Comunidades, territorio y concesiones forestales

Por

José Álvarez Alonso

 “Ya no podemos ni ir a cazar nuestros animalitos o a sacar nuestra hoja para techar nuestras casas, nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño”, se quejaba un indígena Kichwa del Napo en un reciente taller en la Comunidad de Tutapischo, cuya comunidad se superpone con una concesión forestal en el bajo Napo.

Varias comunidades indígenas en la cuenca media del río Napo se quedaron sin territorio por culpa de las concesiones forestales. Decenas más están en la misma situación en Loreto y Ucayali. Hay que tener en cuenta que todavía quedan cientos de comunidades indígenas, y varios miles de ribereñas o mestizas, por reconocer y titular en la Amazonía peruana. Según el Censo del INEI del 2007, en la Amazonía peruana existen 11,978 centros poblados, de los que menos de 1500 tienen territorios titulados. Sin embargo, el censo sólo consideraba comunidades con más de 150 personas, y a las más pequeñas las clasifica como “población dispersa”, por lo que se estima que hay muchas más. En Loreto, donde el censo del INEI registra 2,271 comunidades, apenas han sido tituladas poco más de 500, entre indígenas y campesinas. Sin consideramos centros poblados “menores” quedarían por titular y reconocer más de 2000 comunidades.

En el caso del Napo, las comunidades de Pinsha, Negro Urco, Nueva Libertad, Cerro de Pasco, Floresta y Nueva Antioquía llevan años reclamando en vano la titulación de sus territorios; los de COFOPRI les contestan que no se puede porque el área está concesionada por cuarenta años a una señora Rivadeneira. 

La mayoría de estas comunidades están ya reconocidas formalmente como comunidades indígenas, pero de poco les sirve, porque ya no son suyos los bosques de sus ancestros, donde sus padres, abuelos y tatarabuelos cazaron los animales con que alimentaron a sus hijos, y extrajeron las plantas medicinales con que les curaron, las hojas de palmera con las que cubrieron sus casas, y las canoas con las que navegaron. Similares historias escuché de boca de pobladores de las riberas del Marañón y del Tigre, en un reciente encuentro indígena sobre la problemática forestal.

Las comunidades del Napo se enteraron de que estaban concesionados sus bosques cuando ya era tarde, los contratos habían sido firmados. Nunca fueron informados y menos consultados, violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligatoriedad de consultar toda norma o proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas y a sus territorios. No por gusto algunos afirman que, en justicia, el proceso de concesiones forestales es nulo; el poder judicial dio la razón a las comunidades del Mazán que reclamaron por las concesiones en esta cuenca, aunque lamentablemente el Tribunal Constitucional luego se desdijo con un cuestionado fallo.

¿Qué Estado es éste que niega a los pueblos originarios el derecho a sus tierras para otorgarles derechos a terceros, movidos por el ánimo de lucro? Todos quizás son peruanos, y todos tienen derecho a ganarse la vida dentro del marco de la ley. Pero obviamente, algunos tienen más derechos que otros: el derecho de los pueblos indígenas a su territorio tradicional y a sus recursos –que son esenciales para su subsistencia- es preferente e inalienable, de acuerdo a la legislación nacional e internacional. Ningún derecho al legítimo lucro se puede anteponer al derecho a la supervivencia de un pueblo.

En un documento del IIAP sobre la problemática de los bosques de producción permanente (BPP) y las concesiones forestales, elaborado en el 2009, se afirma.:

“…existen hasta ahora serios problemas de superposición de los BPP y de concesiones con propuestas de nuevas áreas protegidas, con áreas prioritarias para la conservación del Plan Director de ANP, con zonas muy sensibles desde el punto de vista social (ej., posible presencia de indígenas en aislamiento voluntario) o ecológico (ej., cabeceras de cuenca, zonas de altas pendientes, bosques de varillal o pantanos), o con territorios de poblaciones amazónicas (indígenas y ribereñas).”

Efectivamente, el mapa de BPP fue diseñado desde Lima sin una adecuada consulta, ni siquiera con las autoridades regionales y otros sectores involucrados (más allá de los madereros con influencias en el Ministerio de Agricultura).

Los BPP suman un total de 23.7 millones de hectáreas en cinco regiones de la Amazonía peruana, de las cuales un 32% fue entregado a 576 concesiones forestales (7.5 millones de ha, que representan el 32% del total). Gran parte de esas concesiones, especialmente en Loreto y Ucayali, no se encuentran operativas o han sido declaradas en abandono, por lo que sería relativamente fácil reordenar los bosques de producción permanente para evitar conflictos en el futuro.

Por eso la propuesta del IIAP es contundente: revisar y rediseñar los BPP con base en una ZEE y a una consulta previa con las comunidades afectadas, como establece la normatividad vigente y dicta el sentido común:

“Con base en una Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a nivel “meso” (se debe) realizar una verificación exhaustiva y detallada del mapa de los bosques de producción permanente (BPP), incluyendo las concesiones otorgadas, para el saneamiento de la superposición con áreas en conflicto con terceros (especialmente comunidades indígenas y no indígenas), con propuestas de áreas naturales protegidas y en cabeceras de cuenca, zonas de alta pendiente, bosques sobre arena blanca y otros…”

También el documento recomienda, entre otras cosas, dar una atención preferente a las comunidades amazónicas en el tema forestal, lo que incluye la promoción del manejo forestal comunitario, el fortalecimiento de capacidades comunales, y el involucramiento de las comunidades en el control de la tala y caza ilegales.

