Patricia Wiesse Risso
Si se tuviera que calificar con una palabra el Informe en Minoría de la Comisión que investigó los sucesos de Bagua, ésta sería riguroso. No lo definiremos como objetivo (porque sabemos que la objetividad no existe), pero sí imparcial.
Ha tomado en cuenta valiosos testimonios que el anterior Informe no recogió y, a partir de ese material, hace un análisis coherente y sólido de los hechos que intenta desentrañar la estrategia del gobierno, así como las motivaciones de los pueblos indígenas. Aborda las raíces del conflicto y no se corre de las precisiones.
No hay “azuzadores”
El Informe oficial estaba plagado de acusaciones contra los supuestos azuzadores “que manipularon a los indígenas y los llevaron a radicalizar sus medidas de lucha”.
Al revisar el punto sobre las causas en el Informe en minoría queda claro que hubo una motivación de los pueblos indígenas que querían frenar el recorte de sus derechos territoriales.
Para Jesús Manacés y Mari Carmen Gómez, los indígenas sabían exactamente por qué estaban luchando: el conflicto fue el remate de un ciclo en el que se produjeron choques constantes entre visiones de desarrollo divergentes. Unos valoran su territorio por encima de todo y los otros la posibilidad de generar riqueza a partir de la inversión de las empresas extractivas, desestimando los derechos indígenas. Si a esto se suma la imposición de una legislación inconsulta e inconstitucional, la chispa se prende.
Los ex comisionados hacen un minucioso recuento del progresivo deterioro de la seguridad jurídica de los territorios indígenas que viene de la época de Fujimori, cuando se eliminaron garantías como la inalienabilidad e inembargabilidad de las tierras comunales. Se introdujo en la normatividad nociones amenazantes como el concepto de tierras en abandono, promoción de la parcelación o enajenación de las tierras colectivas. Paralelamente, el proceso de titulación de las tierras comunales se detuvo casi por completo, mientras se priorizó la titulación de parcelas individuales.
La amenaza pasó de latente a real cuando varias de las áreas identificadas como posibles reservas territoriales se convirtieron en lotes petroleros o en zonas de extracción forestal. Los últimos quince años han sido de zozobra al encontrarse rodeados o encima de concesiones petroleras y gasíferas. No existen territorios indígenas sin lotes superpuestos. 75% de su territorio ha sido concesionado, sin ningún procedimiento de consulta. (Póngase usted en su lugar).
Según señala el Informe, no existió mayor azuzador de las tensiones que el artículo El perro del hortelano, escrito por el presidente García en tres entregas durante los meses de octubre y noviembre del 2007. Una posición polarizada en contra de la propiedad comunal, considerándola un estorbo que frena la entrada del libre mercado.
La estocada final
A fines del año 1997, el Congreso le delega facultades al Ejecutivo para que legisle y se pueda implementar el TLC con Estados Unidos. Ni corto ni perezoso, expidió 99 decretos sin que las comisiones del Congreso encargadas de su revisión los conocieran. (El paquetazo del TLC se le llama con ironía y sin pizca de nostalgia).
Los ex comisionados sostienen que se legisló sobre puntos que no tenían que ver con el tratado sino con los recursos de la región amazónica. AIDESEP analizó un total de 34 decretos donde sus intereses se veían afectados.
Juristas y ONGs especializadas en el tema han detectado múltiples violaciones constitucionales en dichos decretos. El territorio se volvía vulnerable, se podía embargar y ya no era imprescriptible porque legalizaba las invasiones. Las comunidades no controlarían el agua y los bosques y estos inmensos pulmones se podrían recalificar como tierras agrícolas privatizables.
