jueves, 12 de febrero de 2015

Cada día es una ocasión para salvar el planeta

         Entrevista a Francisco Román

Francisco Román es un científico de la Universidad de Florida, especialista en restauración ecológica. El investigador peruano integra la lista de los 30 más promisorios de América Latina.


“Los ecosistemas están siendo destruidos a una velocidad nunca antes vista en la historia de la humanidad”, refiere Francisco Román Dañobeytia. Para contrarrestar esta situación, el ingeniero forestal de 38 años utiliza una inofensiva pero contundente arma: la investigación. Sus distintos trabajos tienen como propósito enfrentar los problemas de contaminación y degradación ambiental, por lo que fue considerado uno de los 30 investigadores más prometedores de América Latina.

¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Forestal?
Inicialmente pensé estudiar pesquería porque crecí en Chucuito, una pequeña caleta de pescadores en el Callao. Sin embargo, un amigo me convenció de prepararnos en la Pre-Agraria y estando allí descubrí la carrera. Sentí que ese era mi camino.

¿Qué te motivó a dedicarte a la investigación?
El hecho de que los ecosistemas estén siendo destruidos y amenazados con mayor celeridad. Investigar es la única manera de ofrecer soluciones contra este problema.

Por años trabajaste en México y Panamá. ¿Por qué volviste al Perú?
Tenía más de 9 años fuera del país y quería regresar; pero no tenía los medios. Cuando estuve en Panamá me enteré de una convocatoria de la Universidad de Florida para trabajar en Perú y en mi especialidad, la restauración ecológica. Fue así que decidí probar suerte en mi país.

Actualmente trabajas el proyecto “Biorremediación en Madre de Dios”. ¿En qué consiste?
Es un estudio sobre la recuperación de áreas degradadas por la minería informal en Madre de Dios. Junto a asociaciones de mineros informales buscamos acelerar este proceso mediante técnicas de reforestación con especies nativas y la aplicación de microorganismos. El objetivo final es mejorar la fertilidad del suelo y facilitar su descontaminación.

¿De qué manera afecta la minería informal a la selva peruana?
La minería informal es sin duda la mayor amenaza para la Amazonía desde la época del boom del caucho. Si bien en términos de superficie, aún no llega a ser tan importante como la agricultura y la ganadería, su impacto ambiental y social se extiende más allá de las áreas deforestadas.

¿Qué papel cumple este proyecto en la formalización de la minería en Madre de Dios?
La biorremediación sería una de las actividades a realizar por parte del titular de una concesión minera en el marco de su plan de cierre de minas, el cual debe garantizar la estabilidad física, química y biológica del terreno.

En Perú, ¿qué hace falta para proteger y conservar la biodiversidad?
Para proteger y conservar algo primero se necesita conocer su valor e importancia. También hay que cambiar la mentalidad de que los recursos naturales están para explotarlos de cualquier manera en aras del crecimiento económico. Necesitamos restablecer el vínculo entre naturaleza y sociedad, y tratar a los ecosistemas y la biodiversidad como socios de nuestra propia supervivencia y reproducción cultural.

La revista chilena Qué Pasa y el blog LatinAmericanScience.org elaboraron una lista de los 30 investigadores más prometedores de América Latina. Solo dos peruanos la integran y tú eres uno de ellos. ¿Qué significa para ti este reconocimiento?
Lo tomo como un incentivo, aún hay mucho por hacer y vamos retrasados. Todos jugamos un papel muy importante, cualquiera sea la profesión u oficio, cada día es una oportunidad para salvar este planeta y hacerlo un mejor lugar.

¿Cuál es tu objetivo ahora como investigador?
Generar nuevos conocimientos aplicados a la solución de problemas ambientales ocasionados por actividades productivas y extractivas, así como contribuir al fortalecimiento de la ciencia y práctica de la restauración ecológica.

Fuente: Diario El Correo

sábado, 15 de noviembre de 2014

SERNANP pretende incumplir sentencia del TC que protegió reserva Cordillera Escalera





Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda (1), Octavio Manuel Alvarado Angulo (2)

La no ejecución de una sentencia viola no solo el derecho a la tutela judicial efectiva, sino también el derecho a la protección judicial por parte del Estado y al acceso a la justicia en general. La eficacia de las sentencias es una de las principales garantías del derecho a la tutela judicial efectiva. No se trata de una garantía más sino de su contenido esencial.

