Las plantaciones y los grandes impactos ambientales

El cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países
Por Sylvia Ubal

Brasil y Perú desde hace ya varios años se han lanzado a la conquista, para el capital transnacional, de las tierras de las comunidades campesinas y nativas de la Amazonía. Nuestro patrimonio cultural e histórico se convierte en instrumento al servicio de la acumulación de ganancias de capital a las transnacionales.
La deforestación de la Amazonía ya se extiende a 28 millones de hectáreas, ha desaparecido el 26% de la totalidad de la selva Amazónica y cada día se pierden otras 7.000 hectáreas de bosque una superficie de 10 por 7 kilómetros.
Entre los cultivos de más rápida expansión figura la palma aceitera y la soja, plantados principalmente como monocultivos en gran escala destinados a la exportación. A nivel mundial, el área de palma aceitera aumentó en un 43% (10,7 millones de hectáreas) y el área de soja en un 26% (77,1 millones de hectáreas) durante el período 2005-2007. Las políticas gubernamentales han facilitado esta expansión que ha ocurrido principalmente en Ecuador (150.000 has), Colombia (130.000 has) Honduras (50.000 has), Argentina (40.000 has), Brasil (39.000), Perú (33.000), Venezuela (30.000), Costa Rica (30.000), Uruguay (20.000 has) Guatemala (15.000), República Dominicana (9.000), Nicaragua (4.000), México (4.000), así como Panamá, Surinam, Guyana y Bolivia. Es que, al igual que en el caso de los monocultivos forestales de pinos y eucaliptos, el problema no es el árbol, sino el modelo en el que se lo implanta.
El impacto más directo de este proceso ha sido la deforestación de millones de hectáreas de bosque tropical, y la pérdida de vastas áreas de bosques para dar lugar a las plantaciones de palma aceitera y soja. Los plaguicidas y herbicidas inherentes a estos monocultivos terminan de exterminar los últimos vestigios de biodiversidad capaz de coexistir con las plantaciones y disminuyen significativamente la posibilidad de restauración del hábitat, Las compañías de palma aceitera y soja han estado relacionadas con incendios devastadores en los bosques, que han destruido millones de hectáreas de bosque y otros tipos de vegetación.
La palma aceitera es originaria de África Central, donde su cultivo como producto básico es central para el sustento de millones de pequeños agricultores. Pero en cualquier otra parte del mundo se ha transformado en un gran negocio, y es cultivada principalmente en plantaciones de gran escala. El aceite de palma es un aceite vegetal derivado de la palma aceitera. Su consumo a nivel mundial es segundo entre los aceites comestibles (detrás del de soja), y tiene una gran variedad de usos desde champú a papas fritas, pasando por comidas congeladas y cosméticos.
Durante las últimas décadas, el cultivo de la palma aceitera se ha venido expandiendo en forma acelerada en un número creciente de países de Latinoamérica. Este cultivo genera enormes ganancias para algunas grandes empresas transnacionales, pero estas plantaciones provocan grandes impactos ambientales y sociales negativos: disminución del rendimiento hídrico, modificación de la estructura y la composición de los suelos, alteración de la abundancia y riqueza de la flora y la fauna, usurpación de los bosques ocupados por pueblos indígenas, expulsión de campesinos e indígenas de sus tierras y pérdida de sus medios de vida. A pesar de ello, un número de actores nacionales e internacionales continúan promoviendo activamente este cultivo, bajo un trasfondo de creciente oposición a nivel local.
Generalmente, las comunidades locales y las sociedades nacionales son ignoradas en los niveles de decisión. Simplemente son usadas como proveedoras de fuerza de trabajo barata, a la vez que sus tierras y sus recursos son directa o indirectamente apropiados por parte de poderosos agentes del país o extranjeros.
Sin embargo, uno de los principales impactos del cultivo de esta palma es la violación del derecho a la tierra es la apropiación de amplias áreas, hasta entonces en posesión de poblaciones indígenas o campesinas, que de ellas obtenían sus medios de vida. Esto genera procesos de resistencia ante ese despojo, normalmente enfrentados a través del aparato represivo del estado y de las propias empresas palmicultoras. Entonces es la violación de una larga cadena de derechos humanos, inclusive el del derecho a la vida.
La rápida desaparición de los bosques tropicales
Es de destacar que en casi todos los casos los monocultivos industriales de palma aceitera se instalan en áreas boscosas. Detrás de los gigantescos incendios que para las empresas plantadoras de palma, es más barato "limpiar" el área a ser plantada mediante el uso del fuego. Pero detrás de toda plantación industrial de palma aceitera hay un proceso de gran deforestación.
Esos bosques tropicales eliminados por este cultivo son a su vez el hábitat de una enorme biodiversidad. Estudios han demostrado que el 80-100% de las especies de la fauna que habitan en la amazonia y en los bosques tropicales no pueden sobrevivir en monocultivos de palma.
El principal "beneficio" sobre el que insisten los defensores del cultivo de la palma aceitera es la generación de empleos en el sector (plantación, mantenimiento y cosecha), pese a que en la mayor parte de los casos sólo se trata de empleos temporales. Los trabajadores de las plantaciones industriales sufren los mismos problemas que los demás trabajadores agrícolas, salarios extremadamente bajos y malas condiciones de trabajo.
Gran parte de esas plantaciones se están instalando en territorios tradicionales indígenas, privando a las poblaciones locales de sus medios de vida y de sus recursos vitales. Se le otorga permisos a empresas plantadoras de palma aceitera en tierras que las poblaciones locales utilizan para sus cultivos, tales como arroz, árboles frutales, hortalizas, pimienta, etc., que constituyen la base de su alimentación. A ello se suma el hecho de que la destrucción de la selva implica la desaparición de una amplia gama de productos utilizados tradicionalmente por la población local. Privados de sus recursos, los pobladores locales son paulatinamente forzados a ceder todos sus derechos sobre las tierras y a convertirse en asalariados de las empresas, ocupando puestos de trabajo zafrales, con bajos salarios y con malas condiciones laborales.
La creciente ocupación de tierras por las empresas plantadoras de palma ha desencadenado una lucha desigual, donde las comunidades locales se resisten a la destrucción de la selva, al despojo de sus tierras y al desconocimiento de sus derechos tradicionales, siendo entonces víctimas de represiones y hostigamiento por parte de las fuerzas del gobierno que actúan en defensa de las empresas.
Las decisiones globales de países del norte y sus empresas privadas del mercado de alimentos o petroleras han desconocido lo que esto significa para el hombre en el mundo, en particular, por el cambio en el uso de las tierras de los países de Latinoamérica; la imposibilidad real de reducción de los gases efecto invernadero y por el contrario la inviabilidad de los agro combustibles para saldar la deuda energética. Y mucho menos, han tenido en cuenta los crímenes de lesa humanidad que se han cometido para esa conversión del campo en industria. La destrucción ambiental, la apropiación ilegal de tierras que se cometen en Colombia, Ecuador, Brasil México, Indonesia, Argentina para el desarrollo de los agronegocios, bajo el presupuesto de superar la crisis del calentamiento global y el consumo dependiente del petróleo, está oculta bajo los nobles propósitos de las políticas de la Unión Europea y Estados Unidos.
Las razones de la expansión
Pese a todos los impactos constatados, el cultivo de palma aceitera continúa expandiéndose en más y más países. La razón que explica esta aparente sinrazón, es que, en primer lugar, constituye una inversión muy rentable para el sector empresarial nacional e internacional. La rentabilidad surge de la combinación de mano de obra barata, tierra a bajo precio, inexistencia de controles laborales y ambientales efectivos, disponibilidad de financiamiento y apoyos, el corto período que media entre la plantación y el inicio de la cosecha y un mercado en expansión, en particular en los países del Norte. En este último, cabe señalar que el aceite de palma es el aceite vegetal más comercializado del mundo, ocupando un 56% del comercio global de todos los oleaginosos. A ello se suma el hecho de que se trata de un cultivo orientado a la exportación.
Pero a su vez, existen otros actores externos que lo promueven activamente (tales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) o que se benefician económicamente, tales como los bancos internacionales que lo financian. En referencia a esto último, un estudio (Wakker 2000), comprobó que los principales bancos de Holanda (ABN-AMRO Bank, ING Bank, Rabobank y MeesPierson) mantienen estrechos vínculos financieros con las principales empresas palmicultoras.

