PROTESTA INDÍGENA: TERRITORIO ES VIDA

Territorio es vida, salud y desarrollo para los indígenas amazónicos. Su defensa es una cuestión de supervivencia.

José Álvarez Alonso

“Tienen demasiada tierra”, “tienen tituladas 12 millones de hectáreas ¿y quieren
más?”, “la Amazonía no es sólo de los indígenas”, son algunas de las expresiones de políticos y periodistas en relación con la protesta indígena en defensa de
sus bosques y territorios ancestrales. “Sus tierras tituladas no serán vendidas,
la protesta no tiene razón de ser”, explican algunos altos funcionarios y periodistas.

Sin embargo, los indígenas amazónicos no se movilizan por tonterías ni trivialidades. Lo he experimentado en el cuarto de siglo recorriendo comunidades amazónicas… Su estrategia de supervivencia en la selva se basa en minimizar costos y esfuerzos en un ecosistema donde, pese a las apariencias, los recursos útiles con frecuencia son escasos y elusivos. Es más, los blancos y mestizos los suelen calificar de “indolentes” y “haraganes” porque les parece que no se interesan en las cosas que para ellos son de sumo interés (acumular dinero y otras posesiones, por ejemplo).

¿Por qué se movilizaron, entonces, decenas de miles de indígenas en diversos puntos de país, dejando solos a sus hijos y esposas (cosa que detestan), para pasar hambre y sufrir penalidades haciendo guardia a la intemperie en lugares muy distantes de sus hogares?

Una simple utilización de politiqueros o de ONG izquierdosas no lograría el milagro, y una simple sospecha de que unos dispositivos legales les afectarían marginalmente tampoco. Además, es totalmente cuestionable y racista considerar “manipulables” a casi 400,000 personas de decenas de pueblos indígenas, que cuentan con cientos de líderes muy bien informados y capacitados, muchos de ellos con carreras profesionales. Los indígenas saben bien lo que es bueno para ellos, y han aprendido a desconfiar de los foráneos, luego de varios siglos de engaños, estafas y promesas incumplidas por gentes de fuera, desde madereros y mineros, hasta funcionarios del Estado.

Un mundo en peligro
Me lo confirman algunos de los líderes indígenas más lúcidos con los que he tenido la oportunidad de conversar: algo muy grave está pasando con su vida para que haya tomado decisiones tan graves. Su mundo está colapsando ante sus ojos, sus niños pasan hambre por falta de los animales silvestres y el pescado que fueron la fuente principal de alimentación, y no encuentran ya en sus bosques los recursos que por miles de años fueron la base de su subsistencia; muchos de sus jóvenes huyen de las comunidades a las ciudades, porque no ven futuro en las tierras que fueron el hogar de sus antepasados.

“Sentíamos que los decretos nos anulaban la existencia. Por eso nos levantamos”, declaró a la revista Somos Santiago Manuin, respetado dirigente Awajún gravemente herido en los sucesos de Bagua. No se trata de tal o cual artículo de los decretos cuestionados, es el conjunto de la política del Estado hacia la Amazonía, que los indígenas perciben claramente que no ha sido diseñada en absoluto para beneficiarlos: los decretos inconsultos fueron la gota que colmó un vaso ya muy lleno de maltratos, promesas incumplidas y marginación por parte del Estado.

Si los indígenas no viesen seriamente amenazados su forma de vida y su mundo no protestarían de la forma como lo están haciendo. ¿Saben cuál es el índice de desnutrición infantil en la provincia de Condorcanqui, de donde son originarios los Awajún y Wampis que participaron en los hechos de Bagua? 72.96%, según un informe del Gobierno Regional de Amazonas. Esto se debe en buena medida a la escasez creciente de fauna terrestre (animales de caza) y de peces en sus territorios, los que representan hasta el 80-90% de su ingesta de proteína.

A la mala gestión por parte del Estado (que permite e incluso promueve en la Amazonía la pesca comercial indiscriminada, la cacería comercial de animales, la industria forestal mecanizada y la minería) se suma el incremento de la población y, por tanto, de la presión sobre los recursos que son base de la economía indígena, y que hoy escasean más y más cada día.

Frente a esto, el Estado les ofrece más de lo mismo, de la medicina que ellos han visto como la culpable del descalabro: los “inversionistas” foráneos, sean empresas madereras, petroleras, mineras o agropecuarias, con que les prometen ahora un mundo dorado de desarrollo y progreso, no significaron para ellos en el pasado inmediato ningún mejoramiento de sus condiciones de vida, sino todo lo contrario… Los indígenas sienten, con razón, como una amenaza para su modo de vida la posible entrega en concesión de grandes extensiones de bosques para la industria maderera, petrolera y de biocombustibles en territorios que, aunque no titulados hoy a las comunidades indígenas, ellos consideran sus tierras tradicionales de caza y pesca.

De nuevo Manuin nos aclara: “… tenemos que pensar desde la selva. Mira la historia, cómo han quedado los pueblos indígenas, la deforestación, los ríos contaminados… ¿Eso es desarrollo? Nosotros no queremos ese desarrollo, el Perú no debe querer así el desarrollo. (…) No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, los necesitamos. Pero queremos saber, nunca somos consultados. No nos dicen (…) cómo se asegura que nuestros hijos sigan viviendo del bosque, y cómo se va a cuidar ese bosque. Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo pensado desde la selva y a favor de la selva, que también va ser lo mejor para el Perú.”

“No es suficiente nuestro territorio”
“El territorio que el Gobierno ha titulado a mi comunidad no es suficiente: el irapay para techar nuestras casas, el sajino o el venado que cazamos o los peces que pescamos para nuestra comida a veces están fuera de nuestro territorio titulado, en terrenos del Estado. Si entran empresas a explotar esos bosques, no sé de qué vamos a vivir, porque cada vez tenemos menos recursos. Nuestros hijos tendrán que emigrar a la ciudad. ¿Eso quiere el Gobierno?”, preguntaba recientemente Romero T. Ushiñahua, presidente de la Federación Indígena Maijuna, en el río Napo.

Imaginemos un territorio de una comunidad indígena típica de selva baja, de unas 6,000-8,000 ha, que con frecuencia no abarca la cabecera de la quebrada donde se reproducen los peces, o la cocha donde pescan, o el aguajal donde cosechan su aguaje, o el irapayal donde cosechan las hojas con que techan sus casas. ¿Qué pasaría si a un costado se instala una concesión maderera a practicar extracción forestal mecanizada, y en otro una plantación de palma aceitera, y en la cabecera de la quebrada una concesión minera? Aunque su territorio no sea tocado, su modo vida, su supervivencia como indígenas está, definitivamente, seriamente amenazada. Porque ellos no aspiran a ser peones de una empresa, adoran su libertad y su modo de vida en contacto con la naturaleza: “No quisiera tenerle pena un día a mi hijo viendo cómo le maltratan los patrones; no hay patrón bueno. Prefiero que mi hijo viva pobre como yo, pero libre”, me decía recientemente un indígena del Huallaga.

El Estado no quiere ampliar territorios de comunidades indígenas, y se demora largos años en titular a comunidades mestizas en la selva baja que son descendientes, en buena medida, de los pueblos indígenas originarios. “Nos mezquinan lo que es nuestro”, reclamaba don Mariano Arévalo, un dirigente indígena Witoto-Murui durante un encuentro de dirigentes rurales en Iquitos, refiriéndose a los bosques concesionados por el Gobierno a empresas madereras, a las que el Estado entrega hasta 40,000 ha. en concesiones por 40 años renovables.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que los pueblos indígenas no sólo tienen derecho a sus territorios tradicionales, entendidos como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”, y a los recursos naturales existentes en ellos, sino que también “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres” (siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales). Y estas costumbres incluyen vivir del aprovechamiento de los recursos que proveen los bosques y las cochas.

