sábado, 23 de mayo de 2009



El paraíso existe… ¡y está en huelga!
Por: Paul E. Maquet

“Significa que estamos en guerra”, me decía Marta mientras me pintaba la cara de rojo con achiote. Eso fue hace dos días en la comunidad nativa de Wawas, que constituye el primer piquete que controla el tránsito en la carretera que une Bagua chica con Santa María de Nieva, todo esto en la región Amazonas. En esa ruta se encuentra la Estación 6 del Oleoducto Norperuano de PetroPerú, que está totalmente cercada desde el 9 de abril.
Estuve en Wawas acompañando a una delegación del Comité Regional de Lucha, encargada de informar pueblo por pueblo acerca de las últimas noticias y de las próximas acciones. Nos recibió el apu Heriberto Tiwijam, quien convocó rápidamente a una asamblea con las 40 o 50 personas presentes, entre nativos y mestizos o "apash" como nos llaman acá. Salomón Awanash, presidente del Comité de Lucha, se dirigió en sus hermanos en idioma awajun para informar acerca del DS 031-2009 PCM que oficializa la creación de una Comisión Multisectorial para reestablecer el diálogo en torno a las demandas de los nativos, pero que eso no significa el levantamiento de la protesta porque aún no se derogan los decretos que ponen en peligro la amazonía. Además, explicó que por unos días se flexibilizaba el corte del tránsito, para reabastecerse de comida, combustible y otros productos que empiezas a escasear.
En Wawas empieza en control territorial efectivo de las comunidades nativas. De aquí en adelante, piquetes controlan el tránsito en Shushug, Shiriaco, Nazareth y en la propia Estación 6, ubicada en Kusu Grande. Cinco horas más allá, en Nieva (donde me encuentro en este momento) no hay Policía, Fiscalía, Banco de la Nación ni ninguna institución del Estado desde hace semanas, salvo los servicios de salud atendidos en buena medida por técnicos nativos. La ciudad está en calma y de esta manera los awajun están demostrando que el Estado no les sirve de mucho y a pesar de eso tiene la con...ciencia de subastar sus tierras a empresas petroleras y mineras.
Sin embargo, el primer punto en Amazonas en el que uno puede notar que algo ocurre es el puente Corral Quemado, que une Jaén y Bagua. Allí un contigente de la DIROES está destacado desde el desalojo del día de la madre, hasta ahora la única acción represiva concreta del Estado en esta zona. Hasta ahora, ni estando aquí mismo me termina de quedar claro si la violenta acción policial dejó personas desaparecidas o no, a pesar de haber hecho la misma pregunta una y otra vez. La dirigencia de ORPIAN maneja dos nombres: Hernández Wisun Ñanjun (de 24 años) y Manuel Denktai. Sin embargo, hermanos de Condorcanqui aseguran que Denktai estuvo muy grave en el hospital, pero que ya se recuperó. En tanto, mientras unos me dicen que Wisun ya apareció, otros me dicen que su familia en la cuenca del Cenepa ya está velando su ropa. Según me explicó el profesor Hugo Ortiz, de Bagua, los nativos no llegaron a la toma de Corral Quemado con una contabilidad exacta ni con una lista de los manifestantes, y eso dificulta mucho obtener información clara sobre el hecho.
En lo que la mayoría parece estar de acuerdo es en que la acción de Corral Quemado fue precipitada y poco coordinada. Esta vez, se intentó tomar el puente con unas 260 personas, mientras que el año pasado habán sido más de 2 mil. Parece ser que esta vez, la huelga empezó con fuerza en el distrito de Imaza pero las comunidades de otras zonas se mantuvieron al margen inicialmente, por desacuerdos entre las dirigencias locales. Sin embargo, la represión en Corral Quemado generó un sentimiento de solidaridad muy amplio y empezaron a desplazarse miles de nativos de las zonas más alejadas. Hoy, la mayoría de las comunidades está participando activamente y han decidido dejar la solución de los desacuerdos para más adelante: lo primero, dicen, es lograr el objetivo de derogar los decretos.
Ese fue el ambiente que viví en la Estación 6. Hoy en día está cercada por unos 5 mil awajun, pero quienes la tomaron inicialmente no pasaban de 2 mil. Cuando llegué, encontré cargamentos de plátanos y yucas llegando de todas las comunidades de las cuencas cercanas, y víveres enviados por los mestizos de las ciudades: 4 toneladas uno, 14 toneladas otro, 2 toneladas otro más. El ambiente es tranquilo, los nativos están armados solo con lanzas y han llegado a acuerdos de no agresión con la DIROES y con los dos efectivos de seguridad que se encuentran dentro de la estación. Pero la decisión es clara: no se va a dejar bombear el petróleo hasta que se logre el objetivo del levantamiento.
En este momento estoy en Nieva, registrando las coordinaciones logísticas y comprobando que aquí no corren "miles de dólares" para sostener la movilización, como dicen algunos medios y políticos: los aportes se consiguen con el sacrificio de todos y, también, con la capacidad de negociación de los dirigentes. Fui testigo de cómo uno de los hermanos awajun comprometió a unos conocidos suyos a prestar un camión para trasladar a los nativos hacia Bagua en los próximos días. También he visto cómo un municipio provincial y un gobierno regional amigos han prestado apoyo muy puntual para trasladar víveres que, como les cuento, son aportados principalmente por las familias que se han quedado en las comunidades.
Cuando uno ingresa a la selva es natural pensar "el paraíso existe". Estoy en donde se cruzan los ríos Nieva y Marañón: cerca de aquí, en el Cenepa, la empresa minera Dorato/Afrodita y la petrolera HOCOL tienen denuncios y lotes en etapa de exploración. Muchas empresas mineras están buscando oro y uranio, y algunas empiezan a operar. Así que la lucha de los hermanos awajun no es solo ni principalmente legal: si los "decretos del hortelano" siguen vigentes, será mucho más fácil imponer estas actividades extractivas sin el consentimiento de las comunidades. Ellos conocen la experiencia de sus hermanos Achuar en el río Corrientes, cuyos niños tienen cadmio en la sangre, y no van a permitir que ocurra lo mismo en esta cuenca.

En realidad, su lucha nos interesa a todos. Esta semana va a ser particularmente importante, pues se realizarán movilizaciones, paralizaciones y jornadas de lucha en todo el país en solidaridad con los nativos: ¡es muy importante participar de estas jornadas y demostrar que los hermanos ndígenas no están solos! Además, el miércoles el Congreso debería votar acerca de la derogatoria de uno de los DL cuestionados, el 1090. Pero la pregunta que todos se hacen acá es: ¿qué ocurrirá si después de todo no se logra derogar el paquete completo? Mas adelante completaré la información.
¡Saludos desde el paraíso en huelga!

viernes, 22 de mayo de 2009



Lo que el gobierno no dice sobre el DL 1090





Raúl Wiener





En un comunicado del gobierno publicado en diversos medios (no en LA PRIMERA) se presenta la posición oficial sobre la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (DL 1090), cuya derogatoria debe resolverse en el Congreso esta semana. Al respecto cabe anotar las siguientes observaciones:


1. El gobierno reconoce que los “procedimientos de consulta previa a los pueblos indígenas deben ser mejorados a través de la Mesa de Diálogo Permanente”, lo que supuestamente llevaría a cumplir finalmente lo dispuesto por el Convenio 169. Ocurre sin embargo que todos los decretos que afectan a los derechos indígenas ya fueron dictados, sin ningún diálogo o consulta, usando el amparo de las facultades especiales otorgadas para la implementación del TLC. Igualmente los cambios que ha podido hacer el Congreso a algunas de esas normas no han tomado en cuenta a las poblaciones afectadas. Y, en el extremo, el gobierno quiso legislar la propia forma de la consulta interfiriendo la democracia comunal. En la actual huelga no se está discutiendo “futuras consultas”, sino el carácter inconsulto e inconstitucional de los decretos, entre ellos del 1090.