La nueva ley forestal (Ley 29763), todavía no vigente (falta reglamentar, y debe pasar un proceso de consulta de acuerdo a la norma recientemente aprobada), con todos sus defectos, incorpora muchas mejoras con respecto a las leyes anteriores, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos de las comunidades locales amazónicas, incluyendo el derecho a la consulta previa y el derecho exclusivo de las comunidades sobre sus tierras (Art. 29). Esperemos que, aprovechando los procesos de ZEE que están impulsando el Gobierno Regional y el IIAP, se revise el mapa de los bosques de producción permanente y se respeten los derechos de las comunidades locales, así como las áreas prioritarias para la conservación y los ecosistemas frágiles.

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*José Álvarez Alonso es biólogo e  investigador de Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IAAP).

Fuente: SERVINDI 6 de noviembre, 2011

Bagua 2009

Por 
Alexandre Surrallés

Introducción

El lector me permitirá empezar este texto con la muy poco elegante práctica de la autocitación. En este caso tengo al menos un factor atenuante: el artículo al que quiero hacer referencia salió publicado en 2008 en esta misma revista (Surrallés 2008).1 En aquel artículo, titulado “Kushilia 1993” y escrito en agosto de 2008, realicé un análisis sucinto de la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana y la posición del Estado peruano al respecto. Entonces predije que, de seguir así, la situación estallaría en un proceso conflictivo muy intenso. Tal y como los sucesos acontecidos en junio de 2009 en las provincias peruanas de Bagua y Utcubamba han puesto de manifiesto, mi predicción, desgraciadamente, se cumplió.

Para los que no estén informados, a pesar de que la noticia saltó por todas las redacciones informativas del planeta, sintetizo una crónica de lo sucedido. El pasado 9 de abril de 2009 las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana iniciaron una protesta para solicitar la derogatoria de los decretos legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090, así como de la Ley de recursos hídricos, que consideraban lesivos para sus derechos, en particular para los territoriales. Estos proyectos legislativos pretendían facilitar la inversión de capitales en proyectos de extracción de recursos forestales, mineros y petrolíferos principalmente, frente a los supuestos obstáculos que supone la legislación actual, que protege en alguna medida los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas. Oficialmente, se argüía también que estas iniciativas adaptarían la legislación a los acuerdos establecidos por el tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos. La protesta indígena podía considerarse legítima con solo tener en cuenta que el Perú, según el Convenio 169 de la OIT, del que es país signatario, debe realizar una consulta previa y de buena fe a toda resolución que afecte a los pueblos autóctonos, como la propia Defensoría del Pueblo ha reconocido. Esta protesta se sumaba además a una serie de iniciativas similares que se están dando bajo el actual periodo presidencial, con propuestas legislativas inconsultas que afectan a los pueblos indígenas y que son finalmente derogadas frente a las protestas (por ejemplo, derogatoria de los decretos 1015 y 1073 en agosto de año 2008 tras un periodo de movilizaciones).

En este caso, sin embargo, las autoridades decidieron el empleo de las fuerzas de seguridad para desalojar uno de los focos de la protesta: el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry en las inmediaciones de la ciudad de Bagua, produciendo una oleada de violencia que tuvo como efecto más de tres decenas de víctimas mortales y centenares de heridos, incluyendo a miembros del cuerpo policial y, entre la población civil, a varios líderes indígenas.

Como consecuencia de estos graves incidentes, resultantes como mínimo de un operativo policial inadecuado, se desencadenó una serie de detenciones, así como la persecución de líderes indígenas, que obligó a Segundo Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y portavoz de los indígenas en las negociaciones con el Gobierno, a pedir asilo político a Nicaragua. Todo ello acompañado de una campaña oficial de intimidación, con acusaciones de terrorismo, de delincuencia, de barbarie y salvajismo contra los pueblos indígenas y sus representantes. Poco tiempo después, el primer ministro y la ministra del Interior presentan su dimisión. Debo añadir nada más que lo que pasó en Bagua podría haber sucedido en San Lorenzo del Marañón, en Yurimaguas o en cualquier otro lugar de la Amazonía peruana, puesto que una gran tensión reinaba como consecuencia de los paros y ocupaciones que en diferentes lugares se estaban produciendo. La comisión parlamentaria organizada para esclarecer los hechos no ha dado todavía unos resultados consensuados, de la que han desertado algunos de sus miembros, al considerar los resultados totalmente sesgados por los intereses del Gobierno. Este hecho no hace sino traducir el descontento que sigue predominando entre la población amazónica, que, sin tanta resonancia mediática como durante el gran paro amazónico, se expresa con paros, manifestaciones y ocupaciones puntuales allí donde operan las empresas petroleras y mineras, cuya actividad querían favorecer los tristemente famosos decretos legislativos. Mencionaré tres ejemplos por solo citar algunos casos en la zona del Marañón de las decenas que se suceden en la Amazonía peruana. El primero, sobre la tensa situación entre los Achuar y la empresa petrolera Talismán del Perú S.A.R.L, en el lote 64 de la provincia de Datem del Marañón. El segundo, que involucra a los Aguaruna y Huambisa contra la empresa minera Afrodita por sus trabajos en la zona fronteriza del Cenepa, en la provincia de Condorcanqui. El tercero, en el bajo Marañón, en relación con cientos de pobladores que se acercaron a los puertos de sus comunidades el 30 de diciembre de 2010 para recordar los derrames producidos en el Marañón, los que afectan severamente sus condiciones de vida.2

¿Mi predicción fue el resultado de una capacidad de análisis coyuntural extraordinaria? Y si no es así, ¿se debe a una intuición visionaria para predecir el futuro? Para mi suerte o mi desdicha, no se trata ni de una cosa ni de la otra. Porque para desgracia de todos, la previsión de lo que ha sucedido en la Amazonía peruana estaba al alcance de cualquiera con solo prestarle un mínimo interés a esta parte del país, que significa la mitad del territorio de la República. No hace falta una experta inspección para desvelar las causas que explican esta situación, cuando los intereses de los grupos en conflicto son diáfanos, los medios de los que disponen evidentes y el curso de los acontecimientos dirigido por unas líneas del destino nítidas y con varios decenios de fragua a sus espaldas. Recordemos brevemente el ciclo largo de esta situación.