El Informe hace mención nada menos que a 15 textos de especialistas que profundizan en las implicancias jurídicas de las normas que desencadenaron las protestas indígenas, y contiene un buen análisis. Solo un ejemplo: El proyecto de ley 1770 proponía que COFOPRI ejecutara procedimientos de “abandono” y “reversión” de la propiedad comunal. El abandono supone la falta de uso. ¿Pero quién determina cuándo se usa o no una propiedad comunal? ¿Acaso no se usa al cazar, pescar, recolectar o cuando se deja descansar la tierra? La reversión supone la recuperación de la propiedad por el propietario anterior, es decir, el estado, cuando el derecho de propiedad de las comunidades nativas es originario y no derivado.
¿Que los pueblos indígenas no entendieron los decretos? ¿Que estos se habían promulgado para su beneficio? ¿Que fueron malinterpretados por gente interesada? Para Manacés y Gómez esta afirmación del gobierno no demuestra honestidad ni probidad.
Sostienen: “Con el paquetazo el gobierno se atrevió a dar un paso definitivo en la liquidación de los derechos colectivos tradicionales”.
Hablan de arrogancia refiriéndose a la renuencia del gobierno a corregir su error y las maniobras ante el Congreso para demorar la revisión de las normas denunciadas.
Se pudo evitar
El 9 de agosto del 2008 se inicia la primera movilización que culmina con la derogatoria de los decretos 1015 y 1073.
En el Congreso se formó una comisión especial encargada de buscar soluciones definitivas al problema suscitado. Su propuesta fue que se debían derogar 10 decretos más.
Para los ex comisionados, si se hubiera tomado en cuenta el informe de esta comisión, se podría haber resuelto el conflicto.
A fines del 2008, el entonces presidente del Congreso, Velásquez Quesquén, y el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, firmaron un acta donde se ratificaba la voluntad del Congreso de debatirel pedido de derogatoria de los decretos, cosa que no hicieron. La responsablidad del actual Primer Ministro queda resa ltada. La pita se estiró hasta abril del 2009, fecha en la que se reinicia la protesta.
Lo que hizo el gobierno en ese lapso de tiempo fue, mas bien, insistir con mucha fuerza en la tesis de que los decretos eran imprescindibles. El Informe hace especial hincapié en el lamentable papel que cumplió la ministra Mercedes Araoz . Sostiene que mintió al reiterar hasta el cansancio que sin el DL 1090 el TLC “se caería”.
También deja al descubierto la maniobra de la mayoría del Congreso que, un día antes de los sucesos, aprovecha la tardanza del grupo nacionalista y acuerda postergar el debate que pudo haber derogado el decreto sobreprotegido por la ministra. Una burla más sí importa.
En Bagua y Nieva: Razones de peso
Antes de analizar los imperdonables errores del operativo, Manacés y Gómez afirman que los awajún y wampis no fueron manipulados ya que tenían sobrados motivos para unirse a la protesta, algo que no se menciona ni por asomo en el Informe oficial y que enfoca desde otro ángulo el conflicto.
En el Cenepa existen tres problemas no resueltos. El primero tiene que ver con el enfrentamiento entre las comunidades y las mineras de la Cordillera del Cóndor. El segundo con la concesión del lote 116 a la empresa petrolera HOCOL, que se superpone a casi un centenar de comunidades awajún-wampis. El tercero saca algunos trapitos al aire y se refiere al recorte del parque nacional Ichigkat Muja a favor de la minera Afrodita que se opuso desde un inicio a la propuesta de su creación porque había adquirido algunas concesiones a través de un irregular lobby con las Fuerzas Armadas y la Cancillería peruana.
Es por eso que las comunidades del Cenepa fueron las primeras en desplazarse a la Estación 6. Para ellas los decretos no eran una futura amenaza sino que plasmaban una temida realidad.
Un operativo decidido en las alturas.
Los dos ex comisionados regresaron a la zona, recorrieron los alrededores de la Curva del Diablo y subieron al cerro donde ocurrió el enfrentamiento para reconstruir los hechos y posteriormente analizar el enfrentamiento, apoyándose también en fotos y videos. Hasta este momento, no existe una mejor reconstrucción del fatídico operativo.
