma indígena― y repensar el futuro común, el socialismo, la justicia social, la ética ambiental, la democracia cultural y la misma belleza de la vida (“el buen vivir”) juntos, en solidaridad y en aprendizaje compartido con los pueblos indígenas de las Américas. 

Y esta me parece ser una enseñanza que nos dejó José María Arguedas y esta es también es la propuesta que nos ofrece hoy Casa de las Américas con el lanzamiento de su Programa de Estudios sobre Culturas Originarias de América. 

Con razón José María Arguedas lanzaba desde el avión que lo traía a Cuba estos versos el día 16 de enero de 1968: 

“A Cuba” —Cubapaq 

Estoy llegando a ti,
Pueblo que ama al hombre;
Pueblo que ilumina al hombre,
pueblo que libera al hombre,
amado pueblo mío.
Dentro del avión-águila escucho tu palabra,
la voz, el grito de setecientos maestros y poetas,
palabras inspiradas en ti,
tan altas como el Sol.
Eres tú, ahora, pueblo de Cuba, simiente del mundo
del cielo y de la tierra.
Chayamushkayki
runa kayaq,
runa kanchariq,
runa qespichik,
llaqtallay, llaqta
Kay wamani avionpa qasqon ukupi uyarini rimayniyta
qanchis pachak amautakunapa, harawikunapa
rimasqanta qaparinqanta.
Inti sasyayta rimaykamusqanku
qamrayku
Qanmy kanki, kunan, Cuballaqta mundupa rurun
hanaqpachapa, kaypachapa.
 

Notas: 


1- Cito textualmente de una carta que me ha enviado mi amigo y colega el antropólogo boliviano quechua-hablante Guillermo Delgado, profesor en la Universidad de California, Santa Cruz. Guillermo ha hecho la traducción al castellano y al inglés de los poemas J. M. Arguedas que cito en este texto. 


2- Gran parte de este párrafo se sustenta sobre el extraordinario ensayo de Eusebio Manga Quispe titulado: “Dos concepciones espacio-temporales para dos mundos. Ñawpa y ñawpa-n: encaminadores de kay pacha” publicado enCiberayllu (7 marzo, 2010) http://www.ciberrayllu.org. 

.............
Stefano Varese, investigador y antropólogo italo-peruano especializado en pueblos indígenas/nativos de América. Es miembro del Departamento de Estudios sobre Nativos Americanos de la Universidad de California, Davis. Entre los temas de su interés se encuentran: desarrollo de las comunidades indígenas, el desarrollo agroecológico y sostenible, culturales, económico y la libre determinación política, la gestión territorial, la migración rural-urbana, la migración transnacional, la gestión de los recursos culturales, las estrategias de mitigación de la pobreza, los derechos humanos.

Su Sitio web: www. nas.ucdavis.edu/varese/varese.html

www.AmazoniaMagica.com

miércoles, 7 de diciembre de 2011

Nuestra selva: Maravilla Natural del Mundo. RECONOCIDA POR EL MUNDO, DESCONOCIDA POR NOSOTROS

Prof. Gabel Daniel Sotil García, FCEH -UNAP

Que nos alegra inmensamente el reconocimiento del que acaba de ser objeto nuestra Amazonía como una de las MARAVILLAS NATURALES DEL MUNDO, no cabe ninguna duda; nos eleva a alturas de sublime exaltación; sin embargo, si bien debemos disfrutar individual y socialmente este inmenso júbilo, y para que no sea sólo una vivencia muy pasajera y superficial, también debemos reflexionar en los deberes y responsabilidades que debíamos haber asumido y debemos asumir respecto a su conocimiento, conservación y defensa, para hacernos socialmente merecedores de dicha elección (que compartimos con otros países), por ser quienes tenemos el privilegio de vivir en su propio seno, disfrutando de sus maravillas, que ahora explícitamente reconoce el mundo.

Tenemos que hacer de esta una oportunidad propicia para reconocer  que a esta MARAVILLA no la hemos tratado como tal. Todo lo contrario.

Ignorada en su trascendencia por los gobiernos nacionales de turno, valorada tergiversadamente por la colectividad nacional, NUESTRA SELVA, en donde discurre majestuoso el AMAZONAS,  el GRAN RÍO (Paranaguazú) de los Omagua, es la región menos conocida de nuestro país en sus virtudes sociales, culturales, ecológicas, históricas, espirituales. Hasta hoy sigue ausente de la intencionalidad cognoscitiva sistemática del currículo nacional; por lo tanto, de la intencionalidad axiológico-actitudinal. Conocer y comprender a esta MARAVILLA,  nunca ha sido propósito educativo planteado por el Ministerio de Educación, que ha preferido promover el conocimiento de realidades foráneas, contando con la complicidad de nosotros los  amazónicos.

La imagen que se ha cultivado e impuesto en el concierto nacional es la que difunden los medios de comunicación masiva con niveles periodísticos y turísticos, superficiales por lo tanto. Como consecuencia de ello y otros factores, la imagen de riqueza inagotable y exótica es la que predomina en nuestro imaginario social, tanto nacional como regional, y la que ha venido inspirando todas las políticas dirigidas a su administración, que tiene su más contundente expresión en el mercantilismo extractivista de carácter exportador que hoy predomina, mantenido y reforzado como consecuencia de una visión materialista y comercial, que tiene como consecuencia muy diversos y eficaces atentados contra nuestro bosque, obedeciendo, las más de las veces, a intereses de empresas transnacionales.   

Verla como un escenario humano prodigioso en diversidad cultural y lingüística (y no por gente de tercera categoría, como diría un ex presidente nacional), con una invalorable riqueza espiritual apenas conocida, con un cúmulo de conocimientos ancestrales en campos no sospechados aún por la cultura occidental, con una prodigiosa sapiencia en campos medicinales, alimenticios, psicotrópicos, ámbito de pueblos que practican una hermosa relación de armonía con su entorno, etc. es lo más ajeno en sus relaciones con nuestro país. 
   
Las agresiones contra su diversidad ecológica (deforestación indiscriminada, contaminación irracional, sobre-explotación de su biodiversidad, etc.), contra su diversidad cultural y lingüística (minusvaloración  y marginación de sus pueblos y culturas, arrebato de sus territorios, abusiva, arrogante e inhumana lotización de su suelo, prácticas económicas agresivas y destructivas, etc.) no son sino las expresiones de que nunca tuvimos un real, auténtico y racional compromiso con esta ahora declarada mundialmente MARAVILLA natural, que causa nuestro orgullo regional.

