Amazonía: El gobierno peruano no cumple la ley
Humberto Campodonico
El origen del reclamo de las comunidades amazónicas está en la promulgación de varios Decretos Legislativos por el Poder Ejecutivo, en el I Semestre del 2008, al amparo de las facultades legislativos que le otorgó el Congreso. Estos DL no fueron consultados con las comunidades, como lo manda explícitamente el Convenio 169 de la OIT.
Este Convenio, cuyas disposiciones tienen carácter vinculante para el Estado peruano porque fue aprobado por el Congreso, establece claramente en su Artículo 6: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (1).
Está claro que el gobierno no consultó a los pueblos interesados, con lo cual ha violado un convenio firmado. ¿Por qué lo hizo? Porque se tiene la concepción, primero, de que los limeños saben más que los pueblos amazónicos; 2) que la selva es un territorio vacío, cuyos recursos “deben aprovecharse” y, 3) que este aprovechamiento debe realizarse al amparo de la política del “perro del hortelano”, que otorga preeminencia a las iniciativas privadas.
El origen del conflicto está, entonces, en el incumplimiento de las leyes, lo que desemboca en el autoritarismo y la falta de diálogo.En un segundo orden de prioridad viene la discusión acerca del contenido de los Decretos Legislativos, que ahora están en una Comisión del Congreso, que avanza con lentitud y que hasta ahora no ha podido legislar al respecto, ya sea para su derogatoria o para modificar los artículos cuestionados. Es importante resaltar que estos DL poco o nada tienen que ver con la implementación del TLC con EEUU. Sucede, simplemente, que el gobierno aprovechó esa “ventana de oportunidad” para “completar la reforma incompleta” reclamada por el neoliberalismo.
Pero la cuestión de fondo es que las comunidades amazónicas han visto invadido su territorio por una gran cantidad de contratos petroleros que cubren gran parte de la Amazonía. Hasta el 2007, los contratos de licencia en la Amazonía ascienden a 35.2 millones de hectáreas, a las que se suman las áreas otorgadas en el 2008. Es importante resaltar que en el conjunto de los países amazónicos, las áreas de exploración llegan a 44 millones de hectáreas, lo que quiere decir que el Perú ha otorgado el 80% del total (ver Bajo la Lupa # 12, Amazonía, http://bajolalupa.net).
A mayor cantidad de áreas otorgadas para actividades petroleras, mayor posibilidad de generación de conflictos. Lo mismo sucede con las concesiones mineras. Para enfrentar este problema, los países con legislación moderna elaboran planes de desarrollo y acondicionamiento territorial, lo que supone tomar decisiones sobre qué tipo de actividades productivas, agrícolas o de explotación de recursos naturales es conveniente realizar en las diferentes regiones y zonas del país.
Pero en el Perú dicha visión sobre el desarrollo de mediano o largo plazo no existe, lo que quiere decir que cualquier empresa puede postular a un contrato o pedir una concesión donde lo desee (esa es la “libertad” que quiere el capital), no importando quién viva allí ni qué actividad se realice. Aquí debiera intervenir el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y también el Ministerio del Ambiente, pero estas entidades no son tomadas en cuenta.
Las comunidades amazónicas han dicho que no quieren seguir siendo “mecidas” por el gobierno, que afirma querer el diálogo pero no avanza en medidas concretas. Urge volver a la mesa de negociaciones, esta vez con el claro objetivo, en primer lugar, de comenzar a cumplir con la ley, es decir, con el Convenio 169 de la OIT.
Convenio 169:
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/convenio.shtml
Fuente: Diario La República del 17 de mayo del 2009.
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