Sin embargo, parece que el Área Legal de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Estado (SERNANP) está por encima del ordenamiento constitucional, pues pretende incumplir lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC) en uno de sus fallos más emblemáticos. En efecto, SERNANP intenta de manera arbitraria incumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional que protegió el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), a través de una interpretación “literal” de una norma de rango reglamentario.

1. ¿Qué ordenó el TC? (3)

El 19 de febrero del 2009, el Tribunal Constitucional expidió la emblemática sentencia 03343-2007-PA, conocida como "Cordillera Escalera". En ella, el TC estableció que solo se podrá realizar actividad de exploración y explotación petrolera del lote 103, siempre y cuando ésta sea compatible con la protección del ACR-CE, y esa compatibilidad se vería en el Plan Maestro de dicha área natural protegida.

“Declarar FUNDADA la demanda. En consecuencia, queda prohibida la realización de la última fase de la etapa de exploración y la etapa de explotación dentro del Área de Conservación Regional denominada Cordillera Escalera hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación y los objetivos del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera. En caso de que ya se encuentre en ejecución la última fase de la etapa de exploración o la etapa de explotación, dichas actividades deben quedar inmediatamente suspendidas”. (Resaltado nuestro)

Pero no solo dijo eso el TC. También precisó que en caso de haber conflicto entre una concesión extractiva y un área natural protegida, no era el “criterio cronológico” el que debía seguirse, sino el “criterio de la importancia del bien jurídico afectado”, en este caso, el bien jurídico medio ambiente.

“No es, entonces, un criterio temporal o cronológico el que brinda una respuesta satisfactoria en el presente caso, sino que debe preferirse un criterio más amplio y comprensivo de los elementos que significan la creación de una ANP. De lo contrario, la normativa consentiría incoherencias que importarían un gran costo para la legitimidad de la jurisdicción”. (STC No 03343-2009-PA/TC, f.j. 49)


2. ¿Qué dice SERNANP en relación con el ACR-CE?

SERNANP emitió el Informe N° 324-2014-SERNANP-DDE, de fecha 10 de abril del 2014, que es resultado de la revisión de la propuesta del Plan Maestro del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE) presentado por el Gobierno Regional de San Martín.

En el cuarto punto de las conclusiones, se señala expresamente que las propuestas de Zona de Protección Estricta y Zona Silvestre, requieren del consentimiento expreso de los titulares de derechos adquiridos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.2 del D.S. 008-2009-MINAM.

“4.2. No podrán establecerse Zonas de Protección Estricta (ZPE) y Zonas Silvestres (ZS), sobre predios de propiedad privada y/o quecontengan derechos adquiridos o preexistentes a la norma aplicable, salvo consentimiento escrito del titular del derecho”.


3. ¿Por qué es inconstitucional la posición de SERNANP?

En principio, porque el artículo 103 de la Constitución recoge la doctrina de los hechos cumplidos, y no la doctrina de los derechos adquiridos. En consecuencia, de una simple interpretación literal de la norma no se debe aplicar el artículo 4.2 del D.S. 008-2009-MINAM.

En segundo lugar, a través de este decreto supremo SERNANP pretende incumplir una norma de rango legal, violando la mayor jerarquía de las leyes. En efecto, el artículo 5 de la propia Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley 26834) señaló que es el criterio de la “compatibilidad” de la actividades de exploración y explotación hidrocarburífera con la finalidad de protección del Área Natural Protegida y no el criterio “cronológico” de precedencia en el tiempo de las concesiones extractivas ANP el que debe definir la posibilidad de realizar actividades de exploración y explotación hidrocarburiferas.