2. El DL 1090 no es, bajo ningún punto de vista, una medida aislada forma parte de un paquete orientado a facilitar el acceso de inversiones privadas a la selva a través de concesiones, y que fue precedido por la serie de artículos de “El Perro del Hortelano”, que sustenta la ideología de esta ofensiva. El hecho que la Comisión de Constitución haya votado por su derogatoria no significa que el cuestionamiento se reduzca al tema forestal y de fauna, aunque este sea uno de los dispositivos con mayor impacto sobre el medio ambiente y que por tanto debería ser del interés de todos.


3. El comunicado del gobierno recuerda que en el Perú hay 15 millones de hectáreas protegidas, pero esconde que la política de este gobierno ha sido la de ir reduciendo sus dimensiones de manera sistemática. Asimismo, indica que de los 63 millones de hectáreas de bosques actualmente existentes se garantizaría la conservación de 55 millones, es decir, en el primer tramo el gobierno aspira a entregar 8 millones de hectáreas, como si eso fuera poco.
4. El comunicado reitera el supuesto constitucional que define la soberanía del Estado sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que en realidad es una argucia para contraponer las concesiones a grandes empresas, principalmente extranjeras, con los derechos de las poblaciones que habitan y trabajan en el lugar de esos recursos. Hacer prevalecer la “soberanía de conceder”, sobre los derechos pre-existentes de los pueblos, es la base principal del actual conflicto, que el gobierno pretende desconocer.



5. El ministerio de Ambiente, dirigido por Antonio Brack, que es quien firma el comunicado, ha devenido como otros organismos del modelo Alan García, en lo contrario de lo que se esperaba de ellos. En vez de representar la defensa y el equilibrio ambiental, y recoger la voz de los que sufren las consecuencias de la contaminación y depredación de la naturaleza, se ha convertido en otro “aliado de la inversión”, como se quiere de la Contraloría y esperarían hacer de la Defensoría y otras instancias.

Fuemte: Diario La Primera


AMAZONÍA PERUANA, ¿NO ES NECESARIO CONOCERLA?
Reflexiones para la diversificación curricular

Gabel Daniel Sotil García


Pruebas del profundo desprecio de la riqueza cognoscitiva ancestral y el desconocimiento de nuestra región son las sucesivas épocas de falsas ilusiones sociales generadas en los encuentros de recursos de duración pasajera que, más que soluciones, han significado la profundización de nuestros problemas o la creación de nuevos problemas (boom del caucho, de la madera, de las resinas, del oro, del petróleo). Lo prueba el extractivismo mercantilista, que nos empeñamos en practicar, pese a sus efectos negativos. Lo prueba, también, el protagonismo excluyente que la sociedad mestiza viene desempeñando al margen de los diversos grupos socioculturales presentes en este escenario, cuyo núcleo de dominación tiene como principal propósito centralizar el poder y aprovechar los recursos naturales, al margen de consideraciones de carácter ético y axiológico, tales como la equidad, el respeto, la democracia intercultural, etc.

Nos encontramos, pues, en una región esencialmente considerada, en la percepción nacional y regional, sólo como proveedora de materia prima, en la cual el estado se hace presente sólo en forma controlista y punitiva, como protector de los bienes que le significan divisas, provenientes de las exportaciones, para las arcas nacionales. El rol promotor, organizador, estimulante que debería asumir para crear condiciones endógenas para nuestro desarrollo, se ve sobrepasado por la presencia impositiva que cada gobierno central se empeña en ejercer para demostrarnos su poder, a través de representantes que sólo esperan cumplir las órdenes que les imparten sin importarles sus consecuencias.

Por todo ello es que, podemos afirmar, lo más ausente en todo este panorama relacional entre el país y esta región es la necesidad de conocerla y de promover su conocimiento certero, real, más allá de perjudiciales fantasías, que no hacen sino tergiversar nuestra realidad, y, por ende, generar incorrectas decisiones.Bien podemos afirmar que en estos momentos la Amazonía es la gran desconocida en nuestro país. Y también dentro de nuestra propia región.

Por ello es que no nos extraña que todos los gobiernos centrales se hayan propuesto “desarrollar la Amazonía”. Es decir, actuar en ella para mejorar sus condiciones; pero, ¿qué condiciones? Si no las conocen, mal pueden mejorarlas. Las personas e instituciones que los vienen representando por casi quinientos años, siempre han sido pasajeras; han durado lo que duraba, y a veces mucho menos, la intención de los gobiernos de turno. Quienes venían, con pocas excepciones, lo hacían para ejecutar órdenes, es decir, con un libreto a cumplir para poner en vigencia disposiciones adoptadas muy lejos de la región por gente que la ignoraba en sus peculiaridades, y que no tenía más compromiso que el de cumplir con su encargo burocrático, con agenda pre-establecida, en la cual no cabía ni la más remota posibilidad de buscar respuestas, de crear soluciones a los problemas regionales, pues el guión venía escrito; luego de lo cual, se regresarían seguramente que sin haber visto un solo problema de gran importancia.

Hasta hoy, el país no ha diseñado un plan de acercamiento para conocerla, comprenderla y comprometerse con su desarrollo. Ha preferido mantenerse en el marco conceptual y actitudinal coherente con los prejuicios y esa falsa imagen generada sobre ella a partir de la ignorancia. Por ello es que sólo la viene usando como fuente de recursos (lo más fácil, por cierto) con la complicidad de las propias autoridades regionales, a los que aprovecha explotándolos hasta su extinción. Las pruebas las tenemos en recientes decisiones del más alto nivel gubernamental, todas ellas lesivas a los intereses de esta región.

Hasta hoy, también, muchas instituciones se acercan a ella sólo para conquistarla, es decir, para incorporarla a sus dominios unas veces conceptuales, otras veces axiológicos y, algunas otras, prácticos; pero siempre para servirse de ella, nunca para servirla en sus más altos intereses. Para muchas instituciones (sobre todo religiosas y políticas) y personas, todavía, a la selva se debe llegar con armas de conquista, de imposición, como serían los arcabuces en su tiempo.

El “atraso” de su gente no amerita otra actitud, según esta equívoca, falsa, percepción.Parecería, por lo tanto, que nuestra región está condenada a sufrir un avasallamiento tras otro. Primero, la evangelización y la castellanización de los “indios” por parte de los conquistadores; más tarde, las acciones de civilización de los “salvajes” por parte de los programas estatales; luego serían los programas de colonización de este “inmenso territorio deshabitado”; hoy, la “modernización” de nuestras formas de vivir mediante las concesiones petroleras, madereras, auríferas, que no son sino mecanismos para viabilizar la desnaturalización de nuestras formas de vida. Los partidos políticos, las organizaciones religiosas a través de sus muy diversas confesiones, las empresas nacionales y trasnacionales, etc. vienen con esa misión: conquistar nuestra región, enseñorearse en ella.

Es decir, siempre objeto de imposición; nunca de conocimiento y comprensión.Nunca de respeto.

(*) Artículo publicado en el Blog: http://tipishca.blogspot.com
@ Fotografía: Gabel Daniel Sotil García

miércoles, 20 de mayo de 2009

Día Mundial de la Diversidad Cultural por el Diálogo y el Desarrollo.