Sobre el mismo, Mercedes Cabanillas declaró ante la Comisión que hubo una presión de los empresarios del sector hidrocarburos “que venían a tocar las puertas gubernamentales” porque tenían sus instalaciones cercadas. Debido a ese apremio ella decide, el 2 de junio, efectuar cambios en los altos mandos policiales. Se necesita ser muy ingenuos para no darse cuenta que los recambios estaban relacionados con el giro en el manejo del paro indígena.
Para Manacés y Gómez , el reemplazo del general Uribe por Muguruza fue fatal porque, hasta ese momento, el primero había manejado bien la relación con la dirigencia y había estado abierto al diálogo. Lo que hace el nuevo jefe es modificar el concepto de la operación. El Informe hace mención a la orden de operaciones Nº 25 que fue desestimada y que preveía un grupo de intervención o choque sin armas de fuego, y un grupo de desbloqueo de la vía no armado y dos grupos de contención.
Con respecto a Cabanillas, los ex comisionados dudan que por la envergadura y trascendencia del operativo, le hubiera dedicado una atención tan superficial y que no hubiera impartido las órdenes. Hacen referencia al Memorandum 711 que señala la necesidad de informar a la ministra del avance y planeamiento y operaciones “para tomar decisiones”.
Son enfáticos en señalar que no es creíble que un operativo de esa magnitud se haya diseñado sin la intervención de las autoridades civiles a cargo de las fuerzas del orden, militares y policiales.
El Informe precisa que una determinación como esa debió haber salido del Consejo de Ministros o de Palacio de Gobierno. Se asegura que el operativo fue punto de agenda en el Consejo e incluso discutieron sobre el tipo de armas que debían llevar los efectivos. Según el entonces Premier Jehude Simon, ellos acordaron que se usen armas disuasivas, pero no prohibieron el uso de armas ofensivas . Al final se usaron 208 fusiles AKM y se dispararon 24,900 tiros. (No sorprende, entonces, el saldo de ochenta y tantos heridos de bala).
Sobre esto hizo mutis el Informe oficial y la responsabilidad que debieron asumir quedó colgada en el tendedero.
Dice más: que la violencia fue producto de la insistencia de llevar a cabo el operativo, a pesar de las múltiples señales sobre el retiro voluntario de los manifestantes. En una entrevista realizada al alcalde de Jaén, Jaime Vílchez, él confirma que el 4 de junio se le acercó una persona para solicitarle apoyo para el retorno e incluso le mostró una lista de colaboradores comprometidos con ese fin.
Esa misma noche se realizó una reunión del Comité de Lucha que ratificó la decisión de retirarse.
Seguidilla de errores
Casi en lo único que coinciden los dos Informes es en lo mal que fue planificado el operativo policial.
Error 1: Decidieron tomar la cima del cerro y no tomaron en cuenta que sus equipos de comunicación eran limitados y que su alcance no llegaba a cubrir la distancia entre la cima y la carretera que es de 2000 metros.
Error 2: El reconocimiento terrestre que era indispensable para conocer el terreno quedó trunco. Esto le impidió al jefe del escuadrón terrestre, comandante Del Carpio, saber que había un despeñadero que fue una trampa mortal para varios efectivos.
Error 3: Cargar con semejante armamento de guerra para enfrentar un choque con los pequeños grupos de indígenas que vigilaban por turnos el cerro en la madrugada y que estaban desarmados. Si se trataba de entubar a los que estaban descansando en la carretera bastaba con los gases lacrimógenos y armas menos lesivas.
Error 4: No previeron que al situar a un escuadrón armado en la cima se pudiera dar un enfrentamiento mucho antes que el resto de las fuerzas terrestres llegaran a tiempo desde Corral Quemado que está a 7 kilómetros de la Curva.
Error 5: No prever que la táctica sería vista por los indígenas como una trampa para cercarlos y hasta ultimarlos, lo que provocó una reacción que la policía percibió como un ataque.