Por qué necesitan los indígenas tanto territorio
Quienes hablan de que los indígenas tienen ya “demasiada tierra”, dividen los 12 millones de ha tituladas a los indígenas amazónicos entre los 400,000 indígenas reconocidos por el Estado, lo que da unas 30 ha por persona. ¿No es eso más de lo que tienen la mayoría de los peruanos? Olvidan que, en primer lugar, los pueblos indígenas han sido los dueños originarios de la Amazonía por miles de años, y que el Estado peruano, como tal, apenas existe por poco más de siglo y medio, por lo que ellos tienen un derecho preeminente, reconocido por la constitución peruana y por convenios internacionales.

En segundo lugar, olvidan que el modo vida (y de producción) de los indígenas es muy diferente al de los campesinos de la costa o del Ande, y por supuesto al de los habitantes de la ciudad. Aunque practican la agricultura en pequeñas parcelas familiares, y crían algunos animales, esto representa apenas una fracción mínima de su economía. Los indígenas amazónicos son, en buena medida, cazadores, pescadores y recolectores, por cultura, y porque es mucho más fácil y económico (y ecológico) cazar un animal silvestre que criarlo (para lo cual necesitan talar bosque para cultivar sus alimentos), cosechar frutos de un bosque primario que talar este bosque para sembrar frutales...

La economía de la mayoría de las comunidades indígenas depende principalmente de los recursos silvestres, de la flora y la fauna de sus bosques, y de los peces, caimanes y tortugas de sus ríos y cochas. Hasta el 70-90% de los ingresos económicos, y más del 80% de la ingesta proteica provienen de estos recursos en comunidades indígenas tradicionales.

“Nuestro mercado es nuestra cocha, nuestra tienda son nuestros bosques. Allí encontramos el pescado y el mitayo (carne de monte) para alimentar a nuestras familias, la madera y hoja para construir nuestras casas, las medicinas para curarnos… No vivimos de un sueldo, sino de los recursos que nos da la madre tierra. Si nos quitan eso, ¿de qué vamos a vivir?”, decía un dirigente indígena Awajún en un reciente encuentro en Iquitos.

Los territorios titulados que tienen (en realidad, sólo les titulan el área agrícola, y los bosques son “cedidos en uso” por el Estado) apenas protegen una fracción de las áreas que ellos usan habitualmente para sus actividades cotidianas de caza, pesca, extracción maderera, recolección de fibras, frutos, miel y otros productos. La mayor parte de las zonas de cabecera de quebradas, por ejemplo, quedan fuera de los territorios comunales titulados en la selva baja. “Al final, sólo me pertenece el jeme de tierra donde cultivo mi yuca. El bosque más atrás, es del Estado, el suelo debajo, es del Estado. Cuando nos entierran, es en tierra ajena, del Estado”, se quejaba Benjamín Chumpi, dirigente Wampis del río Morona.

Bosques sanos para una vida plena
El sistema indígena tradicional depende de la salud del ecosistema: un bosque enfermo (defaunado, fragmentado) o un río contaminado significan hambre y miseria para los indígenas. Y para que el bosque y el río provean los recursos de que dependen deben ser parte de un sistema equilibrado, de un paisaje sano: los peces que pescan en la cocha se alimentan en el bosque inundable cercano, y migran a veces decenas de kilómetros para reproducirse; la mayoría de los animales silvestres requieren grandes territorios y bosques sanos para mantener poblaciones sanas y viables.

Los expertos en manejo de recursos amazónicos han descubierto que para que el aprovechamiento sea sostenible deben mantenerse extensas zonas intactas, donde los animales y los árboles puedan reproducirse y dispersarse a las zonas donde son explotados intensamente. Este modelo, llamado “fuente – sumidero” (sink and source, en inglés), exige que las zonas de cabecera de quebrada, las zonas interfluviales entre ríos (actualmente en su mayor parte “del Estado”) sean mantenidas como tales, en su estado original, y no sean explotadas, so riesgo de que el aprovechamiento de los bosques y cuerpos de agua más abajo colapse, como ya ha ocurrido en muchos lugares.

La Amazonía es megadiversa, pero también es frágil: alberga gran abundancia de especies, pero poco número de individuos por especie, salvo excepciones. Mientras los indígenas norteamericanos, por ejemplo, basaron su economía en el aprovechamiento de una sola especie (el búfalo), de los que había hasta 80 millones a la llegada de los europeos, los amazónicos aprovechan en pequeñas cantidades cientos de especies de mamíferos, reptiles, aves, peces e insectos. Por eso, según algunos científicos, para que sea sostenible el aprovechamiento de recursos en el frágil ecosistema amazónico, los territorios de las comunidades indígenas deben ser suficientemente extensos, entre 500 y 1000 ha. por persona como mínimo (ver, por ej., Vickers 1988, en Science 239).

Además de ser la fuente principal de recursos para subsistencia, los bosques, lagos y quebradas de la selva tienen otros valores para los pueblos indígenas, valores sagrados, espirituales, culturales… Cuando el Estado peruano concesiona bosques o minas en un territorio que cree “sin dueño” (de libre disponibilidad del Estado, dice la ley, terrenos eriazos, lo llaman algunos) está entregando espacios que tienen a veces un valor mucho más que material, y violando de nuevo el Convenio 169, que establece que “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”.

La conservación y el uso sostenible de los bosques amazónicos (tal como los han
practicado por miles de años los pueblos indígenas) no sólo es una aspiración y
un derecho de estos pueblos, sino que debería ser de todos los peruanos y del
Mundo: hoy, más que nunca, se sabe que el ecosistema amazónico es fundamental
para el equilibrio climático mundial, y para mitigar los efectos del calentamiento global. Deberíamos agradecer a los amazónicos por luchar en
defensa de los bosques amazónicos, cuyos bienes y servicios beneficiarán sin duda a toda la humanidad.

Fuente: Diario La Región de Iquitos

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En torno al conflicto amazónico:
EL RACISMO O LA ACTITUD DISCRIMINADORA
FRENTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Gabel Daniel Sotil García

Los acontecimientos que venimos viviendo en estos últimos tiempos, teniendo como eje central los reclamos de los Pueblos Indígenas (ver Convenio 169 – OIT) de nuestra Amazonía en defensa de sus culturas y territorios y el respeto a sus derechos internacionalmente reconocidos, han tenido la virtud de evidenciarnos una de las patologías o enfermedades más graves que vienen afectando a nuestra sociedad nacional: el racismo; enfermedad ésta que adquiriera categoría de criterio de organización y relaciones sociales y trato interpersonal desde el inicio de la época colonial.

Iniciada en los albores de la misma, pasó, por aprendizaje (contagio cultural), de generación en generación. Este mal consiste en valorar al indígena (dominado) desde la perspectiva del dominador, quien es visto como portador de modos de vida atrasados, primitivos, “gentiles”, sin ningún valor ni mérito para ser considerados como cultura. Modos que, por lo tanto, deben ser cambiados por los comportamientos de la cultura occidental; es decir, la del vencedor, percibida como superior.

La perspectiva que le queda al indígena, entonces, es la de abandonar todos sus logros culturales y asimilarse, incorporarse, a la cultura de su dominador. Esta percepción etnocéntrica, es decir, desde la perspectiva de la cultura del dominante, es la que guió la acción aculturadora desarrollada en nuestra región desde la época de la conquista, acción que consistía en imponer, de cualquier manera, la nueva cultura a los Pueblos Indígenas. “El indio debe dejar de ser indio” para incorporarse a la cultura nacional (la del dominante), era la máxima de esta actitud, según la cual, ellos son los culpables de nuestro subdesarrollo, nuestro atraso como país y región. Si deseamos lograr nuestro desarrollo social, según esta forma de pensar, tenemos que hacer desaparecer todas estas manifestaciones primitivas propias de “ciudadanos de segunda categoría”, según aún expresan alto funcionarios, políticos, intelectuales, periodistas, etc.

Aún hoy hay personas e instituciones que tienen esta forma de percibir a los Pueblos Indígenas (amazónicos y andinos) y, por cierto, desarrollan sus acciones en consonancia con esta percepción. Su mayor preocupación es la de hacer que los indígenas cambien sus modos de vida: idioma, arte, costumbres, religión, forma de ser, etc., pues éstas expresarían formas de ser “primitivas”, “arcaicas”.