En la misma educación regional, que desde hace muchos años ya está bajo nuestra directa responsabilidad en algunos de sus componentes, el conocimiento de esta MARAVILLA está ausente. Las autoridades regionales y sectoriales sólo han cumplido un rol pasivo, de espera de lo que disponga el centro de poder nacional. Cómodamente acatadoras de las disposiciones ministeriales, ni siquiera han destinado un presupuesto especial para atender las necesidades educativas de nuestras poblaciones teniendo a nuestra disposición un ingreso especial (canon), cuyos beneficios ni siquiera se han dirigido a promover un mejor conocimiento de nuestra región. 

Comprender su complejidad, acercarnos al entendimiento de sus peculiaridades, promover el compromiso con su defensa y conservación, nunca han sido prioridad sino para muy pocas personas e instituciones, generalmente sin poder de decisión, más allá de declaraciones retóricas  de las autoridades de turno, quienes vienen ignorando la capacidad estimulante y movilizadora de las potencialidades sociales que tiene la educación, como lo demuestra la experiencia de muy diversos países que han logrado o están logrando su desarrollo a partir del diseño de una educación explícitamente con dicho propósito.

En las bibliotecas de las instituciones educativas regionales abundan los libros en cuyas páginas se muestran una flora, una fauna, escenas culturales y una historia totalmente ajenas al interés de nuestros estudiantes y comunidades. Y no es que ellos no deban conocer aquello, sino que ello ha conllevado la marginación de lo que sí debemos conocer con prioridad en nuestra región para capacitar a las nuevas generaciones en un comportamiento racional, inteligente, en el marco del desarrollo sostenible, tal y como viene siendo propugnado por foros competentes internacionales. 

Como consecuencia de esta ignorancia social provocada por  la inercia de autoridades indiferentes, burocratizadas, hoy esta MARAVILLA, en lo que corresponde a la Amazonía Peruana, está al borde del colapso. 

Sus aguas fluviales todas contaminadas por aguas servidas, por petróleo, por basura, por mercurio y cuanta inmundicia podamos derivar a ríos, cochas y quebradas. Personas, instituciones y núcleos urbanos hacen lo mismo. Sus bosques son talados inmisericordemente para hacer agricultura (¡ampliar la frontera agrícola!), ganadería, monocultivos (¡en el corazón de la biodiversidad!), extraer oro y petróleo. Se destruye con esmero irracional su biodiversidad portentosa. Nuestras ciudades, en pleno emporio forestal, son la imagen contundente de lo que sus autoridades tienen en su mente: ausencia de árboles en nuestras calles, abundante humo, ruido ensordecer, caos vehicular, carencia de jardines, peligros por doquier, etc.

Ahora nos alegramos porque han de venir más turistas. Seremos más visitados. Pero, ¿Qué les ofreceremos? 

Encontrarán, entonces, una  MARAVILLA MALTRATADA, despreciada por nosotros mismos. ¿Nos enorgulleceremos por ello?

Por cierto que nuestra actuación respecto a nuestra región no tenemos que condicionarla a que vengan o no más turistas. Si vienen más, en buena hora, pero ellos vendrán sólo a disfrutarla. Lo fundamental es nuestro compromiso con nosotros mismos: nos merecemos hacer nuestras vidas en un ambiente promotor de nuestro engrandecimiento como personas y como pueblos, en donde encontremos nuestra felicidad en un ambiente propicio para hacernos más humanos como personas y como pueblos. Que nos brinde las condiciones para lograr nuestro bienestar construidas por nosotros mismos, con nuestro esfuerzo, movilizando nuestra ya demostrada creatividad.   

Ojalá que este reconocimiento redunde en un auténtico compromiso de todos los pobladores urbanos y ribereños, mestizos e indígenas, autoridades de todos los niveles jerárquicos y sectores, profesionales diversos, magisterio en especial, para dirigir nuestros esfuerzos a fin de hacernos merecedores de este galardón de MARAVILLA NATURAL, que no es sino, ya lo hemos dicho, un reconocimiento a nuestra esencia ecológica, a  cuyo engrandecimiento y perduración debemos contribuir en la actuación cotidiana de cada uno de nosotros, y no sólo para nuestro beneficio, sino para el bien de nuestro planeta, pues ya sabemos que somos parte de una unidad ecológica mundial. Y eso tenemos que aprenderlo en el marco de una auténtica educación forestal amazónica.

Es precisamente este el reto que nos plantea este galardón.

Ver el blogger del autor:  WWW.TIPISHCA.BLOGSPOT.COM

domingo, 4 de diciembre de 2011

¿Qué hará el gobierno peruano con lo que quiere Brasil?

Por 
Equipo de Alerta Perú.

Hidroeléctricas en la Amazonía

El Ministerio de Energía y Minas de Perú baraja más de cincuenta proyectos hidroeléctricos en la cuenca amazónica. La gran inversión brasileña le ha puesto el ojo a varios. Pero construir represas en la selva es una de las peores opciones en términos económicos, ambientales y sociales, y ya se vislumbran conflictos. La pregunta es: ¿qué hará el gobierno nacionalista?

Serían hasta cincuenta y dos 52 las centrales hidroeléctricas proyectadas en la cuenca amazónica, según información del propio Ministerio de Energía y Minas recopilada en el libro Amazonía Peruana 2021. De estas, hay varias -las más pequeñas- que ya cuentan con concesión definitiva o están en construcción. En otros casos, las empresas tienen concesiones temporales o se encuentran realizando los estudios técnicos respectivos.
Otros proyectos han sido por el momento suspendidos, como el caso de Inambari o los que forman parte de la famosa “Ley Corina” aprobada en los últimos días del gobierno anterior y derogada por el actual. De otros aún “no se oye padre”, como los veinte que forman parte del “proyecto Marañón” aprobado por decreto 020-MEM y sobre el cual el nuevo gobierno aún no toma una postura clara. Y finalmente hay un grupo que está siendo discutido en el Congreso precisamente en estos días: las que forman parte del Acuerdo Energético con Brasil, que no establece un número exacto de centrales, pero sí señala el compromiso del Perú de exportar al gigantesco vecino hasta 7,200 kilovatios, mucho más de lo que consume nuestro país actualmente.
Impactos Ambientales
¿Qué impactos pueden generar estos proyectos? De acuerdo con José Álvarez, biólogo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), las hidroeléctricas proyectadas tendrían impactos de dos tipos: ambientales y sociales.
“Los impactos ambientales tienen que ver con la ruptura del pulso del agua. Cuando un río se represa, se domestica: su caudal se fija prácticamente a un nivel todo el año”, explica el especialista. “Los peces y otros organismos, como los quelonios acuáticos, los caimanes, dependen de las crecientes y vaciantes para su ciclo reproductivo. (Estas) especies se reproducen al principio de la creciente y sus larvas son dispersadas por las aguas que inundan los bosques y otros ecosistemas inundables. Entonces, si desaparecen las crecientes de los ríos, por el represamiento, prácticamente estas especies estarían condenadas a la desaparición”, señala. “Se trata del boquichico, yahuarachi, gamitana, sábalo, paco, palometa… la mayor parte de los peces de consumo, pero también los grandes bagres o zúngaros”, precisó.
Además, toda la materia orgánica que ha quedado bajo el agua producto de las inundaciones empieza a descomponerse en ausencia de oxígeno, produciendo metano, un gas de efecto invernadero veinte veces más activo que el famoso CO2, tal y como explica el Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la Universidad Cayetano Heredia.