Crónica de una colisión anunciada

En los años setenta, el gobierno de Velasco Alvarado promueve la Ley de comunidades nativas y campesinas, gracias a la cual —incluso recientemente— se han titulado cientos de comunidades nativas y otras áreas protegidas a nombre de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas, y Aidesep en particular, han promovido las campañas más importantes de inscripción y legalización de territorios comunales a través de un trabajo de cogestión con el Ministerio de Agricultura. El balance en términos estrictamente cuantitativos parece positivo. Así, el Directorio de Comunidades Nativas del Ministerio de Agricultura arroja la cifra de aproximadamente 1.500 comunidades nativas, lo que significa una extensión territorial de más de 10 millones de hectáreas tituladas. Este proceso ha tenido como resultado tipos distintos de situaciones para cada una de las poblaciones indígenas. Para la mayoría de ellas, la consecuencia ha sido conseguir espacios territoriales que abarcan partes medulares de sus territorios, y que, por lo mismo, permiten una cierta gestión territorial, aunque se encuentran con una división de la propiedad en una multiplicidad de pequeños pedazos de áreas, a modo de archipiélago. Eso sí, dando por perdidas zonas relevantes, como las áreas cercanas a zonas urbanas, bocas de río y primeras líneas de carreteras de penetración, debido al avance del frente colonial. En suma, estos territorios titulados, aunque representen un número de hectáreas considerable, no se corresponden con los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas —ni en la forma, ni en la extensión, ni en la calidad—. Y lo que es más importante, la legitimidad sobre unos espacios de tierra, con un título reconocido por la administración, no asegura necesariamente el ejercicio real del derecho de tenencia (cf. Chirif y García 2007).

El trabajo de titulación al amparo de la ley de comunidades nativas y campesinas realizado desde la década de 1970 ha conseguido generar un movimiento indígena además de titular comunidades. El proceso se podría resumir de la siguiente manera: las titulaciones eran precedidas por un trabajo de información que los dirigentes indígenas —al principio integrados a la dependencia del Estado creada para la titulación, el Sinamos, y después como representantes de organizaciones independientes— realizaban con los diferentes grupos indígenas, a veces con contactos muy esporádicos con la sociedad nacional. Después de la titulación, se elegía a los representantes comunales, apus, llamados también tenientes gobernadores. Con esta perspectiva integracionista que presidía la ley, se decía sin ironía que estas autoridades elegidas por la asamblea de comuneros eran la representación del Estado en la zona y las comunidades, una unidad administrativa subdistrital.

Después de la titulación, y con una intensidad desigual según las regiones, las comunidades recién formadas se asociaban a una federación a base de criterios étnicos y espaciales, en general una cuenca. Así florecieron, sobre todo en la década de 1980, las federaciones indígenas en toda la Amazonía, y así surgió la más significativa federación de federaciones, Aidesep. El trabajo de titulación fue acompañado además por toda una serie de iniciativas con miras a fomentar la integración de los pobladores indígenas a la ciudadanía, una forma de alentar el desarrollo en estas tierras abandonadas por la administración pública. Entre todas estas iniciativas, las que tuvieron quizá una mayor repercusión, especialmente en regiones de la selva norte, fueron las campañas para proveer de libretas electorales, que muy pocos indígenas poseían a principios de los años noventa. Tiempo después de estas campañas, los indígenas empezaron a ser elegidos, primero a escala distrital y después incluso a escala provincial, disponiendo actualmente de muchas alcaldías a este nivel de la administración. En todo caso, la voluntad de una integración al Estado, según la visión pragmática propia de las organizaciones indígenas surgidas de este proceso de titulación, fue evidente cuando se convirtieron en aquellos tiempos en un factor de estabilidad, un cuerpo de interposición y de promoción de la paz y la democracia en muchas de las zonas del país entonces asoladas por la violencia.

En su primera versión, la Ley de comunidades nativas y campesinas permitía el derecho inalienable a la propiedad colectiva de los grupos de indígenas. Desde entonces, la legislación internacional se ha ido desarrollando con una gruesa jurisprudencia y un buen número de tratados y declaraciones firmados por el Perú. Sin embargo, como afectada por una esquizofrenia, la legislación nacional peruana ha intentado erosionar en sucesivas ocasiones los pocos derechos territoriales que proclama la Ley de comunidades nativas. Fujimori consiguió eliminar la calidad de intangibilidad de las tierras. Alan García, en concordancia con esta voluntad de eliminar obstáculos para las grandes inversiones internacionales de empresas extractivas, ha intentado continuar en esta dirección con los famosos decretos legislativos.