El ideal de estas personas e instituciones es asimilar, absorber, a los indígenas a la cultura mestiza que ellas representan. Este racismo es el que se traduce cuando una persona (periodistas, funcionarios, profesionales diversos, jueces, empresarios, personas comunes y corrientes, etc.), al referirse a las personas de alguna de las culturas originarias de nuestra región (y país), las tilda de “indio”, “cholo”, en su connotación despectiva. O cuando alguien emplea el término tribu para referirse a tales culturas. O el término dialecto para referirse a sus sistemas lingüísticos. Pero, también se expresa este racismo cuando decimos “al pueblo hay que culturizarlo” o “al pueblo hay que llevarle cultura”, bajo la convicción de que el pueblo no tiene cultura.

Pero, el racismo no sólo afecta las relaciones con los miembros de las culturas indígenas, sino también entre los integrantes de la misma unidad sociodemográfica, en cuyo interior los individuos son categorizados de acuerdo a muy diversos criterios, generando, así, un panorama social sumamente resquebrajado, fracturado, conflictivo, de jerarquizaciones subjetivas, que imposibilita la comunicación y la comprensión al interior de la sociedad nacional y regional, que, como sabemos, está integrada por personas que no sólo poseen muy diversas condiciones socioeconómicas sino, también, disímiles universos culturales.

Y es que el racismo se sustenta en la premisa “Sólo lo mío vale, lo demás no”. Es decir, lo que yo conozco o sé, lo que creo, mi forma de pensar, mis gustos y temores, la forma en que percibo el mundo, etc., es lo único que vale. Se absolutiza, así, el acervo cultural propio, en detrimento del de los demás.

Por cierto que esta forma de ser y actuar, aprendida en el marco de una colectividad, no posibilita la verdadera comunicación entre personas y menos entre Pueblos. Es el caldo de cultivo para la imposición cultural, para la fracturación social, pues impide los necesarios consensos sociales respecto a un proyecto de desarrollo regional y nacional de nuestra sociedad. Es un vector de conflictos entre las diversas culturas de nuestra región, como muy luctuosamente se ha evidenciado y seguirá evidenciándose mientras la educación nacional, en el marco de una política de estado en esta dirección, no afronte con la debida decisión la superación de esta característica nacional.

Pero esta actitud es mucho más peligrosa si quien piensa así tiene el poder político, dado que todas sus decisiones estarán dirigidas a imponer su cultura por considerarla superior y hacer desaparecer a todas las culturas consideradas inferiores. Efecto que, por cierto, no necesariamente es conscientemente buscado. Como consecuencia, los conocimientos, valores, conquistas prácticas, instrumentos, creencias, manifestaciones artísticas, etc., de los pueblos no dominantes serán despreciados, ignorados y condenados a ser destruidos. En este caso, los de nuestros Pueblos Indígenas, quienes hoy en día no comparten el poder político en nuestro país y, por lo tanto, a sus reclamos no se les reconoce prioridad en la agenda nacional.

Es esta actitud etnocéntrica, racista la que ha causado y viene causando la mayor destrucción de los legados culturales de los Pueblos Originarios (impropiamente llamados “nativos”) de nuestra Amazonía, actitud que aún subsiste en muchas personas e instituciones de nuestra región y país, empeñadas en “civilizar”, “cristianizar”, “modernizar”, “culturizar” “alfabetizar” a los miembros de estos pueblos. Es esta la actitud que viene impidiéndonos el diálogo, el mutuo respeto entre quienes vivimos en esta hermosa y rica región. Es la que impide que logremos los acuerdos necesarios para elaborar un proyecto de desarrollo social que parta del reconocimiento respetuoso de nuestra diversidad sociocultural y nos permita la construcción de una Amazonía escenario para la realización plena de los proyectos de vida de cada uno de los Pueblos que la conforman. Sin exclusiones, sin hegemonismos culturales ni políticos.

KANATARI, 28 -06-09

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Las medias verdades del ministro del Ambiente

Alberto Chirif

Sobre el petróleo

En una entrevista realizada por el diario El Comercio (junio, 2009, p. 2, sección B), el ministro del Ambiente sostuvo una vez más que ahora la explotación de hidrocarburos es limpia y se realiza con un mínimo impacto. Puso él como ejemplo el caso del Corrientes, donde opera Pluspetrol, heredera y continuadora de un trabajo sucio iniciado por Occidental Petroleum y PETROPERÚ. Frente a la pregunta de quién le ha garantizado que la empresa esté reinyectando el 100% de las aguas de formación, él respondió que la propia Pluspetrol: “Eso fue lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir”.

Sorprendente respuesta la del ministro del Ambiente de un gobierno que, apenas tres años atrás, se negaba a reconocer los estragos causados sobre las personas y el medio ambiente en la cuenca del Corrientes, a pesar de que las demandas de los pobladores achuares estaban apoyadas por informes del hoy desaparecido INRENA y de análisis de los ministerios de Salud y de la Producción, que demostraban la presencia de metales pesados en seres humanos y peces, respectivamente.

A la empresa, en cambio, el ministro le cree a ojos cerrados, y sobre esta creencia acerca de una experiencia que no conoce, basa su afirmación de que hoy la explotación de hidrocarburos es limpia no sólo en el Corrientes, sino en todo el país. Pero su respuesta es también sorprendente porque de haber ido, él no habría podido comprobar nada, no sólo porque no es especialista en la materia, sino porque las visitas de ministros son protocolares y terminan con una sonrisa, un par de chistes y un trago. Lo que el caso requería era un equipo especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM) que comprobara el cumplimiento de la reinyección y por supuesto el avance de la remediación, nombre que se le da a la limpieza de las pozas donde se han depositado residuos de crudo y lodo de perforación.

Por lo tanto, en esta oportunidad el gobierno no ha comprobado si la empresa ha cumplido cabalmente su compromiso y sólo se basa en lo que la empresa dice. Es verdad que también los indígenas dicen que la empresa ha cumplido en un cien por ciento con la reinyección de las aguas de formación. Pero esto no es suficiente porque ellos no son técnicos en la materia, y así como para denunciar la contaminación tuvieron que basarse en análisis y supervisiones realizadas por terceros, así también el Estado, en cumplimiento de su fin supremo que es defender los derechos de sus ciudadanos (Constitución, Art. 1º), está en la obligación de constatar la veracidad de las afirmaciones de la empresa. En el momento actual, cuando la desconfianza es la principal característica de las relaciones entre las partes, un trabajo así debe hacerse además con participación de los indígenas y los equipos técnicos de su confianza, y de la propia Pluspetrol.

Pero sobre el tema hay más que decir. Una cuestión sobre la que ya he escrito antes, pero que vale la pena repetirla ahora, es que si en el Corriente se reinyectan las aguas de formación a partir del año 2007 es por la decidida actitud de los achuares que denunciaron la contaminación y, al no ser escuchados, tomaron instalaciones de la empresa arriesgando sus propias vidas, ya que hasta el último momento el gobierno manejó la posibilidad de una intervención violenta para recobrar el control de la situación. La reinyección entonces no ha sido ni una concesión de la empresa ni resultado de una toma de conciencia del Estado sobre la gravedad de la contaminación.

Por otro lado, la reinyección se realiza exclusivamente en la cuenca del Corrientes y no está prevista para otras cuencas donde se produce petróleo desde antes de 2006, año en que el Estado, tratando de paliar los reclamos de los achuares, aprobó el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” (D.S. 015-2006-EM), que indica:

“La exigencia de la disposición final del Agua de Producción mediante el sistema
de reinyección operará para los Yacimientos que a la fecha de expedición del
presente Reglamento no se encuentran en producción, salvo que en los respectivos
instrumentos de gestión ambiental se haya considerado la disposición del Agua de
Producción mediante la reinyección, en cuyo caso operará esto último” (quinta
disposición final).

Con esto quiero decir que el ministro Brack no está dando el crédito de la reinyección a quien corresponde, como debería ser. Más aun, el hecho de que los achuares hayan logrado que se reinyecten aguas de formación de pozos que estaban en producción desde antes de la aprobación del citado reglamento, ha sentado un precedente para que se proceda de igual manera en otras donde se explota petróleo. Y esto es bueno para todo el país.

