domingo, 4 de diciembre de 2011

¿Qué hará el gobierno peruano con lo que quiere Brasil?

Por 
Equipo de Alerta Perú.

Hidroeléctricas en la Amazonía

El Ministerio de Energía y Minas de Perú baraja más de cincuenta proyectos hidroeléctricos en la cuenca amazónica. La gran inversión brasileña le ha puesto el ojo a varios. Pero construir represas en la selva es una de las peores opciones en términos económicos, ambientales y sociales, y ya se vislumbran conflictos. La pregunta es: ¿qué hará el gobierno nacionalista?

Serían hasta cincuenta y dos 52 las centrales hidroeléctricas proyectadas en la cuenca amazónica, según información del propio Ministerio de Energía y Minas recopilada en el libro Amazonía Peruana 2021. De estas, hay varias -las más pequeñas- que ya cuentan con concesión definitiva o están en construcción. En otros casos, las empresas tienen concesiones temporales o se encuentran realizando los estudios técnicos respectivos.
Otros proyectos han sido por el momento suspendidos, como el caso de Inambari o los que forman parte de la famosa “Ley Corina” aprobada en los últimos días del gobierno anterior y derogada por el actual. De otros aún “no se oye padre”, como los veinte que forman parte del “proyecto Marañón” aprobado por decreto 020-MEM y sobre el cual el nuevo gobierno aún no toma una postura clara. Y finalmente hay un grupo que está siendo discutido en el Congreso precisamente en estos días: las que forman parte del Acuerdo Energético con Brasil, que no establece un número exacto de centrales, pero sí señala el compromiso del Perú de exportar al gigantesco vecino hasta 7,200 kilovatios, mucho más de lo que consume nuestro país actualmente.
Impactos Ambientales
¿Qué impactos pueden generar estos proyectos? De acuerdo con José Álvarez, biólogo del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), las hidroeléctricas proyectadas tendrían impactos de dos tipos: ambientales y sociales.
“Los impactos ambientales tienen que ver con la ruptura del pulso del agua. Cuando un río se represa, se domestica: su caudal se fija prácticamente a un nivel todo el año”, explica el especialista. “Los peces y otros organismos, como los quelonios acuáticos, los caimanes, dependen de las crecientes y vaciantes para su ciclo reproductivo. (Estas) especies se reproducen al principio de la creciente y sus larvas son dispersadas por las aguas que inundan los bosques y otros ecosistemas inundables. Entonces, si desaparecen las crecientes de los ríos, por el represamiento, prácticamente estas especies estarían condenadas a la desaparición”, señala. “Se trata del boquichico, yahuarachi, gamitana, sábalo, paco, palometa… la mayor parte de los peces de consumo, pero también los grandes bagres o zúngaros”, precisó.
Además, toda la materia orgánica que ha quedado bajo el agua producto de las inundaciones empieza a descomponerse en ausencia de oxígeno, produciendo metano, un gas de efecto invernadero veinte veces más activo que el famoso CO2, tal y como explica el Centro para la Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la Universidad Cayetano Heredia.

“Estos proyectos gigantescos inundarían miles de kilómetros cuadrados de selva amazónica”, explica José Serra, de ProNaturaleza, “con todo lo que eso significa respecto al calentamiento global, impacto en biodiversidad, deforestación y facilidades de ingreso para colonos a la zona”.

Por otro lado, “las aguas de los ríos amazónicos transportan cantidades importantes de mercurio”, tanto de origen natural como producto de la minería informal. “En condiciones de poco oxígeno, las bacterias van a convertir este mercurio inorgánico en metilmercurio o mercurio orgánico, que es un compuesto altamente neurotóxico que se acumula en el organismo de cualquier animal”, señala el CSA. “Por lo tanto los peces de los embalses suelen ser más tóxicos que en otras partes del río”, asegura.

“Todo esto afecta la reproducción de los seres vivos”, continúa el CSA en un video que se encuentra disponible en Internet. “Las tortugas no podrán anidar porque no se están formando playas, los peces empezarán a morir, los peces migratorios que necesitan subir y bajar el río no podrán hacerlo y eventualmente desaparecerán. Esto se debe a que un río no es un canal de agua, sino un ecosistema, con diferentes elementos vivos y no vivos entrelazados en ciclos de reproducción y descomposición”, explica.