Entre el 2000 y el 2007, 95,2% de los espectadores peruanos asistieron a ver películas anglófonas, básicamente de Hollywood; 1,2%, iberoamericanas; y 3,6%, nacionales. Este dato –recabado por Augusto Tamayo y Natalie Hendrickx en su libro Financiamiento, distribución y marketing del cine peruano– se repite en otros países: Estados Unidos provee 85% del stock mundial de películas.
El omnipotente dominio estadounidense sobre el mercado cinematográfico es conocido, pero no sus orígenes: las políticas culturales. A pesar de que se esfuerce por incitar el libre comercio y renegar hasta antes de la crisis de toda intervención pública en la economía, el gobierno de ese país promueve sostenidamente el cine desde principios del siglo XX. El Departamento de Estado creó en 1916 una sección dedicada a la industria cinematográfica y luego de la Segunda Guerra Mundial intercambió las ayudas del Plan Marshall por la libre circulación de películas en Europa.
La misma lógica es aplicada hoy. En toda negociación comercial, Estados Unidos procura abrir los mercados de otros países y defender el régimen copyright para favorecer el desarrollo de su producción audiovisual.Además, en el ámbito local las filmaciones se benefician de múltiples subsidios y exoneraciones fiscales. Por tanto, si queremos que otras cintas peruanas repitan el éxito de La teta asustada, habría que tomar en cuenta la recomendación de Joseph Stiglitz a los mercados emergentes: “prestar atención no a lo que dice EE. UU., sino a lo que hizo durante los años en los que se erigió en potencia industrial y a lo que hace hoy en día”.
Ello inevitablemente nos lleva a reafirmar el “derecho soberano” de los Estados a formular y aplicar políticas públicas que garanticen el desarrollo autónomo de su producción cultural, tal como lo sostiene la “Convención para protección y promoción de la diversidad de expresiones culturales”, adoptada por la Unesco el 2005 y ratificada por el Perú el 2006. Una manera de hacerlo es crear un sistema de financiamiento público y privado para el conjunto de nuestras actividades artísticas y culturales. En su mayoría, estas son gestionadas por micro, pequeñas y medianas empresas, asociaciones civiles sin fines de lucro o individuos que enfrentan cotidianamente serias dificultades para financiarse.Por lo mismo, frente a su precaria autosostenibilidad, requieren agenciarse de fuentes externas de recursos económicos. Entre las que suelen establecer los Estados modernos están los programas de subsidios y subvenciones; los sistemas de créditos y préstamos; las políticas de gravamen fiscal y parafiscal; los fondos nacionales; y los regímenes de incentivos tributarios para la inversión privada o leyes de mecenazgo. De todos, los dos últimos son los mecanismos institucionales y jurídicos más urgentes de implementar en nuestro país, ya que permiten recaudar a la vez aportaciones del Estado, la sociedad civil y la sociedad económica.
Fondos nacionales y mecenazgoLos fondos nacionales han sido instituidos a nivel mundial a través de dos grandes modelos: uno centralizado y otro sectorial. El centralizado financia por medio de un solo organismo todas o gran parte de las actividades artísticas y culturales de un país, como el Arts Council británico. El sectorial implica la financiación de actividades específicas por medio de distintos fondos, como los del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile. En el Perú, al conformarse el Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine) se optó por el segundo modelo. No obstante, este organismo no recibe anualmente todos los recursos que se le asignaron por ley debido a su dependencia del presupuesto nacional, sujeto a mezquinas voluntades políticas.
Para revertir esta situación, el congresista Jhonny Peralta ha formulado el proyecto de ley denominado “Ley de fomento a la producción cinematográfica nacional”. Allí se crea el Fondo Procine, al que se transfiere 50% del monto recaudado semanalmente por concepto del impuesto municipal a las funciones cinematográficas y 1% del monto de la tarifa mensual por pago del servicio de televisión por cable. De esta manera se recoge positivamente el criterio dominante en el ámbito internacional en este campo: financiar la cultura con los impuestos que la gravan.
Por los beneficios que traerá para el cine (se prevé recaudar en promedio S/. 7 millones anuales) el proyecto no solo debería ser aprobado por el pleno del Congreso sino tomado como modelo para la creación de otros fondos para el financiamiento del resto de actividades artísticas y culturales, actualmente desatendidas. Los recursos para dichos fondos podrían extraerse del impuesto a los casinos y máquinas tragamonedas, que el 2008 llegó a recaudar S/. 170 millones. Medidas de este tipo han dado muchos resultados en otros países, como en Australia, donde se costeó la famosa Ópera de Sydney con el juego de lotería.Por su parte, las leyes de mecenazgo permiten pluralizar las fuentes de financiamiento incitando la participación privada. Mediante estos marcos normativos, personas naturales o jurídicas son exoneradas del pago de impuesto a la renta a cambio del apoyo a proyectos culturales. La experiencia internacional demuestra que a pesar de no resolver por sí mismos la fragilidad de los mercados nacionales, su aplicación moviliza un importante flujo de dinero. En Brasil, a través de la Ley Rouanet, entre 1999 y el 2008 se pasó de captar menos de US$ 100 millones a más de US$2.000 millones para el arte y la cultura. Un régimen fiscal como este en el Perú podría, entonces, dar alternativas a empresas, instituciones o individuos socialmente responsables para canalizar sus recursos.
La congresista Luciana León comparte esta idea, por lo que ya presentó en el Congreso un proyecto de ley que regula y promueve el mecenazgo cultural. Cuando se discuta, se debe tomar en cuenta la importancia de escalonar las deducciones tributarias para promover el financiamiento filantrópico (donación) sobre el comercial (patrocinio); establecer criterios claros y transparentes para la elección de los proyectos que deseen ser beneficiados; y prever la distribución equitativa de los recursos, para evitar que se concentren en pocas regiones geográficas y segmentos artísticos.
El sector cultural, por su capacidad para construir identidades y dinamizar la economía, tiene una importancia geopolítica que no se puede obviar. Como se deduce de la experiencia estadounidense, los Estados de los países que dominan los mercados mundiales lo saben. Debido a ello, se han preocupado por formular y aplicar políticas públicas, incluyendo el diseño de un sistema de financiamiento para sus actividades artísticas y culturales.
Algunos se inclinaron por el financiamiento privado, otros por el público. Dado que en el primero se tiende a priorizar los intereses comerciales sobre los colectivos y en el segundo las cargas burocráticas son siempre latentes, lo ideal es un sistema mixto. Una manera de hacerlo es creando fondos nacionales y formulando regímenes de incentivo para la inversión privada, entre otros marcos normativos y programas institucionales.
Con ello se diversificaría la fuente de recursos para la sostenibilidad del arte y la cultura, lo que contribuiría a la ampliación de las opciones de los ciudadanos para crear y consumir con autonomía.
Fuente: www.poder360.com

martes, 19 de mayo de 2009


En el marco de la lucha indígena: Respuesta al Sr. Althaus


Por: Pedro García-Hierro


El destacado abogado , ex asesor de AIDESEP, presenta este texto de
respuesta al periodista de El Comercio y Canal N. Un valioso
documento, de lectura definitiva, en donde se señalan y desarrollan los roles e
intereses de un sector del Gobierno peruano que agrupa a grandes
intereses económicos frente a los pueblos indígenas, una relación histórica
de conquista, conflicto y lucha permanente.

Por segunda vez un editorialista de El Comercio, el señor Althaus, toma mi
nombre para introducir el relato, francamente alucinado, de una intriga que
intenta ubicar la problemática indígena nacional en el contexto de una
maquinación internacional perversa orientada a terminar con el capitalismo
internacional. O algo así.

Se trata con ello, al igual que la primera vez, de desorientar a la opinión pública del verdadero problema de las comunidades y pueblos indígenas del Perú. Pero a decir verdad, el señor Althaus practica un periodismo tan predecible y evidencia tanta sujeción a intereses económicos específicos que realmente siempre se puede adelantar por dónde irán sus opiniones, se trate de indígenas, de la sentencia a Fujimori, del TLC o de cualquier otro tema de interés nacional.
Su desinformación, fruto de su desmesurado fundamentalismo, sería preocupante en el seno de un diario serio como El Comercio si no fuera porque, a mi parecer, genera en amplios sectores de la intelectualidad nacional sentimientos de rechazo para las causas que defiende, generando benéficas suspicacias en relación a su información.