“Estos proyectos gigantescos inundarían miles de kilómetros cuadrados de selva amazónica”, explica José Serra, de ProNaturaleza, “con todo lo que eso significa respecto al calentamiento global, impacto en biodiversidad, deforestación y facilidades de ingreso para colonos a la zona”.

Por otro lado, “las aguas de los ríos amazónicos transportan cantidades importantes de mercurio”, tanto de origen natural como producto de la minería informal. “En condiciones de poco oxígeno, las bacterias van a convertir este mercurio inorgánico en metilmercurio o mercurio orgánico, que es un compuesto altamente neurotóxico que se acumula en el organismo de cualquier animal”, señala el CSA. “Por lo tanto los peces de los embalses suelen ser más tóxicos que en otras partes del río”, asegura.

“Todo esto afecta la reproducción de los seres vivos”, continúa el CSA en un video que se encuentra disponible en Internet. “Las tortugas no podrán anidar porque no se están formando playas, los peces empezarán a morir, los peces migratorios que necesitan subir y bajar el río no podrán hacerlo y eventualmente desaparecerán. Esto se debe a que un río no es un canal de agua, sino un ecosistema, con diferentes elementos vivos y no vivos entrelazados en ciclos de reproducción y descomposición”, explica.

Impactos Sociales

En tanto, los impactos sociales tienen que ver precisamente con la desaparición de la pesca, así como con la inundación de miles de kilómetros cuadrados de bosque y la pérdida de productividad de las tierras.
La posible desaparición de la pesca “afectaría tremendamente a la población humana que depende de la fauna silvestre de estos ecosistemas inundables para su alimentación”, nos explicó José Álvarez. “Se calcula que hasta el ochenta por ciento de la proteína que consume la población ribereña en el Marañón y el Huallaga proviene del pescado”, explicó el investigador, lo que habla elocuentemente de la dependencia del río que tienen las comunidades nativas de la Amazonía.

Adicionalmente, “esto afectaría la vegetación, que depende de los nutrientes que arrastran las aguas”, nos explicó Álvarez. “Los bosques inundables tal y como los conoces desaparecerían y se originaría otro tipo de vegetación mucho más empobrecida. Las aguas ya no serían productivas, no enriquecerían los suelos donde cultivan sus productos… El escenario a corto plazo sería bastante catastrófico para las poblaciones ribereñas: se quedarían sin recursos pesqueros y sin suelos cultivables para producir sus alimentos”, alertó.

Por otro lado, la inundación causada por el represamiento ocasionaría el desplazamiento forzado de miles de personas. Por ejemplo, la construcción de la central de Inambari implica un espejo de agua de cuatrocientos diez kilómetros cuadrados, que inundaría al menos sesenta y cinco centros poblados de tres regiones, obligando al desplazamiento de unas quince mil personas.

Por si fuera poco, en este proyecto se inundarían hasta ciento sesenta y un kilómetros de la flamante Carretera Interoceánica, que le ha costado al país aproximadamente un millón de dólares por kilómetro. Se trataría de ciento sesenta y un millones de dólares, literalmente, tirados al agua.

¿Qué hará el nuevo Gobierno?

A pesar de nuestra insistencia, el Ministerio de Energía y Minas declinó hasta dos veces en el último mes la realización de una entrevista para conocer la posición del nuevo gobierno en este tema. Así, no conocemos aún la versión “oficial”. Pero en las últimas semanas, el Poder Ejecutivo ha dado una serie de señales contradictorias. En primer lugar, planteó la derogatoria de la Ley 29760 o “Proyecto Corina”, que había sido aprobada aceleradamente a finales del gobierno pasado. En una visita a Iquitos, el propio Ollanta Humala prometió que no tocaría las aguas del Marañón ni del Huallaga.

Sin embargo, al mismo tiempo, el ministro de Energía y Minas dio declaraciones asegurando que “no le preocupaba” el desplazamiento de poblaciones indígenas a causa de la construcción de hidroeléctricas por considerar que era “compensable económica y socialmente”. El ministro agregó que el Acuerdo Energético Perú-Brasil era importante porque nos daría “seguridad energética”. A los pocos días, el Poder Ejecutivo envió al Congreso dicho acuerdo internacional para que sea discutido por la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que implica que le ha dado su visto bueno.

“Estamos muy preocupados porque la cancillería ha entregado a la Comisión de Relaciones Exteriores la solicitud de aprobación del acuerdo energético”, declaró Ernesto Ráez, del CSA. “Sin embargo, el expediente que acompaña este acuerdo está incompleto porque carece del informe que el Ejecutivo debe entregar para explicar qué beneficios tiene este acuerdo”, señaló.

De hecho, ya se empezaron a hacer patentes las diferencias que existen entre los diversos sectores del gobierno. Mientras Herrera Descalzi le da su apoyo al acuerdo con Brasil y el primer ministro Salomón Lerner plantea reducir “a seis u ocho meses” la realización de los estudios de impacto ambiental, el ministro del Ambiente declara que “está pendiente la consulta previa” en este caso y que un proyecto como el de Inambari implicaría la deforestación de la Amazonía. ¿Cuál de los sectores prevalecerá?

Lo cierto es que estos proyectos son activamente promovidos por Brasil, cuyas empresas -como Odebrecht, OAS o Electrobras- serían las principales ejecutoras. Como se recuerda, durante la campaña electoral el partido gobernante de Brasil respaldó de manera explícita la candidatura de Ollanta Humala. La pregunta del millón es: en este gobierno nacionalista, ¿prevalecerán los intereses de Brasil o la posición de las comunidades peruanas.

Fuente: Red del tercer mundo

www.amazoniamagica.com/

miércoles, 30 de noviembre de 2011

De Soto, Iván Vásquez y el perro del hortelano

Por Alberto Chirif 
Un convenio entre el ILD y el Gobierno Regional de Loreto abre nuevamente el debate sobre que tanto se han entendido las lecciones que nos ha dejado Bagua.
Esta semana ha aparecido en Internet la noticia de que el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ha firmado un convenio con el Instituto Libertad y Democracia (ILD), dirigido por el economista Hernando de Soto, que tiene por finalidad poner en marcha (así lo llaman) un “Plan de Capitalización de los Activos de los Ciudadanos de la Región Loreto”. El nombre no es muy imaginativo, ya que lo recordamos en el caso de Bolivia, cuando el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, hace ya buen tiempo, dio la “ley de capitalización”, que no fue otra cosa que una norma para vender las empresas del Estado.