Ley No 26834

Artículo 5.- El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con anterioridad al establecimiento de un Area Natural Protegida, debe hacerse en armonía con los objetivos y fines para los cuales éstas fueron creadas. El Estado evaluará en cada caso la necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos. Cualquier transferencia de derechos a terceros por parte de un poblador de un Area Natural Protegida, deberá ser previamente notificada a la Jefatura del Area. En caso de transferencia del derecho de propiedad, el Estado podrá ejercer el derecho de retracto conforme al Código Civil.

En tercer lugar, lo que está sosteniendo SERNANP en buena cuenta, es que si el Gobierno Regional quiere que el Plan Maestro del ACR-CE (donde se señala que no son compatibles las labores hidrocarburíferas con los objetos de conservación del ACR) sea aprobado por el SERNANP, debe conseguir un consentimiento expreso de las compañías petroleras titulares del Lote 103, en cuya extensión se encuentra incluido casi el 97 del ACR-CE.

Es un disparate. No tiene sentido exigir como requisito para la aprobación del Plan Maestro del ACR-CE el consentimiento expreso de los titulares de derechos adquiridos o pre existentes, es decir principalmente, el consentimiento de la petrolera. Esto es un imposible jurídico, pues el titular del Lote 103 pretende precisamente explotar ahí petróleo. Así, es absolutamente incompatible con el principio de interdicción de la arbitrariedad.

La posición de SERNANP, que pretende ser sustentada en el artículo 4.2 del D.S. 008-2009-MINAM, ha sido expresamente rechazada por el TC en el fundamento 64 de la sentencia 03343-2007-PA/TC. Queda claro que es la compatibilidad y no el criterio cronológico el que definirá la validez y la posibilidad de realizar actividades extractivas hidrocarburíferas en la ACR-CE, sobre la que se superpone el Lote 103. Es evidente que una empresa petrolera tiene como objetivo, como razón de ser, el dedicarse a las labores de exploración y explotación petrolera, entonces, es clara cuál será la respuesta ante un Plan Maestro que diga que no son compatibles sus labores con los objetos de conservación del ACR-CE.

“En esa línea, según quedó expuesto, de conformidad con el artículo 27º de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, tal aprovechamiento sólo procederá si es que la explotación a realizar es compatible con el Plan Maestro del área protegida. De igual forma, ello fue resaltado por el Decreto Supremo N.º 045-2005-AG, que indicó particularmente que sólo sería permitido el aprovechamiento de recursos no renovables si el Plan Maestro así lo permite”. (STC 03343-2007-PA7TC, f.j. 64)

Esto constituye un abierto desacato a la sentencia del máximo órgano de control constitucional. En definitiva, la compatibilidad la definiría la misma petrolera, la que, en resumen, con este decreto supremo se convirtió en Juez y Parte.


4. ¿Qué está en juego?

Estamos ante la renuncia y la abdicación de SERNANP de su función de protección de las Áreas Naturales Protegidas.

En efecto SERNANP, antes que optimizar la protección del medio ambiente que no es otra cosa que garantizar el interés público, exige el consentimiento expreso de las empresas petroleras, titulares del Lote 103, que abarca casi en su totalidad al Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.

Así, estamos ante la renuncia de la función que la propia Ley de Áreas Naturales Protegidas le ha otorgado. Todo esto es un contrasentido jurídico, ya que se está pidiendo que una empresa cuyo objeto de creación es el dedicarse a realizar actividades hidrocarburíferas, diga que da su consentimiento al Gobierno Regional de San Martín, para que apruebe el Plan Maestro del ACR-CE, donde queden expresamente prohibidas estas labores extractivas en el ACR-CE. En otras palabras, será la empresa petrolera y ya no SERNANP ni el TC la que dirá si el Plan Maestro puede o no ser aprobado, lo que la convierte (como ya hemos señalado) en juez y parte. Dicho requisito es una amenaza latente contra el ACR-CE, porque al no poder aprobarse el Plan Maestro propuesto por la región San Martín, el SERNANP, en base al D.S. Nº 003-2011-MINAM, emitirá Opinión Técnica Previa vinculante, lo que en los hechos constituye el fin del ACR-CE.
  
5. ¿Qué acciones se están haciendo para defender la sentencia del TC?