Fuente: http://www.adital.com.br

A dos años de gestión Alan García
PERÚ - El nuevo modelo neoliberal en la región

Ricardo Daher

Viernes 6 de junio de 2008, puesto en línea por Ricardo Daher
A casi dos años de la asunción de Alan García a la presidencia de Perú (será el 28 de julio), el país se presenta como el nuevo modelo neoliberal en la región, y recibe las alabanzas de Washington. Al mismo tiempo que el país presenta tasas de crecimiento del producto bruto interno (PBI) superior al 7% en los últimos 7 años, el 42% de la población continúa viviendo en la pobreza.
Loe elogios del mundo empresarial y desde los organismos internacionales al presidente Alan García, y sus antecesores, pretenden presentar al “modelo” peruano como el nuevo éxito del neoliberalismo en la región y anteponer sus resultados a los gobiernos progresistas que dominan en los demás países.
En la reciente cumbre UE-América Latina, que tuvo lugar en Lima a principios de mayo, el presidente, Alan García, lanzó como desafío “superar a Chile” -el modelo neoliberal por excelencia- en crecimiento económico. En busca de este objetivo, el presidente Alan García ha profundizado el modelo entreguista al capital internacional, y para compensar, ha emprendido algunas acciones para reducir la pobreza con escasos resultados.
Perú ha abierto todo su territorio a la explotación minera por lo que el gobierno espera inversiones por 20.000 millones de dólares hasta el 2011, y un nuevo decreto presidencial le permite al gobierno disolver las comunidades indígenas y hasta disponer de sus tierras, de forma tal de habilitar a las empresas extranjeras a acceder a esas áreas hasta ahora vetadas para sus proyectos.
A sanción del decreto 1015 es rechazado por las organizaciones indígenas que preparan una serie de movilizaciones. Estas movilizaciones se coordinan con las demandas de los trabajadores y todas concluirá con un paro agrario para el 8 y 9 de julio, que enlazará con el paro amazónico del 8, 9 y 10 de julio, y con el paro cívico y popular del 9 de julio.
En un comunicado reciente, las organizaciones indígenas y campesinas sostienen que el decreto 1015 es una herramienta para el despojo de sus territorios “y arrasar con las formas tradicionales de trabajo, economía y organización”. Explican que el decreto modifica la ley 26505 (ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas), la cual exigía como requisito para la venta de tierras comunales el voto aprobatorio de las dos terceras partes de los miembros de la Comunidad. La norma modificatoria reduce este requisito al voto aprobatorio del 50 por ciento más uno de los asistentes a la Asamblea Comunal.
En la práctica, el decreto 1015 desconoce el requisito del quórum reglamentario que exigen todas las normas legales. Por ejemplo, si una comunidad de mil miembros hace una "asamblea" con cien personas, bastará el voto de 51 de ellas para disponer de los territorios comunales.
A ello se añade que quienes no son miembros de la Comunidad, podrán pedir la titulación de tierras con el mismo requisito: el 50% más 1 de los asistentes a la Asamblea. Esto implica un grave riesgo, porque las empresas extractivas que invaden territorio comunal pueden apropiarse "legalmente" de esas tierras amañando "asambleas".
El boom de la minería
De hecho en los últimos años Perú ha captado más de 400 millones de dólares por año en inversiones mineras y su producción en este rubro se ha multiplicado. Sin embargo ha sido poca la nueva mano de obra ocupada, y las inversiones han castigado comunidades indígenas, han destrozado el medio ambiente y están provocando daños irreparables al ecosistema.
En un reciente VIII Simposio Internacional del Oro que se celebró en Lima, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Perú, Ysaac Cruz, afirmó que hay 15.000 millones de dólares previstos en inversión extranjera para el periodo 2008-2015 en el sector minero.
Cruz expuso durante el simposio, en el que participaron más de mil representantes de las principales empresas mineras del mundo, que actualmente existen más de "200 proyectos de exploración, 30 más en fase de exploración avanzada y seis minas que van a ampliar sus actividades".
Por su parte, el gerente de la Sociedad Nacional de Minería y miembro del comité organizador del Simposio, Guillermo Albareda, declaró que la existencia de "unos Andes prácticamente vírgenes" en cuanto a exploración, unidos al "sostenido crecimiento económico del país" y un gobierno que "emite buenas señales para la inversión", convierten al Perú en un destino ejemplar para las empresas.
Los especialistas destacaron que el precio del oro continuará en ascenso, y superará la barrera de los 1.000 dólares la onza, gracias a fenómenos como la depreciación del dólar, el alza del petróleo, la inflación, y la demanda de materias prima de China, también interesada en invertir en el país andino.
Perú es el primer productor mundial de plata, el tercero de zinc y cobre, así como el quinto de oro. En los últimos quince años, este sector ha concentrado el 62 por ciento de las exportaciones totales del país y sólo en 2006 las ventas al exterior de minerales se calcularon en 14.000 millones de dólares. Pero estos beneficios no se vuelcan en las comunidades ni en los trabajadores mineros.
Los departamentos, donde prevalece la minería, ostentan los más altos niveles de pobreza del país. Cajamarca, donde está ubicada la Minera Yanacocha -51.35% de cuyas acciones las posee la transnacional estadunidense Newmont Mining Corporation, 43.65% el grupo nacional Benavides y el 5% la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial-, que aporta alrededor del 10% de las exportaciones del país, es el quinto departamento más pobre del país con 77.4% de su población viviendo en la pobreza y 50.8% en la extrema pobreza.
Los mineros de Perú, donde casi el 50 de la población vive en la pobreza, denuncian que más de 90.000 trabajadores son contratados o subcontratados con sueldos de unos diez dólares diarios y que su esperanza de vida no supera los 50 años.
En este afán minero, el gobierno insiste en que el 90% de su territorio está aun sin explorar para esa producción y prepara proyectos para desforestar la selva del Amazonas, parcelar terrenos, desplazar comunidades indígenas y convocar a las empresas mineras a que participen en su exploración y protección. Los proyectos mineros destructores del medio ambiente han sido rechazados por las comunidades locales ante la indiferencia o complicidad del gobierno con las empresas.
Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación por las amenazas de muerte contra activistas ecológicos. El representante de A.I. en Perú, Jorge Trefogli denunció que Javier Jahncke Benavente, defensor ecologista, fue amenazado de muerte por colaborar con la ONG Muqui en la provincia de Piura (norte), que trabajaba para que las comunidades campesinas tengan acceso a la información sobre los planes mineros en la zona. "A.I. también está preocupada porque hasta el momento no atiende la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger a 65 personas de La Oroya, región Junín (centro andino), una de las ciudades más contaminadas por plomo del Perú, que tienen alto índice de contaminación", reveló Trefogli.
Gobierno anuncia reducción de la pobreza y nadie le cree
Alan García está recogiendo la política económica aplicada por Alberto Fujimori desde principios de los 90. Daniel Córdova, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, defensor del modelo, explica el crecimiento del Perú como “la maduración de una serie de fenómenos que se empezaron a gestar a comienzos de los noventa. El cambio de reglas de juego, las privatizaciones, la estabilidad macroeconómica, la apertura a la economía mundial... todo está dando sus frutos", subrayó.
Frutos que no alcanzan a todos. El gobierno anunció con bombos y platillos que la pobreza había disminuido un 5,2 por ciento durante 2007. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), anunció que el índice de pobreza bajó de 44,5 a 39,3 por ciento. El jefe del INEI, Renán Quispe, agregó que la mayor merma de la pobreza se registró en el área urbana, con una caída de 31,2 por ciento en 2006, a 25,7 por ciento en 2007, mientras en el área rural la reducción fue de 69,3 a 64,6 por ciento. El primer ministro, Jorge del Castillo, celebró las cifras reportadas por el INEI y sostuvo que el país avanza con un “ritmo estupendo” a lograr la meta de reducción de la pobreza a 30 por ciento en 2011, cuando terminará el mandato del presidente Alan García. Agregó que el índice de extrema pobreza, pasó de más de 20 a 13 por ciento. Del Castillo atribuyó el logro a las inversiones propiciadas por el gobierno, que han generado fuentes de trabajo.
Pero la euforia del gobierno no es compartida por los trabajadores. La Confederación General de Trabajadores (CGTP) cuestionó las cifras oficiales. Según la central, los datos del INEI no condicen con la realidad, pues las grandes mayorías son afectadas por el impacto del constante incremento de precios de los productos de primera necesidad, la perdida del poder adquisitivo de las remuneraciones y el empleo precario. Sostiene que la reducción de la pobreza ha sido materia de “un anuncio mediático que trata de ocultar la injusticia social cimentada por el continuismo neoliberal” que el presidente Alan García prometió cambiar como candidato.
La central sindical reclama una verdadera redistribución de la bonanza económica para erradicar con eficiencia la pobreza, lo que implica una serie de reformas, y acusa al gobierno de estar aliado a los grupos de poder. La declaración de la central sindical afirma que el gobierno exacerba las expectativas de la población y busca instaurar un régimen mediático alejado de la realidad, en alusión a anuncios de éxitos y discursos triunfalistas del presidente Alan García. El objetivo de esas acciones es “mantener el continuismo neoliberal revestido de un discurso de optimismo que oculta la exclusión y discriminación de millones de peruanos”, ajenos a los beneficios del crecimiento económico y a los discursos del presidente Alan García, añade. Reitera su convocatoria a un paro nacional, el 9 de julio próximo, “para enfrentar la fantasía presidencial y evitar que siga destruyendo al país, impidiendo una justa redistribución de la riqueza expresada en bienestar y trabajo con derechos para todos”.
En tanto, para el ex jefe del INEI Farid Matouk las cifras oficiales no son creíbles porque nunca antes la pobreza se redujo tan aceleradamente y porque el gobierno no ha hecho pública la fundamentación estadística de la mejoría. Dijo además tener información de que la metodología fue manipulada para aparentar la reducción.
En el mismo sentido se manifestó el ex presidente Alejandro Toledo. ”Lo felicito siempre y cuando las cifras sean reales", dijo el ex presidente Alejandro Toledo a Alan García refiriéndose a las cifras de reducción de la pobreza. Toledo calificó el índice de 5.2% brindado por el gobierno una cifra "exagerada y poco creíble". "Si en un año se disminuye la pobreza en cinco puntos quiere decir que en el 2011 se habrá eliminado totalmente", expresó irónicamente Toledo. El líder de Perú Posible cuestionó la metodología empleada para obtener las cifras y las críticas que ha generado entre especialistas nacionales.
El economista Carlos Parodi agregó que no hace falta ser experto para darse cuenta que la pobreza no se redujo como señala el INEI, pues la realidad cotidiana evidencia la ausencia de cambios tan significativos. Refirió que el INEI hizo un juego aritmético para aparentar la reducción y que una verdadera medición debe contar con más variables y verificar si realmente la calidad de vida de los peruanos mejoró.
Yankees come home
Junto al modelo de abrir todo su territorio a las multinacionales, especialmente las mineras que exploran en busca de oro y otros minerales preciosos, el gobierno también ha abierto las fronteras para el ingreso de tropas norteamericanas a través de ejercicios militares casi permanentes.
A mediados del pasado mes de mayo, el Congreso autorizó el ingreso de tropas norteamericanas para realizar ejercicios “humanitarios hasta por lo menos el mes de septiembre. En la discusión parlamentaria salió a la luz la presencia ya de soldados norteamericanos en la región centro andina de Ayacucho. Según presidente de esa región (gobernador), Ernesto Molina, hace más de un año que soldados norteamericanos están en su jurisdicción y aseguró desconocer a que se dedican. Esto aparte de funcionarios de la DEA que trabajan en el país, y responsables hace un par de años del derribo de una avioneta civil que confundieron con narcotraficantes. La decisión de la mayoría aprista del Congreso fue fuertemente cuestionada por la oposición y despertó las sospechas internacionales de que Estados Unidos pretende trasladar a Perú la base de Manta de Ecuador al vencer el convenio el próximo año. La oposición también cuestionó el supuesto carácter ”humanista” de los ejercicios de las tropas norteamericanas en el país.
La parlamentaria Juana Huancahuari, del Partido Nacionalista (PNP) que representa a Ayacucho, dijo que las tropas extranjeras se proponen operar en el Valle de los ríos Apurímac y Ene, donde hay actividad de remanentes del grupo armado Sendero Luminoso y del narcotráfico. Van a realizar operaciones de erradicación de plantaciones de hoja de coca e involucrarse en acciones contra los grupos armados y el tráfico de drogas, bajo la cobertura de brindar ayuda humanitaria. Huancahuari señaló la responsabilidad del gobierno y el ministro de Defensa, Antero Flores, por no haber evaluado las graves implicancias de la presencia de militares norteamericanos armados, paseando por las calles y pueblos de Ayacucho.
Preguntó por qué tienen que venir militares de Estados Unidos a perforar algunos pozos de agua, construir unas pocas aulas escolares y tres centros médicos, si hay personal peruano capacitado para ello.
”Si vienen en misión humanitaria, para qué traen cuatro helicópteros de combate Chinook”, inquirió la legisladora, al señalar que las tropas extranjeras han sido autorizadas con el fin de infundir temor en la población y aprovechar su sensibilidad respecto al tema de la violencia.
Por su parte, el legislador José Urquizo, también del PNP, reveló que el Congreso, manejado por el gobernante Partido Aprista y grupos conservadores, se apresta a extender otro permiso para la entrada de más soldados norteamericanos. Agregó que el ingreso de las tropas extranjeras a Ayacucho es un acto de provocación contra las fuerzas sociales, que preparan medidas de rechazo a los militares estadounidenses y dijo que su bancada exige que el ministro Flores dé explicaciones al Congreso.
El congresista opositor Víctor Mayorga manifestó preocupación por la constante presencia de militares norteamericanos en el país y dijo sospechar que la misma está relacionada con planes de Washington para establecer una base militar, en reemplazo de la de Manta, Ecuador, próxima a desmantelarse. Indicó que el gobierno tramitó unas 30 autorizaciones para la entrada de fuerzas del ejército, la armada y la fuerza aérea de Estados Unidos.
Al anunciarse el ingreso del último contingente, para Ayacucho, el líder opositor Ollanta Humala planteó que, si es cierto que los militares extranjeros vienen a colaborar en tareas civiles, por qué traen armas, incluyendo helicópteros.
Por otra parte, el periodista venezolano José Vicente Rangel, ex vicepresidente del país, denunció que Perú instaló hace tres meses un centro de entrenamiento militar multinacional, situado en la población de Iquitos, en la Amazonía, autorizado por el presidente Alan García y controlado por personal de Estados Unidos e Israel. Rangel señaló que su función es entrenar a grupos procedentes de países de la región con gobiernos progresistas, a los cuales le hacen oposición.