Comienzo por refutar sus afirmaciones sobre mi persona para salirnos de lo anecdótico: dice que hice un pronunciamiento ideológico radical que fue plasmado en un documento solicitado por Ibis en 1992: Ibis en ese tiempo no existía en el Perú; dice que soy asesor de AIDESEP, lo fui y con mucho orgullo hasta 1994, hace mas de 13 años; dice que se trata de una intriga internacional puesto que yo soy un abogado español: soy además abogado peruano y he viajado a España en los últimos 37 años solo para conocer a mis nietas.


Digo que fui asesor de AIDESEP con mucho orgullo. Porque, entre otras cosas, ha sido una institución capaz de promover permanentemente los derechos indígenas a nivel nacional e internacional y porque se debe al impulso de AIDESEP la titulación de la mayor parte de las tierras y territorios indígenas del Perú; por ello cuenta con un amplio historial de reconocimientos internacionales.

AIDESEP o alguno de sus programas o filiales ganaron premios como el AntiSlavery (por combatir la esclavitud generada por los madereros en Atalaya), el Bartolomé de Las Casas y el Andrés Bello (por haber instituido FORMABIAP un programa de formación de profesorado bilingüe e intercultural modélico para América) y otra vez el Bartolomé de Las Casas (para la FENAMAD de Madre de Dios por su defensa del medio ambiente frente a la extracción petrolera irregular).

Sus representantes, tildados por Althaus como personajes secuestrados por ideologías perversas, han sido reconocidos con premios como el Goldman, en dos ocasiones (por defensa del medio ambiente) o el Right Livelihood Award - “Premio Nobel Alternativo” (del Parlamento sueco por su contribución al desarrollo y defensa de los derechos humanos). Como puede entenderse, las alucinaciones del Sr. Althaus son tan solo lo que parecen ser.


Se dice que AIDESEP, y su estrategia internacionalista, está ampliamente financiada por instituciones radicales extranjeras. No sé a cuáles se refiere pero en mi tiempo AIDESEP fue financiada, por poner un ejemplo, por agencias o programas vinculados a AECI (oficina de cooperación española), DANIDA (sistema de cooperación del gobierno danés) HIVOS y otras pertenecientes al sistema de cooperación holandés, Terra Nova, del sistema de cooperación italiano, GTZ y otras del sistema de cooperación alemán, NORDECO del sistema de cooperación nacional de Noruega, etc.


Si todas estas instancias son de corte radical y fueran por ello estigmatizadas, Perú debería salir definitivamente fuera del circuito internacional de la cooperación solidaria. Por lo que hace a la amplitud de ese financiamiento, el Sr. Althaus, como suele ocurrir con personas mucho menos formadas, insinúa perversamente cifras faraónicas. Es fácil concretar esa información que personalmente desconozco. La tiene el Estado, la supervisan las instituciones competentes, la auditan los donantes. Dudo mucho que la mayor parte de los empresarios y políticos que defienden los intereses que AIDESEP combate puedan mostrar la misma apertura y disponibilidad para el control. El Sr. Althaus demuestra muy poca seriedad periodística en sus afirmaciones.

Por lo que hace a los siempre mencionados sueldos fabulosos de los asesores de AIDESEP, o mucho han cambiado las cosas últimamente o le puedo asegurar que cualquiera de ellos cambiaría a ojos cerrados su cuenta bancaria por la del señor Althaus.
Con respecto al fondo del asunto: el Sr. Althaus habla de una supuesta estratagema subversiva orientada a generar territorios étnicos autónomos.


El editorialista se quedó en el siglo pasado al respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Si observa textos como el Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros que no son del caso, verá que la tesis que él replica como inaceptable fue hace ya muchos años superada por el derecho internacional. Los pueblos indígenas no sólo tienen derecho a gobernar con autonomía sus territorios, eso ya era muy claro en los textos de la década del 90, sino que tienen reconocido por Naciones Unidas su derecho de libre determinación.


Puede el editorialista consultar en los manuales qué es lo que eso significa. La libre determinación de los pueblos, que Perú ha suscrito al firmar la Declaración, supone que estos pueblos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural pudiendo disponer, libremente para el logro de sus fines de sus riquezas y recursos naturales. En este contexto la consulta previa, a la hora, por ejemplo, de declarar un lote petrolero o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del derecho de libre determinación que tienen todos los pueblos y naciones del mundo sobre sus propios recursos.


En estados plurinacionales como los americanos , esto no es un más que un reto a la creatividad jurídica, al diálogo entre iguales, a la modernización y puesta al día de Estados fraguados por la mentalidad colonial y que necesitan entrar con una dignidad recuperada a los nuevos tiempos. El gritar que todo esto es inaceptable tiene un rancio sabor inquisitorial y pareceres como el expresado por el Sr. Althaus están destinados a ser condenados eternamente por la historia de este país, como ya lo dijera Haya de la Torre al dirigirse a aquellos que negaran a los indígenas sus derechos.

En cualquier caso sí es importante aclarar que por mucho que se recurra al pataleo y le parezca inaceptable al Sr. Althaus, la libre determinación de los pueblos indígenas es irreversible y más bien lo que resta es una progresiva concreción de ese derecho en las Constituciones de cada país americano. Por eso corre tanta prisa a determinados sectores económicos de Perú y Colombia para hacerse con los recursos y tierras indígenas antes de que ese derecho, ya establecido, se precise en su verdadero significado por sentencias de jurisdicción internacional.
El planteamiento de que con la autonomía territorial se atenta contra la soberanía nacional o se propicia el separatismo es ya muy antiguo y las organizaciones indígenas ya lo han escuchado en infinidad de ocasiones. Pero habitualmente fue esgrimido por gobiernos militares y no por un periodista civil de un diario decente.

Salvo algunos casos que se amparan en derechos históricos especiales (como pudiera ser el caso de la Mosquitia) no he escuchado a ningún pueblo indígena americano hablar de separaciones o cosas similares. No es ese el punto. Y por supuesto que los indígenas no aspiran, como insinúa el editorialista, a que no se cumpla la ley nacional en sus territorios. Muy por el contrario, sus luchas se orientan a que los Estados cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las empresas se sometan a los derechos constitucionales, que las reglas del juego no sean el arreglo furtivo y la exclusión.

En diversas ocasiones, el Sr. Althaus se ha mostrado preocupado por el carácter vinculante o no de los pactos y acuerdos internacionales que defienden los derechos indígenas (y que a él tanto le sorprenden por cuanto traslucen rebeldía internacional al sistema monopólico de concentración de poder económico y político en el que tan cómodamente se maneja).


En definitiva pone en duda si deben ser de obligatorio cumplimiento, o no, compromisos que Perú ha asumido en el seno de la comunidad internacional. Es una duda que podría aducir una banda de mafiosos, no el gobierno legítimo de un país democrático. Pacta sunt servanda, los romanos ya lo sabían. Los pactos son para cumplirlos y, en el caso de la Declaración, está obligación, se precisa de manera tajante con fórmula inusual en los textos internacionales: …los Estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración (artículo 42º).


Así lo ha entendido la Corte Interamericana que ya recoge la Declaración como fuente de derechos de manera reiterada en sus sentencias. Por cierto: la Declaración se alcanzó después de varias décadas de debates, no en una noche de serenata, y Perú fue, curiosamente, uno de sus impulsores más fervientes durante muchos años y hasta el propio día de su firma.


Al Sr. Althaus debe preocuparle que instituciones como la Defensoría del Pueblo o los obispos amazónicos o las diversas instancias especializadas de derechos humanos y los gremios del país o la comisión multipartidaria del Congreso de la República vean con ojos solidarios y comprensivos las pretensiones de los pueblos indígenas. ¿Es una trama? ¿Son todos contra el Sr. Althaus?
El Sr. Althaus reclama que el único problema de los decretos es que violaron el derecho a la consulta. Supongamos que fuera así, lo que dista mucho de la realidad, entonces, si las normas se han generado violando un derecho del más alto rango, deben ser derogados. Y se supera el problema. Punto, tranquilidad para todos. El poder judicial y el Tribunal Constitucional colombianos ya lo han hecho, por esa misma carencia de consulta, en repetidas ocasiones y con normas tan importantes como el régimen agrario y el forestal de aquel país.