Paralelamente, en la campaña por la segunda vuelta para las elecciones al gobierno regional de San Martín, los dos candidatos han manifestado su compromiso por impulsar una región verde y defender los bosques y el medio ambiente de la región; propuesta política de Nueva Amazonía, el movimiento Regional que llevó a César Villanueva Arévalo al GR en el 2006 y 2010, y que tuviera una decisiva participación en la sentencia del TC. Es decir, se puede hablar de que una gran mayoría de la población San Martinence está atenta a las acciones que el juez que ha conocido la demanda realizará para hacer respetar la sentencia del Tribunal Constitucional. 
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1492 

Perú  13-11-2014


1 Abogado de San Martín que litigo la sentencia Cordillera Escalera ante el TC
2 Abogado coordinador del Área de Litigio Constitucional del Instituto de Defensa Legal
3 Recogemos algunas ideas trabajadas en nuestro informe jurídico “La inconstitucionalidad de las normas que desprotegen las ANP y el desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional”. Disponible en: http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_trabajo/doc25092014-191257.pdf

sábado, 25 de enero de 2014

Gobernanza territorial indígena es clave para enfrentar cambio climático

La generación, aplicación y consolidación de políticas públicas que favorezcan los derechos territoriales y las opciones sostenibles de manejo y conservación de bosques constituyen valiosas herramientas para hacer frente al cambio climático.


La gobernanza territorial indígena es un tema clave para enfrentar el cambio climático y es un asunto pendiente que no ha recibido la prioridad que merece en la agenda nacional, sostuvo el ingeniero Rodrigo Arce Rojash


En un reciente artículo destacó la urgencia de atender los derechos territoriales de los pueblos indígenas así como el papel que cumplen los bosques frente a los impactos del calentamiento global. Sus efectos “pueden afectar los servicios ambientales que ofrecen los bosques a las comunidades como la biodiversidad o el agua y forzarlos a trasladarse a nuevos territorios” indicó.

Observa que un asunto poco comentado respecto a los impactos de la inseguridad territorial se refiere a la “salud emocional de los pueblos indígenas y sus efectos adversos en la gestión de recursos naturales con horizontes de largo aliento”.

El traslape de otros derechos u concesiones sobre territorios indígenas “genera incertidumbre y disuade el emprendimiento de acciones de manejo y conservación de recursos naturales”. “Más aún cuando sienten que sus opciones de vida no tienen la prioridad que sí se le asigna a la extracción de recursos naturales no renovables” detalló.

Cita un estudio de Alberto Chirif y Pedro García y advierte que el debilitamiento de la gobernanza territorial indígena se evidencia en una drástica reducción de los recursos de subsistencia, la desprotección real y la “pérdida paulatina de la capacidad de regular, excluir, ordenar o decidir acerca del destino de los territorios”.

Citando a Alberto Chirif puntualiza que uno de los factores que obra contra la integridad territorial son las decisiones de los propios comuneros para arrendar sus tierras, traspasar sus chacras o firmar acuerdos con extractores para explotar los recursos naturales de la comunidad, en un contexto de presión territorial.
Pone de relieve una opción generada desde la Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA) a fin de reforzar el reconocimiento de los territorios indígenas como áreas de conservación; no en el sentido de incorporarlos a los sistemas de áreas protegidas sino en el de reforzar la estrecha interrelación entre pueblos indígenas y naturaleza.

Otra opción se refiere a la apuesta de los pueblos indígenas para una gestión territorial en el marco de una gobernanza indígena. Esto es posible sobre la base del reconocimiento del derecho a la autodeterminación y al desarrollo propio, y recuperando la visión holística y sistémica de los territorios incorporando los saberes ancestrales.

Es en este marco que la COICA señala que en cualquier debate, política o postura sobre cambio climático o sobre REDD+, una cuestión central para la pervivencia de los pueblos indígenas es y seguirá siendo las garantías a la seguridad territorial.

Para el caso peruano se trata de más de 10 millones de hectáreas lo que constituye un gran potencial. Y cualquier opción que se genere debe ser producto de procesos participativos y de consulta previa.

Fuente: Panaon.com/noticias15.01.2014

jueves, 28 de noviembre de 2013

Monocultivos en San Martín: ¡Mi chacra por un Smartphone!