En efecto, al mismo tiempo que titulaba comunidades, el Estado ha ido promoviendo una política favorable a grandes inversiones, especialmente en relación con la extracción de recursos naturales, en particular al petróleo, actividades extremadamente rentables en términos económicos para las arcas públicas, pero altamente perjudiciales para los pueblos indígenas que las acogen en sus territorios, quienes deben afrontar solos los costes de los impactos sociales en la población y la contaminación del medio ambiente que generan. Esta política en relación con la industria petrolífera es tan antigua o más que la propia Ley de comunidades. Las protestas de los pueblos indígenas contra esta industria también. Pero solo han empezado a ser conocidas por la opinión publica mucho más recientemente y de forma paulatina, al mismo tiempo que la sociedad peruana “descubría” la selva, gracias al despertar de la conciencia ecológica a nivel mundial y al desarrollo del turismo interno que permite el fin del conflicto armado de los años ochenta, facilitado por la mejora de la red vial de carreteras. Este progresivo proceso de resistencia indígena y despertar de la opinión pública se ha visto acelerado con una expansión sin precedentes en estos últimos años de la industria petrolífera, comparándola con el pasado y con lo sucedido en países vecinos. En efecto, desde 2003, en el Perú se ha promovido la inversión de este sector industrial con una política fiscal favorable y una licitación masiva de zonas de exploración. El precio del barril de petróleo en el mercado, fluctuante pero muy elevado en algunos momentos, ha animado al sector y se ha producido un nuevo boom petrolero, incrementado incluso a partir de 2005. En estos momentos hay 48 lotes activos en la Amazonía peruana con contratos con multinacionales, lo que significa en términos comparativos que el 70% de las superficies concedidas para la exploración y/o explotación petrolera en toda la cuenca amazónica se encuentra en territorio peruano. En el Perú, los 64 bloques licitados actualmente cubren el 72% de la Amazonía peruana (490.000 km2), cuando en 2005 abarcaban solo el 15% (Campodónico 2008; Finer et al. 2008).

En este contexto de agresivas políticas de inversiones para la extracción de recursos naturales como el petróleo, los títulos comunales de que disponen los pueblos indígenas no solo no sirven de mucho —recordemos que de todas maneras la propiedad del subsuelo es en Perú del Estado—, sino que incluso pueden ser contraproducentes. Por la actuación de los poderes públicos en algunos casos, parece que se quiere aprovechar el hecho de que las tierras están legalmente tituladas a nombre de comunidades indígenas para deshacerse de ciertas responsabilidades en el seguimiento de las operaciones, en la aplicación de la legalidad vigente en los procedimientos y en la debida protección a la población local afectada. A esto se le puede añadir que las comunidades indígenas, sometidas a presiones intensas y con una escasa capacidad de negociación, se encuentran a menudo frente a la política de los hechos consumados por parte de la compañía petrolera específica, incumpliendo la obligación de consulta previa estipulada por los convenios internacionales ratificados por el Perú. El dilema no es entre las organizaciones indígenas que están a favor o en contra de las actividades petroleras en sus territorios —como se asegura a veces con dudosa intención—, sino entre las que cederán a cambio de unas contraprestaciones o las que mantendrán una política de resistencia.

Dos vías

La situación resultante ante este estado de cosas es un conflicto de intereses inevitable, y veremos, de seguir así, un proceso conflictivo, largo y políticamente muy intenso, del que los incidentes de Bagua son una primera señal. Es en realidad el resultado de la colisión de dos inercias históricas de más de tres decenios de antigüedad. Por un lado, el Estado peruano acepta desdeñosamente legitimar los derechos territoriales, pero, profundamente impregnado de la idea ya lanzada por Belaunde en los años sesenta de la Amazonía como el granero del Perú, y otras propuestas de un colonialismo interno impropio de una democracia, erosiona desde los años noventa el espíritu de la Ley de comunidades con decretos e iniciativas que facilitan las inversiones de la industria extractiva.

Por otro lado, las organizaciones indígenas en Perú se crean y se desarrollan en el proceso mismo de titular las comunidades. Los indígenas encuentran en las comunidades su inscripción en la sociedad peruana, la satisfacción parcial pero real al reclamo histórico de sus derechos territoriales y una garantía de supervivencia. Para ellos las comunidades no son un bien inmueble, son ahora su condición de existencia, al menos en buena parte de la Amazonía. Debemos recordar que la Ley de comunidades nativas y campesinas no busca restituir un derecho, por así decir, preconstitucional al territorio, usurpado por unas políticas colonialistas de Estado, tal y como actualmente se decanta la jurisprudencia multilateral en esta área. En los años y condiciones políticas en que esta ley se promulgó, desde una visión estatalista de izquierdas, el objetivo era integrar las poblaciones indígenas a la sociedad peruana, junto con los obreros y campesinos, para contribuir al desarrollo de su base popular: se trataba en efecto de una ley integracionista. Los indígenas tomaron la palabra del Estado y se convencieron de que a través de las comunidades podrían acceder al estatuto de ciudadanos.

Recapitulando, los incidentes de Bagua son la consecuencia de una larga historia que lleva muchos años generando una gran frustración en la población local: un polvorín social que la mala gestión gubernamental hace estallar. Las organizaciones indígenas peruanas en general, y Aidesep en particular, nacieron y se desarrollaron como una plataforma de integración de los pueblos amazónicos a la sociedad nacional peruana, y eligieron el Estado peruano como su interlocutor privilegiado para ello. Como ya he señalado, la cantidad de cargos electos promovidos por las distintas organizaciones indígenas en sus zonas de influencia, con un gran número de alcaldes distritales y provinciales, son solamente la parte emergente de este hecho. Reuniones, documentos, directivas, convenios a miles entre los dirigentes de todo nivel con las diferentes grados de la escala ministerial y con otros organismos estatales, en Lima o en provincias, mostrarían profusamente esta idea. Los archivos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, por citar los tres ámbitos donde esta relación ha sido más continuada, arrojarían en efecto una evidencia incontestable en este sentido. Defraudados por un Estado que no responde a las expectativas creadas en el momento que se formaron las organizaciones indígenas, ¿cuál es la política que los pueblos indígenas están abocados a seguir en los próximos años?