Y no son solo los famosos decretos, hay mucha legislación anterior inconsulta y perjudicial, como todas las que diseñan el nuevo régimen de titulación de tierras, las servidumbres mineras y tantos otros. Así como diversidad de actos administrativos y concesiones realmente impactantes para la vida y los bienes de los pueblos indígenas que debieran ser revisados para ajustarse a ley.
El Sr. Althaus pide un diálogo extremo y hasta las últimas consecuencias, todos lo piden. Pero, los pactos internacionales reclaman una condición al diálogo: que sea de buena fe y que se busque obtener acuerdos o el consentimiento. La Mesa de Diálogo que se instaló por Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES (por supuesto de manera inconsulta) es un complot entre amigotes, no una Mesa de Diálogo orientada por la buena fe: los acuerdos ya se habían establecido antes de constituir esa Mesa con determinadas contrapartes indígenas que, por supuesto, se prestaron al consentimiento ya hace algunos lustros. No hacen falta Decretos, hace falta diálogo honesto, voluntad política democrática, comprensión intercultural, respeto a las instituciones representativas, sumisión a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y atención a las prioridades constitucionales.


A pesar de lo que quiere hacer creer el Sr. Althaus, y que ha sido repetido por políticos y demás interesados, los problemas indígenas no son problemas creados por ideólogos. Algunos, como el padre Bartolomé de Las Casas, los obispos de la selva o el actual Relator de Naciones Unidas, han generado discursos posiblemente mucho más “radicales” que el que yo haya podido aportar al movimiento indígena (y que, lejos de ser clandestino, está explícito en diversos textos accesibles en el entorno universitario).


Los problemas indígenas están originados en una historia de despojos y falta de respeto a las leyes y se mantienen hoy en base a una alianza mafiosa entre lo peor de un empresariado internacional extractivo y una maquinaria nacional corrupta de funcionarios que subordinan los intereses nacionales y que cuenta con impunidad y que, además, se la aseguran a largo plazo (con algunas inesperadas fallas del sistema como la sentencia a Fujimori).


Los efectos de esta conexión delictiva son nefastos para la economía nacional, muy contrariamente a lo que se propugna; es también letal para la democracia, la transparencia y la gobernanza del país.


Pero sobre todo está siendo criminal para la supervivencia de los pueblos que formaron el Perú, hoy inmersos en un marco territorial de concesiones viciadas en donde no se les quiere otorgar otro rol que el de víctimas, al margen de los discursos y fantasías con que se trata de ocultar una realidad que, para quienes conocen la selva, se evidencia a cada momento. Una realidad que la prensa citadina oculta apretando los dientes y muchos intelectuales olvidan oprimiendo su nariz.

¿Quiere saber el Sr. Althaus lo que yo creo que enerva a los comuneros?
- El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera conocen.
- El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado por el propio gobierno.

- El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.

- El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios del Perú.

- El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.

- El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera, mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.

- El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.
- El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo.
- El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin ninguna atención de los servicios de salud del Estado.

- El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta hoy no hayan podido recuperarse.

- El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios mineros.

- El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están todas las nacientes de sus ríos.

- El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional; el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de las riquezas nacionales.

- El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando un poco más de lo mismo que les empobrece.


Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos indígenas es que ya no pueden más. Que se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.


Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en las comunidades del Cenepa y Marañón durante 16 años, y allí se había logrado un desarrollo muy propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel entonces la más mínima presencia. La Central del Cenepa contaba con un sistema de bazares bien organizado, vendía regularmente cacao, artesanía y otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos, promovía gallineros, piscigranjas, había logrado un cierto desarrollo de la salud en base a servicios propios y capacitaba a sus sanitarios y laboratoristas, promocionaba talleres de costura y artesanía y vendía sus productos, realizaba capacitación técnica en muchos aspectos, habían incursionado en empresas tan modernas como el Serpentario o un incipiente tratamiento del oro extraído artesanalmente.


El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso hundiendo en la hiperinflación los pequeños negocios que habían surgido. Como ocurrió con tantos a los que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y “apoya” con las limosnas humillantes de programas como Juntos o Crecer.
Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros del hortelano. Eso es lo que a mi juicio les enerva. Y a la ciudadanía debiera enervarle también.


En estos últimos días la impotencia, la rabia y la exclusión han llevado a los dirigentes de AIDESEP a expresar su hartazgo con medidas y proclamas que a todos nos han sumido en preocupación. No es otro cosa que furia ante el menosprecio. En términos prácticos significa muy poco más que eso.


Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más amenazante en términos prácticos, es la nueva provocación del Sr. Presidente. En su expresión “las tierras de la Amazonía no son de ustedes, son de todos los peruanos” hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica, a la invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así fuera, hubiera continuado diciendo que, en ese mismo sentido, son de todos los peruanos las fincas de Ica, los palmerales de Cainarachi, las haciendas azucareras, los terrenos del club de Golf o los solares y patios de cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o posesión legítima de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que dijo es que una es la propiedad de los ciudadanos nacionales y otra cosa es la propiedad de los indígenas: esa es de todos. Es el retorno del General Custer. Una proclama tan imprudente e irresponsable como esta es un verdadero llamado al genocidio.


Ojalá la ciudadanía se de cuenta de ello.


En fin Sr. Althaus, no son los pueblos indígenas los que violan la soberanía nacional ni nunca lo pretendieron. Sí la violan aquellos que negocian los recursos mineros fronterizos, los que generan “los faenones” petroleros, los que negocian por debajo de las mesas la vida de los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan a sus ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de lotes petroleros sin la más mínima consideración por su vida y su salud.


Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento” empiece por investigar los negociados del chuponeo telefónico y los entretelones de cada concesión minera o petrolera en este país, los nombres y las firmas detrás de cada habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San Martín a los grupos bancarios, las concesiones mineras fronterizas del Cenepa, …..Hay mucho por descubrir se lo aseguro. Y ahí obtendrá una explicación, mucho más sencilla que la que usted propone, de la intriga internacional que subyace a esta problemática.


Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar judicialmente frente a las difamaciones del editorialista del Comercio, pero creo que ser difamado es un asunto más serio.
El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es normal, eso ha sido mi vida y no me queda ya mucho para cambiarla. Siempre me enorgullecerá el ubicarme de ese lado.
Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones indígenas por la insolencia del Sr. Althaus de despojarles a ustedes de su protagonismo. Saben que siempre trabajé en una segunda fila y así me gustaría poder seguir colaborando.


Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes tengan alma, de que piensen por sí mismos y de que no haya una mano negra que mueve sus inocentes designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los otros indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado sus servicios para doblegar a sus paisanos, como ha ocurrido desde siempre, por desgracia, en toda la historia de la conquista del Perú.


Emviado por FORMABIAP, Programa de Formación Docente de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana



domingo, 17 de mayo de 2009

Perú: ¿Por qué luchan los pueblos indígenas amazónicos?

Por
Jorge Agurto

La jornada de protesta amazónica tiene una plataforma
concreta que es fundamental conocer para saber sus motivaciones y no caer en el manido argumento de la manipulación política. Luego de un breve repaso de las normas cuestionadas comprobaremos que las organizaciones indígenas están luchando no solo por su vida e identidad como pueblos, sino también por el bosque amazónico, sus recursos, la biodiversidad y el patrimonio de todos los peruanos y la humanidad.

Las principales normas cuestionadas son:

La Ley 29317, que modifica el Decreto Legislativo 1090 y se constituye como: Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El artículo 6 de esta norma permite cambiar el uso de las tierras que pertenecen al patrimonio forestal cualquiera sea su categoría cuando se trata de proyectos de interés nacional.