Con respecto a los manifestantes, el Informe sostiene que el número de indígenas que se acercaron a donde estaban los policías no sobrepasó los 250, y no eran 1500 ó 2000 como sostuvo Del Carpio. También enfatiza que los indígenas no estaban armados y que son falsas las versiones alucinadas de algunas autoridades que incluso han manifestado que “habían recibido con balas” a los policías que llegaban a desalojarlos y que las armas habían sido obtenidas en un asalto a una comisaría que nunca ocurrió.
Se menciona la declaración del presidente de la Junta de Fiscales de Amazonas, Oswaldo Bautista, que ha sostenido que las pruebas de absorción atómica practicadas a los 4 indígenas fallecidos en la Curva establecieron que estos no habían disparado armas de fuego. Los fiscales han determinado que todo el armamento incautado pertenecía a la DINOES. Se hace énfasis en que las armas de fuego fueron arrebatadas a los policías durante el enfrentamiento cuerpo a cuerpo que tuvo lugar luego que los primeros tiros de bala efectuados por la policía tuvieran consecuencias letales, ocasionando dos muertos y tumbando a Santiago Manuin.
Los ex comisonados descartan la versión de Muguruza sobre “una emboscada”. Sostienen que ello implicaría que los indígenas aguardaban a los policías en el cerro y con armas. Por el contrario, en la madrugada solo había dos pequeños grupos de vigilancia en el cerro y, en ese momento, los grupos se encontraban preparando el desayuno.
Estación 6 : Doce cruces
En este punto existe coincidencia con el Informe oficial: lo ocurrido en la Estación 6 tuvo su origen en el operativo de desalojo de la carretera y que la población sobrepasó a sus líderes. Cualquier similitud se acaba cuando los ex comisionados explican y desmitifican varios aspectos.
Señalan claramente que, al inicio, los manifestantes no tomaron la instalación sino que un gran número se concentró en las inmediaciones. Fue recién a fines del mes de abril que impusieron algunas restricciones tanto al personal de Petro Perú como a la policía que resguardaba las instalaciones. También establecieron un sistema de salvoconductos para los que transitaban por la zona. Los ex comisionados concluyen que la acción planteada por los líderes indígenas se enmarcó dentro de los cánones de la protesta pacífica y de respeto por el orden democrático. Resaltan que el Comité de Lucha de Imaza realizó esfuerzos para crear un clima de confianza con el personal de la estación y controlar a los manifestantes cuyos ánimos se iban alterando conforme la protesta se prolongaba, y lo hicieron poniendo en riesgo sus vidas.
Una prueba de lo que afirman está en las actas que se firmaron entre las partes involucradas en las que pactaban acuerdos y ciertas reglas. Hasta el 31 de mayo, el Comité permitió el relevo de efectivos policiales y hubo ingreso y salida de personal civil. El testimonio del ingeniero Fernando Urízar , responsable de la estación, es importante porque sostiene que hubo respeto mutuo en medio de la tensión.
Ambos son categóricos cuando sostiene que lo ocurrido en la Estación 6 , que terminó con la muerte de 12 policías, viola el derecho a la vida y sacude la conciencia. A renglón seguido agregan que este hecho no puede desligarse de la intervención armada en la Curva. Mencionan que la respuesta cultural respondió a la lógica corporativa que manda actuar contra los responsables que dañaron “a uno de los nuestros”. Por eso no hubo represalias contra los empleados de la empresa ni otros pobladores.
El rescate abortado
Pocos conocen que existió un plan de rescate para la estación 6. Este dato consta en un documento elaborado por el Presidente de la Junta de Fiscales de amazonas, Oswaldo Bautista, y que fue entregado a la Comisión investigadora que no lo tomó en cuenta, así como hizo con tantos otros documentos que luego fueron recuperados por Manacés y Gómez.
La información nos deja fríos: El día 4 de junio, la Fiscal de la Nación dispuso que tres fiscales de Bagua, Utcubamba y Jaén se trasladen al aeropuerto de Shumba, Jaén, para ponerse en contacto con el general de la PNP Aguilar, quien estaba a cargo de coordinar un operativo policial en la estación 6. Mientras esperaban en el aeropuerto, el general del Ejército, Raúl Silva se les acercó a informarles que el operativo había abortado porque los policías que iban a ser trasladados para esta acción no habían podido viajar por “razones climatológicas”.