Dos caminos se están dibujando que cambiarán completamente la imagen actual de las organizaciones indígenas y los objetivos de sus reclamos territoriales.

El primero responde a la idea según la cual, si todo este esfuerzo de coordinación con el Estado no ha reportado más que fracasos e incluso recientemente represión abierta contra la población indígena y persecución política a sus dirigentes, no es un problema del Estado en sí mismo, sino del que lo gobierna. Por lo tanto, lo que se debe hacer es transformar la vocación inicial de las organizaciones indígenas de un instrumento de promoción social de unas minorías en un movimiento político cuyo objetivo es el acceso al poder, con las alianzas que se requiera para ello.

El segundo camino, y sobre el que voy a extenderme más, consiste en cambiar el horizonte de sus demandas y el interlocutor de estas. Si, como se ha demostrado en estos últimos años de desencuentro, el Estado no es en absoluto el garante de la integración de los pueblos indígenas y de su acceso a la ciudadanía, estos tienen que redirigir sus esfuerzos hacia otras instancias, que no pueden ser sino internacionales. La internacionalización del reclamo de sus derechos además se encuentra amparada hoy en día por diferentes convenios, tratados y declaraciones que, como ya he notado, el Perú ha ido puntualmente ratificando. La reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, que garantiza nada menos que su libre determinación territorial como un derecho humano (Ayala 2009, García Hierro y Surrallés 2009), es un paso decisivo en este sentido. Las demandas para constituir un expediente jurídico y antropológico que pueda justificar ampararse en esta declaración para reclamar la libre determinación territorial van en este sentido. Estos expedientes van acompañados de mapas de autodelimitación territorial que marcan una área dentro de la cual, según los dirigentes, el ejercicio de la autonomía del pueblo indígena será un hecho lo quiera o no el Estado. Los títulos de comunidades nativas aparecen en estos mapas como el signo de un tiempo pasado superado por una nueva realidad. Varios pueblos indígenas han procedido a iniciar este tipo de trabajos (ver por ejemplo el mapa 1, realizado por el pueblo indígena Kandozi, donde su territorio aparece totalmente recubierto por lotes petroleros).

No sé si se trata de una quimera lejana, pero en todo caso hay que tener en cuenta que es una quimera que hoy en día tiene rango, en el sistema internacional de derecho, de derecho fundamental. Por otro lado, esta política de autodemarcación cuenta con el apoyo de las instancias distritales y provinciales, en muchos casos gobernadas por políticos indígenas favorables a este tipo de iniciativas. Porque no hay que olvidar el peso que tienen los líderes indígenas en los ámbitos distrital y provincial (que no llega a nivel departamental, como parece ser el caso para muchos movimientos políticos locales de todo el Perú).3 La Ordenanza municipal nº 012-2008-MPDM-A del 3 de noviembre de 2008, aprobada por el Concejo Provincial de la Municipalidad de Datem del Marañón, y publicada en el diario oficial del Estado El Peruano el 15 de abril del 2009, sería un ejemplo de ello. Esta ordenanza se basa en la Ley orgánica de municipalidades, en la Constitución Política del Perú, en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (textos internacionales ambos suscritos por el Perú), para declarar que los gobiernos locales son competentes en materia de acondicionamiento territorial donde se determine, en aras de la promoción del desarrollo y la economía local de las zonas de uso territorial, que los administrados tienen derecho a su identidad étnica y cultural y que los pueblos indígenas deben decidir sus propias prioridades en lo que se refiere al proceso de desarrollo, porque tienen el derecho a la libre determinación, en virtud de la cual definen también su condición política. La ordenanza pasa en seguida a reconocer la existencia en la provincia de los pueblos indígenas Achuar, Awajun o Aguaruna, Cocama-Cocamilla, Chayahuita o Chawi, Shibilo, Shapra, Candoshi, Quechua, Wampis o Humabisa, y los derechos territoriales históricos que poseen, por lo cual a cada pueblo indígena le corresponde realizar su propio plan de gestión territorial dentro de los límites del espacio posesionado.

En pocas palabras

En otras palabras, nos encontramos con una situación donde el Estado central aparece en estas zonas atenazado de un lado por una jurisdicción internacional cada vez más favorable a reconocer los derechos de los pueblos indígenas de una lógica jurídica impecable, imparable y que se remonta como mínimo a la jurisprudencia desarrollada en los procesos de descolonización durante el siglo pasado; y de otro lado, por una política local muchas veces en manos de autoridades promovidas por las organizaciones indígenas (o que en todo caso deben pactar con ellas para salir elegidas), en un marco de mayor participación y organización del voto indígena en partes del país donde es mayoritario. El Gobierno central y las distintas delegaciones ministeriales presentes en estas zonas solo aparecen como los garantes de los compromisos acordados en Lima por las grandes corporaciones de extracción de recursos. Esta situación, de mantenerse la actual política minera y energética de hidrocarburos, solo puede llevar a una mayor inestabilidad en la región y a aumentar la desafección hacia el estado de muchos indígenas y otros ciudadanos damnificados por este estado de cosas, con consecuencias difíciles de prever pero nada alentadoras. A no ser que los electores tomen partido en las próximas elecciones por alguno de los candidatos a presidente que quiera revisar a fondo estas políticas.