Como todos recordamos, De Soto apareció en el contexto de las protestas de Bagua, inmediatamente después de los trágicos sucesos que terminaron con la muerte de 35 peruanos y la desaparición de uno. Recordamos también que esos sucesos fueron originados por la política del “perro del hortelano” impulsada por el ex presidente García Pérez. Él ha repetido incesantemente que los títulos comunales son meros papeles que no brindan a la gente suficiente protección, restándole importancia a documentos emitidos por el Estado peruano. El problema no es de los títulos en sí sino de la falta de garantías del Estado cuando se trata de propiedad de indígenas o de otros sectores que, desde su punto de vista, son marginales al sistema, sin importar si sus tierras son colectivas o individuales.

Entre García y De Soto solo hubo —y hay— diferencias de estilo. Llamar perros del hortelano a los indígenas fue una opción por demás torpe y grosera. De Soto apareció entonces con maneras más educadas pero para plantear lo mismo: la parcelación de las tierras comunales para que la gente las pueda vender, alquilar, dar en prenda bancaria o hacer lo que quiera con ella, aunque lo más apropiado es decir para hacer con ellas lo que quieren quienes las ambicionan. En un momento en que otras leyes y políticas del Estado apuntalan la opción de los cultivos para producción de biocombustibles, ya sabemos que los beneficiados serán los grupos de poder que ya han avanzado en este camino: Romero, Benavides y otros.

Es triste, lamentable, el papel desempeñado por el presidente del GOREL, Iván Vásquez. Su actitud ha sido en todo momento poco sincera. Varias personas le hemos pedido en diversas oportunidades que presente los términos del acuerdo con De Soto que, sabíamos, se venía cocinando desde hacía tiempo. Sin embargo, él siempre evadió una respuesta franca. Yo mismo se lo pedí personalmente con ocasión de la presentación del Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Norte, editado por el Instituto del Bien Común (IBC), en un acto que se realizó hace unos pocos meses en las instalaciones del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), en Iquitos. Su respuesta fue siempre que no había nada aún y que se trataba solo de ideas: nada concreto, dijo él.

Un convenio de esta naturaleza afecta a los indígenas amazónicos, y por eso mismo se trata de una cuestión que debió haber sido consultada con ellos a través de sus organizaciones. El Convenio 169 de la OIT es claro cuando dice que los gobiernos deberán: “Consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (artículo 6.°) ¿Qué asunto puede afectar más a un pueblo indígena que la pérdida de su territorio? Ninguno. ¿O acaso el señor Vásquez piensa que por “gobierno” debe entenderse solo el nacional?

¿Qué asunto puede afectar más a un pueblo indígena que la pérdida de su territorio? Ninguno.

El presidente del GOREL, que reclama airadamente contra el centralismo porque, según él, no le da fondos suficientes y le impone medidas sin consulta, ha actuado esta vez como lo que él mismo critica. Lo recuerdo ahora marchando en primera fila en protesta contra los llamados “decretos de Bagua”. Claro, eran épocas electorales en las que había que aprovechar la pantalla y toda ocasión era buena para figurar. Su medida es centralista no solo por impositiva sino también porque de pueblos indígenas y de realidad rural amazónica rural él no conoce más que las distorsiones que le presenta De Soto. Sus intentos de desarrollo, de realizar su consigna de “selva productiva”, los podríamos calificar de chistes (malos, ciertamente) si de por medio no estuviera la justa esperanza de mejora de productores amazónicos que se han quedado endeudados porque la “promoción” de los cultivos de sacha inchi y camu-camu fue planteada y ejecutada con ánimo populista, lo que tal vez le haya generado algunos aplausos de la gente (al comienzo), actitud que ahora se ha transformado en bronca y decepción.

Lo de De Soto lo calificaría de simplismo si no estuviese convencido de que detrás de su propuesta se esconden los intereses de quienes ambicionan las tierras para su desarrollo empresarial. ¿Quién le aporta al ILD más de un millón 400 mil dólares para ejecutar este plan? ¿Por qué es tanto el interés de De Soto en esta región y, específicamente, en algo como la parcelación de las tierras comunales?

Y no es que la parcelación esté prohibida, por si hay que aclararlo. Las comunidades indígenas del país son libres de hacerlo si así lo desean. La Constitución de 1993 eliminó las garantías constitucionales de inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras de las comunidades campesinas y nativas. Más aun: la llamada “Ley de Tierras” dada por Fujimori en 1995 allanó el camino en esta dirección, primero, al rebajar el quórum de las asambleas comunales para individualizar la propiedad (transgrediendo de esta manera el principio constitucional de la autonomía de las comunidades para resolver sobre sus cuestiones internas); y, segundo, al proponer el cambio de naturaleza jurídica de las comunidades para que, de entidades vinculadas por lazos ancestrales a sus territorios, se convirtieran en sociedades de personas, capaces de disponer de la parte que les corresponde de sus “activos”: su parcela.

Pero hay más. Las comunidades awajún del Alto Mayo, antes de la citada Ley de 1995 y de la Constitución de 1993, comenzaron a alquilar sus tierras, simplemente porque así lo quisieron. Que hoy día muchos pobladores se den cuenta del error que han cometido porque se están quedando sin soga y sin cabra, dado que los arrendatarios han llevado parientes y construido casas e infraestructura de riego para el arroz (el cultivo dominante en la zona), es un problema que no quiero abordar. Lo que quiero señalar es que la posibilidad que ahora impulsa De Soto ya existe desde hace más de una década. ¿Cuál es entonces la diferencia con lo que él plantea?

No hay ninguna diferencia de fondo, solo de forma, porque lo que él no quiere, o lo que no quieren quienes lo financian, es esperar, perder tiempo. Quieren, en cambio, que las cosas se hagan rápido, ya, ahora mismo; de ahí que se monte este trabajo en el marco de un gobierno regional que del tema parece no saber más que de por medio habrá una buena cantidad de dinero.

En este momento hago un llamado a las organizaciones indígenas, a AIDESEP y a sus sedes regionales de Daten del Marañón (Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas-CORPI) y de Iquitos (Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente-ORPIO), así como a las federaciones más activas de la región (como la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación de San Pablo de Tipishca-ACODECOSPAT y otras) para que se pronuncien sobre el tema y exijan el respeto del derecho de consulta y de los derechos reconocidos en el Convenio 179 y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al mismo tiempo, les planteo también a esas organizaciones la necesidad de que defiendan los resultados de los dos únicos procesos de consulta que se han realizado en el país en los que las partes llegaron a un acuerdo, aunque luego el gobierno del ex presidente García pasó sobre ellos con la insolencia que le conocemos. Me refiero a los casos de las Zonas Reservadas de Güeppí, en la parte alta de las cuencas el Napo y Putumayo, y de Santiago Comaina, en la Cordillera del Cóndor. En ambos casos, el gobierno paralizó o modificó a su antojo los acuerdos para favorecer a empresas extranjeras, una petrolera brasileña y la otra una minera canadiense.