Como lo advirtió el Colectivo Forestal, el tema de fondo de esta ley aprobada a trompicones y de espaldas a la sociedad civil, “son los compromisos ‘inconfesables’ del Gobierno con grandes inversionistas para producir etanol” y constituye un incentivo perverso para reducir el propio patrimonio forestal.

Hay que tener resente que el 18 de abril de 2009 el gobierno constituyó el Grupo Técnico de Trabajo para formular el Plan Nacional de Agroenergía en un plazo de noventa días y la Resolución Ministerial 0315-009-AG destaca que es función del sector Agricultura promover “el desarrollo de las áreas disponibles con aptitud agrícola para la producción de biocombustibles”.

Tal rol se encuentra en la Ley 28054 de Promoción del Mercado de Biocombustibles y los decretos supremos 004-2008-AG y 016-2008-AG que declaran de interés nacional las plantaciones de piñón, higuerilla, caña brava y bambú con fines energéticos.

Lo que nuestros hermanos indígenas amazónicos están haciendo al enfrentar esta norma es defender el bosque tropical amazónico de las terribles consecuencias que significan las plantaciones de monocultivos para fines de agrocombustibles.

La Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos. Esta norma se aprobó con modificaciones de último minuto y abre paso a la privatización del agua con fines de lucro y para el provecho de operadores privados. Un comunicado de las organizaciones sociales denunció oportunamente que favorecerá particularmente a las empresas mineras “que cuentan con 18′260,779.87 millones de héctareas de denuncios mineros, la mayoría de ellos asentados en las cabeceras de cuenca”.

La norma ignoró las propuestas formuladas por las juntas de usuarios de los distritos de riego, los gremios campesinos, las organizaciones indígenas y los grupos ambientalistas, reconcentra la gestión del agua en la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y elimina las Autoridades Autónomas de Cuenca que existían en la anterior legislación.

El Partido Nacionalista advirtió que la concentración de funciones en la ANA “favorece a las empresas, principalmente mineras, interesadas en la explotación comercial del agua, las que ahora podrán obtener licencias desde Lima sin la intervención de las Regiones”.

El Decreto Legislativo 1020. El dispositivo promueve la constitución de unidades productivas mayores de 20 hectáreas mediante el estímulo de la compra de tierras. Se le critica por no proponer ninguna actividad alternativa para el sustento de las familias con menos opciones y recursos.

El Decreto Legislativo 1064. Elimina el requisito del acuerdo previo entre las empresas y las comunidades campesinas y nativas para iniciar las actividades de exploración y explotación de los recursos del subsuelo. Esta norma significa un grave y brutal atropello al derecho a la propiedad privada de las comunidades y propietarios rurales dándoles ventajas a los inversionistas privados.
El Decreto Legislativo 1089. En lugar de culminar el proceso de titulación de las comunidades campesinas y nativas a cargo del antiguo Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), las Direcciones Regionales Agrarias o los municipalidades que podían sanear la la propiedad en áreas rurales este dispositivo establece un régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de los predios rurales a cargo del COFOPRI, un organismo dedicado a la formalización de la propiedad informal especialmente en áreas urbanas.

La norma deja en suspenso leyes importantes como las leyes de comunidades campesinas y nativas y la ley de deslinde y titulación de comunidades campesinas que cautelan importantes derechos colectivos.

Reforma de la Constitución Política del Estado para reintegrar los derechos territoriales indígenas. La Constitución Política de 1979, que significó el retorno a la institucionalidad democrática definió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptibles de las tierras comunales (las denominadas tres “i”).

Esta Carta Magna fue rubricada por Víctor Raúl Haya de la Torre, supuesto mentor y adalid del actual gobierno del partido aprista, del cual fuera histórico jefe y fundador. La Constitución de 1993 -que tiene un carácter ilegítimo pues fue impuesta de manera fraudulenta en un régimen de excepción por Alberto Fujimori- eliminó el carácter inalienable e imebargable de las tierras comunales y debilitó el carácter su carácter imprescriptible, al colocar como causal de excepción el “abandono”.

En consecuencia es justo y legítimo que las organizaciones indígenas demanden se restablezca la protección constitucional a su derecho colectivo al territorio y que es fundamento para su vida e identidad como pueblos indígenas u originarios.Otras normas que deberían ser enfrentadasAdemás de las normas señaladas hay un paquete de normas legales que favorecen la introducción de los productos transgénicos, la apropiación de la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos a favor de empresas transnacionales como Monsanto.

La denuncia formulada por la especialista Isabel Lapeña en Servindi señala cómo el gobierno ha canjeado su mercado de biodiversidad por su afan de suscribir el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, lo que ha ocasionado que tengamos el régimen más privatista del mundo al permitir el patentamiento de los genes o de la vida.

Este nuevo régimen que solo favorece a un puñado de empresas transnacionales como Monsanto se expresa en la Ley 29136 y los decretos legislativos 1059, 1060, 1075 y 1080, que también deberían ser derogados por afectar el patrimonio nacional, poner en riesgo la bioseguridad del país y violar compromisos y principios internacionales.

¿Quién defiende el interés nacional?
Este apretado repaso de normas es únicamente para enfatizar que la lucha actual de los indígenas amazónicos tiene sobrados fundamentos porque se trata de normas inconsultas, espúreas e ilegítimas, que intentan avasallar sus derechos colectivos como pueblos pre existentes al Estado peruano, que tienen derecho colectivo al territorio, a su identidad y a sus propios modos de vida.

Al dictar normas que afectan sus condiciones de existencia sin su participación y consentimiento el Estado peruano ha violado el Convenio sobre Pueblos Indígenas Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma que tiene rango constitucional y que prevalece sobre otras normas de menor jerarquía.

Esto lo ha destacado de manera clara el jurista Dr. Magdiel Gonzáles Ojeda, ex Magistrado del Tribunal Constitucional, en una brillante disertación realizada en el propio Congreso de la República en enero de este año (escuchar audio en: “El Convenio 169 es un tratado de derechos humanos de jerarquía constitucional y vinculante“).

El gobierno aprista, en su afán desmedido de entregar los recursos nacionales al interés privado transnacional, sin cautelar el patrimonio ni los intereses nacionales, está permitiendo que el Estado se aleje cada vez más de su rol garante de los derechos humanos y ciudadanos y que el actual régimen pierda legitimidad.Con su protesta, los pueblos indígenas amazónicos nos están recordando que existe el derecho a la protesta para defender la vida de los pueblos, los recursos naturales, el agua, los bosques, la biodiversidad.

No es otro el sentido de la reflexión tan oportuna de los Obispos de la Amazonía que instan al presidente Alan García drerogar los Decretos Legislativos , y a quienes no se puede acusar de intereses electorales o políticos subalternos.

La ciudadanía peruana no debe permitir que el gobierno en su afán facilista, entreguista y depredador prosiga su política para la amazonía que consiste en permitir la tala ilegal, la contaminación minera, alentar la deforestación para producir agrocombustibles y cubrir la selva peruana de lotes de hidrocarburos, sin respetar los territorios indígenas, las áreas protegidas e incluso lugares donde existen evidencias de grupos en aislamiento extremadamente vulnerables a cualquier contacto.

El 72 por ciento de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectáreas, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. A pesar del avance tecnológico, solo la desidia e incapacidad estatal ha permitido, por ejemplo, que desde noviembre de 2006 a marzo de 2009, se hayan producido 48 derrames entre los lotes 8 y 1-AB de Pluspetrol. De esta cifra, 22 derrames son de mayor importancia, afectando los ríos Tigre y Corrientes y sus afluentes, “generando impactos negativos en la salud de la población que se encuentran entre los dos lotes” (Ver artículo: La agonía de las comunidades indígenas mientras el “Perú avanza”).

Por las razones expuestas debemos recordar a los políticos, a los medios de comunicación y a la opinión pública nacional e internacional que los pueblos indígenas amazónicos están luchando no solo por su vida como pueblos, sino también por la amazonía, uno de los sistemas naturales más importantes del mundo en recursos naturales, servicios ambientales y diversidad cultural.