Fuente: Alterinfos América Latina

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COMENTARIOS SOBRE LA GRAN SAPOSOA
Luis Ordóñez

Fue una decisión de reconocimiento del diario El Comercio, la de organizar la elección de las siete maravillas del Perú, en base a la experiencia de elegir a las siete maravillas del mundo, donde Macchu pichu salió elegida.
Es también sorprendente que La Gran Saposoa sea votada por los peruanos. En realidad, pocas personas tenemos el gran privilegio de conocer en vivo los restos de los antepasados que vivieron en estas tierras.
En visita que hicimos el año 2001, aprendimos muchos detalles de la historia, descrita por arqueólogos que nos acompañaron: Alberto Bueno, de la Universidad Mayor de San Marcos, Miguel Cornejo, de la Universidad de Trujillo, y Anselmo Lozano, del INC San Martín.
“Los Chachapoyas” eran una gran nación, con territorio y cultura propia.

Territorio de los Chachas
Su territorio abarcaba longitudinalmente desde los actuales departamentos de La Libertad hasta Amazonas pasando por San Martín. En ancho, la franja que va desde el río Huallaga hasta Chuquibamba, Leymebamba, Bolivar. Vivían a una altitud alrededor de 2700 a 3000 msnm. Estaban entre la cúspide de la cordillera y la selva.

Centro de ceremonias, vivienda de la masa y defensa del territorio
Aunque en realidad no se ha estudiado casi nada a esta nación, se dice que El Gran Pajatén fue el centro de realización de las ceremonias rituales de toda la nación, a donde se constituían las máximas autoridades religiosas, civiles y militares periódicamente. La Gran Saposoa, fue el lugar donde vivía la gran masa, el pueblo en general. La Fortaleza del Kuélap fue el lugar de vigilancia, de resguardo a la nación, por donde posiblemente pretendían ingresar los enemigos. En fin, estas tres relevancias de nuestros antepasados, no son las únicas; pues, cada día se sigue encontrando más restos vistosos, hermosos, como la laguna de los Cóndores. En suma, todo este ámbito era de la nación Chacha o Chacha poya.

Las ciudadelas de los Chachas
Las ciudadelas eran construidas en las cimas de los cerros. Las bases de las casas eran de piedras superpuestas. Las ciudadelas cuentan con plazoletas, que están rodeadas de casas para autoridades, torreón de vigilancia y estrado.

La producción agrícola
Alrededor de los cerros realizaban su trabajo de producción agrícola. Para la cual, preparaban el terreno, construyendo terrazas (como los andenes hechos en la sierra por los Incas) con piedras adecuadamente superpuestas. Por supuesto las terrazas tienen tamaños o alturas acorde con el grado de pendiente del terreno (Vimos terrazas muy altas de 4 a 5 metros). La manera de pasar de una a otra terraza alta ha sido mediante gradas hechas con piedras sobresalientes. Las terrazas disminuyen la erosión o pérdida de los suelos por causa de las lluvias.
Los caminos empedrados
En todo el ancho y largo del territorio hay caminos empedrados, por donde se trasladaban las personas y por donde trasladaban al jefe en anda. Para la construcción de éstos caminos empedrados, se vencían todos los obstáculos existentes (farallones, zanjas, salientes), con obras de verdadero arte empedrado.

Las chulpas
Los inmensos farallones son lugares donde depositaban a los restos de los dignatarios; por supuesto, con la orfebrería, armamento e indumentaria básica. Estas chulpas mantienen hasta la fecha los colores blanco y rojo y las formas arquitectónicas de su construcción. Al parecer las chulpas de mejor presentación corresponden a los dignatarios. Es posible que hayan empleado sogas hechas con hilos de algodón, para construir aquellas hermosas chulpas o depositarios, en los mismos farallones de cincuenta o cien metros de altura del suelo y de la cima del cerro. Se ha necesitado de material especial preparado (piedra, cal, colores orgánicos), de manos expertas Constructores especializados) trepadores de cerros.

La conquista de los Incas
Se dice que así como los Chancas, los Pocras, los Huancas y otras tribus o etnias ofrecieron resistencia a la conquista de los Incas, también los Chachas hicieron lo propio. Han intentado muchas veces vencerlos; pero, la fiereza de los Chachas los hacía retroceder; no obstante que los conquistadores eran guerreros aguerridos, experimentados y numerosos. Es posible que los intentos fallidos de conquista se dieran por la fortaleza del Kuélap; pues, los Chachas eran hombres fornidos, de trayectoria guerrera y muy bien pertrechados en la fortaleza de Kuélap y en cada una de las ciudades; e incluso, en las terrazas de los cerros (que además de usar en la producción agrícola, podría servir para la defensa de las ciudades).

Entonces, es posible que Tupac Inca Yupanqui, se fuera a la conquista por Bolívar, cruzando la cordillera. En una oportunidad, los Incas perdieron alrededor de cinco mil hombres, precisamente en aquella cordillera, por la caída de abundante niebla sobre los guerreros. En otro viaje, posiblemente tomando todas las precauciones, llegaron a La Gran Saposoa y arremetieron con todo hasta vencerlos. Los Chachas mostraron su permanente rebeldía ante el dominio Inca. Tal es así, que hasta el mismo Atahualpa tuvo que ir a la nación Chacha para pretender aniquilar los brotes de grupos rebeldes. En su última visita, Atahualpa deja encargado de la gobernación al Apu Guamán, para que en representación del Rey Inca, gobierne la nación Chacha. A su retorno, cansado de la travesía llega a Cajamarca para relajarse con el baño termal; ahí precisamente llega la ingrata visita de los españoles. El Apu Guamán, y los Apus de otras etnias que estaban disconformes con los Incas, se unen a Pizarro para luchar contra los Incas.

La caza y la pesca de los Chachas
Desde las ciudades bajaban a pescar en los ríos Huayabamba, Saposoa, Huallaga, Pachiza, Sisa. En los bosques vírgenes cazaban los animales silvestres para la alimentación. También encontraban plantas medicinales.

Comentarios sobre La Gran Saposoa
Los peruanos debemos conocer los restos arqueológicos de nuestros antepasados; pues, estos conocimientos nos conducirán a nuestra real identidad. De esta manera, con esta base, viviríamos todos con un norte bien definido.
Felicitaciones al diario El Comercio y a todos los peruanos que forman parte de esta gran cruzada. Por la identidad de los peruanos.

Enviado por: Yolanda Rojas
Fuente: CarSanMartín

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LA EVALUACIÓN DOCENTE Y LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN

GABEL DANIEL SOTIL GARCÍA

A la altura de los tiempos culturales en que nos encontramos, ya no cabe ninguna duda de que la calidad de vida que una sociedad alcanza tiene en la calidad de la educación uno de sus factores más importantes.
Por lo tanto, cuando decimos que nuestra educación tiene baja calidad, lo que queremos decir es que sus características ya no garantizan una vida social con mejores condiciones de vida.
Es decir, de seguir con el actual sistema educativo en nuestro país (y región, por lo tanto), seguiremos profundizando nuestra pobreza, nuestro subdesarrollo; seguiremos mal utilizando nuestros recursos naturales, deteriorando nuestro ambiente (¡Pobre bosque!), destruyendo nuestra diversidad cultural, excluyendo o marginando a importantes sectores poblacionales, consolidando las injusticias, mirándonos con prejuicios, consolidando la desnutrición crónica, la anemia, la parasitosis, los bajos niveles de aprendizaje, el desconocimiento de nuestra realidad nacional (y regional), fortaleciendo nuestra dependencia psicológica, avergonzándonos de ser peruanos, etc., por una sencilla razón: del tipo de educación dependen los conocimientos que adquiramos, las habilidades orgánicas y psíquicas que desarrollemos, las actitudes que asumamos, los valores que practiquemos, etc.
Esto nos permite afirmar que lo que está en cuestión no es un determinado componente del sistema sino todo el sistema: desde el porqué, el para qué y el cómo. Las bases, los principios, la organización, la operatividad, los objetivos, etc. de la actual educación ya son obsoletos.
Los aprendizajes de nuestros educandos están afectados de inutilidad, impertinencia y disfuncionalidad para fines de cambio social, aunque sí sirven para mantener y perennizar las actuales condiciones de nuestro país.
Está completamente claro que lo que aprenden nuestros estudiantes en su paso por el sistema educativo nacional (y regional) no es lo que necesitan aprender para incorporarse positiva, eficazmente, en sus respectivas comunidades.
Hasta el momento, el Ministerio de Educación no ha demostrado sino apego a la tradición, falta de actitud crítica y reflexiva frente a la tarea que le compete realizar y carencia de compromiso con nuestro país. Está dirigiendo su accionar a lo espectacular, a lo conmocionante.
Si bien es verdad que el profesorado es factor de trascendental importancia en el desarrollo de la educación, no es tan importante como la política educativa en sí, que es la que determina el rol y sentido de cada componente de la educación; panorama dentro del cual cada elemento tiene su prioridad y su significatividad en relación al todo. Es en relación y dentro del marco que les diseña dicha política que el material educativo, la infraestructura, el mobiliario, el calendario de estudios, las normas administrativo-pedagógicas, la política de formación y capacitación permanente del profesorado, el reconocimiento de los derechos magisteriales, el currículo de estudio de los alumnos y de formación del profesorado, etc. adquieren un sentido y grado de importancia.
Si el Ministerio hubiera querido realmente mejorar la calidad de la educación nacional, hubiera comenzado por lo prioritario: poner en debate una nueva política educativa y tener, así, los criterios con qué dicidir temas como, por ejemplo si lo que sabe el profesorado nacional es lo que necesita saber para enseñarlo a las nuevas generaciones en valores, actitudes, conocimientos, habilidades intelectuales, etc. para producir los cambios que necesitamos como país con miras a mejorar la calidad de vida de todos los peruanos.
La evaluación que acaba de hacerse al magisterio nacional, con tan espectaculares resultados, muy bien aprovechados por el ente representativo del centralismo educacional, no nos dice sino que el magisterio ignora lo que se le ha preguntado; pero, el Ministerio no se ha preguntado si lo que ignora el magisterio es o no es útil para nuestro país, pues: 1) no sabemos hacia dónde queremos dirigirnos como país y, 2) si lo que se ha evaluado es lo que debe saber el magisterio para generar los cambios que nuestra nación (y región) requiere.
Desde mucho tiempo atrás, diversos y connotados analistas de nuestra educación nos vienen recalcando el teoricismo predominante en la misma, lo que quiere decir, simple y llanamente, que el cúmulo de aprendizajes que adquieren nuestros alumnos no les sirve para actuar productiva y creadoramente en la dinámica socio-económica y cultural de sus respectivas comunidades, pues lo que aprenden en su paso por el sistema, no les da idoneidad para producir los cambios que requieren nuestras diversas realidades regionales. Conocemos, también, del racismo con que se elabora el currículo nacional, así como su carácter impositivo e impertinente, pese a lo que se declara en sentido contrario por las autoridades educacionales.
Además, ¿se ha contrastado lo que se ha evaluado con lo que ha aprendido el profesorado en su proceso de formación? ¿No sabemos, acaso, de la enorme diversidad de currículos de formación que las instituciones formadoras (con la debida e irresponsable autorización del propio Ministerio) han elaborado, muchas de las cuales jamás debieron ser autorizadas?
Cerrar los ojos ante esta realidad tan grande como nuestro país (y región), es buscar pretexto para echar la culpa a quienes no la tienen, pues los Maestros y Maestras somos víctimas de la ceguera de la clase que siempre ha detentado el poder y, por lo tanto, ha tomado las equívocas decisiones, cuyas consecuencias las estamos pagando todos.
A nuestro modesto entender, entonces, no es el Magisterio nacional el que sale cuestionado de esta evaluación, sino el propio Ministerio que, por el centralismo al que se resiste abandonar, se niega a enriquecerse con nuevas perspectivas de enfoque multicultural; multiculturalidad que es característica esencial de nuestro país y, que, por lo tanto, debe ser punto de partida fundamental para la educación nacional.

gabelsotil@gmail.com;
http://tipishca.blogspot.com/

Si habría igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres...
seríamos mas exitosos como país

Aquilina Palomino Capcha

Artículo con el que Aquilina obtuvo una mención honrosa en el concurso
“¿Hay igualdad entre hombres y mujeres?”, convocado por UNFPA, UNIFEM y
PERÚ.21 , en el marco del 50 aniversario del voto de la mujer en el Perú y el décimo
de la Conferencia Internacional de Beijing. tenía como finalidad estimular a
hombres y a mujeres de todo el país a la reflexión y análisis de la
discriminación y la violencia por motivos de género se presentan en casi
todos los aspectos de la vida, limitando las oportunidades y la posibilidad
de ejercer plenamente los derechos humanos de miles y miles de mujeres.

¿Hay igualdad entre hombres y mujeres?, creo que aún no, es cierto que va en disminución, pero aun existe. De esta vigencia, nos debe preocupar y convocar a su lucha, el nefasto retraso que implica para el proceso de desarrollo de las familias peruanas, en consecuencia del País; esto en el entendido que toda sociedad ustenta su desarrollo en la familia, independientemente de la forma societaria de estas (casados, convivientes, concubinato, madres solteras, etc).

El Perú actual, es resultado de cómo sus ciudadanos miembros de una familia, son capaces de aportar a su proceso de desarrollo o no, y lamentablemente observamos, que en las familias Peruanas aún las mujeres siguen siendo las personas que reciben en último lugar las oportunidades de ESTUDIAR Y TRABAJAR CON REMUNERACIÓN, a cambio de realizar el trabajo doméstico “para el cual han sido destinadas por esta sociedad”, cuyas instituciones en su mayoría fueron y siguen siendo dirigidas por hombres, y son ellos quienes han determinado roles para hombres y mujeres; sin embargo, la historia y la realidad han evidenciado que son las mujeres, quienes han determinado los grandes cambios históricos en el mundo, a pesar de sus grandes limitaciones o privaciones para ejercer sus derechos y capacidades, eso no es una evidencia acaso de la gran capacidad de las mujeres para vencer sus problemas, lo cual es una demostración científica de su INTELIGENCIA?, porque está no es sinónimo de grado de instrucción, sino de la capacidad de RESOLVER PROBLEMAS; no quiero decir, entonces que las mujeres son superiores que los hombres, sino que me parece desinteligente que, teniendo un recurso tan valioso no dejamos que ACTÚEN, será que en el fondo se soslaya un profundo temor a perder poder y espacios que ahora solo los hombres acceden, muchas veces no necesariamente por su capacidad, sino por su condición de ser hombres?

Entonces, desde este rincón de la selva, sueño con el día en que hombres y mujeres miembros de una familia, piensen y actúen de manera en que ambos pueden crecer y desarrollarse juntos, de esa manera nuestras familias se enriquecerán y avanzarán, podrán salir delante de problemas económicos por tanto sociales, y especialmente ambos disfrutarán de esa agradable sensación de sentirse útiles, de ser reconocidos social y económicamente y saberse que están contribuyendo al desarrollo de nuestro país.

En la actualidad, si miramos cada uno de nosotros al interior de nuestras propias familias, descubriremos que, quienes mas trabajo físico y emocional realizan son las mujeres, pero que sin embargo, su arduo trabajo pasa desapercibido y por el contrario, muchas de ellas son maltratadas por no haber hecho el desayuno adecuado, o por haber sonreído mas de lo debido, QUE INJUSTO E INTOLERABLE VERDAD, pero al mismo tiempo nos revela que tras de esa actitud discriminadora, violenta y bravucona de parte de los hombres, se esconde un ser humano lleno de temores, de angustias, falto de cariño y amor propio, resultado de su incapacidad impuesta por la sociedad de no tener que llorar, de no decir palabras tiernas y cariñosas, de no ayudar en la cocina o cambiar los pañales a los hijos, por que entonces será identificado COMO AFEMINADO O MARICON; considero que en esta apuesta por un Perú libre de prejuicios y ataduras morales, y especialmente por un Perú con oportunidades para todos, pero con equidad en la distribución de la riqueza y con respeto irrestricto por los derechos humanos, debemos participar todos, hombres y mujeres, EL DESARROLLO DEL PAÍS ASI LO EXIGE. ¡!UNÁMONOS, SUMEMOS ESFUERZOS Y TRIUFAREMOS!!

P.D:
Quiero confesar que escribo esto por mi experiencia personal, mi madre es analfabeta y mi padre estudio algo de secundaria, ellos se casaron porque sus tíos se pusieron de acuerdo, mi madre aun no menstruaba y lo que es peor, no tenía la menor intención de tener pareja, ella dormía sin moverse para no tocarlo a mi padre....se derrumbaba de miedo, pero saben? fuimos 13 hermanos, de ellos solo 7 vivimos, se imaginan las condiciones en que crecimos??. Mi madre no quería tener mas hijos, pero si se negaba a tener relaciones sexuales era acusaba de tener otro hombre; yo pienso que ella jamás disfrutó del sexo, seguro piensa que esa es una función solo para tener hijos, por eso ahora cada vez que recuerda y nos cuenta su vida, se evidencia un terrible rencor por mi padre y por sus tíos, lo cual me parece INJUSTO para todos. En verdad, su historia es indignante y yo como hija he entrado en conflicto muchas veces ante mi padre, es decir como MUJER no lo puedo tolerar, pero ahora ellos son ancianos y juzgarlo a mi padre, también sería INJUSTO. Pese a todas esas indescriptibles penurias mi madre, creemos todos sus hijos es la artífice de lo que ahora somos; ella jamás pudo darnos cosas materiales, pero nos dio algo mas inmensamente grande que eso, SUEÑOS, talvez ante tanta penuria y necesidad, no quedaba otra cosa que soñar que la realidad no era así, sino como NOS IMAGINAMOS y así nos fuimos entrenando en la habilidad de soñar despiertos, entonces hemos hecho que lo lógico no esa tal, que la cadena de la pobreza y diría yo esclavitud se ROMPA, Y QUE NUESTROS SUEÑOS SEAN REALIDAD.

Fuente: Aquilina Palomino Capcha.