AIDESEP, que ejecuta un proyecto en Güeppí en convenio con dos instituciones privadas (CEDIA y WWF), está en la obligación de expresar su rechazo por la violación de ese acuerdo.

Revista Ideele, Noviembre 27 2011

A 10 años de la declaración de la Diversidad Cultural


El día 2 de noviembre celebramos  10 años de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural. Julio César Vega publicó un texto con motivo de este importante aniversario.

Hoy es un día muy especial. No es un día cualquiera para el sector cultura, en general para todos los pueblos que creen en un mundo mejor donde la cultura sea considerada como un eje importante en el desarrollo global. Se celebran diez años de la adopción de la Declaración Universal UNESCO sobre la Diversidad Cultural, aprobada por unanimidad el 2 de noviembre de 2001, en la 31ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO.

El nacimiento y presencia de esta declaración tiene una enorme trascendencia global. Dentro del marco de la gobernanza internacional, se articula con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que podríamos llamar un cuerpo general conceptual, ético, de principios universalmente reconocidos para una agenda global de desarrollo sostenible.

Al escribir estas líneas queremos recordar como sociedad civil, como ciudadanos, como Gestores Culturales del Perú, la importancia de la Declaración Universalsobre la Diversidad Cultural que nos invita a considerar la diversidad cultural como una riqueza y un elemento intrínsecamente constitutivo de la humanidad.

El inicio del proceso y los antecedentes conceptuales

El 2 de noviembre de 1999 se dio un importante paso en el proceso preliminar de la aprobación de la Declaración. En aquel momento los ministros de cultura presentes en la Mesa Redonda sobre “La cultura y la creatividad frente a la mundialización” incidieron en la necesidad de poner en marcha un proceso declarativo en el seno de la conferencia general. En necesario remarcar además que durante la década de los 90s, en el contexto de las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales, se presentó una presión cada vez más fuerte, principalmente de USA, sobre algunos países a fin de incitarlos a renunciar a su derecho de aplicar políticas culturales y a liberalizar totalmente el mercado de la cultura.

Para entonces el principio de la "diversidad cultural" ya había sido reconocido y aprobado en la UNESCO. Dos son los antecedentes históricos promovidos por la UNESCO, como piedras angulares, en el proceso constitutivo del marco conceptual de la Declaración:

1.- La publicación en 1995 del informe “Nuestra diversidad creativa” de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo dirigida por nuestro ilustre compatriota Javier Pérez de Cuellar.


2.- la organización de la Conferencia Intergubernamental de Estocolmo sobre Políticas Culturales para el Desarrollo, celebrada en 1998.

Los siguientes pasos fueron determinar los elementos preliminares de un proyecto de Declaración de la UNESCO sobre la diversidad cultural que fue encargado a un comité especial de la UNESCO y que trabajó intensamente en ello durante todo el año 2001 y que recogió los aportes de los Estados miembros antes de la celebración de la 31ª reunión de la Conferencia General.

Impacto de la Declaración en la gobernanza mundial

Brindó un nuevo marco conceptual en la gobernanza glocal colocando a la Cultura como eje del desarrollo sostenible.- La Declaración inauguró una nueva etapa histórica respecto a relevancia de la diversidad cultural en nuestro devenir. Condujo a la revisión de los modelos de cooperación internacional al integrar una dimensión cultural en la ejecución de estrategias y programas de desarrollo, propiciando así un reconocimiento cada vez mayor de la relación que existe entre la cultura y el desarrollo en los planos internacional y nacional. Aportó una concepción más completa y equilibrada desde el punto de vista geográfico de la diversidad cultural del mundo.

Impulsó nuevos instrumentos jurídicos.- La Declaración también impulsó directamente la elaboración de nuevos instrumentos jurídicos al abordar aspectos débilmente explorados de las expresiones culturales e incidir en su salvaguardia y protección. Sentó las bases para la elaboración de nuevos instrumentos que han ampliado y enriquecido nuestra percepción de la diversidad cultural mundial en diferentes ámbitos, como el patrimonio cultural inmaterial (mediante la Convenciónde 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial), el plurilingüismo en el ciberespacio (mediante la Recomendación de 2003 sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio) y las expresiones culturales consagradas por medios contemporáneos como las industrias culturales (mediante la Convención de 2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales). Quedan aún pendientes en la agenda de la operativización de las diversas dimensiones de la Declaración aspectos claves en el amplio rango de los derechos culturales y la libertad cultural, que siguen siendo aún más complejos en el contexto actual.

Se constituye como plataforma de intercambio en la agenda mundial.- la Declaración es una referencia para los organismos de cooperación, gobiernos, responsables de la planificación de políticas y la adopción de decisiones, y activistas de la sociedad civil. Los principios de pluralismo, tolerancia y diálogo consagrados en la Declaración, y la estrecha relación que los vincula a la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, siguen siendo una importante fuente de inspiración para la UNESCO. En el contexto actual, en el que se reconoce cada vez más en los programas internacionales el papel decisivo de la cultura para el desarrollo, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural sigue desempeñando una función importante como marco ético y operativo para la formulación de políticas en los planos nacional e internacional.

Principales conceptos

Todo el documento es de una vital importancia. Para efectos de introducción y presentación al lector o gestor en formación, podemos mencionar entre algunos conceptos claves los siguientes:

En el capítulo de “Identidad, Diversidad Y Pluralismo” se expresa:

Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad. “…la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras”.

Artículo 2 – De la diversidad cultural al pluralismo cultural. "…el pluralismo cultural constituye la respuesta política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto democrático, el pluralismo cultural es propicio para los intercambios culturales y el desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública."

Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo. "La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria."

En el capítulo de “Diversidad Cultural Y Derechos Humanos” se expresa:

Artículo 4 – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural. “...supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos indígenas”.

Artículo 5 – Los derechos culturales, marco propicio para la diversidad cultural.“...toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural; toda persona debe tener la posibilidad de participar en la vida cultural que elija y conformarse a las prácticas de su propia cultura, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.”

Artículo 6 – Hacia una diversidad cultural accesible a todos. “...hay que velar por que todas las culturas puedan expresarse y darse a conocer”

En el capítulo de “Diversidad Cultural y Creatividad” se expresa:

Artículo 7 – El patrimonio cultural, fuente de la creatividad. “…debe ser preservado, realzado y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y de las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre las culturas.”