Impactos Sociales

En tanto, los impactos sociales tienen que ver precisamente con la desaparición de la pesca, así como con la inundación de miles de kilómetros cuadrados de bosque y la pérdida de productividad de las tierras.
La posible desaparición de la pesca “afectaría tremendamente a la población humana que depende de la fauna silvestre de estos ecosistemas inundables para su alimentación”, nos explicó José Álvarez. “Se calcula que hasta el ochenta por ciento de la proteína que consume la población ribereña en el Marañón y el Huallaga proviene del pescado”, explicó el investigador, lo que habla elocuentemente de la dependencia del río que tienen las comunidades nativas de la Amazonía.

Adicionalmente, “esto afectaría la vegetación, que depende de los nutrientes que arrastran las aguas”, nos explicó Álvarez. “Los bosques inundables tal y como los conoces desaparecerían y se originaría otro tipo de vegetación mucho más empobrecida. Las aguas ya no serían productivas, no enriquecerían los suelos donde cultivan sus productos… El escenario a corto plazo sería bastante catastrófico para las poblaciones ribereñas: se quedarían sin recursos pesqueros y sin suelos cultivables para producir sus alimentos”, alertó.

Por otro lado, la inundación causada por el represamiento ocasionaría el desplazamiento forzado de miles de personas. Por ejemplo, la construcción de la central de Inambari implica un espejo de agua de cuatrocientos diez kilómetros cuadrados, que inundaría al menos sesenta y cinco centros poblados de tres regiones, obligando al desplazamiento de unas quince mil personas.

Por si fuera poco, en este proyecto se inundarían hasta ciento sesenta y un kilómetros de la flamante Carretera Interoceánica, que le ha costado al país aproximadamente un millón de dólares por kilómetro. Se trataría de ciento sesenta y un millones de dólares, literalmente, tirados al agua.

¿Qué hará el nuevo Gobierno?

A pesar de nuestra insistencia, el Ministerio de Energía y Minas declinó hasta dos veces en el último mes la realización de una entrevista para conocer la posición del nuevo gobierno en este tema. Así, no conocemos aún la versión “oficial”. Pero en las últimas semanas, el Poder Ejecutivo ha dado una serie de señales contradictorias. En primer lugar, planteó la derogatoria de la Ley 29760 o “Proyecto Corina”, que había sido aprobada aceleradamente a finales del gobierno pasado. En una visita a Iquitos, el propio Ollanta Humala prometió que no tocaría las aguas del Marañón ni del Huallaga.

Sin embargo, al mismo tiempo, el ministro de Energía y Minas dio declaraciones asegurando que “no le preocupaba” el desplazamiento de poblaciones indígenas a causa de la construcción de hidroeléctricas por considerar que era “compensable económica y socialmente”. El ministro agregó que el Acuerdo Energético Perú-Brasil era importante porque nos daría “seguridad energética”. A los pocos días, el Poder Ejecutivo envió al Congreso dicho acuerdo internacional para que sea discutido por la Comisión de Relaciones Exteriores, lo que implica que le ha dado su visto bueno.

“Estamos muy preocupados porque la cancillería ha entregado a la Comisión de Relaciones Exteriores la solicitud de aprobación del acuerdo energético”, declaró Ernesto Ráez, del CSA. “Sin embargo, el expediente que acompaña este acuerdo está incompleto porque carece del informe que el Ejecutivo debe entregar para explicar qué beneficios tiene este acuerdo”, señaló.

De hecho, ya se empezaron a hacer patentes las diferencias que existen entre los diversos sectores del gobierno. Mientras Herrera Descalzi le da su apoyo al acuerdo con Brasil y el primer ministro Salomón Lerner plantea reducir “a seis u ocho meses” la realización de los estudios de impacto ambiental, el ministro del Ambiente declara que “está pendiente la consulta previa” en este caso y que un proyecto como el de Inambari implicaría la deforestación de la Amazonía. ¿Cuál de los sectores prevalecerá?

Lo cierto es que estos proyectos son activamente promovidos por Brasil, cuyas empresas -como Odebrecht, OAS o Electrobras- serían las principales ejecutoras. Como se recuerda, durante la campaña electoral el partido gobernante de Brasil respaldó de manera explícita la candidatura de Ollanta Humala. La pregunta del millón es: en este gobierno nacionalista, ¿prevalecerán los intereses de Brasil o la posición de las comunidades peruanas.

Fuente: Red del tercer mundo

www.amazoniamagica.com/

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