Rafael Inocente

He regresado al departamento de San Martín después de más de 20 años. Muchas cosas han cambiado en San Martín y en Tarapoto en estas dos décadas. La irrupción del capitalismo de alta intensidad y del llamado modelo de desarrollo alternativo (con cultivos como el café y el cacao principalmente), promovidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con el fin de erradicar los cultivos de coca, se corona con la descomunal presencia de motos lineales y mototaxis, que seguramente duplican a las 150 mil almas tarapotinas. 


 


Que una ciudad infernalmente comercial como Tarapoto posea solo dos parques es sintomático del crecimiento metastásico de la llamada Ciudad de Las Palmeras, hoy reconvertida en una jungla de cemento. Que en un departamento considerado como el de mayor crecimiento económico en el Perú ocurran diariamente atracos en las principales vías, como Tarapoto-Yurimaguas-Moyobamba, es sintomático del caos en que dejan al departamento de San Martín las gestiones del hoy premier César Villanueva. Aparte de la Plaza de Armas, solo el bonito Parque del Barrio de Suchiche forma un relicto a salvo de la grosería de los remedos de malls capitalinos, multicines, casinos, discotecas, ‘chupódromos’ y pizzerías que harían las delicias del cocinero Acurio.

Pero San Martín no solo es Tarapoto. Es en las 10 provincias de San Martín donde sobrevive todavía la esperanza de un verdadero desarrollo para la región.

Los cultivos alternativos

El concepto “desarrollo alternativo” (DA) tiene aproximadamente 30 años. Se comenzó a aplicar en la región del Chapare en Bolivia y, en la década de 1980, también en el Alto Huallaga (Perú) y la Bota Caucana de Colombia. Las Naciones Unidas lo convirtieron en un concepto oficial en junio de 1998, durante su Asamblea General, entendiéndolo como parte de una estrategia más global de lucha contra las drogas.


En realidad, no existe un solo enfoque para el DA, sino muchos. Así, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) enfatiza la asociatividad de los pequeños agricultores y el mayor valor agregado de los productos agrícolas; la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hace hincapié en un enfoque de mercado, servicios sociales y obras de infraestructura complementarias; la cooperación alemana (Programa de Desarrollo Alternativo de Tocache y Uchiza - PRODATU) destaca la industrialización de los productos agrícolas, la formalización de los pequeños agricultores y el financiamiento; la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), organismo rector de la lucha contra las drogas en el Perú, privilegia un enfoque integral, que incluye la sostenibilidad social y ambiental.

Veamos ahora la realidad.

El cacao

Es sorprendente y contradictorio analizar cifras socioeconómicas en las provincias sanmartinenses en donde se han implantado los cultivos alternativos: los índices de desarrollo humano (IDH) de las principales provincias productoras de cacao son similares, e incluso inferiores, a los IDH de lugares como Papúa Nueva Guinea, Honduras, Guatemala o Haití. Por otro lado, ni uno solo de los países productores de cacao (Costa de Marfil, Ghana, Camerún y Nigeria en África; Indonesia y Malasia en el sudeste asiático; Brasil y Ecuador en Sudamérica) ha logrado dar el salto hacia el soñado “desarrollo” que pretenden quienes promueven los monocultivos y la inclusión social.


En la economía sanmartinense el sector agricultura es el más importante, pues aporta 30% del PBI y genera hasta un 46% de empleo. Actualmente, según cifras oficiales, San Martín se ha convertido en la primera región productora del país en los siguientes cultivos: palma aceitera (79% de la producción nacional), cacao (33%), arroz (19%), café (19%) y algunos frutales. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, San Martín es la región que más ha reducido la pobreza en todo el país: en el periodo 2001-2010, ésta bajó de 70% a 31%. En términos económicos, el PBI regional ha crecido a un ritmo de 7% anual durante los últimos 10 años, siendo una de las regiones responsables del magnífico crecimiento nacional de 6% anual, el más alto de América Latina. La región, según información de Centrum de la PUCP, ha mejorado en cuatro de los cinco pilares de la competitividad: economía, gobierno, personas e infraestructura.