Fuente: Servindi


Ver:
PRONUNCIAMIENTO DE LOS OBISPOS DE LA AMAZONÍA ANTE EL PARO DE LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS




Amazonía: El gobierno peruano no cumple la ley

Humberto Campodonico
El origen del reclamo de las comunidades amazónicas está en la promulgación de varios Decretos Legislativos por el Poder Ejecutivo, en el I Semestre del 2008, al amparo de las facultades legislativos que le otorgó el Congreso. Estos DL no fueron consultados con las comunidades, como lo manda explícitamente el Convenio 169 de la OIT.

Este Convenio, cuyas disposiciones tienen carácter vinculante para el Estado peruano porque fue aprobado por el Congreso, establece claramente en su Artículo 6: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (1).

Está claro que el gobierno no consultó a los pueblos interesados, con lo cual ha violado un convenio firmado. ¿Por qué lo hizo? Porque se tiene la concepción, primero, de que los limeños saben más que los pueblos amazónicos; 2) que la selva es un territorio vacío, cuyos recursos “deben aprovecharse” y, 3) que este aprovechamiento debe realizarse al amparo de la política del “perro del hortelano”, que otorga preeminencia a las iniciativas privadas.

El origen del conflicto está, entonces, en el incumplimiento de las leyes, lo que desemboca en el autoritarismo y la falta de diálogo.En un segundo orden de prioridad viene la discusión acerca del contenido de los Decretos Legislativos, que ahora están en una Comisión del Congreso, que avanza con lentitud y que hasta ahora no ha podido legislar al respecto, ya sea para su derogatoria o para modificar los artículos cuestionados. Es importante resaltar que estos DL poco o nada tienen que ver con la implementación del TLC con EEUU. Sucede, simplemente, que el gobierno aprovechó esa “ventana de oportunidad” para “completar la reforma incompleta” reclamada por el neoliberalismo.

Pero la cuestión de fondo es que las comunidades amazónicas han visto invadido su territorio por una gran cantidad de contratos petroleros que cubren gran parte de la Amazonía. Hasta el 2007, los contratos de licencia en la Amazonía ascienden a 35.2 millones de hectáreas, a las que se suman las áreas otorgadas en el 2008. Es importante resaltar que en el conjunto de los países amazónicos, las áreas de exploración llegan a 44 millones de hectáreas, lo que quiere decir que el Perú ha otorgado el 80% del total (ver Bajo la Lupa # 12, Amazonía, http://bajolalupa.net).
A mayor cantidad de áreas otorgadas para actividades petroleras, mayor posibilidad de generación de conflictos. Lo mismo sucede con las concesiones mineras. Para enfrentar este problema, los países con legislación moderna elaboran planes de desarrollo y acondicionamiento territorial, lo que supone tomar decisiones sobre qué tipo de actividades productivas, agrícolas o de explotación de recursos naturales es conveniente realizar en las diferentes regiones y zonas del país.


Pero en el Perú dicha visión sobre el desarrollo de mediano o largo plazo no existe, lo que quiere decir que cualquier empresa puede postular a un contrato o pedir una concesión donde lo desee (esa es la “libertad” que quiere el capital), no importando quién viva allí ni qué actividad se realice. Aquí debiera intervenir el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y también el Ministerio del Ambiente, pero estas entidades no son tomadas en cuenta.
Las comunidades amazónicas han dicho que no quieren seguir siendo “mecidas” por el gobierno, que afirma querer el diálogo pero no avanza en medidas concretas. Urge volver a la mesa de negociaciones, esta vez con el claro objetivo, en primer lugar, de comenzar a cumplir con la ley, es decir, con el Convenio 169 de la OIT.

Convenio 169:
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml

Fuente: Diario La República del 17 de mayo del 2009.

viernes, 15 de mayo de 2009









PROTESTA INDÍGENA, LUCHA POR LA VIDA

José Álvarez Alonso


Algunos oficialistas ven -con los gruesos lentes de quien no quiere realmente ver- maquinaciones políticas e ideologías extranjeras detrás de la protesta indígena que ha incendiado la Amazonía peruana por segunda vez en dos años. Catalogar y calificar (o descalificar) es un recurso habitual de quienes no entienden algo o no tienen la razón. Es obvio que esta protesta no es bien comprendida desde las altas oficinas del poder central, aislado de la Amazonía y sus problemas no sólo por la cadena de los Andes, sino por un abismo de etnocentrismo autosuficiente e ignorancia histórica, y por un océano de intereses, rebosante de millones de dólares en inversiones mineras, petroleras, palmaceiteras y madereras…

Los indígenas amazónicos del Perú no están luchando sólo contra unos decretos legislativos que consideran lesivos para sus intereses y su modo de vida. Están luchando, literalmente, por su vida, entendida en un sentido amplio: biológico, social, cultural, espiritual. Y la defensa de la vida está por encima de ideologías, partidos políticos y maquinaciones electorales; es, quizás, el instinto más fuerte y legítimo del ser humano. Nuestra Constitución Política, como prácticamente todas las constituciones modernas, consagra los derechos fundamentales de la persona humana, entre los que destacan el derecho a la vida, la salud, y a vivir en un ambiente equilibrado.

Los indígenas que han visto lo que pasó a sus hermanos “beneficiados” (más bien diríamos, “perjudiciados”) por las ventajas del desarrollo minero, petrolero y agroindustrial, no quieren más de esa medicina, bajo ningún maquillaje de dádivas paternalistas y planes de mitigación ambiental. Porque aunque con el “desarrollo” puedan acceder a algunos bienes y servicios occidentales, como luz eléctrica, televisión, edificios de material noble y otros, el costo es muy alto, en términos sociales y ambientales: en pocos años se destruyen estructuras sociales, costumbres y estrategias de convivencia con los que vivieron miles de años, y se degradan ecosistemas que son la base de su subsistencia.

¿De qué le sirve a un indígena ganar su platita en una compañía, si con ella sólo puede comprar enlatados, arroz y tallarines, porque sus cochas y sus bosques están vacíos? ¿De qué les sirve a los indígenas tener acceso a luz eléctrica, teléfono, televisión por satélite y agua potable, si terminan viendo a sus comunidades y familias destruidas por plagas sociales como el alcoholismo, la prostitución, los conflictos familiares y otras “modernidades” por el estilo, y pierden lo que más aprecian, su dignidad y su libertad?

Definitivamente, los indígenas amazónicos no entienden el desarrollo del mismo modo que el Gobierno; para los indígenas desarrollo no es sinónimo de ingresos y cifras macroeconómicas. “El desarrollo para los indígenas no es acumulación y competencia, es solidaridad, es igualdad, es reciprocidad”, decía en un reciente encuentro indígena Alberto Pizango, del Pueblo Shawi, Presidente de AIDESEP. “Preferiría estar pobre como antes, pero estar bien con mi marido”, se lamentaba recientemente una indígena Kukamilla que había perdido a su marido por culpa de la bonanza económica causada por el camu camu.

Algunos han calificado a los indígenas como “perros del hortelano”, porque supuestamente no quieren desarrollarse, no usan sus recursos ni quieren que otros los usen. Esto es totalmente falso, por supuesto, e indica una visión racista y etnocéntrica de la realidad sociocultural amazónica. “Queremos desarrollarnos sin perder nuestra identidad, sin alterar la naturaleza, sin entrar en conflicto con otros pueblos”, proclamaron en un reciente pronunciamiento (marzo del 2009) las Organizaciones Indígenas Secoya del Perú y Kiwchua del Alto Napo, las mismas que hoy bloquean este río, para escándalo de los entusiastas del “desarrollo.”