Otro asunto sobre el que quiero llamar la atención es que el acta de Dorissa (la que firmaron FECONACO -la organización achuar del Corrientes-, Pluspetrol y el Estado) limita su aplicación a los lotes 1AB y 8, pero no dice nada acerca del lote 8X, que se ubica nada menos que dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que, como todas las áreas naturales protegidas, constituyen propiedad pública.

Allí, las aguas de formación se siguen vertiendo a ríos, quebradas y cochas. En dicha reserva no existen achuares que protesten, lo que demuestra que si no hay presión externa, el Estado no tiene intención alguna de exigir otra de sus responsabilidades constitucionales. Tampoco el mismo Ministerio del Ambiente la tiene, aun cuando entre sus objetivos esté el de: "Prevenir la degradación del ambiente y de los recursos naturales, y revertir los procesos negativos que les afecten” y dentro de su estructura se encuentre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuya principal función es “Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”.

En otros lugares tampoco el trabajo de hidrocarburos es lo limpio que afirma el ministro, por ejemplo, en la quebrada Ramírez, a apenas unos 20 minutos de Iquitos, de la que se surten de agua los pobladores de Barrio Florido y otros asentamientos vecinos. Análisis realizados en 2008 en esa quebrada, que recibe los efluentes de la refinería de Iquitos, determinaron que los parámetros encontrados sobrepasan los límites máximos permisibles (LMP) en los casos de aceites y grasas, con 2,29 mg/L (miligramos por litro), bario, con 5,00 mg/L y cromo, con 0,01 mg/L. Los LMP son, respectivamente, 0,5-1,5 mg/L, 0,3 mg/L y 0,0002 mg/L.

La situación en el Napo es también muy mala, aunque ésta puede ser atribuida a la explotación petrolera realizada en Ecuador, pero es previsible que se complique más cuando comience la actividad en la parte peruana de la cuenca. El estudio citado termina afirmando que: “Las aguas de los ríos: Napo y Amazonas; así como de la quebrada Ramírez, no son aptas para el consumo humano”. Pero, sin embargo, se consumen. (Ver “Informe del avance del diagnóstico ambiental de los componentes: hidrología e hidrografía”. Zonificación Ecológica Económica Bellavista-Mazán. César Sáenz. Octubre 2008, pp. 26 y 44).

Sobre las tierras indígenas
Durante semanas, a través de la radio y la televisión, el ministro del ambiente se ha referido al tema de las tierras indígenas, y sus opiniones han quedado luego escritas en un pronunciamiento del MINAM (ver diario La República, mayo 25, 2009). En este aspecto, el cúmulo de medias verdades es inmenso. Él trata de desmentir lo que califica de “falsas versiones” respecto a los intentos del gobierno de privatizar las tierras de los indígenas. Pero ¿qué más declaración de intenciones se le puede pedir a un gobierno que ha señalado, nada menos que a través de su principal representante, el presidente Alan García, que el problema de esas tierras es que no son transables? Si ése es el problema desde su punto de vista, pues hay que hacer que sean transables, y es en esa dirección hacia donde apuntaban los decretos cuestionados.

La afirmación del ministro Brack de que el Estado “ha otorgado a los pueblos originarios de la Amazonía cerca de 11 millones de hectáreas de tierras, en su mayoría bosques primarios (sin intervención alguna)”, está cargada de una serie de apreciaciones mal fundadas. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, otorgar significa: consentir, condescender o conceder una cosa que se pide o se pregunta; hacer merced y gracia de una cosa; y disponer, establecer, ofrecer, estipular o prometer una cosa. Queda claro que otorgar es un verbo que denota que quien concede hace un favor. Pero la cosa no es así en el caso de los pueblos indígenas.

El Estado no concede tierras de favor a los indígenas sino que se las titula, y el concepto de titulación aplicado a los pueblos indígenas en el Perú no es el de dar propiedad a quien no la tiene, sino de regularizar administrativamente una propiedad que ya es de ellos. ¿Por qué?, por su condición de pueblos originarios, es decir, de pueblos preexistentes al Estado y que ya eran dueños antes de la constitución de la república. Hasta el momento sabía, por confrontaciones con funcionarios regionales y locales, que éstos no entienden la diferencia entre titular tierras indígenas y adjudicar tierras a terceros y que, cuando se les explica, no la quieren entender. Ahora sé que tampoco el ministro del Ambiente la sabe, lo que es mucho más preocupante.

Este derecho preexistente es precisamente uno de los puntos que el decreto 1064, uno de los causantes de las últimas protestas, ha tratado de anular, porque limitaba las garantías de los pueblos indígenas al hecho de que las comunidades contasen con un título, ya que en caso contrario las tierras, aun cuando estuviesen ocupadas por ellas, serán declaradas de libre disponibilidad del Estado.

Hay varias medias verdades en la cifra citada por el ministro Brack. De los 11 millones de que habla, hay que descontar aproximadamente la mitad, que está constituida por suelos declarados de aptitud forestal, que incluyen los de protección. La ley de comunidades de 1978 dispuso que las comunidades recibiesen en propiedad sólo las tierras de aptitud agropecuaria, no así las de aptitud forestal, que les serían cedidas en uso. Esta disposición va en contra de lo dispuesto en el Convenio 169, que define que el término tierra “deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna otra manera” (Art. 13º).

En tal virtud, el Estado debió haber anulado esa limitación para adecuar la ley a esta definición de territorio indígena, pero no ha sido así. Es teórico afirmar, como alegan el ministro y algunos funcionarios de su sector, que la cuestión es formal, ya que tanto las tierras agropecuarias como las forestales constituyen parte de la heredad de las comunidades y tienen total garantía. Sí, en la letra es así, pero en la práctica el tema se ha prestado a manipulaciones de funcionarios ignorantes y arrogantes frente a los indígenas, que incluso han propiciado la invasión de colonos sobre las áreas forestales de sus comunidades, con el argumento de que ellas no son de su propiedad y que el Estado es libre de entregarlas a quien quiera. El caso más sonado y trágico es el de Flor de la Frontera, una comunidad awajun en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), que luego de reclamar en la vía administrativa y en la judicial el desalojo de colonos invasores, y de ganar en ambas, tomó el problema en sus manos, con el resultado de 15 muertos y más de una decena de heridos de ambas partes.

La entrega de esas tierras forestales a las comunidades se formalizaba mediante contratos de cesión en uso que, en teoría, eran a perpetuidad por no tener fecha de vencimiento ni establecer condiciones de caducidad. Sin embargo, desde la promulgación de la ley forestal Nº 27308, el año 2000, con el argumento de que esta norma no aclaraba cómo se debía proceder en este caso, no se han vuelo a entregar dichos contratos a las comunidades. En otras palabras, desde ese año, si bien los títulos de las comunidades indican una cantidad de hectáreas, una parte de éstas no está garantizada a las comunidades por la falta de los contratos de cesión en uso. Es claro que esto reduce aún más la cifra global dada por el ministro de 11 millones.

Lo absurdo de la situación actual es que mientras el acceso a la propiedad de tierras de aptitud forestal se le sigue negando a las comunidades indígenas, el decreto 1090 (ahora derogado), que autorizaba el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias en suelos de aptitud forestal, abría esta ventajosa posibilidad para las empresas privadas en caso de proyectos declarados de “interés nacional” autorizados por el MINAM.

En un texto anterior, trabajado en conjunto con mi colega Federica Barclay, habíamos citado la prohibición contemplada en la Constitución (Art. 71º) de que los extranjeros, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, “pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad”, a menos que se trate de proyectos de interés nacional; y habíamos indicado claramente cómo esta excepción se había convertido en la norma, ya que todas las fronteras de la región amazónica del país están copadas por contratos suscritos por el Estado con empresas extranjeras. Luego de experiencias de este tipo, el “interés nacional” ya no es un argumento que sirva para engañar a los peruanos.