Crítica a estudio sobre pueblos en aislamiento elaborado por encargo de PeruPetro

Indígenas aislados avistados por misión del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA) y la Sociedad Zoológica de Frankfort (FZS) en el Alto
Purús:

Indígenas en aislamiento entre los ríos Napo y Tigre

Algunas observaciones sobre el Documento “Opinión Antropológica sobre el Estudio Técnico” escrito por el antropólogo Carlos Mora a pedido de PerúPetro, con referencia al Estudio Técnico presentado por AIDESEP sobre la situación de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) en la cuenca alta de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes.

Lima, Noviembre de 2007

El presente documento expresa algunas opiniones, desde la perspectiva de las ciencias sociales y desde nuestra experiencia en los procesos de investigación científica, acerca del Documento “Opinión Antropológica sobre el Estudio Técnico” escrito por Carlos Mora a pedido de PerúPetro. Los que colaboramos en la formulación de estas opiniones afirmamos que, además de nuestra vasta experiencia académica, hemos acumulado colectivamente más de cien años de práctica en el trabajo con y la protección de los derechos de pueblos indígenas del Perú, incluyendo a los PIAV.
En primer lugar, en términos generales, es importante señalar que el Estudio Técnico, objeto de la crítica del Sr. Mora, no es un documento académico, sino, precisamente un informe técnico sobre el viaje a la zona en cuestión y el estudio llevado a cabo allí por un grupo de antropólogos de la Universidad de Adam Mickiewcz en Polonia. Por lo tanto, no se puede juzgarlo por los mismos estándares de rigurosidad científica como si fuera un documento académico.
En segundo lugar, al momento de elaborarse el Estudio Técnico como también los comentarios del Sr. Mora, no existían términos de referencia ni criterios razonables claramente definidos por el Estado para determinar la existencia o no de un PIAV, ni tampoco para determinar la creación o no de una reserva territorial para su protección. Sólo a partir del 5 de octubre de este año existe un reglamento para la Ley de PIAV, y éste sólo da algunas pautas generales. Tanto el Estudio Técnico como las opiniones del Sr. Mora caen sobre este vacío.
Sin embargo, en el caso que éste u otro estudio técnico ofreciera indicios razonables de la existencia de una población en aislamiento voluntario, es menester que el Estado asuma sus responsabilidades bajo la Ley de PIAV. En todo caso, según la Ley de PIAV, es la Dirección General de Pueblos Originarios y Afroperuano del MIMDES (INDEPA), mas no PerúPetro, quien debe juzgar la calidad técnica de este y de otros estudios e informes técnicos que ofrecen indicios de la existencia de PIAV.
Nuestras Opiniones
1. En su articulo titulado “El síndrome del perro de hortelano”, publicado recientemente en El Comercio, el Presidente de la República escribe: “Y contra el petróleo, han creado la figura del nativo selvático “no conectado”; es decir, desconocido pero presumible, por lo que millones de hectáreas no deben ser exploradas, y el petróleo peruano debe quedarse bajo tierra mientras se paga en el mundo US$ 90 por cada barril“.
Al leer la primera página del documento del Sr. Mora, nos da la impresión que él no comparte la opinión del Sr. Presidente que el PIAV es un invento interesado; mas bien, el Sr. Mora mismo afirma (párrafo 3, p. 1) que es obligación del Estado cautelar los derechos a la vida, identidad, integridad moral, psíquica y física y libre desarrollo de los indígenas en aislamiento voluntario. En esto estamos totalmente de acuerdo con el Sr. Mora.
2. Sin embargo, leyendo el documento en su conjunto, nos damos cuenta que, en el fondo, el Sr. Mora, sí, está de acuerdo con lo señalado por el Sr. Presidente. En la primera página de su documento (párrafo 2, p.1) dice que su informe no pretende determinar la existencia o no de población indígena en aislamiento en la cuenca alta de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes. Más bien, pretende dar una opinión “antropológica” sobre el contenido del Estudio Técnico de AIDESEP.
Pero, en el último párrafo (p. 26) el Sr. Mora dice “se estima pertinente opinar que el mencionado Estudio Técnico no reúne las condiciones necesarias desde el punto de vista antropológico para validar la propuesta de creación de la mencionada reserva territorial.” Siendo la condición necesaria primordial para la creación de una reserva territorial la existencia de una población indígena en aislamiento voluntario, el Sr. Mora, de hecho, está diciendo, sin decirlo, que no existe dicha población en el área de estudio y por lo tanto no es justificado crear una reserva territorial para su protección. Es más, atraviesa el informe del Sr. Mora la insinuación de que AIDESEP ha inventado la existencia de esta población de indígenas en aislamiento por razones oscuras.
Sin embargo, y a pesar de usar constantemente del concepto de “rigurosidad científica” para criticar al Estudio Técnico, en ningún lugar de su documento encontramos pruebas presentadas por el Sr. Mora que respalden su conclusión de que no existe esta población indígena en el área de estudio. El Sr. Mora no ha hecho un trabajo de campo en esta zona, la base para toda conclusión antropológica, no ha entrevistado ni siguiera un habitante de la zona para tener un testimonio contrario a los presentados en el Estudio Técnico, ni tampoco ha conversado con profesionales que han trabajo en la zona y que puedan tener opiniones contrarias a las suyas (p. Ej. investigadores del IIAP o del Field Museum de Chicago).
3. En la sección Análisis de la metodología del Estudio Técnico, el Sr. Mora critica, con cierta razón, la falta de una descripción más detallada de la metodología utilizada para levantar la data, base de las conclusiones del Estudio Técnico. Dicha descripción hubiera podido resolver varias de las observaciones subsecuentes que hace el Sr. Mora. Por el otro lado, el Sr. Mora no habla sobre la dificultad, si no imposibilidad, de aplicar, en casos de los PIAV, las metodologías clásicas para los estudios antropológicas y etnológicas, como son la “observación participativa”, las entrevistas a informantes claves del PIAV, etc. De hecho, la misma situación de rehusar contacto con el mundo externo hace imposible metodologías de comprobación directa con los PIAV. Entre otras razones, la comprobada falta de resistencia a los organismos transmisores de enfermedades occidentales de parte de los PIAV hace que un contacto forzado con ellos pone en peligro la supervivencia del grupo; a la vez, en un mundo moderno que protege a los derechos humanos fundamentales, ésta resultaría ser un acto tan inmoral como el genocidio.
En la primera parte de su mirada a la Metodología, el Sr. Mora, basándose en esta falta de detalle metodológico, cuestiona la validez de cualquier conclusión basada en las entrevistas presentadas, tildándolas de subjetivas y no-representativas (p. 6, párrafo 1). Nos parece que el Sr. Mora está muy equivocado con esta afirmación. Por un lado, al hablar de la representatividad de los entrevistados y la necesidad de solicitar la opinión de disidentes, el Sr. Mora está confundiendo un estudio técnico con una Encuesta de Opinión Pública. No se trata de la opinión de los vecinos con referencia a la existencia o no de PIAV en esta zona. Mas bien, en este caso, los autores del estudio están empleando una metodología muy reconocida y legitima en las ciencias sociales: entrevistas a informantes claves. Uno puede estar en desacuerdo que tal o cual entrevista constituye una indicación sustancial de la existencia de un PIAV, cómo hace el Sr. Mora al examinar sólo un par de estas entrevistas; pero no puede descalificar en términos generales la metodología seguido por la expedición polaca por no seguir las normas de una Encuesta de Opinión Publica.
4. Otra sección principal de 5 páginas titulada Pertenencia Étnica es un interesante revisión de las opiniones de diferentes antropólogos sobre la posible pertinencia étnica de una variedad de grupos indígenas reportados para la zona en cuestión durante los últimos tres siglos. El Sr. Mora compara estas opiniones con las vertidas por los autores del Estudio Técnico de AIDESEP, y concluye que éstos presentan una hipótesis sin fundamento alguno sobre la identidad étnica de los dos grupos de PIAV del río Nashiño y Yanayacu. Como se trata de opiniones sin una base rigurosa de investigación en el campo, es imposible saber quien pueda tener la razón. El Sr. Mora tampoco ofrece evidencia rigurosa para fundamentar su crítica; es simplemente su opinión.
La única manera que se puede determinar la pertenencia etno-lingüística de un grupo humano “no-contactado” es contactarlo para realizar los estudios etno-lingüísticas comparativas y eso requiere estar un buen tiempo con el grupo en cuestión. Hasta el momento, estos estudios no se han realizado.
En cualquier caso, la pertenencia etno-lingüística de un grupo humano, PIAV o no, no tiene nada que ver con su existencia; por lo tanto, estas cinco paginas no fundamentan la opinión del Sr. Mora sobre la no-existencia de PIAV en el área del estudio. Como dijo recientemente Sydney Possuelo, especialista en PIAV de la FUNAI de Brasil, no importa a qué grupo étnico pertenecen o cuantos son, lo importante es saber que están ahí y tomar las medidas para protegerlos.
5. En la sección Demografía y Patrones de Asentamiento, el Sr. Mora critica la falta de información demográfica, sobre todo la que puede aportar al “entendimiento de la dinámica poblacional ….(y)..al de la ocupación y uso del espacio” (párrafo 4, p.19). Luego (párrafo 3, p.25), el Sr. Mora se contradice, reconociendo que, por su “alta capacidad de movilización y de migraciones internas”, es imposible usar métodos normales como censos para levantar datos demográficos detallados, y sugiere el uso de imágenes de satélite. En primer lugar, es obvio que no se puede aplicar un censo en el caso de un PIAV, y por lo tanto, no es posible tener el tipo de dato necesario para analizar la dinámica poblacional.
Y por el otro lado, aparentemente el Sr. Mora no sabe que un imagen de satélite no es una fotografía, sino una composición virtual creado en base a un análisis, píxel por píxel, de la reflectancia de luz sobre la cobertura vegetal de la tierra. Con un imagen de satélite no se puede contar ni personas ni casas. Aun con fotografías aéreas, mediante las cuales se podría contar objetos, sería imposible hacer un conteo porque la cobertura de bosque esconde todo lo que está debajo de ello.
Finalmente, la nueva generación de imágenes, con una resolución de un metro, (asumiendo que uno podría tener acceso a ellos) podría indicar un pequeño claro en el bosque; pero no hay manera de saber si ese claro es natural (la caída de un árbol) o antropomorfo, si fue hecho por PIAV, por madereros ilegales o por narcotraficantes. Sólo la comprobación en el campo puede determinar eso; y de nuevo estamos frente a la necesidad de penetrar al dominio de los PIAV, contactarlos, contarlos, fotografiarlos, censarlos, etc. con todos los riesgos que esto significaría.
6. Pensamos que el Sr. Mora tiene razón de preocuparse por la debilidad y generalidad de la información presentada con referencia a la relación entre los PIAV y los recursos naturales (p. 22 Sección Del uso de los recursos naturales). Pero le faltó decir, como en casos anteriores, que es imposible desarrollar este tipo de conocimiento sin un estudio antropológico basado en la metodología de observación participativa, o sea, sin hacer contacto con el PIAV y pasar un buen tiempo entre ellos observando esta relación a través de la participación en su vida cotidiana. Si bien es cierto que podría ser un tema de mucho interés para la antropología conocer cómo los pueblos que no participan en la economía de mercado se relacionan con los recursos naturales de su entorno, no es información necesaria para determinar la existencia de PIAV en un área especifica.
Conclusión
Aquí señalamos sólo algunos de las debilidades de la critica hecha por el Sr. Mora al Estudio Técnico sobre la situación de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (PIAV) en la cuenca alta de los ríos Curaray, Napo, Arabela, Nashiño, Pucacuro, Tigre y afluentes. Es nuestra opinión que el Estudio ofrece indicios razonables de la existencia de un grupo de indígenas en aislamiento voluntario de la zona del estudio y por lo tanto, es responsabilidad del Estado Peruano actuar inmediatamente para proteger la zona de incursiones de otros humanos hasta 1. determinar definitivamente la no existencia de esta población, o 2. establecer una Reserva Territorial a su favor. No asumir esta responsabilidad sería ignorar la propia ley del Estado y transgredir las normas básicas de los derechos humanos fundamentales.