Artículo 8 – Los bienes y servicios culturales, mercancías distintas de las demás.“…los bienes y servicios culturales que, por ser portadores de identidad, de valores y sentido, no deben ser considerados mercancías o bienes de consumo como los demás”.

Artículo 9 – Las políticas culturales, catalizadoras de la creatividad. “…cada Estado debe definir su política cultural y aplicarla utilizando para ello los medios de acción que juzgue más adecuados”.

En el capítulo de “Diversidad Cultural y Solidaridad Internacional” se expresa:

Artículo 10 – Reforzar las capacidades de creación y de difusión a escala. "Ante los desequilibrios que se producen actualmente en los flujos e intercambios de bienes culturales a escala mundial, es necesario reforzar la cooperación y la solidaridad internacionales para que todos los países, especialmente los países en desarrollo y los países en transición, puedan crear industrias culturales viables y competitivas en los planos nacional e internacional."

Artículo 11 – Forjar relaciones de colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil. "…Las fuerzas del mercado por sí solas no pueden garantizar la preservación y promoción de la diversidad cultural, clave de un desarrollo humano sostenible. Desde este punto de vista, se debe reafirmar la preeminencia de las políticas públicas, en colaboración con el sector privado y la sociedad civil. "





Invitación a celebrar la Declaración día a día

La Declaración significa una oportunidad histórica que amplía nuestra visión como individuos frente a un mundo de complejos y veloces movimientos. Nos sugiere contar con una herramienta poderosa para un verdadero diálogo desde la diferencia. Ahora, es también una advertencia, una llamada de atención desde el caos y a la vez desde el orden mundial que cierra fronteras, genera guerra y discriminación en todo nivel. Quiero pensar en la Declaración como una voz poderosa, clara y precisa, que nos llama a los jóvenes de espíritu de todo el mundo a defender nuestro derecho a la diversidad, la identidad y al diálogo intercultural. Esto significa vivir y sentir la diferencia en libertad. Porque la diversidad hace al mundo más grande, porque le da colores, quita los marcos y molduras, desdibuja las carreteras y los mapas y coordenadas.

La presencia de la Declaración pone un reto más grande para la humanidad. No existen respuestas claras aún, La Declaración es una herramienta para luchar y hacer del mundo un amplio campo en el que podemos reconocer que en el "yo" también hay un "nosotros” y que en los “otros" hay un “yo colectivo” que nos permite reconocernos en nuestras expresiones culturales en un marco de libertad y equilibrio.

Tengamos en cuenta siempre los principios de la Declaración y trabajemos cada día por aterrizarlas en acciones cotidianas, en políticas culturales, sea de nuestro municipio, de nuestra organización y de nuestros proyectos culturales.

Es una pena que nuestros medios no hablen de estas cosas, que nuestra institucionalidad cultural no celebre esto como se está celebrando ahora mismo en todo el planeta. La sociedad civil tiene un largo camino. Los gestores culturales del Perú seguiremos en la ruta. Por ello el día de hoy miércoles 2 de noviembre a las 7 de la noche horario de Perú, como una manera de conmemorar este histórico documento GestoresCulturalesdelPeru.org realizará una exposición breve y luego un diálogo virtual con quienes deseen conectarse vía:


¡Feliz 10 años de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural!

Julio César Vega

viernes, 18 de noviembre de 2011

Apuntes del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. A propósito de la Ordenanza Regional de Consulta en San Martín


Por: Rubén Darío Ninahuanca Rivas 

“Una de las formas de violencia disfrazada, son las políticas de integración forzada a la cultura nacional homogénica"

El movimiento indígena que hoy se propone, no es construir un estado nación aparte, sino la de integrar en un solo proyecto, en una sola visión, las diversidades existentes. En ese marco, solamente cuando se reconozcan y se garantice el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, podrá tener viabilidad la democracia peruana.


En ese sentido, el modelo neoliberal guiado por una definición de eficiencia y eficacia, no guarda relación con la cosmovisión de los pueblos indígenas que han sabido distinguir entre dar valor y colocar precio a los recursos naturales. Por ejemplo – en el modelo económico actual, ser un buen médico significa que ha logrado obtener un record, en un número determinado de atenciones, ser un buen magistrado significa tener un buen cuadro estadístico en el número de resolución de casos, medir los avances en educación significa contar a cuantas personas se encierra en un aula a contar historias sin sentido y, así podremos encontrar un sinnúmero de ejemplos; es decir hoy en la cultura dominante definir que algo funciona bien tiene que estar relacionado con los números que se presente a la sociedad.

Bajo este mismo razonamiento numérico, se está proponiendo desarrollar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas; es decir el éxito de un proceso de consulta estará guiado el número de talleres descentralizados, por el número de entidades representativas, por el número de participantes en cada taller, por el número de entidades del estado convocadas, el plazo razonable medido en los días a utilizar y hasta por el número de soles que se invierta en cada reunión; en contraposición con los aspectos esenciales de un proceso de diálogo indígena en un determinado conflicto o negociación. La dinámica comunicacional y de diálogo de los pueblos indígenas es distinta a los patrones numéricos que nuestra sociedad hoy se ha autoimpuesto.

En ese tenor, se ha dejado en el olvido ciertas características peculiares de cada pueblo al momento de solucionar sus conflictos o negociar sus intereses en un determinado caso, creyendo que fijando un procedimiento único de consulta, es un buen acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, cuando en la práctica lo que se está pretendiendo es sobreponer una cultura única para la solución de determinados conflictos que permitan atraer grandes inversiones “a un país pobre como el nuestro que lo necesita”.

Es por ello que considero que el proceso de consulta, debe guiarse por principios generales que se encuentren bien definidos para conocer con exactitud qué es lo que debe garantizarse; por ejemplo: Nuestro Tribunal Constitucional, al que muchas veces se le ha rendido pleitesía, también ha cometido aberraciones que nadie quiere alzar la voz contra ello, sin embargo aprovecharé este evento para elucubrar algunas verdades, y para ello citaré textualmente parte de la Sentencia N° 022-2009-PI/TC de este órgano colegiado en cuestión dice:

“Las características esenciales del derecho de consulta revisten particular interés ya que de no tomarse en cuenta estas, las medidas consultadas, podrían ser materia de cuestionamientos. Así, de la propia normativa del convenio se extraen las principales características[3] de este derecho, a saber: a) la buena fe, b) la flexibilidad, c) objetivo de alcanzar un acuerdo, d) transparencia; y, e) implementación previa del proceso de consulta. Estas características son también principios orientadores[4], así, en caso de presentarse vacíos en la legislación se tendrá que proceder en virtud de estos principios con el objetivo de maximizarlos. De igual forma, si estos elementos[5] se encuentran ausentes, la afectación del derecho de consulta se tendrá que comprender como una de tipo arbitraria y por lo tanto inconstitucional[6].”