Pero de la mitad que queda de las 11 millones, hay todavía que descontar los cuerpos de aguas (cochas, aguajales, quebrada, ríos, tahuampas, tipishcas), más las franjas que se reserva la Marina de Guerra, aunque nadie entiende porqué, ni para qué. Una cereza en la copa la constituyen los contratos de explotación minera y sobre todo de hidrocarburos, que actualmente, con seguridad, cubren los territorios de todas las comunidades indígenas amazónicas, causando los estragos que ya son conocidos. Otra cereza son los contratos de explotación forestal, que en muchos casos se superponen con comunidades tituladas (por supuesto, también con no tituladas, pero que no las incluyo porque no hacen parte de los 11 millones de hectáreas)

Tampoco es cierto que la mayoría de estas extensiones tituladas a comunidades indígenas en la Amazonía estén constituidas por bosques primarios. En la zona de Oxapampa y Villa Rica, bien conocidas por el ministro porque es oriundo de allí, así como en el Perené y gran parte de la provincia de Satipo, el alto Urubamba y la zona más cercana a Bagua, por citar lo más notorio, los bosques fueron liquidados por los procesos de colonización propiciados por diferentes gobiernos, con el mismo argumento que el actual “de superar la pobreza”, aunque para eso esos gobiernos les ofrecieran tierras a los colonos en la Amazonía, mientras que éste trata de recuperarlas para hacerlas “transables”.

La forma como el ministro Brack plantea el tema da la sensación a quien no está familiarizado con el tema que se trata de un gran bloque de tierras de 11 millones de hectáreas, pero esto no es así. Además de las razones ya expuestas, en muchas zonas de la Amazonía peruana se trata de pequeñas islas rodeadas de propiedades de colonos (ver Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central. IBC. Lima 2006) o de tierras fiscales. Dichas zonas grosso modo coinciden con las citadas en el párrafo anterior, pero también hay otras, como las cuencas del Ucayali, Huallaga, Putumayo y Amazonas. En otras zonas la cuestión es diferente, como en el medio Urubamba y el Pastaza, donde las comunidades han logrado recomponer parte de sus territorios étnicos mediante la colindancia de sus títulos individuales.

Sobre este tema, por último, hay que decir que el trabajo de titulación ha sido realizado, salvo escasísimas excepciones (no deben pasar de 100) con fondos de la cooperación internacional canalizados por ONG y, sobre todo, por AIDESEP. Hoy ambas son atacadas y satanizadas por el gobierno, que presenta cifras acerca de la titulación como mérito propio (igual que lo que comenté antes sobre la reinyección), en un campo en el que no ha hecho mayor esfuerzo. Por el contrario, cada proceso de titulación ha implicado una tensa pugna entre los promotores (AIDESEP u ONG) y funcionarios de un Estado sin ninguna voluntad de reconocer a los pueblos indígenas los derechos que la Constitución, las leyes y los convenios internacionales les garantizan.

Un comentario final sobre la opinión de la ministra de Comercio y Turismo, Mercedes Araóz, que se mantuvo fiel a su equipo de gobierno reafirmando enfáticamente que si derogaba el decreto 1090, se iba a propiciar la tala ilegal y se pondría en riesgo el funcionamiento del TLC. No obstante, derogado éste y otro decreto después de la tragedia de Bagua, su opinión apuntó en la dirección contraria: la derogatoria de los decretos “no pondrá en riesgo la aplicación del TLC”. La regla de oposición contradictoria señala que “dos proposiciones en oposición contradictoria no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas a la misma vez”. ¿Cuál es la falsa? Claramente la primera, manipulada para asustar a una opinión pública que, sin conocerlo, cree que el TLC le bajará el cielo del modelo estadounidense hasta la bodega de la esquina. Para su tranquilidad señora ministra (o intranquilidad), debo decirle que la tala ilegal es un problema de la administración forestal del Estado (muy ineficiente y corrompida), no de las leyes.

Si el gobierno quiere darle a la palabra diálogo su verdadero valor y no usarla sólo como un subterfugio para salir del paso tratando de calmar las aguas después de los sucesos de Bagua, las mentiras y las medias verdades no son una opción para lograrlo.

* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch.

Fuente: SERVINDI

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¿QUÉ TAN AMAZÓNICA ES LA FIESTA DE SAN JUAN?

José Barletti

Uno de los impactos mayores del “Viernes Terrible” es, debe ser, sentirnos obligados a releer la Amazonía. Releer su presente a la luz de su pasado. Sólo así podremos estar en condiciones de imaginar su futuro.

En nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestro sentir, nada debería ser igual después del 5 de junio.

Uno de los temas más importantes para entender el hoy de la Amazonía es la relación entre las ciudades amazónicas y los pueblos indígenas a través de nuestra historia.

Una diferencia de la región San Martín con las regiones del llano amazónico y de la selva central es que sólo en San Martín hubo dominación colonial española propiamente dicha. Allí hoy perviven aspectos de la herencia colonial en casi toda su población. Uno de esos aspectos es el “culto al pellejo blanco” y a los “buenos apellidos”. La dominación colonial dejó su huella en el pueblo sanmartinense.

En cambio, en el llano amazónico (Loreto, Ucayali, Madre de Dios) y en la selva central, la presencia colonial fue liderada por misioneros, salvo en las décadas previas a la Independencia , que aunque impactó en la manera de vivir de la gente, no llegó a ocasionar el desmadre cultural que se produjo en San Martín, donde sólo quedan dos pueblos indígenas, de los muchos que existían cuando llegaron los españoles.

Hace 200 años, en el primer semestre de 1809 los pueblos indígenas del llano amazónico llevaron a cabo un levantamiento en Jeberos, la capital de Maynas Colonial y en Lagunas, la ciudad más importante. En Jeberos estaba la sede del gobernador español, el coronel Diego Calvo. Allí también estaba la sede del único obispo que tuvo Maynas Colonial, Hipólito Sánchez Rangel y la sede del jefe de la Compañía Veterana , el capitán Juan Manuel Oyararte. Maynas Colonial comprendía más allá de los territorios de las actuales regiones Loreto, Ucayali y San Martín.

El levantamiento indígena de 1809 golpeó al poder colonial “a la cabeza” y “en la cabeza”. Golpeó “a la cabeza”, ya que terminó con la muerte de la autoridad de Jeberos (Juan Ortiz) y del mismo gobernador español de todo Maynas. Sin embargo, golpeó también “en la cabeza”, “en la ciudad capital”, en Jeberos. Vanos fueron los intentos del obispo por apaciguar a la gente en el mes de junio (como han sido vanos los intentos de apaciguar en este junio). Al cabo de un par de años, una tras otra, las autoridades españolas fueron abandonando esta ciudad para ir a refugiarse a Moyobamba, “ciudad de españoles”, sin mediar orden alguna del virrey Abascal o del rey de España Carlos IV. Se les había movido el piso. Se dieron cuenta que ya no iban a estar seguros. Dicho de otra manera, las autoridades españolas fueron expulsadas de las “Misiones Bajas de Maynas” (del llano amazónico) hacia la “Misión Alta” (la zona de Moyobamba y alrededores). Esto explica por qué las luchas finales por la Independencia se libraron entre Moyobamba, donde estaban los partidarios del rey de España y Chachapoyas, donde estaban los partidarios de la Independencia.

Cuando los sanmartinenses se desparramaron por todo el llano amazónico hace un siglo, en la Época del Caucho, se fueron con sus juane de arroz con gallina y aceitunas, su pandillada y su Fiesta de San Juan, así como con sus otras manifestaciones de “civlización” que los españoles les habían impuesto.

El proceso de urbanización en toda la Amazonía ha tenido un mismo patrón. Cuando se establecía una ciudad, sea en el tiempo de los españoles o sea en nuestra vida republicana, la población indígena allí establecida era desplazada hacia la periferia. Los blancos ocupaban la parte central.

Todas las ciudades han seguido ese proceso. Tengo un escrito sobre lo que sucedió en San José de Sisa a mediados del siglo XIX. Igual fue lo acontecido en Iquitos en 1964 cuando la Marina instaló su puerto y factoría. Las personas indígenas que vivían en esta "humilde ranchería" (así la calificó Antonio Raimondi cuando vino en su primer viaje en 1862) fueron desplazadas por los blanco mestizos que fueron llegando después.