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* Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, Paris. E-mail : alexandre.surralles@college-de-france.fr.

1 Una versión de este artículo más extensa, titulada “Entre derecho y realidad”, salió publicada en un número especial de la revista Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos (ver Surrallés 2009).

2 Aparte de los importantes derrames de 19 de junio pasado a la altura de la localidad de San José de Saramuro, le sigue a comienzos de julio la aparición de miles de peces muertos en el río Samiria, lo que confirma las sospechas de que han vertido aguas de formación —es decir, veneno— a las quebradas Huishto Yanayaquillo y Yanayacu Tipishca, todo ello afectando posiblemente y de forma irreparable la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Añadir un nuevo derrame el 5 de diciembre en el mismo lugar del 19 de junio, y con el nuevo año, otro derrame más, muy cerca de allí, pero en el río Chambira, el pasado 16 de enero.

3 Ver en este sentido el texto de Alejandro Diez Hurtado (2009), donde demuestra que la representación política de estos movimientos locales se restringe al ámbito distrital y provincial y nunca departamental en otras regiones del Perú, de manera que el caso amazónico responde por lo tanto a un patrón general en el conjunto del país.

Referencias Bibliográficas

Ayala, James (2009). “The right of indigenous peoples to self-determination in the post-declaration era”. En Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.), Making the Declaration Work. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Copenhague: IWGIA, pp. 184-198.

Campodónico, Humberto (2008). “Amazonía y explotación petrolera”. En La República, 17/10/2008.

Chirif, Alberto y Pedro García Hierro (2007). Marcando territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía. Copenhague: IWGIA.

Diez Hurtado, Alejandro (2009). “Continuidades y cambios en la construcción del territorio. Espacios regionales en el proceso de descentralización” Ms.

Finer, Matt et al. (2008). “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples”. En PLoS ONE, vol. 3, n.º 8: e2932. doi:10.1371/journal.pone.0002932.

García Hierro, Pedro y Alexandre Surrallés (2009). Antropología de un derecho. Libre determinación territorial de los pueblos indígenas como derecho humano. Copenhague: IWGIA.

Surrallés, Alexandre (2008). “Kushilia 1993”. En Revista Argumentos, Año 2 N°4, Noviembre 2008

Surrallés, Alexandre (2009). “Entre derecho y realidad: antropología de los territorios indígenas amazónicos en un futuro próximo”. En Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, vol. 38, n.º 1: 29-45.

Fuente: García Hierro y Surrallés 2009.

Fuente:
Surrallés. Alexandre. “Bagua 2009”. En Revista Argumentos, año 5, n° 1. Marzo 2011. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pebagua_2009.html ISSN 2076-7722

Poco ha cambiado para los pueblos indígenas amazónicos en lucha por sus autonomías

CINCO SIGLOS O CUARENTA AÑOS

Por: Stefano Varese

En septiembre de este año regresé a Lima por un par de semanas después de casi cuarenta años de expatriación voluntaria (o casi). Fue un retorno emocional y denso de recuerdos algunos perdidos otros reencontrados. Durante décadas he seguido desde la lejanía la vida de los pueblos y comunidades indígenas de la amazonía peruana. Fueron algunos de estos pueblos – los asháninca, los yanesha, los awahún, los wambis, los shipibo, los matsés- y sus gentes concretas los que en mi juventud atraparon mi imaginación y mi pasión por conocer y me llevaron casi de la mano por las trochas de sus culturas antiguas y modernas, de sus admirables capacidades de resistencia y adaptación, de sus secretos espirituales, de su tratamiento ético del universo.

Pero también retornaba al Perú con muchas preguntas irresueltas y en busca de alguna explicación razonable sobre lo que leía en las noticias, en el Internet y en las revistas de análisis político. En mi ingenuidad y optimismo algo patriotero pensaba que los trágicos eventos del año y la matanza del 6 de junio eran una desviación desafortunada de una administración gubernamental básicamente transparente.

¿Cómo era posible que a los casi cuarenta años de la promulgación de una de las leyes más progresistas y avanzadas del continente americano, el D.L. 20653 de 1974 conocido como Ley de Comunidades Nativas y Promoción Agropecuaria de la Selva, los pueblos indígenas, las Comunidades Nativas amazónicas siguieran bajo el constante asalto a su vida, la violencia institucionalizada, la política etnocida, si no decididamente genocida, de los sucesivos gobiernos de autoritarismo post-democrático?

Ciertamente la Ley de Comunidades Nativas, defendida críticamente por los propios indígenas amazónico, en todos estos años había sufrido mutilaciones y un constante proceso de erosión dirigido a facilitar la expropiación y privatización de los recursos comunales y la buscada solución final de acabar con las comunidades étnicas de la amazonía. Pero nunca, ni en los peores momentos del autoritarismo corrupto a la Fujimori, el gobierno nacional se había dedicado de manera sistemática a socavar la autonomía de las comunidades, a tratar de quitarles sus medios de subsistencia, a estrangularlos económicamente intentando, en fin, matarlos de hambre y de contaminación ambiental.