Es decir, para el Tribunal Constitucional referirse a los principios, es igual que referirse a los elementos, como además que estas dos definiciones podrían ser sinónimos de las características, situación que no comparto; pues doctrinalmente los principios son “la fuente de donde derivan el ser, o la generación o el conocimiento”; mientras que los elementos son las partes que componen algo y la característica es la cualidad o circunstancia particular de una persona o cosa que la distingue de las demás, la misma que está sujeta a un simbolismo que debe ser aceptado universalmente. A pesar de este impase, nuestra Ley N° 29785 Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 OIT, también recoge otros componentes como principios, que sugiero también poner a discusión porque nos encontraremos con más de una sorpresa, que es conveniente esclarecer con la finalidad de determinar qué es lo que se está defendiendo o garantizando, ¿los intereses o los derechos?

Un segundo punto que considero oportuno tomar en cuenta son los rasgos culturales, pero no como un sentido folklórico, ni de decoración artística de los talleres; sino como un mecanismo de participación. El uso de la lengua materna, el plazo razonable, la representación indígena, procedimiento culturalmente adecuado; no debe ser visto por el aspecto numérico sino bajo un criterio de garantizar una efectiva participación. En ese sentido, pretender un reglamento que enumere los pasos y momentos de participación no es lo adecuado, porque cada pueblo tiene una dinámica distinta de concebir el mundo y sus procesos de relacionamiento, por lo que podría afectarse esa identidad cultural que como pueblo la tiene reconocida en la Constitución en su Art. 2, numeral 19.

Recordemos que los pueblos indígenas pueden resolver sus conflictos en menos tiempo que los que establecidos por la cultura dominante, prueba de ello es la aplicación de la justicia comunitaria; pero también es bien sabido que pueden existir casos en los que los pueblos indígenas pueden tomarse largos periodos para solucionar un caso o en otros suspender las reuniones y retomarlas después de algún tiempo, o en otros simplemente dejarlos como “conflictos latentes”, todo ello tiene un lenguaje subyacente y elementos a considerar, es decir las condiciones mínimas que generan un proceso de diálogo para la solución de conflictos en una cosmovisión indígena, situaciones que distan mucho de lo que se recoge en el procedimiento establecido en la Ley de consulta y lo que se pretende establecer en las propuestas de reglamento conocidas. Sólo a manera de ejemplo, pues no es el espacio para desarrollarlo por respeto al panel que me acompaña, pero uno de los elementos primordiales que los pueblos indígenas consideran indispensables para el inicio de cualquier tipo de diálogo para la solución de diferencias y generar acuerdos, es la “confianza” que podría traducirse en la “buena fe”, elemento que no sólo es de especial importancia para los pueblos indígenas sino también para las autoridades estatales. Para el Gobierno se hace necesario establecer que los indígenas a consultar sean representativos, es decir sean los verdaderos voceros de las comunidades; para ello, el Estado peruano ha generado ciertas formalidades; por ejemplo, al menos la generación de un acta comunal en donde se manifieste claramente la intención de formar una federación o confederación como un ente representativo por parte de las comunidades para el proceso; esa actitud por parte del Estado tiene una connotación frente a los líderes indígenas, lo que se busca es que el dirigente o dirigentes que participen en el proceso gocen de legitimidad, goce de autoridad y goce de competencia para la toma de decisiones en el proceso; sin embargo cuando se mira al “otro lado del río”, si bien el órgano técnico especializado en materia indígena por parte del Ejecutivo es el Vice Ministerio de Interculturalidad, ésta designación no goza de las características que el Estado prevé para los pueblos indígenas.

Me explico, las características de legitimidad, autoridad y competencia que se exigen a los pueblos indígenas cumplen dos roles, uno interno y otro externo; es decir estas características deben cumplirse no sólo al interior de las comunidades sino además debe reflejarlo hacia el estado, pues de lo contrario el Estado no las reconocerá como un actor a ser consultado. Tal situación no guarda relación con el órgano técnico especializado en materia indígena, desde el punto de vista de las comunidades, quizás la designación en el rol interno de estas características antes señaladas forma parte de la racionalidad por la secuencia formal del nombramiento, pero en el rol externo de esta designación no puede afirmarse que goce de legitimidad, autoridad y competencia frente a las comunidades indígenas. En ese sentido, el nombramiento de las personas representantes del estado en materia indígena que tengan a bien a realizar el proceso de consulta deben generarse de un proceso de participación indígena con competencias previamente convenidas, lo cual resulta justo y equitativo; porque también el estado, si bien le reconoce la autonomía en su designación de su representante a los pueblos indígenas, le condiciona el reconocimiento de su representante a un procedimiento previamente establecido.

Lo solicitado no es ajeno a la política pública, los funcionarios del estado con cargos de confianza pueden ser designados por la autoridad competente en función a su competencia, sin embargo esa designación no tiene que resultar como una arbitrariedad sino tiene que responder a parámetros mínimos para el ejercicio de la función para el cumplimiento de los objetivos de la entidad[7], es decir lo arbitrario no debe entenderse como un sinónimo de arbitrariedad. Motivo por el cual estoy convencido que las instancias de diálogo generarán al menos los perfiles y competencias de las personas encargadas del órgano técnico especializado en materia indígena, como un mecanismo de legitimidad, autoridad y competencia hacia los pueblos indígenas, conjugando el rol externo del Estado frente a los pueblos indígenas.

Como un tercer punto, considero que el Reglamento de Consulta debe definir especialmente el rol que cumplirá el estado en el proceso de consulta, porque como ya se ha dicho en este evento, el Estado es el responsable de garantizar el derecho a la consulta, en ese sentido tendrá que normarse tanto administrativamente como estructuralmente para que este derecho puedan ejercitarlo los pueblos indígenas; es decir el reglamento no es para los pueblos indígenas, sino es para el Estado, en un afán de reestructurarse para que garantice un derecho humano, como lo es el derecho a la consulta.

Es necesario agregar, que conforme al Art. 6 de la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo una de las funciones que tiene este poder es Reglamentar las Leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento, es así que en armonía con el numeral 3 del Art. 11 del mismo cuerpo de leyes la Ley de Consulta será regulada por un Decreto Supremo, además es necesario establecer que el Decreto Supremo regula la actividad funcional sectorial o multisectorial a nivel nacional, es decir regula la forma en que implementarán las políticas públicas, en ese sentido serán las normas administrativas a implementar conforme lo establece el Convenio 169 OIT.