Las ciudades de Iquitos y Yurimaguas crecieron y se hermosearon con sangre y sufrimiento indígena durante la Época del Caucho.

El reciente movimiento indígena amazónico ha contribuido a reducir distancias entre las ciudades amazónicas y el movimiento indígena, pero el abuso se mantiene allí.

En el caso nuestro, en Iquitos, la mayor parte de la población actual tiene raíces indígenas. Los blanco mestizos somos minoría. Quizás esta realidad pueda explicar que la movilización del 11 de junio fuera convocada por Wagner Mussolini líder de los jóvenes indígenas universitarios de Iquitos. Su capacidad de convocatoria ha quedado demostrada, dado el dramático vacío que tenemos al no contar con un organismo centralizador de todo el movimiento social, como lo fuera el Frente de Defensa o el Frente Patriòtico.

Se ha iniciado un proceso de inimaginables proyecciones. El divorcio entre las ciudades amazónicas y los pueblos indígenas podría estar llegando a su fin, a condición de que, el conocimiento y reconocimiento de los pueblos indígenas vaya acompañado de repensar el rol de las ciudades, buscando formas de establecer relaciones simétricas, principalmente retribuyendo con justicia a los productores rurales.

San Juan es una fiesta de las ciudades del llano amazónico. En los miles de caseríos del llano amazónico, incluidas las comunidades indígenas, NO SE CELEBRA LA FIESTA DE SAN JUAN, salvo en uno que otro caserío muy influenciado por las costumbres de la ciudad más cercana.

Los españoles cambiaron el significado de la celebración del cambio de estación de junio y "bautizaron" esta celebración creando la "Fiesta de San Juan", con su juane de arroz con gallina y aceitunas buscando "civilizar" al "inmundo" juane de yuca con su presa de pescado de nuestra gente. Lo único que tiene de amazónico el juane de arroz es la hoja de bijao. Todo lo demás, incluido el culantro, son ingredientes traídos por los europeos.

Pienso que las cosas ya están maduras para darle un revolcón a la Fiesta de San Juan en las ciudades amazónicas y sobre todo en Iquitos, donde se ha instituido la “semana turística”. Ya no tienen sentido los bailes de cumbias y música chicha en la Fiesta de San Juan, en la localidad de San Juan, ya que todos los domingos, principalmente los domingos de fines de mes, hay bailes de esa naturaleza en dicho lugar.

Le toca el reto a la actual alcaldesa de San Juan de terminar su gestión el año entrante dándole un revolcón a la Fiesta de San Juan en el antiguo pueblo de San Juan, que no es tan antiguo como algunos creen, ya que sólo tiene alrededor de un siglo. Con un año de preparación, podría conseguirse que la Fiesta de San Juan sea una fecha en la que se lleven a cabo actividades de todo orden, desde académicas hasta artísticas, para revindicar lo propiamente amazónico, específicamente lo referido a los pueblos indígenas a través de la historia. Ya se ha avanzado bastante en los últimos años con el Festival de Danzas, aunque es incipiente la recuperación de la música y de los bailes de los pueblos indígenas. La entrada de las danzas amazónicas a los colegios ha hecho que nuestros jóvenes gusten de estos bailes. Ello ha llevado a que Explosión, el grupo musical que nos hace bailar, haya fusionado temas de moda con la música tradicional amazónica blanca mestiza.

Después del 5 junio ni el Perú ni la Amazonía serán los mismos.

En la vida de las personas y en la vida de los pueblos las oportunidades se presentan muy de cuando en cuando y hay que saberlas aprovechar. No debemos dejar pasar cosas como éstas.

Estos son tiempos de repensar la Amazonía... en todo sentido, incluida la manera cómo hacemos educación.

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El monstruoso contrasentido

Los orígenes del conflicto con los pueblos indígenas están en la incapacidad del Estado para reconocerlos como sujetos de derecho.

Por: Santiago Alfaro Rotondo

José María Arguedas calificó como un “monstruoso contrasentido” el hecho de que las élites políticas y económicas peruanas a la vez que admiraban el arte indígena, despreciaran a sus creadores. Sus palabras no dejan de tener vigencia. El contraste entre cómo nos sentimos orgullos por nuestra diversidad cultural y cómo se interpreta el conflicto protagonizado por los pueblos indígenas de la Amazonía lo demuestra.

Por un lado, el Estado y múltiples empresas utilizan las expresiones culturales de los shipibos o asháninkas como un recurso para promover el turismo y ofrecer mercancías. Y por el otro, las demandas políticas de esas mismas poblaciones o no son escuchadas o se las concibe como el producto de la ignorancia y la manipulación de agentes externos, privándolas de toda capacidad para tomar decisiones de manera autónoma. Los pueblos indígenas de la Amazonía siguen siendo vistos solo como sujetos estéticos y no de derechos, como postales y no ciudadanos. Como consecuencia: palmas para Juaneco y su Combo, balas para los awajún.

La persistencia de este “monstruoso contrasentido” nos confronta con los retos que exige reconocer el agotamiento del modelo clásico de ciudadanía. Según este, solo se debe avalar la libertad de cada individuo para cultivar y mantener su herencia cultural. Por lo mismo, a los poderes públicos solo les correspondería conceder iguales derechos fundamentales para todos los ciudadanos.

A lo largo de las últimas décadas dicho modelo fue cuestionado debido a su incapacidad para garantizar que las comunidades históricamente discriminadas puedan mantener su identidad y acceder a los recursos económicos, sociales y políticos necesarios para su existencia. A raíz de ello, en el marco de la evolución y ampliación de los derechos humanos, a los pueblos indígenas se les reconocieron un conjunto de derechos especiales de carácter colectivo por medio de convenios como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o reformas constitucionales, abriendo paso a lo que se conoce como “ciudadanía multicultural” o “ciudadanía diferenciada”.

En tanto fuente de identidad, de sustento material y espiritual, el territorio es uno de esos derechos colectivos. No obstante, existe una contradicción entre el derecho internacional (léase Convenio 169 de la OIT) y la legislación nacional al respecto. Mientras que el primero asume que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad de los recursos naturales existente en el subsuelo de los territorios indígenas, el segundo reconoce solo el derecho de propiedad colectiva de las comunidades sobre las tierras superficiales, señalando que los recursos naturales son propiedad de la nación.

Este es el nudo jurídico del conflicto amazónico: el Estado peruano sigue funcionando según el modelo clásico de ciudadanía, por lo que no reconoce a plenitud los derechos colectivos de los pueblos indígenas. A esto se suma la ideología del “perro del hortelano”, según la cual los recursos naturales solo pueden ser aprovechados si los explotan grandes inversionistas. Su fundamentalismo descarta a los pueblos indígenas no solo como agentes de desarrollo sino también como interlocutores válidos, reproduciendo el “monstruoso contrasentido”.

Si el gobierno sigue actuando según esta lógica, los conflictos sociales no dejarán de brotar y la “masacre de Bagua” se repetirá sostenidamente. Las alternativas no pasan necesariamente por impedir la llegada de los flujos de inversiones, sino condicionarlos a respetar los derechos indígenas.

Para ello, el derecho a la consulta previa, libre e informadamente, “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (art. 6.1 del Convenio 169 de la OIT), debe expresarse en procedimientos institucionales que garanticen su cumplimiento efectivo. Es importante entender que el espíritu de la consulta es lograr un consentimiento, no solo intercambiar información formalmente. Además, se debe emplear la consulta antes de tomar decisiones como conceder licencias de exploración y explotación de los recursos naturales.

La democracia es un modelo para organizar el ejercicio del poder, basado en el principio de que las decisiones que afectan el bienestar colectivo deben ser producto de deliberaciones libres entre personas consideradas moral y políticamente iguales. En ese sentido, el “monstruoso contrasentido” es un obstáculo para su ejercicio efectivo, y la ciudadanía diferenciada de los pueblos indígenas, una manera de radicalizarla.