Este tipo de estadística es parte de la información que induce a los ciudadanos a creer que somos buenos porque exportamos mucho. Mucha palma aceitera, mucho cacao, mucho pescado o mucha pota. Nos enorgullecemos de ser grandes exportadores. Es parte del cuento que se nos han hecho creer.

Más allá de las cifras impactantes que los medios constantemente publican, no se dice cuánto gana el Perú y la población por la exportación de tal o cual recurso natural o producto cultivado en tierras o bosques vírgenes adjudicados sospechosamente a empresas privadas, bosques que han pertenecido a todos los peruanos.

Sabemos que el exportador recibe la devolución del IGV pagado en el proceso de transformación y, además, se lo incentiva con un porcentaje de lo exportado, denominado drawback. Queda un poco de impuesto a la renta de tercera categoría neto. Esto en cuanto a beneficios económicos.

Pero ¿qué hay del mercado interno? Así como se atiende al mercado de consumo extranjero, ¿cuánto de lo cultivado en San Martín se destina a atender a las poblaciones marginales del país, de la sierra, de las ciudades del interior del Perú? ¿Qué hace el empresario por servir a esos mercados? ¿Y el Estado?

Resulta justo entonces preguntarse: ¿Quiénes se han beneficiado durante todos estos años con el dinero generado por los llamados “cultivos alternativos” en San Martín? Es información pública que de las 8 principales cooperativas productoras de cacao, solamente una vende su producto directamente al extranjero. Las demás lo hacen localmente y en forma de grano, sin dar mayor agregado al valioso producto, a través de intermediarios oriundos de Lima, con lo que pierden el incentivo del drawback por el cual retorna el IGV.

Y no es que no haya sacrificados productores cacaoteros cuyos rendimientos y productividades tengan altos estándares de calidad. No. Es que no se trata tan solo de promover las cadenas productivas bajo el modelo de desarrollo alternativo, donde lo único que importa tras el paquete asociado al rendimiento y la calidad es el dinero ocasionalmente inyectado por la entidad cooperante. Entonces, ¿cuán beneficioso es el llamado “modelo San Martín” y a quién o quiénes realmente beneficia? Cabría preguntar además, a los artífices y defensores del modelo: ¿Se ha realizado una verdadera evaluación socioeconómica que parta de analizar la rentabilidad en la finca del productor con un criterio verdaderamente técnico? Si esto se hiciera, se encontraría que la gran mayoría de agricultores cacaoteros, con la baja productividad de sus cultivos y con la abrumadora venta local en grano del cacao, están trabajando en franca pérdida.

Paradójicamente, encontramos empresas transnacionales, como el fondo de inversiones británico Armajaro Trading Limited, que constituyen subsidiarias y ONG en el Perú para promover el cultivo y la compra en grano de cacao, estrategia que estaría anulando la posibilidad de los productores locales de organizarse y exportar directamente y que, a su vez, estaría generándole a esta transnacional, a través de su subsidiaria en el Perú, el derecho a percibir el drawback, incentivo financiado con fondos de todos los peruanos.

Armajaro es un fondo de inversiones famoso por haberse hecho de multimillonarias ganancias en países africanos mediante operaciones especulativas en cacao y café. El año 2010 cortó el flujo de cacao desde Costa de Marfil durante varios meses, para lo que contó con la complicidad del gobierno de ese país y de los países occidentales, en especial Francia. El 2010, un tipo llamado Anthony Ward, apodado Chocfingers (Dedos de Chocolate), creador del fondo de inversiones Armajaro, gastó nada menos que 1.000 millones de dólares (unos 700 millones de euros) en comprar 241.000 toneladas de cacao marfileño, el 7% de la producción anual mundial, que estaban aún por recogerse, y así obtuvo luego multimillonarias ganancias.