"Esas acciones u omisiones, en cualquier país civilizado, son consideradas crímenes de lesa humanidad penable por el derecho internacional"

Esas acciones u omisiones, en cualquier país civilizado, son consideradas crímenes de lesa humanidad penable por el derecho internacional. Encontraba hora, en el 2009, a las comunidades nativas de la amazonía y a los pueblos indígenas del Perú mucho más amenazados y en peligro de perder sus tierras y sus recursos, y por lo tanto sus vidas, que hace cuarenta años cuando la revolución velasquista con gran visión cultural y social formuló la Ley de Comunidades Nativas. Una legislación humanística integral que por primera vez en la historia nacional y posiblemente Latinoamericana otorgaba personería jurídica a las comunidades indígenas y ciudadanía a sus miembro individuales, autorizando a la comunidades misma a llevar el registro civil de sus miembros y a ejercer jurisdicción colectiva sobre sus territorios y recursos. Pasos jurídicos de una importancia fundamental para miles de pobladores indígenas amazónicos que durante siglos de colonialismo y neo-colonialismo republicanos fueron tratados por el estado y las empresas privadas como esclavos.

Como es bien sabido, pero nunca mencionado, la Ley de Comunidades Nativas fue marginada, corroída, mutilada y parcialmente substituída por otras leyes a partir de la reacción de Morales Bermúdez, pasando por toda la serie de ultraconservadores Belaúndes, Garcías, Fujimori, Toledos y nuevamente Garcías. Los conservadores neo-liberales han aprendido muy bien de sus propio errores en las décadas de los Reagan, Pinochet, la dinastía Bush y demás sirvientes: si hay algo que obstaculiza la implantación absoluta del sistema económico, social, político y finalmente cultural del capitalismo tardío es la resistencia cultural de grandes sectores de la población mundial y en este caso peruana a dejarse atrapar por la ilusión de mercantilizarse y mercantilizar sus tierras y recursos. Lo intentaron los liberales de las independencias latinoamericana, Bolívar a la cabeza cuando propuso privatizar las tierras comunales de los indígenas andinos; lo intentó el "Benemérito de las Américas" Benito Juárez en México tratando de disolver las comunidades indígenas que lograron sobrevivir todos los ulteriores intentos hasta llegar a la post-revolución de 1910 con sus tierras y territorios recuperados como "comunidades agrarias indígenas" o como "ejidos".

La dictadura militar pinochetista con sus economistas "Chicago Boys" y Milton Friedman a la cabeza fue en cambio más eficiente en desarraigar y expulsar de sus territorios a casi toda la población indígena mapuche que ahora en un 70% vive en Santiago y Temuco como desempleados sin casa ni propiedades. Hay que recordar que la dictadura militar chilena de Pinochet siguió al pié de la letra las recomendaciones de la escuela económica neo-liberal y en efecto casi logra exterminar a los mapuches y disolverlos en la pobreza más abyecta o en el exilio (30 o 50 mil mapuches terminaron en Europa como refugiados).

Este es el gran éxito neo-liberal voceado a diestra y siniestra por la propaganda del gran capital que lo señala como ejemplo a seguirse en otros países donde hay población rural –indígena o no- que ocupa tierras y recursos necesarios para la acumulación vergonzosa de riqueza en manos de las oligarquías nacionales y/o globales. Este análisis podría continuar con el caso de Guatemala donde durante más de cinco décadas los varios regímenes militares o civiles cuasi-democráticos declararon una guerra de exterminio de los pueblos maya que causó la muerte y desaparición de centenares de miles de hombres, mujeres, niños indígenas, más de un millón de desplazados internos, más de cientos cincuenta mil refugiados en México y los Estados Unidos. Casi todas las tierras y recursos de los indígenas maya han sido incautados por los generales, coroneles, polítiqueros corruptos y las empresas transnacionales. Otro gran éxito del neo-liberalismo esta vez con la gran ventaja de haber introducido la variable de la represión sangrienta y cruel de tal manera que se justifica mantener "la ley y el orden" a puntas de bayonetas y torturas.

En Perú, en cambio, los gobernantes y sus políticos, sus asesores y sus escribas a sueldo se llenan la boca de una retórica desarrollista y "modernizadora" –copias mal digeridas de las teorías funcionalistas de los economistas norteamericanos de los años 1960s resucitadas por Reagan y la dinastía de los Bush- que proclama la supremacía absoluta de la propiedad privada y un estado ausentista y des-regulado como únicos instrumentos seguros para superar la pobreza y el subdesarrollo.

Me ha sorprendido la brillante síntesis que de esta teoría económica ha hecho el señor Alan García con su memorable refrán del perro y el hortelano: visión ésta muy castiza y un tanto feudal de la realidad social de la Amazonía y sus pueblos. Qué habrá pasado con los estudios que Alan hizo en París?. Tuvo que haber leído algo de sociología y de economía política, algo de M. Godelier, de A. Tourain, a lo mejor algo de Marx, ¿o el cantar valses criollos le ocupaba todo el tiempo? La memoria corta y selectiva es privilegio de los poderosos. El travestismo ideológico borra todo residuo de dignidad: el salto acrobático del anti-imperialismo aprista a la venta-regalo irrestricta del país (y su gente y sus pueblos) a las transnacionales es merecedor del mejor circo de payasos políticos. La nueva oligarquía nacional repite en el Perú del 2009 lo que ocurrió una y otra vez durante casi doscientos años de vida republicana: la venta periódica y cíclica o las concesiones de varias década a los conglomerados transnacionales, y sus siervos nacionales, de todo lo que pueda malbaratarse. Dinero y corrupción para mantener tranquila a la elite político-económica y gasto militar y policial para apaciguar las fantasías golpistas garantizar la paz de los sepulcros.