“Nosotros los Mai Huna queremos el desarrollo, claro que sí, queremos progresar, pero de a pocos, de abajo arriba, a nuestro modo, sin perder lo nuestro, lo que nos hacer ser Mai Hunas”, decía recientemente el dirigente Romero R. Ushiñahua, de la Federación Mai Huna del Napo. Un desarrollo armónico con su cosmovisión, con la libertad y el modo de vida que disfrutaron por milenios sus antepasados: “No quiero un día tenerle pena a mi hijo viéndole maltratado por los patrones o capataces en una compañía, prefiero que viva pobre como yo, pero libre”, me expresaba hace un tiempo un indígena del Huallaga central. “Los pueblos indígenas no quieren ser peones o súbditos”, según Alberto Pizango, presidente de AIDESEP.

“Yo quisiera ver a mi comunidad con un montón de mitayo, con abundante comida para toda la comunidad, celebrando nuestras fiestas con mucho masato, rodeado de un bosque con muchas caobas, cedros y lupunas. Me gustaría ver a los niños sanos y felices... También me gustaría que tuviéramos televisión, radio y algunas otras cosas de la sociedad moderna, pero sobre todo buena comida, educación y salud...”, es la visión del desarrollo de Segundo Arquímedes Karitimari, joven dirigente Kukamilla.

Los indígenas defienden con tanto ardor su territorio, sus bosques, sus ríos y sus cochas, porque éstos son su mayor riqueza, la garantía de un “desarrollo indígena”, de una vida plena a su estilo, a su modo, como tiene derecho todo ser humano y todo pueblo sobre la tierra. Porque bosques, ríos y cochas llenos de recursos son la garantía de una vida saludable, de abundancia, de armonía con el entorno natural en el que vivieron sus antepasados por milenios. Ese estilo de vida es el que ven amenazado por los infaustos decretos legislativos 1090, 1020, 1064, 1080, 1081 y 1089, y por las concesiones mineras, petroleras y madereras que ha otorgado el Estado sobre los territorios que consideran suyos, conforme al Convenio 169 de la OIT.

Cabría preguntarnos: luego de más de 30 años de explotación petrolera en el río Corrientes, y de decenas de miles de millones de dólares extraídos debajo de las tumbas de los antepasados del noble pueblo Jíbaro-Achuar, ¿han logrado beneficiarse y tener mejor alimentación, educación y salud? Todo lo contrario: en estos años han empeorado significativamente las variables más importantes que definen el “desarrollo humano”, especialmente salud y nutrición. Hoy, por citar un ejemplo, el 99% de los comuneros de esta cuenca exceden el límite máximo permisible de cadmio en la sangre, y el 68% superan el límite de tolerancia biológica, mientras que el 66% exceden el límite máximo permisible de plomo, y el 20% de ellos lo duplican y aún triplican. Más del 72% de los niños, y 75% de las mujeres padecen anemia perniciosa...

¿Creen que un indígena con sentido común pueda considerar “deseable” este desarrollo, por más que lo traten de convencer de que hoy la tecnología y las leyes de minería e hidrocarburos han mejorado mucho? ¿Es de extrañar que los indígenas del Alto Napo, del alto Marañón, del Alto Ucayali, se defiendan con tanta energía contra lo que consideran una grave amenaza para su modo de vida y su supervivencia?

Lo mismo se puede decir de la industria forestal: luego de más de medio siglo de explotación indiscriminada de las maderas en territorio amazónico, y de miles de millones de dólares de producción maderera ¿se han beneficiado realmente los pueblos indígenas? Hoy los distritos más pobres de Perú están en la selva baja, en donde más madera se ha extraído, concretamente en Loreto (Balsapuerto, Cahuapanas, Andoas, entre otros), y la desnutrición crónica y la anemia perniciosa afectan a más de la mitad de los niños en familias cuyos ingresos promedian un sol al día...

El Gobierno la tiene bien difícil para convencer a los indígenas amazónicos de que la inversión petrolera, maderera y minera los va a beneficiar. Va a tener que mejorar su oferta, o cambiar su estrategia y las reglas de juego, porque los indígenas, por defender su modo de vida, sus bosques y su libertad, parecen estar dispuestos a todo. Ya pasó la época en que cambiaban a los blancos sus adornos de oro por cuentas de vidrio. Hoy los pueblos indígenas están muy bien informados, conocen lo que ha pasado en otros lugares, y han vislumbrado y desean un futuro diferente, mejor, en armonía con su ambiente, su cultura y su modo de vida tradicional, aunque con acceso a bienes y servicios modernos; es obvio que este futuro no es el mismo que sueña para ellos el Gobierno…

Fuente: Enviado por Oswaldo Marquez
@ Fotografía: rutaquetzalbbva.com


miércoles, 13 de mayo de 2009



Estado de emergencia contra los pueblos indígenas amazónicos

Por Roger Rumrrill

El gobierno del Dr. Alan García Pérez ha decretado, desde el sábado 9, el estado de emergencia en casi todo el territorio amazónico, allí donde las organizaciones indígenas protestan con paros, movilizaciones e incluso bloqueos de ríos y carreteras contra el paquete de leyes del “perro del hortelano” que es una puerta abierta a la transnacionalización de la Amazonía peruana.

Era previsible la respuesta violenta y represiva del régimen alanista a las justas demandas indígenas. La razón de fondo es la siguiente: como el alanismo y la derecha económica con la que cogobierna han puesto todos los huevos de la política económica en la canasta del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y el TLC es el candado del modelo neoliberal que se cae a pedazos en todo el mundo, Alan García y sus socios no permiten que el modelo sea tocado ni con el pétalo de una rosa.

La guerra sucia contra los políticos opositores al régimen; todas las falacias esgrimidas contra el informe de la “Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas” que fue discutido en el pleno del Congreso el jueves 7 de este mes; el muro de silencio mediático erigido contra las propuestas indígenas y ahora la implantación del estado de emergencia son como una declaración de guerra para quienes pretenden cambiar el curso de la historia.

Todo esto en contra del derecho y la justicia. Porque los Decretos Legislativos 994, 1064, 1020, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 997 que los pueblos indígenas exigen que sean derogados, han sido declarados inconstitucionales por la Comisión Multipartidaria. No sólo porque vulneran el ordenamiento jurídico sino porque, junto a otras disposiciones y medidas, son una amenaza contra la Amazonía y la vida de los pueblos indígenas.
Un solo ejemplo entre decenas y centenares. El lote petrolero 76 de 1 millón 500 mil hectáreas instalará 18 líneas sísmicas, construirá 166 helipuertos, abrirá 1944 zonas de descarga y levantará 166 campamentos. Ese lote se traga totalmente a la Reserva Comunal Amarakaire y operará en las áreas de amortiguamiento de los Parques Nacionales del Manu, Bahuaja-Sonene y en la Reserva Tambopata-Candamo. Es decir, afectará severamente una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.

Quizás el Dr. García no lo sabe: la resistencia indígena frente a todas las formas de violencia y opresión ya dura siglos. Es una guerra del fin del mundo que triunfará sobre quienes hoy en día destruyen a la Amazonía y amenazan a sus habitantes ancestrales.

jueves, 7 de mayo de 2009



“Frutas Amazónicas: Postres peruanos de vanguardia”,

Libro elaborado por la reconocida chef internacional Astrid Gutsche y el cual es una publicación que busca poner en valor nuestra rica diversidad, y que parte del Proyecto “PerúBiodiverso”, liderado por el MINCETUR.

Asimismo, este proyecto cuenta con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas, tales como: la cooperación técnica alemana GTZ, la cooperación suiza, el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Promperú, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), ADEX y el Instituto Peruano de Productos Naturales.

“Mediante PERUBIODIVERSO hemos priorizado el desarrollo de 6 cadenas de valor: camu camu, sacha inchi, yacón, tara y maca; así como del ecoturismo, basado en el fortalecimiento y promoción de iniciativas con énfasis en los temas de naturaleza y biodiversidad. Con la finalidad de promover y fortalecer el consumo de frutas que aún no son muy difundidas, pero que encierran grandes recursos”, explicó la ministra Araoz en la presentación del libro.