La deforestación galopante

No es difícil comprobar que los monocultivos mencionados —y, peor aún, la palma aceitera, la soya transgénica y el piñón, vinculados indefectiblemente a los agrotóxicos— generan un grave déficit en la producción de alimentos: un jugo de naranja en Tarapoto cuesta entre 1,5 y 3 soles, un jugo de papaya no baja de 3,5 soles, y así por el estilo. Este modelo de desarrollo promovido por USAID, por el Gobierno Central y el Gobierno Regional, conduce a la pérdida, tal vez irreversible, de la biodiversidad, a la degradación de tierras y a la deforestación y progresivo envenenamiento de cultivos de panllevar como el maíz, los frijoles, las hortalizas y los frutales.


Actualmente San Martín tiene la tasa de deforestación más elevada del país,3 con 57 mil hectáreas degradadas anualmente. Según información recabada en la zona, la deforestación ocurre a razón de 1 hectárea/motosierrista/día. Antecedentes tan graves e indignantes como la adjudicación de más de 8 mil Ha de bosque virgen en el distrito de Barranquita (provincia de Lamas) a la empresa Palmas del Espino, del Grupo Romero; la concesión de casi 25 mil Ha de bosques primarios en los límites entre San Martín y Loreto en el año 2009, también al Grupo Romero, y la muy probable adjudicación de más de 100 mil hectáreas a empresas malayas de un solo dueño, configuran la dramática situación de los bosques primarios en la Amazonía peruana, merced a los cultivos alternativos, pues el remedio resultó peor que la enfermedad: si con la coca en su mayor esplendor se deforestaron 30 mil Ha, con cultivos como la palma aceitera, destinado a elaborar biocombustible, y el café y el cacao, la deforestación es aún más infame e impune.

Frente a esta situación, nos preguntamos: ¿No sería más conveniente desarrollar capacidades en productores organizados ahora que está tan en boga la asociatividad y la competitividad para que los productores exporten directamente su producto, aprovechando el incentivo que nuestro país otorga? En las cooperativas productoras se sabe que el fondo de inversiones Armajaro cuenta con un “brazo social”, una ONG que muy probablemente pueda utilizar recursos públicos como los que ofrece el Estado peruano (Produce) para promover el cultivo de cacao.

Como es evidente, existiría un despropósito en las estrategias nacionales, pues los recursos tan inteligentemente puestos a disposición de los productores para desarrollar competitividad y exportación directa podrían desviarse hacia transnacionales aureoladas por la infamia y cuyo único objetivo es conseguir el cacao en grano sin valor agregado y, además, aprovechando el incentivo del drawback.

El café

En el caso del café, frente a la temible plaga de la roya que arrasa con cultivos en la Amazonía, el pasotismo del Estado peruano es sublevante. Al fraude del café orgánico, cuya agricultura exige más pesticidas que el café sin certificación orgánica, se suma la nula investigación sobre el cultivo. Hace muchos años que en el Perú no se generan nuevas variedades de café, pese a existir —en Brasil, por ejemplo— variedades de alto rendimiento y resistentes a la roya, tal como lo manifiesta el ingeniero agrónomo e investigador multidisciplinario Daniel Vecco, director de Urku Estudios Amazónicos. En el año 2000, en un acto inexplicable, el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) desestimó un gesto de buena voluntad del entonces investigador del IAPAR de Brasil, Amador Villacorta, peruano radicado por esos lares, para introducir esas variedades; mientras tanto, las solicitudes de las organizaciones de caficultores de San Martín a los gobiernos nacional y regional para que se introduzcan estas especies de café resistentes a la roya se apolillaron durante años en alguna oficina del gobierno, y así se perdieron millones de soles por los efectos de la plaga.


Hace más de 20 años, la Agencia contra las Drogas (DEA) de los Estados Unidos arrojó el herbicida cancerígeno Spike y diseminó una raza del hongo Fusarium oxysporium para acabar con la coca. Hoy financian la investigación para desarrollar organismos que le hagan frente al daño causado por ellos mismos.

¿Y la gente? ¡Mi chacra por un Smartphone!