Según los ex comisionados, los mandos sí sabían de la operación en la Curva implicaba riesgos para el personal policial de la Estación (hecho que han negado insistentemente), y que estos debieron haber sido considerados a la hora de definir el carácter de la operación.
Balacera en las Baguas
Lo que ocurrió en las dos Baguas fue pobremente mencionado en el Informe oficial que hizo referencia solo a los actos vandálicos. Sin embargo, los cinco civiles muertos no ocuparon un espacio entre sus páginas. Por eso, el capítulo dedicado a relatar y analizar lo ocurrido en esas dos ciudades cobra especial relevancia.
El Informe en minoría señala que la población mestiza se solidarizó con la protesta que también fue apoyada por los alcaldes de todos los municipios involucrados. Citan varios documentos que lo prueban.
Los ex comisionados son muy críticos cuando señalan que se debió prever una reacción de la población luego del desalojo y, sin embargo, la policía no se preparó para un posible levantamiento. En el caso de la ciudad de Bagua (antes Bagua Chica), estuvieron a cargo del orden y seguridad un mayor y 28 policías que no pudieron proteger a las instituciones públicas de los actos vandálicos.
Con respecto a quién instigó la violencia, contrariando el testimonio del comisario de Bagua, libran de responsabilidad a las organizaciones sociales señalando que no estuvieron detrás de los actos violentos, y que estos fueron realizados por algunas turbas que se formaron espontáneamente (y no descartan la presencia de infiltrados) . Lo ocurrido en Bagua Grande se menciona aparte porque ahí no se produjo la quema de locales. Lo que ocurrió fue un intento de tomar la comisaría que fue repelido por una balacera que no se justificaba.
Analizando los videos que registran las dos balaceras han determinado que la policía realiza disparos que no fueron tiros al aire como manifiesta el comisario. Determinan que hubo negligencia porque no se previó el refuerzo policial en la ciudad de Bagua y Bagua Grande. Lo más grave fue que la defensa terminó en una balacera contra pobladores que estaban desarmados.
Saldo pendiente
Para los ex comisionados las razones que fundamentaron el conflicto siguen inalteradas. Se mantienen las condiciones de inseguridad jurídica para los pueblos indígenas ya que el gobierno está ignorando olímpicamente las recomendaciones de las cuatro Mesas de Trabajo que presentaron sus resultados. Tampoco se ha debatido la Ley de Consulta, pese a todas las presiones recibidas.
El gobierno ha continuado proponiendo normas “con carácter de urgencia” como la ley de desplazamientos internos (forzados). Sigue otorgando lotes petroleros. En el lote 116, la empresa ha inaugurado un flamante helipuerto. Y el Ministerio de Energía y Minas ha aprobado una solicitud de exploración presentada por la Minera Afrodita. (Mejor no continuamos porque la depresión nos gana).
Con mucho escepticismo el Informe le hace recomendaciones al gobierno para que norme y aplique el derecho a la consulta, manteniendo el espíritu del Convenio 169 de la OIT, que derogue los ocho decretos que han quedado en suspenso y la ley de recursos hídricos.
En el tema de acceso a la justicia piden que se revisen las imputaciones penales contra las personas y dirigentes indígenas, que se aceleren los procesos en curso, creando una sala especial y que los acusados puedan expresarse en su idioma materno.
Por supuesto, recomiendan que el Estado cumpla con dar reparación individual a los deudos de los civiles fallecidos y pensión de invalidez a los discapacitados.
No es un Informe que lance acusaciones sin ton ni son, tampoco señala responsabilidades penales. Se pronuncia en forma responsable solo sobre lo que le consta. Dice lo que los otros no han dicho. No se lava las manos.
Fuente: Instituto de Defensa Legal.
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