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Preguntas sobre hidroeléctricas en la Amazonía peruana

Marc Dourojeanni

En el rápido proceso de ocupación de la selva peruana, caracterizado durante las últimas décadas por infraestructura vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú y Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil lanzaron formalmente, el 28 de abril de 2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un número indeterminado de grandes represas en los ríos de la selva alta peruana que, según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciada demanda energética del país vecino.

La noticia de la firma del memorando de intenciones entre Brasil y Perú, que entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas, fue mucho más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibida, a pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie, construya y opere hasta seis grandes hidroeléctricas en territorio peruano para abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de Dios, Cuzco y Puno, que costaría unos 4 mil millones de dólares. Apenas para brindar una idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía, la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de inundación de más de 46,000 hectáreas.

Escarbando la información se descubre que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas, ya está funcionando en el Perú dos nuevas empresas, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur SAC, conformada principalmente por la Engevix, la principal empresa de consultoría del Brasil y la Inambari Geraçao de Energia, un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios, a cargo de la primera de las empresas nombradas ya estarían siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR Consultora y sub-contratistas, sobre la base de una resolución ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año antes de la reunión presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un “secreto de estado”, pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por una empresa especializada (Lahmeyer-Salzgitter), con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) y del Banco Mundial. En ese estudio se detectaron numerosas posibilidades, de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6 de éstas que más les convienen.

A este punto, sin mayor información, es difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente, impactos ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos, especialmente en condiciones de la Amazonía brasileña y, la verdad, obligan a reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales no siempre positivos, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, eliminación de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico y de ecosistemas terrestres aledaños, navegabilidad, problemas especiales de contaminación (generación de metano), etc. Los indirectos son peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más gente y la energía facilita nuevas especulaciones. Todos estos problemas serán aún más graves en las condiciones sui generis de la selva alta, pues los valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces endémicos.

Las empresas ya han comunicado algunos resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era previsible, dice en esencia “que no hay problema” y que los que habrá son fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características del valle, no tendrán donde ser re-localizados apropiadamente. También se sabe que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura final de la represa) de la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. Los taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos raros, serán drásticamente afectados.

El impacto de las otras represas puede ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos y peor aún será su efecto acumulado. En el Brasil, por ejemplo, las represas han dejado gran parte del país sin ríos no explotados con una o más obras para fines energéticos, con gravísimas y bien documentadas implicaciones sociales y ambientales. Han generado, por ejemplo, el importante movimiento popular denominado Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) que reclama un trato justo para las víctimas de esas obras y que para ser atendido invade y ocupa instalaciones de las empresas.

El problema, pues, es muy importante y antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de la obra deben responder son básicamente tres:

1. ¿Cuál es el estado actual de la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?

2. ¿Hasta qué punto el avance de los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de pre-factibilidad, incluyendo aspectos sociales y ambientales, no demuestra que la obra ya está decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra, si sus impactos son excesivos, como manda la legislación ambiental?

3. ¿Cuales serán los beneficios para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría la mayor parte de la producción? ¿Acaso no se tiene en cuenta el riesgo de que es de esperar que la hidroeléctrica sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que nuestro país deberá continuar pagando la gigantesca deuda contraída?

El Brasil y el Paraguay están precisamente ahora confrontando una situación difícil con relación a Itaipú, que fue construido en condiciones similares a las que se plantean ahora para las seis represas peruanas. El argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su actitud de no pagar más por la energía comprada. Pero el argumento paraguayo es que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción, porque el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales semejantes, de largo plazo.

Es perfectamente razonable que el Perú venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma parte del proceso de integración continental. Pero antes de tomar la decisión debe realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen que los beneficios serán mayores que los perjuicios, o sea que será rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar, además, un mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más, en este caso debe hacerse una evaluación socio ambiental estratégica que aborde la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del Inambari. Una cosa es “una represa” en la selva alta y otra, muy diferente, son 6 o 14 represas en los principales ríos nacionales. Además, la lectura del estudio de la Lahmeyer-Salzgitter revela que, apenas en el Inambari, podrían haber otras cinco represas para “explotar” mejor el potencial. Cada río de la Amazonía podría, en efecto, ser convertido en una sucesión de lagos artificiales, como ya es el caso con varios ríos brasileños. El nuevo Ministerio del Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros para hacer eso con absoluta independencia.

De otra parte, es difícil entender por qué el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo seriamente en los
niveles nacional, regional y local y en las instancias políticas, académicas y
populares. Esperemos que no se repita la triste experiencia de la carretera Interoceánica, que va a ser parcialmente destruida por la represa del Inambari,
que fue decidida con estudios socio-ambientales mal hechos e inútiles, pues ya estaba financiada y en plena construcción cuando estos fueron terminados.

Lima, 3 de Junio del 2009

Datos:

Marc Dourojeanni, reconocido ambientalista. Ing. agrónomo y forestal, dedicado a la investigación y docencia, laboró como consultor del BID en temas vinculados a las políticas de aprovechamiento sostenible de la Amazonía, en Brasil.

Semblanza del Dr. Marc Jean Dourojeanni Ricordi, por el Ing. Manuel A. Ríos Rodríguez, en ceremonia de reconocimiento en UNALM: “Marc es un prestigioso conservacionista, uno de los especialistas en temas amazónicos más destacados del planeta. Ha dedicado buena parte de su vida a estudiar la ecología peruana y a trabajar para protegerla, es un escritor cuyas ideas e interpretación del mundo son siempre mencionadas y citadas”.

Versión en Inglés:

Questions on hydroelectric power plants in the Peruvian Amazon Región

Marc Dourojeanni

In the rapid occupation process of the Peruvian jungle, characterized in the last decades by road infrastructure, petroleum and mining exploitation in addition to usual agriculture, cattle ranching and forestry activities, another determining element has arisen. It is the exploitation of hydroelectric potential. Presidents Alan García from Peru and Luis Ignacio
Lula da Silva from Brazil formally launched, on April 28th 2009, the race that will culminate with the operation of an undetermined number of grand dams in the high jungle rivers of Peru that are mainly aiming at supplying the insatiable energy demand of the neighboring country.

News of the signing of a memorandum of intent between Brazil and Peru, where amongst its six points has one referring to hydroelectric possible plants was commented with far more detail in Brazil than in Peru where it was done almost without anyone noticing despite its very serious geopolitical, economic, social and environmental importance. In essence, the memorandum proposes allowing Brazil to study, finance, build and operate up to six very large hydroelectric power plants on Peruvian soil to supply its energy requirements, purchasing a large part of the energy produced in Peru. The hydroelectric plants chosen by Brazil are Inambari (2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatan (750 MW) and Chuquipampa (800 MW) and, of course, the corresponding transmission lines which will be integrated into the Brazilian system. The total cost of these six undertakings will amount to the order of US$ 16 billion dollars and the first project selected is on the Inambari River, at the confluence of Madre de Dios, Cuzco and Puno departments at a cost of US$ 4 billion dollars. Only to give an idea of what it entails Inambari would, in terms of generation of energy, be the largest dam in Peru and the fifth largest in Latin America flooding an area of over 46,000 hectares.

On revising the information one discovers that the actions to be taken in order to carry out this project were being implemented long before the signature of the memorandum. According to the media, two new companies are already working in Peru, the Empresa de Generacion Electica Amazonas Sur SAC, made up mainly of Engevix, the main consulting firm in Brazil and Inambari Geracao de Energia, a consortium made up by Brazilian state-owned Eletrobras and Furnas and the construction company OAS, also Brazilian. They apparently already have a credit of US$ 2,5 billion from the Banco Nacional de Desenvolvimiento Economico e Social (BNDES). The studies, carried out by the first of the mentioned corporations are already being carried out by the equally Brazilian company PSR Consultant and sub-contractor, according to a ministerial resolution of Energy and Mines given in June 2008, in other words a year before the presidential meeting. It could be true that this was not a “state secret” but it also undeniable that the government made no effort to divulge this important event affecting the nation’s future. In fact, the six dam projects are not new. They were already proposed in the 70s based on a study made by a specialized company (Lahmeyer-Salzgitter) with financing by the German government (GTZ) and the World Bank. In this regard, numerous possibilities were detected of the 14, which are priorities. Brazilians chose 6 of these, which were most convenient.