Como corolario de este tipo de desarrollo alternativo, la siguiente historia grafica la asimetría en las relaciones y las pequeñas fortunas que puede amasar cualquier fenicio avispado en la Amazonía. Junior Urtecho Huarocc es un chimbotero sabido, un trotamundos que recorría el Perú de cabo a rabo llevando baratijas para mercarlas en los pueblos alejados de las principales urbes. Cuando llegó a Tarapoto, por probar, pidió 700 soles por un celular chino doble chip (pero con el logo Samsung) a un cacaotero embelesado por los productos high-tech. El cacaotero acababa de realizar una venta de cacao en grano a una conocida empresaria chocolatera de Lima y la billetera pesaba en su bolsillo. Pagó sin chistar por el celular que a Junior le costó 70 soles en Las Malvinas y le pidió dos más para su esposa y su hija de 12 años de edad. Junior Urtecho viajó a Lima y retornó al cabo de una semana. Un mes después había logrado colocar, solamente en Tarapoto, 150 celulares chinos doble chip (pero con logo de marca) a un precio que oscilaba entre los 700 y los 1.600 soles. Hoy tiene 12 puntos de venta de celulares en Tarapoto, Lamas, Yurimaguas y un terreno inundado de 10 Ha donde sobrenadan decenas de árboles de camu-camu, que un yurimagüino atónito trocó por un Sony X-peria de 5 mp.


Entonces, un análisis somero de las cifras de ventas de teléfonos celulares, motocicletas, televisores pantalla plana, equipos estereofónicos, ropa china re-etiquetada en Chile, versus la cantidad de jóvenes que abandonan los campos en las provincias productoras de cacao y café, seducidos por el oropel de los malls y video-pubs, arroja un panorama desolador para cualquiera que pretenda un auténtico desarrollo del departamento de San Martín.

Más dramático aún: la inmensa mayoría de muchachos cautivados por la urbanización y empujados por la deforestación progresiva se ven sometidos a un tipo de desarrollo que corroe los conocimientos ancestrales de las comunidades locales y destruye las bases mismas de la identidad histórica de los pueblos precoloniales de la Amazonía.

Así, la debilitada identidad étnica de las comunidades de San Martín pierde piso frente a la agresiva política expansiva de las corporaciones (que no tienen bandera).


 



domingo, 29 de septiembre de 2013

Blas Valera y la historia de la infamia


Título del libro: Blas Valera y la historia de la infamia
Autor: José M. Santillán Salazar
Editorial: Independiente
 
 
Sobre mí
Por: Gianfranco Hereña


¿Quién fue Blas Valera? Esta interrogante me asaltó luego de que un compañero presente en el Tercer Encuentro Nacional de Cultura me dijese que había en había en Chachapoyas un autor que había publicado sobre él. Googleando, me hallé ante la historia de un hombre perteneciente a la orden jesuíta que había sido cronista en tiempos de la conquista y , que a pesar de ser hijo de español, defendió y pretendió legitimar los derechos indígenas. Mayor sorpresa aún me causó saber que el libro "Nueva crónica y buen gobierno", atribuído al ya célebre Guamán Poma de Ayala (cronista) le pertenecía en realidad a Blas Valera según registros de Laura Laurenlich Minelli, historiadora.

José M. Santillán hace un recorrido histórico que nos permitirá situarnos en los siglos que antecedieron a Blas Valera y formula luego un copioso análisis capaz de llevarnos a pensar sobre la historia del Perú. Tal cual cita en el libro al historiador Pablo Macera: "No hay que hablar de la historia del Perú sino de las historias del Perú".

Dividido en varias partes, Santillán logra enmarcar el siglo que precedió a Valera para comprender cuál fue el contexto de su obra y los múltiples obstáculos a los que se tuvo que enfrentar en una sociedad que segregaba ampliamente a mal llamado pueblo indígena (chequear la historia del porqué un error de Colón devino en el uso de este término).

Este texto reúne una amplia bibliografía recopilada por el autor y considero que debería leerse más allá de posturas a favor o en contra. Es un estudio serio que permitirá conocer un poco más sobre ese letrado que luchó desde donde estaba para lograr una mayor inclusión a través de la denuncia. Cito literalmente a Augusto Zavala "Para crear una nación hay que empezar, primero, por considerarnos a nosotros mismos con un pasado en común".
 
Fuente: El buen librero

Nota del autor:
Lector voraz, blogger por arrebato, mendigo de la cultura. Quien les habla es alguien que trata de difundir la lectura.