Documento elaborado por: Dr. Richard Chase Smith, Antropólogo PhD Cornell University (EUA); Post-Doctorado Harvard University (EUA) Dr. Carlos Soria Dall’Orso, Abogado PhD The Flinders University of South Australia, Ms. Ciencias Sociales FLACSO-Ecuador Margarita Benavides, Antropóloga Bachiller, PUCP (Perú) Margarita Vara, Antropóloga Licenciatura, UNMSM (Perú) Aliya Ryan, Antropóloga Bachiller, University of Cambridge (UK)

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Fuente: Agradecemos el envío de la información al Dr. Richard Chase Smith, Director Ejecutivo del Instituto del Bien Común Av. Petit Thouars 4377, Miraflores, Lima 18, PerúTel. (511) 440-0006, 421-7579 - fax (511) 440-6688
Publicado por Servindi. 7 Noviembre 2007

http://www.amazoniamagica.com/index.php?cPath=32_67

La Declaración de Bariloche

II Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas

Los más de dos mil doscientos participantes en este Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas, celebrado en Bariloche entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre del 2007 personificamos una amplia gama de variados intereses: gestores de áreas protegidas, representantes de gobiernos nacionales y locales y de organismos de integración regional, organizaciones civiles dedicadas a la conservación de la naturaleza y desarrollo social, organizaciones internacionales, representantes de pueblos indígenas y de comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil, científicos y académicos, así como empresarios privados; igualmente, compartimos una preocupación y un compromiso común.

Apreciamos y agradecemos los esfuerzos realizados por la Administración de Parques Nacionales de Argentina, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Redparques, la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y su Comisión Mundial de Áreas Protegidas, así como de todas las organizaciones e individuos que contribuyeron a hacer realidad este Congreso facilitando el intercambio de conocimientos y experiencias como también la discusión de nuestras preocupaciones y aspiraciones con respecto a nuestras áreas protegidas.

Reconocemos que las áreas protegidas de la región, como parte de nuestra herencia natural y cultural, son instrumentos indispensables para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible y para elevar el bienestar de nuestros pueblos, al mismo tiempo que aportan soluciones a las principales problemáticas ambientales globales. Alcanzar dicho reconocimiento constituye una necesidad urgente y un gran reto para todos.

Reafirmamos que la región Latinoamericana tiene carácter de acreedora ambiental de los países desarrollados.

Reconocemos que después de una década de haber realizado el Primer Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas en la ciudad de Santa Marta, Colombia, del 21 al 28 de mayo de 1997, se ha propiciado una serie de importantes eventos que marcan pautas en la agenda internacional sobre áreas protegidas:·

·La adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio durante la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Milenio (Nueva York, Estados Unidos de América, Septiembre del 2000) que establece objetivos e indicadores prioritarios para el desarrollo;

·La Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, Sudáfrica, del 26 de agosto a 4 de septiembre del 2002) donde se adoptaron las metas de reducir antes del 2012 el ritmo actual de pérdida de la diversidad biológica, de establecer redes de áreas marinas protegidas antes del 2012 y de mantener o restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles antes del 2015;

·El I Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC, Geelong, Australia, octubre del 2005) que ha establecido recomendaciones para aumentar la cobertura y fortalecer la efectividad de las áreas marinas protegidas;

• El V Congreso Mundial de Parques de la UICN (Durban, Sudáfrica, Septiembre del 2003) que adoptó el Acuerdo de Durban y el Plan de Acción de Durban para las áreas protegidas;

• La adopción (Decisión VII/28) por la 7ª Conferencia de las Partes (Kuala Lumpur, Malasia, Febrero del 2004) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) del Programa de Trabajo de la CDB sobre Áreas Protegidas;

• El I Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Managua, Nicaragua, 2003) y el II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas (Ciudad de Panamá, Panamá, Abril del 2006) que han establecido pautas y recomendaciones para fortalecer las áreas protegidas de la región.

• El IV Congreso Mundial de Guardaparques, Australia, 2003;

• El V Congreso Mundial de Guardaparques, Escocia, 2005;

• El Congreso Iberoamericano de Guardaparques, Chile;

• La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas, 2007;

• El Primer Congreso internacional de áreas marinas protegidas;

• Las ratificaciones de los países del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 169 OIT, Ginebra, l989.

Destacamos el surgimiento, avance y fortalecimiento de diversas formas de organización social que han ocurrido en la región en las últimas décadas y que derivaron en procesos de gestión ambiental compartida de las áreas protegidas entre los Estados y los actores sociales locales, contribuyendo a la conservación de los espacios naturales protegidos y la conservación de la diversidad biológica.

Reafirmamos nuestro apoyo y compromiso con el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas establecido por el CBD como compromiso fundamental para el logro de los sistemas de áreas protegidas, financieramente sostenibles y manejados de manera eficiente. Somos conscientes de que vivimos en un mundo en constante transformación, en el que cada día son más evidentes los impactos asociados al cambio climático, la creciente fragmentación de ecosistemas y la propagación de especies invasoras.

Enfrentamos grandes retos de conservación y desarrollo vinculados a la reducción de la pobreza, el crecimiento demográfico, la urbanización, el desarrollo económico e industrial en algunos casos descontrolado y la contaminación asociada con sus procesos de producción, el rápido desarrollo de megaproyectos y de agroindustrias no alimentarias, la demanda creciente de alimentos y otros recursos naturales, la sobreexplotación de los recursos pesqueros, el deterioro de los ambientes costeros, en especial los crecientes y serios problemas de demanda sobre calidad y abastecimiento de agua además de la problemática asociada a la disponibilidad de tierras y especulación.

Estamos orgullosos de nuestra gran riqueza natural y cultural ya que la región cuenta con varias de las áreas más importantes en megadiversidad del mundo y con importantes centros de endemismo y biodiversidad de relevancia global. También estamos orgullosos del cúmulo de conocimientos y experiencias que hemos alcanzado en la difícil pero necesaria labor de enfrentar las amenazas que se ciernen sobre nuestro patrimonio natural y cultural.

Valoramos que actualmente Latinoamérica tiene alrededor de 4000 áreas protegidas, con una superficie mayor a 4 millones de km2, es decir más del 18 % del territorio terrestre de la región. Estas cifras representan el 4 % del número de áreas pero el 20 % en cuanto a la extensión de todas las áreas protegidas del mundo. Esto convierte a nuestra región en una de las más dinámicas y comprometidas con el establecimiento y manejo de áreas protegidas a nivel mundial.

Somos conscientes de que existen importantes vacíos, especialmente en la protección de los ambientes marinos y de los ecosistemas interiores de agua dulce y que existen sesgos importantes en la conservación de la biodiversidad terrestre en las diferentes regiones. Preocupa el atraso en la cobertura de áreas marinas protegidas que sólo representa alrededor de 0.5% de la superficie marina de la región.

Existe una baja tasa de creación de nuevas áreas marinas protegidas y vacíos importantes en la representación de los ecosistemas, especialmente en el Pacífico sudeste y en el Atlántico sur oeste. No existen esfuerzos para la creación de áreas protegidas oceánicas y de alta mar, siendo que esta zona sufre uno de los mayores niveles de explotación pesquera en el mundo. Vemos que será muy difícil cumplir con el compromiso internacional del 2012 si no se hacen intensos esfuerzos en el corto plazo.

Celebramos el avance e implementación en la región de políticas y planes regionales y subregionales[1] en torno a la conservación de la biodiversidad. Son instrumentos que indican la voluntad de los países para tratar los temas ambientales en conjunto, y esperamos que estos planes se conviertan en políticas de acción a nivel regional, nacional y local.

Reconocemos los logros alcanzados, aunque aun incompletos, en el desarrollo de sistemas nacionales de áreas protegidas, la evaluación de la efectividad de manejo de muchas de estas áreas, el creciente perfeccionamiento de los cuerpos de guardaparques y demás trabajadores de la conservación para mejorar el desempeño de sus funciones.

Reconocemos además las experiencias alcanzadas en la desconcentración y descentralización de las funciones del gobierno respecto al establecimiento y gestión de áreas protegidas, el desarrollo de iniciativas de conectividad ecológica y funcional y la contribución de esquemas de gobernanza como el comanejo de áreas protegidas, áreas administradas por gobiernos subnacionales y locales, pueblos indígenas y comunidades locales y propietarios privados.

Destacamos que el turismo vinculado a las áreas protegidas, es un instrumento que puede contribuir a su conservación, por cuanto:

· Constituye una de las principales fuentes de financiamiento de las actividades de conservación;· Hace posible que las áreas protegidas cumplan un importante rol en el desarrollo de las economías regionales generando beneficios a las comunidades locales y pueblos originarios;

· Potencia el rol educativo de las áreas protegidas, al permitir la experiencia del contacto directo del turista con la naturaleza;

· Posibilita el acceso y conocimiento de las áreas protegidas a toda la sociedad, lo que contribuye a la formación de una conciencia ambiental y refuerza su compromiso con los valores y objetivos de la conservación. Sólo se defiende lo que verdaderamente se conoce y se siente como propio.