Con esta apreciación, tal medida no podrá ser aplicable cuando se trate de medidas legislativas a todo nivel de gobierno, porque de ser así devendría en inconstitucional. El Art. 94° de nuestra Constitución dice que; “El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley”; es decir que el reglamento de Consulta que se viene implementando, por un orden en la jerarquía normativa, por un mandato funcional y por un mandato constitucional no podrá ser aplicable en el poder legislativo, ni tampoco en los gobiernos regionales cuando se trate de medidas con fuerza de ley[8]; es decir el reglamento que se viene implementando será sólo aplicable para el Poder Ejecutivo en la actividad funcional sectorial o multisectorial. Este panorama nos genera la necesidad de pensar por ejemplo en la Modificación del Reglamento del Congreso, hartamente solicitado, para que cuando se prevean medidas legislativas el proceso de Consulta pueda encontrarse tutelado en la formación de las leyes; así como también Ordenanzas Regionales y municipales que regulen el proceso de Consulta en materia de sus competencias; recordando además que las Ordenanzas Regionales y municipales, en el orden jerárquico, se encuentran por encima de los Decretos Supremos.

La importancia de la participación de los pueblos indígenas en la formulación del Reglamento de la Ley de Consulta radica en que, actualmente las concesiones de actividades extractivas son parte de las competencias de los Ministerios, paulatinamente bajo la premisa de descentralización, algunas de estas competencias pasarán a formar parte de los Gobierno Regionales, motivo por el cual hoy se hace necesario generar una Ordenanza Regional que avizore procesos de consulta en la Región tomando en cuenta el contexto regional.

Un cuarto punto, que lo considero sensiblemente opinable, es la definición de pueblo indígena. Recordaremos que el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del año 2009 mencionó:

“la Comisión se permite sugerir al Gobierno que proporcione un criterio unificado de las poblaciones que son susceptibles de ser cubiertas por el Convenio, ya que las varias definiciones y términos pueden dar lugar a confusión entre poblaciones campesinas, indígenas, nativas, de la sierra, de la selva y de la ceja de selva». La Comisión nota que según las comunicaciones habría diferentes grados de aplicación del Convenio según la denominación de la comunidad. Observa, además, que la terminología utilizada en las diferentes leyes genera confusión y que la denominación o diferentes características de los pueblos no afectan su naturaleza en lo que concierne al Convenio si se encuentran comprendidas en el artículo 1, párrafo 1), del Convenio.”
Frente a este tema polémico, la interpretación que realice el Estado Peruano, en todos sus niveles, de los derechos humanos tiene que guiarse bajo el principio “pro Hominen” “según el cual corresponde interpretar una regla concerniente a un derecho humano “del modo más favorable para la persona, es decir, para el destinatario de la protección [9]” en ese sentido pretender discriminar ¿Quién es indígena y quién no lo es? Bajo este contexto normativo es sumamente delicado y hasta posiblemente violatorio de derechos humanos, esta tarea estuvo en su momento trabajándose en el Proyecto de Ley de Pueblos indígenas y afroperuanos, que hoy al parecer “descansa el sueño de los justos” en alguna comisión del Congreso de la República.

Existen situaciones en las comunidades indígenas por diversos motivos; llámese por migración forzada debido a la violencia política o a las actividades extractivas [10], han tenido que dejar sus tierras y posicionarse en regiones ajenas a su nacimiento, sin embargo ello no ha sido motivo para perder su identidad cultural, es decir mantienen su lengua, costumbres, fiestas, ceremonias, entre otros; conformando caseríos, centros poblados y distritos; como por ejemplo nuestros Kechuas de la Provincia de El Dorado en la Región San Martín, como también nuestros hermanos ronderos; sin embargo existen opiniones en las que se pretendería desconocerlos como pueblos indígenas por no tener una relación comunal respecto de la propiedad de la tierra; posición muy opinable, la misma que quisiera dejar en debate, pues mi rol no es distinguir entre quienes son indígenas y quiénes no lo son; y quién quisiera atribuírselo, que lo demuestre.

Hoy nos encontramos en un proceso de reflexión, tanto por parte del estado como de los pueblos indígenas, donde las redefiniciones de la institucionalidad de ambos actores deben generar mejores políticas públicas. Siempre se nos ha dicho lo que el Estado no debe hacer; por ejemplo: “el estado no debe estatizar”, “El estado no debe involucrarse en el mercado competitivo”, “El estado no debe tener un gran aparato burocrático” y así un sinnúmero de negaciones a la acción del Estado, pero hasta la fecha no se ha establecido ¿Cuál debe ser el rol del Estado en este nuevo contexto? En esa misma línea la cosmovisión indígena de participación también ha variado, por ejemplo a las comunidades indígenas se les obliga participar a través de sus entidades representativas, sin embargo hoy vemos movimientos sociales como el 15 de mayo y el Ocupad Wall Street, que no es otra cosa que cuestionar la democracia representativa, porque en la práctica mundial no está funcionando correctamente. Es así que tampoco las entidades representativas de las comunidades indígenas gozan de legitimidad en sus bases, por lo que estos cuestionamientos han generado en algunos casos mayores divisiones y enfrentamientos internos de poder entre comunidades, situación que es aprovechada por el poder económico para satisfacer sus intereses sin respetar los derechos de la población indígena involucrada. En consecuencia, para ambos actores este proceso de consulta es novedoso y representa un gran reto para ambos actores enfrentar un proceso garantista por parte del Estado y organizacional por parte de las comunidades indígenas.

No pretendo generar recetas, ni tampoco rezos sacramentales a seguir, pero sí dejar cuestiones que nos permitan reflexionar en ¿Dónde estamos? Y ¿Qué es lo que se viene? 

..........
Exposición presentada en el Panel del II Encuentro Regional de Nacionalidades Amazónicas San Martín - Tarapoto - Perú

Rubén Ninahuanca es abogado de la Universidad Nacional de Piura. Especialización en temas de Gestión Municipal, Descentralización y Buen Gobierno. Especialista en Desarrollo Sustentable y Especialización en Gestión de la Política Social. Estudiante de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional.

E-mail: nrrubendario@hotmail.com

[3] Subrayado intencional
[4] Subrayado intencional
[5] Subrayado intencional
[6] Sentencia del Tribunal Constitucional N° 022-2009-PI/TC. Fundamento 26
[7] El art. 381 del Código Penal Prevé que es pasible de sanción penal aquella persona que nombra y/o quien recibe el cargo sin cumplir con los requisitos exigidos por ley.
[8] En estos casos las Ordenanzas Regionales y Ordenanzas Municipales
[9] Exp. N.º 1049-2003-AA/TC F.J. 4
[10] En este último caso no es notoria la migración porque se hace de manera individual o familiar buscando mejores condiciones de vida, pero al final representa una migración por motivos de supervivencia