At this point without major information, it is difficult to evaluate whether the undergoing negotiations for Brazil to develop and exploit Inambari and the other dams will represent a benefit for Peru. What is evident is that the construction of large dams on the Amazon rivers will have enormous economic repercussions in terms of external debt and obviously, extreme environmental and social impacts. There is countless information on those impacts especially on Brazilian Amazon conditions and, truly, they require reflection long before they embark on construction of them. Their direct impacts include the important displacement of humans, economic changes and social not always positive, flooding of scarce fertile land, deforestation, elimination of fauna, alteration of the hydro biologic system and of neighboring land ecosystems, especially problems of contamination (generation of methane), etc. The indirect ones are worse and they extend over enormous surfaces that include invasion of protected areas and Indian territories, more deforestation since the work will attract more people and energy facilitates new speculations. All of these problems will be even more serious in the sui generis conditions of the high jungle, since the valleys are narrow and their biota elements are rare and many are endemic.

The corporations involved have already announced some of the results of the environmental impact study of Inambari. It, predictably, says in essence, “that there is no problem” and if there were any, they are easily resolved. This is highly unlikely when we already know, for example, that the reservoir will flood all the existing agriculture in the area, as well as the illegal gold mining and various populated centers which, also, due to the characteristics of the valley, will be unable to be reallocated appropriately. We also know that it will flood between 90 km and 150 km (depending on the final altitude of the dam) of the recently built Interoceanica highway whose cost is very high and paid by Peruvians. The abrupt slopes of the region are not stable and can affect the reservoir. Worst of all is that it will also flood part of the buffer zone of the Bahuaja-Sonene Park and that, in order to rebuild the road, this will be very close to the Park itself gravely threatening its future. We already know, through studies in the same Basin, that many of the fish species including some rare ones will be drastically affected.

The impact of the other dams could be greater or smaller of than that of Inambari, but they will not be spared and even worse their effect will be accumulative. In Brazil, for example, the dams have left a large part of the country without rivers to be exploited with one or more construction works for energy purposes, with most serious and documented social and environmental implications. They have generated, for example, the important popular movement called Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) that calls for a fair treatment of the victims of these construction works and in order for it to be acknowledged invades and occupies installations of the corporations.

The problem then is most important and before starting the work, as seems to be the case, must be discussed on a national level and not only exposed in a short manner at a local level in small meetings of misinformed farmers where the supposed benefits at emphasized and the problems are swindled. The questions Peruvian promoters of the works must reply to be basically three:

Which is the present sate of the negotiation or the present level of Peru’s commitment with corporations, and the Brazilian government in the case of Inambari and of the other projects? Is there still a possibility to discuss the subject or to find other alternatives?

To what extent the advancement of the feasibility studies of Inambari, without pre- feasibility studies, including social and environmental aspects, does not show that the construction work already decided, compromising the option of not carrying out the work if its impacts are excessive, as the environmental legislation indicates?


Which will be the benefits for Peru of a hydroelectric program which, as informed, will be studied, financed, constructed and operated by the neighboring country who will buy the vast majority of the production? Do they not imagine the risk that entail waiting for the hydroelectric power plants to be returned to Peru already sedimented and obsolete despite the fact that Peru must continue paying the gigantic loan embarked on?

Brazil and Paraguay are precisely now confronting a difficult situation with regard to Itaipu that was constructed in similar conditions to those proposed now for the six Peruvian dams. The Brazilian argument is that the bi-national agreement signed in 1973 backs their attitude to not pay any more for the energy bought. But the Paraguayan argument is that they cannot even pay the debt taken on for the construction because Brazil pays a vile price for the energy that they buy under exclusivity. It does not matter, in this case, who is right, but Peru should study deeply this conflict before embarking on similar long-term international agreements.

It is perfectly reasonable that Peru sells energy that it does not need to neighbor countries like Brazil, like any country does with this or any other resource. That is normal, desirable and is part of continental integration. However before taking a decision, economic, social and environmental studies must be carried out which guarantee that the benefits will be greater than the damages, in other words that it be profitable under those three terms. The economic benefits must ensure, also, a minimum of social and environmental damage or adequate compensation. What is more, in this case a strategic socio-environmental assessment must be made of the total hydroelectric program of the Amazon region must be addressed, not only of Inambari. One thing is “a dam” in the high jungle and another very different one are 6 to 14 hydroelectric power plans on the main national rivers. Likewise, on reading the Lahmeyer-Salzgitter study it reveals that, only in Inambari, there could be five more dams to “exploit” the best potential. Each river in the Amazon could, in effect, be converted into a succession of artificial lakes, as is the case already on several Brazilian rivers. The new Environment Minister of Peru must undertake an independent assessment on this problem and to insist that financial resources to do this task be allocated.

On the other hand, it is difficult to understand why the Peruvian government, that is presently confronting a serious social conflict in the Amazon region, precisely due to lack of information and discussion of their activities, once again reverts to adopting the same behavior as for the hydroelectric power plants that are projected. The only way to legitimize this program is divulging and discussing it seriously at national, regional and local levels and at the political, academic and popular levels. We hope that the very sad experience of the Interoceanica highway, which will be partially destroyed by the Inambari dam, which was based on poor quality socio-environmental assessments and useless, since the road was already being built when these were finalized.

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La sociedad peruana tiene la palabra

Walter Herz Sáenz

Con la inminente derogatoria de los indeseables decretos legislativos y la apertura de mecanismos de diálogo ahora sí tomados con mayor seriedad, el país parece estar volviendo al punto de donde jamás debió salir. Pero no es así. La fisura abierta en el corazón de la nación deberá ser atendida con la suficiente bondad, delicadeza y cuidado por parte de todos los que amamos a este sufrido y generoso Perú. La tristeza y la indignación frente al absurdo fraticidio todavía aprisionan el pecho de los pueblos indígenas, policías hermanos y ciudadanos honestos y de buen corazón, que afortunadamente han demostrado ser la inmensa mayoría de nuestra sociedad.

Hay que tener un espíritu miserable para festejar triunfo alguno o hacer morbosos cálculos de posicionamiento político sobre los cadáveres yacientes de nuestros compatriotas. Nos importa muy poco, la verdad, si el señor García se encierra a llorar a mares el fracaso de sus sueños narcisistas dentro de su cuarto de espejos; o si el señor Romero y sus socios de la CONFIEP, cobardemente replegados durante todo este penoso conflicto, se ponen a escupir improperios ante la promesa incumplida de su arrogante socio en Palacio de Gobierno; o si algún presidente de otro país se frota las manos de insana satisfacción por la fatalidad que vivimos.

Nos importa, sí, que aquellos que urdieron esa criollada legislativa para ofrecer nuestro patrimonio natural y cultural como si fuera su hacienda, aprendan que los peruanos no estamos dispuestos a pagar de nuevo con nuestra sangre y desunión el precio de su ambición.
Nos debería importar, sobre todo, que seamos capaces de hacer del escarnio lección para repensar entre todos el Perú y aportar, desde donde estamos y podemos, para construir un país unido en su diversidad, fraterno en sus propósitos, próspero para todas y todos, donde la dignidad y el orgullo al tope por nuestra identidad sea la energía inagotable que nos lleve a ese mejor futuro que todos los peruanos nos merecemos.

Nos debe importar, con urgencia, que los partidos o movimientos políticos que aspiran a representarnos y a conducir nuestro Estado, se nutran de ese sentir ciudadano que alzó su voz y dejó su histórica huella en estos meses para solidarizarse con la causa de los pueblos indígenas, pero además para reivindicar el valor supremo del respeto entre todos y para todos como condición indispensable para la viabilidad económica y social del país.

Sigamos caminando en esta misma dirección, no nos detengamos. De lo contrario,
el culpable no será ya el gobierno de turno o los excluyentes bloques políticos hoy y mañana en pugna por el poder, sino nosotros mismos. El reto es de cada
uno, el reto es de toda la sociedad, el reto es nuestro.

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