Reconocemos que la región es líder global en la gestión conjunta y corresponsable de áreas protegidas con pueblos indígenas, afrodescendientes y grupos étnicos diversos, cuyos territorios, tierras y recursos han sido en muchos casos conservados a través del empleo de sus prácticas y conocimientos tradicionales. No obstante, todavía se advierte insuficiente participación de estos grupos y del ejercicio pleno de sus derechos colectivos e individuales garantizados por la legislación nacional e internacional. Por ello, proponemos que esta riqueza en cuanto a experiencias y lecciones aprendidas sea apropiadamente utilizada en la definición de políticas y lineamientos técnicos globales y regionales sobre áreas protegidas, potenciando el conocimiento científico y tradicional, así como el respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades que han habitado ancestralmente en dichos sitios.

Reconocemos el valor de las áreas protegidas como espacios de excelencia para la educación e interpretación ambiental.Identificamos que en la última década las amenazas existentes a la integridad de las áreas protegidas se han intensificado, especialmente el avance de actividades agrícolas de gran escala (incluyendo la producción de agrocombustibles), la colonización ilegal de tierras, el tráfico ilegal de madera (tala) y otras especies invasoras de flora y fauna y la extensión de actividades mineras, petroleras y forestales no sostenibles así como de cultivos de uso ilícito en algunos países.

En muchos casos estas amenazas se ven agudizadas por el surgimiento de iniciativas de infraestructura vial y energética que carecen de consideraciones ambientales adecuadas, así como por el incremento de la demanda de recursos naturales para el comercio internacional, lo cual las hace más vulnerables al cambio global.

Vemos con preocupación que el impacto del cambio climático, en forma de cambios en el régimen de temperatura y precipitación, así como las consecuentes variaciones en los patrones de distribución de biomas y especies, constituye una nueva amenaza para las áreas protegidas de Latinoamérica.

Ante esta situación, es urgente desarrollar acciones que permitan identificar a diferentes escalas, la vulnerabilidad de las áreas protegidas al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos y diseñar sistemas de indicadores y monitoreo particulares. Asimismo, el diseño de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas deberá modificarse para permitir aumentar la resiliencia de los ecosistemas más frágiles y contribuir a reducir la vulnerabilidad de poblaciones que dependen directamente de los bienes y servicios ecosistémicos.

Identificamos que las áreas costeras y marinas están siendo sometidas a presiones cada vez mayores por usos como la pesca, el turismo y el desarrollo urbano. Hay áreas costeras y marinas de gran importancia ecológica que no reciben atención y gestión adecuada que las hacen más vulnerables.Igualmente, identificamos la necesidad de establecer áreas protegidas para la conservación de ecosistemas singulares y frágiles de alta montaña en la región, tales como glaciares, páramos, punas, jalcas y humedales, en el marco de estrategias integradas para la conservación de estos ecosistemas mediante su valoración y su gestión para prevenir su pérdida y degradación por amenazas globales.

Destacamos que la región Latinoamericana cuenta con bosques y ecosistemas asociados, en particular la Amazonia (cuenca y bioma), con una enorme diversidad de paisajes, ecosistemas y especies, un volumen significativo de agua y carbono almacenado, multiplicidad de valores ecológicos, sociales y económicos y servicios ambientales particularmente importantes para mantener los equilibrios climáticos global y regional.

A pesar de esto la Amazonia es también frágil frente a los cambios climáticos y necesita estrategias integradas de conservación con las áreas protegidas como lineamientos prioritarios e integración entre los países en temas como análisis de región, interpretación de procesos ecológicos e interacciones mas allá de las fronteras, así como evaluación de efectividad de gestión, promoción de la sostenibilidad financiera y desarrollo de capacidades.

Vemos con gran preocupación que a pesar de que la investigación ha demostrado la significativa contribución de las áreas protegidas al mantenimiento de importantes servicios ecosistémicos, como la provisión de agua y la protección de costas y cuencas hidrográficas ante desastres naturales, así como el aporte que ofrecen y las oportunidades que abren para mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales, muchas áreas protegidas continúan adoleciendo de apoyo en cuanto a recursos humanos y financieros para su gestión efectiva y sufren los impactos derivados de proyectos de desarrollo económico y de infraestructuras inadecuadas. Es necesario que los gobiernos de la región integren los requerimientos de estas áreas en las diferentes políticas y estrategias nacionales de planificación del uso de las tierras aguas y mares en el marco del ordenamiento territorial.

Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas en sus territorios contribuyen a la conservación de la diversidad biológica, y por tanto la calidad ambiental y el desarrollo sostenible en Latinoamérica.

Celebramos la reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la que constituye un hito para avanzar en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de áreas protegidas-Felicitamos a los organizadores de este congreso por la iniciativa voluntaria para la mitigación de la huella ecológica de la realización de este evento, e invitamos a otros congresos en el futuro de considerar su impacto ambiental y de aplicar un mecanismo similar.

Reconocemos que muchas áreas protegidas de la región constituyen espacio de vida de pueblos en aislamiento voluntario y el manejo de estas áreas debe considerar específicamente los derechos humanos de estas comunidades.

Considerando lo anterior, nosotros participantes del Segundo Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y otras Áreas Protegidas declaramos que:

Es fundamental reafirmar el papel indelegable de los Estados en la conducción de las políticas de Áreas Protegidas, en el marco de una amplia participación de las comunidades locales y en general del conjunto de la sociedad para una gestión incluyente de las áreas protegidas.

La sociedad latinoamericana y mundial debe valorar integralmente las áreas protegidas y todos sus atributos tangibles e intangibles. En tal sentido, deberá promoverse la inclusión de este concepto en la creación y manejo de las áreas protegidas. Es de suma importancia articular y fortalecer los componentes de los sistemas de áreas protegidas nacionales consolidando la adecuada integración con otras estrategias de conservación públicas y privadas en el marco del ordenamiento territorial.

Es prioritario que las diferentes instituciones locales, nacionales, regionales e internacionales vinculadas a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible se nutran de las experiencias y lecciones aprendidas en la región para que sean utilizadas de mejor manera en la definición de políticas y en la ejecución de las diferentes convenciones, acuerdos y programas regionales e internacionales que operan en Latinoamérica.

Es importante reafirmar la visión Latinoamericana de las áreas protegidas acordada en el Congreso de Santa Marta, que considera estos territorios como “espacios estratégicos para los países, porque son indispensables para su crecimiento, su desarrollo y para la búsqueda de condiciones de vida adecuadas dentro de su territorio, además de constituir una de las principales opciones en la protección del patrimonio natural”.

Es prioritario y de importancia estratégica aprovechar las oportunidades vinculadas a los acuerdos internacionales y regionales para que los requerimientos de la planificación y gestión de áreas protegidas sean considerados en las políticas y estrategias nacionales y sectoriales.

La exploración y explotación minera y de hidrocarburos en áreas protegidas, así
como la reducción de la superficie de áreas protegidas declaradas para fines extractivos, es contraria a los objetivos de conservación de la biodiversidad.

Es de la mayor importancia que los donantes y las agencias de cooperación y desarrollo internacional reafirmen mediante acuerdos vinculantes su compromiso y prioridad en apoyar las iniciativas nacionales y regionales vinculadas al desarrollo y gestión efectiva de sistemas nacionales de áreas protegidas; actuando como aliados y socios en este proceso facilitando el desarrollo de sinergias entre las diferentes agencias y actores nacionales y locales, involucrando a un aliado fundamental como es el sector privado.

Es necesario avanzar en completar los sistemas nacionales de AsPs incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de corredores biológicos (conservación y manejo) y otras iniciativas de conectividad, para que sean ecológicamente representativos, funcionales y eficaces en particular frente al los retos que surgen por efectos del cambio en el clima y en los ecosistemas.

· Se debe ampliar el abanico de opciones para la conservación de áreas de alto valor ecológico y cultural, para lo cual es necesario usar las diferentes opciones existentes las diferentes categorías de áreas protegidas, bajo diferentes esquemas de administración y gobernanza.

· Se debe fomentar el debate público y abierto sobre el carácter social de los servicios ambientales que son prestados por las áreas protegidas.

·Es esencial fortalecer y ampliar los procesos de planificación participativa de las áreas protegidas y aplicar los principios de buena gobernanza (transparencia, equidad, rendición de cuentas y mecanismos del manejo de conflictos) como un mecanismo que involucra activamente a los actores, generando espacio de diálogo donde se analizan las preocupaciones y expectativas y se establecen compromisos y responsabilidades para la acción conjunta y coordinada de las instituciones, las comunidades locales y pueblos indígenas, los científicos y académicos así como el sector privado en apoyo al manejo efectivo y participativo de las áreas protegidas.

Instamos a los Estados a que en un marco de cooperación y con arreglo a las particularidades nacionales y regionales, se pongan a disposición los medios que hagan posible el pleno ejercicio y la efectiva implementación de todos los derechos que se reconocen en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, incluyendo los territorios indígenas declarados en áreas protegidas.

Las áreas protegidas declaradas total o parcialmente sobre territorios de pueblos indígenas deberán gestionarse respetando los derechos estos pueblos, asegurando la plena y efectiva participación de sus organizaciones representativas en la toma de decisiones para el manejo y protección de estos sitios, incluyendo esquemas de manejo, considerando el artículo 28.1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

· En el caso de los pueblos indígenas vecinos a las áreas protegidas consideramos que tienen el derecho a la participación en la gestión de las mismas en condiciones de igualdad con los otros actores involucrados en éstas áreas.

· Es necesario armonizar, ampliar, fortalecer y actualizar los mecanismos y los marcos jurídicos e institucionales para promover un contexto propicio para el involucramiento y la participación de actores claves, especialmente comunidades locales y pueblos indígenas, en la toma de decisión y la gestión a todos los niveles y en la distribución equitativa de los costos y beneficios asociados al establecimiento y manejo de las áreas protegidas.

· Es esencial continuar desarrollando, sobre bases y normas bien definidas, justas y claramente establecidas y aceptadas, nuevas e interesantes alianzas con el sector privado, incluyendo el empresarial, para lograr compromisos innovadores y apoyo en favor de las áreas protegidas y que a la vez fomenten el bienestar de la sociedad latinoamericana.

· Reconocemos el rol de las áreas protegidas en la reducción del riesgo ambiental. Bajo esta premisa es necesario ampliar la visión de la conservación a nivel de paisaje y cuencas hidrográficas una manera más efectiva a la mitigación y adaptación del cambio climático, ampliando el marco territorial de referencia de la gestión ambiental en nuestros países.

· Reforzamos el conocimiento de que las áreas protegidas tienen un papel fundamental en la protección de regulación hídrica y además que el acceso a agua potable es un derecho fundamental de las sociedades humanas. Los estados y las sociedades tienen que buscar los medios para cubrir los costos de su manutención.

Teniendo en cuenta que esta declaración no tendría impacto alguno sin un decidido apoyo y una voluntad para promover y ejecutar acciones nos comprometemos a:

1. Demostrar y comunicar, con argumentos ambientales, sociales, culturales y económicos derivados de los resultados de la investigación y el conocimiento tradicional, el papel insustituible de las áreas protegidas en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la aplicación de importantes Acuerdos Ambientales Multilaterales (Convención de Diversidad Biológica, Convención de Patrimonio Mundial, Convención sobre Especies Migratorias, Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional (Ramsar), Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el Tratado Antártico) e instamos a los Estados al cumplimiento de las obligaciones adquiridas en estos marcos.

2. Instar a los gobiernos de Latinoamérica y a los organismos de integración regional, que reconozcan el papel fundamental de las áreas protegidas en las estrategias de adaptación al cambio climático y la lucha contra la desertificación y la promoción de estrategias regionales de monitoreo, mitigación y adaptación a estos fenómenos.

3. Revitalizar la atención de la región sobre el Tratado Antártico, sugiriendo su carácter permanente como área protegida internacional donde muchos países de la región mantienen una responsabilidad de presencia permanente, cumpliendo con el acuerdo que legitima su participación, especialmente frente a la amenaza del cambio climático y los intereses económicos emergentes.

4. Exhortar a los gobiernos, a la cooperación internacional, y a la sociedad civil, para que en el período de 2008-2018, acuerden metas presupuestarias anuales concretas e implementen las reformas legales y administrativas necesarias, que cierren las brechas financieras identificadas en los planes de sostenibilidad financiera de los sistemas de parques nacionales desarrollados dentro del programa de trabajo de la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB .

5. Impulsar la consolidación de la sustentabilidad financiera de las áreas protegidas proponiendo mecanismos atractivos y tangibles complementarios a los financiamientos fiscales otorgados por los gobiernos en cumplimiento de su función indelegable.

6. Velar porque los compromisos y acuerdos comerciales y de desarrollo económico, y las iniciativas de Infraestructura, no afecten negativamente las áreas protegidas y menoscaben las posibilidades de alcanzar los objetivos de conservación y apoyo al desarrollo por los cuales fueron creadas asegurando el cumplimiento de las convenciones internacionales que tienen carácter vinculante para nuestros países.

7. Apoyar y promover la aplicación de los estudios y evaluaciones encaminados a alcanzar una mejor representatividad en el sistema Latinoamericano de áreas protegidas con especial atención a fortalecer la conservación del medio marino y los ecosistemas interiores de agua dulce.

8. Instar a que los gobiernos declaren el período 2008 – 2018 como la Década de las Áreas Marinas Protegidas, priorizando en Latinoamérica la creación de redes nacionales y regionales de áreas marinas protegidas y la gestión integrada de los océanos para cumplir con los compromisos de alcanzar las metas del 2012 y 2015. Es prioritario incrementar durante este decenio el número y la superficie de las áreas marinas protegidas en la región, tanto en las Zonas Costeras como en Alta Mar, que contribuyan a la conservación de la biodiversidad y procesos marinos, a su manejo integrado y al mantenimiento de las pesquerías sostenibles.

9. Desarrollar y promover formas de colaboración binacional, subregional o regional para el desarrollo, la planificación y el manejo colaborativo de áreas protegidas colindantes en zonas de frontera y de sistemas binacionales o subregionales de áreas protegidas.

10. Impulsar y facilitar el desarrollo de nuevas alianzas y de estrategias innovadoras de generación de ingresos para alcanzar el financiamiento sostenible de las áreas protegidas; incluyendo un mayor uso de oportunidades y mecanismos de compensación por bienes y servicios ecosistémicos.

11. Promover y aplicar evaluaciones de efectividad de manejo de las áreas protegidas como mecanismo para reducir las amenazas que éstas enfrentan y como herramienta para mejorar la gestión tanto de áreas protegidas individuales como de sistemas y subsistemas nacionales de áreas protegidas, especialmente en el marco del Programa de Trabajo del CDB sobre Áreas Protegidas establecido por la Séptima Conferencia de las Partes de la CDB como herramienta fundamental para lograr sistemas de áreas protegidas viables.

12- Promover una mayor difusión del Enfoque Ecosistémico y del rol de Areas Protegidas en las estrategias nacionales de adaptación al cambio climático y la articulación de las AP con los paisajes circundantes. Identificar a diferentes escalas la vulnerabilidad de las AP al cambio climático y establecer medidas de mitigación y adaptación, especialmente en ecosistemas críticos como los páramos y otros ecosistemas como los humedales y los ecotonos marinos de interfase. Es urgente desarrollar investigaciones aplicadas a AP vulnerables para contribuir hacia una mayor resiliencia de ecosistemas claves que podrían verse afectados por el cambio climático.

13. Facilitar y fortalecer la participación informada de las comunidades locales, pueblos indígenas y afrodescendientes, organizaciones civiles, asociaciones de mujeres, científicos, académicos, usuarios, así como el sector privado en la planificación participativa de las áreas protegidas, aplicando los principios de buena gobernanza como son la transparencia, equidad, rendición de cuentas y acceso a mecanismos para el manejo de conflictos y el desarrollo de mecanismos e iniciativas que permitan el manejo eficaz de estas áreas y la distribución equitativa de los costos y los beneficios asociados al establecimiento y manejo sostenible de las áreas protegidas.

14. Fortalecer la capacidad institucional de los gestores y entes que inciden en el manejo de las ANP, incluyendo las agencias gubernamentales a todo nivel, ONGs, comunidades locales, asociaciones, propietarios privados, empresas y otras entidades, y mejorar el conocimiento, habilidades y competencia de los profesionales, guardaparques y otro personal que trabaja en y con las ANP así como su estabilidad y condiciones laborales, prestando especial atención a fortalecer iniciativas de capacitación y profesionalización de personal involucrada en a todo nivel a la implementación efectiva del programa de trabajo sobre ANPs de la CBD, y a la formación de las generaciones más jóvenes a las que corresponde ejecutar las acciones futuras a favor de la conservación de estas áreas.

15. Contribuir a crear sociedades concientes y comprometidas con un ambiente político propicio para el manejo efectivo de las áreas protegidas y para resolver los problemas y amenazas que enfrentan, mediante el fortalecimiento de instituciones, programas e iniciativas de comunicación, concientización, interpretación, y educación formal e informal. Como también mediante el uso de medios y mensajes apropiados para audiencias meta específicas, que contribuyan al mayor entendimiento por parte de comunidades locales, visitantes a las áreas protegidas, tomadores de decisión y la sociedad, sobre la importancia de las áreas protegidas y su contribución al desarrollo sostenible y al futuro de la vida en el planeta.

16. Solicitar a los países a que, donde sea apropiado y con el libre consentimiento fundamentado previo de los pueblos indígenas, exploren opciones para articular, dentro de sus Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, a las porciones de territorios indígenas destinadas a la conservación.

17. Solicitar a la UICN que considere la integración del concepto de Territorios Indígenas de Conservación como un modelo legítimo de gobernanza de áreas protegidas establecidas en territorios ancestrales de pueblos indígenas, independientemente de la categoría de manejo, reconociendo en dicho modelo la integración de cultura y naturaleza, el papel del derecho consuetudinario, la institucionalidad tradicional y el ejercicio de la autoridad indígena en tales territorios.

18. Promover la integración de políticas sobre áreas protegidas en las estrategias de reducción de la pobreza y en los instrumentos de planificación y ejecución de modelos de desarrollo basados en la sostenibilidad y la equidad social.

19. Promover el reconocimiento del rol primordial de los guardaparques y demás trabajadores de la conservación en la protección de las áreas protegidas, de sus recursos naturales y culturales. Incentivar y promover, desde el sector público y privado, la consolidación de la Red Latinoamericana de Guardaparques a través de una plataforma virtual de intercambio experiencias, aprendizaje y de generación de capacidades.

20. Facilitar y promover el intercambio de conocimientos, experiencias y lecciones aprendidas sobre la planificación y manejo de áreas protegidas tanto a nivel regional como internacional, mediante el trabajo en redes y la utilización de sistemas de información y comunicación que permitan el uso y acceso a una amplia gama de usuarios.

21. Fortalecer el papel de la Red Latinoamericana de Parques Nacionales, otras Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestre como un espacio indispensable de cooperación técnica horizontal y una plataforma de concertación y definición de lineamientos de política y capacidades regionales. Se insta en la reunión de México (Marzo 2008), cuando la Red cumplirá 25 años de existencia, a iniciar los ajustes a su misión y sus estatutos a fin de adaptarla a las nuevas condiciones y oportunidades del contexto actual de los países, fortaleciendo el papel estratégico para las autoridades nacionales y otras áreas protegidas de la región.

22. Divulgar y promover ampliamente los resultados de este congreso y la aplicación de sus conclusiones y recomendaciones en el desarrollo de políticas y prácticas encaminadas a fortalecer las áreas protegidas de nuestra región; a través de una estrategia plan de trabajo producto de este congreso que dé atención prioritaria a obtener apoyo político para la ejecución de estas recomendaciones en el marco del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Santo Domingo, noviembre 2007), las reuniones inter-sesionales del Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Novena Conferencia de las Partes (Alemania, mayo 2008).

23. Solicitar la inclusión en el nuevo Programa de UICN (2009-2012), a ser discutido y aprobado en el Congreso Mundial de Conservación de la UICN (Barcelona, 5-14 Octubre 2008), las principales actividades de seguimiento que sean necesarias para la promoción y ejecución de las recomendaciones del Congreso por parte de la UICN y de sus miembros y asociados.

24. Instar a los organismos multilaterales y las agencias de cooperación a hacer suyas las conclusiones y recomendaciones del presente Congreso.

Fuente:

Noticias de Bariloche, diario digital interactivo.

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