Este es el modelo de desarrollo social que se propone e impone a los peruanos. Pero resulta que los pueblos indígenas de la amazonía – y de manera creciente del mundo andino- se resisten a entender la promesa de salvación y la propuesta de deshacerse de sus bienes, sus tierras, sus aguas, sus montes, sus animales, sus peces, sus subsuelos a cambio de una cuantas monedas y quizás, con mucha suerte- un trabajo de peón, sirvienta o cargador en una empresa, eso sí, muy moderna y eficiente. El portavoz último de esta teoría económica en el país es el señor Hernando de Soto, más conocido por ser vocero póstumo de Adam Smith y extremista de la propiedad privada que por su rol de asesor tanto de Fujimori como de Alan García, fungiendo para éste último como embajador plenipotenciario ante el Imperio en la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y el Perú.

"(…) de Soto entiende que el primer obstáculo que hay que derrotar -para poder expandir a la amazonía el capitalismo fundamentalista de los neo-liberales- es esta empecinada y milenaria "cultura del bien común" y de "economía moral" que los pueblos indígenas insisten en poseer y reproducir"

Qué les propone de Soto a los pueblos indígenas de la amazonía y por extensión a todos los pueblos y comunidades indígenas del país y al resto de los peruanos que aún creen en el "bien común" y en la justicia social? Siendo un hombre cultivado con estudios de economía en Europa y carrera profesional exitosa, de Soto entiende que el primer obstáculo que hay que derrotar -para poder expandir a la amazonía el capitalismo fundamentalista de los neo-liberales- es esta empecinada y milenaria "cultura del bien común" y de "economía moral" que los pueblos indígenas insisten en poseer y reproducir. Armado de este celo evangélico de Soto fue a buscar -videocámara en la mano- unos ejemplos de relativo éxito económico de unas pequeñas empresas indígenas de la Amazonía. Allí está el secreto, vean ustedes tele-espectadores incrédulos, antropologizados de izquierda, soñadores románticos de indios puros: aquí están las pruebas que la propiedad privada es la única y mejor oportunidad que los indígenas tienen de progresar, ganar buen dinero, desarrollarse y entrar de una buena vez al tercer milenio y la post-modernidad y felicidad. Sería largo y tedioso contestarle a de Soto, tal que así como el encontró varios ejemplos de éxito vía privatización cualquier economista y antropólogo podría encontrar otros tantos o más ejemplos de éxito empresarial basado en la propiedad comunal.

México, adonde he trabajado durante varias décadas con pueblos indígena, ofrece centenares de ejemplos de empresas indígenas comunales/ejidales/colectivas totalmente exitosas. Hay empresas forestales indígenas zapotecas y chinantecas, de alta tecnología (cosecha, reforestación, transformación y comercialización) que dan empleo pleno a todas las familias de la comunidad, que tienen sistema de seguro médico para todos los miembros de la comunidad, educación completa garantizada, sistemas de becas estudiantiles, buenas viviendas, reinversión comunal en servicios etc. Y ni un metro de tierra, ni una esquina de su territorio ha sido privatizado. El derecho de ciudadanía indígena se ha ampliado al derecho al trabajo remunerado. Lo mismo pasa con la empresas comunales indígenas productoras de café orgánico en el Istmo de Tehuantepec (indígenas zapotecos) y en el Soconusco (indigenas mam). Los indígenas nahuat de la Sierra de Puebla además de empresas comunales de producción agro-forestal han organizados centros de eco y etnoturismo. Lo mismo pasa en las comunidades indígenas de la Sierra Madre del Norte de Oaxaca. Y así podrían seguir los ejemplos no solamente para México sino para Guatemala, Panamá, Canadá y porque no los Estados Unidos: corazón del fundamentalismo neo-liberal.

Y aquí es donde de Soto lleva su retórica del engaño al paroxismo. Cita el caso de los indígenas de Alaska como un ejemplo recomendable y a seguirse en la amazonía peruana. En una parodia caricaturesca de la situación de los Natives de Alaska de Soto sostiene que a estas comunidades les está yendo bien económicamente porque aceptaron la oferta del gobierno federal de los EE.UU. de transformar sus comunidades en "corporaciones privadas". La verdadera historia es mucho más complicada y llena de trampas "legales" implementadas por el gobierno federal de los EE.UU. Voy a tratar de resumirla en una cuanta líneas.

En 1971 el Congreso de Estados Unidos quiso resolver una disputa histórica de los indígenas (Natives) de Alaska que reclamaban los títulos de propiedad colectiva/tribal de sus territorios y tierras (se usaría el término comunal en Perú y Latinoamérica). El gobierno federal tenía que resolver la disputa para poder construir el oleoducto de Alaska que ocuparía territorios indígenas. El Congreso aprobó un Acta de compra de territorios indios y el pago de 962.6 millones de dólares por la expropiación de 300 millones de acres de tierras indígenas tituladas. A los Natives el gobierno les prometió también regularizar la titulación colectiva/tribal/comunal de más de 40 millones de acres que quedaban en uso y posesión de los indígenas (Alaska Native Claim Settlement, 1971). Como ha sido siempre el caso en las conflictivas relaciones entre los pueblos indígenas y el gobierno federal de los EE. UU. este último no cumplió con la promesa (la tradición del gobierno de EE.UU. que los indígenas llaman "Broken Treaties") demorando indebidamente la titulación y llegando finalmente a cooptar la voluntad de los indígenas cansados de tantas promesas no cumplidas con la propuesta de transformar las aldeas y regiones indígenas en "corporaciones" con el derecho de los miembros individuales de disponer de la porción de territorio/recursos a manera de propiedad privada.

Hay que entender que para los indígenas de Alaska, con una larga historia de resistencia ante la colonización Rusa y después Norteamericana, el debate con el gobierno federal sobre los territorios y su jurisdicción autónoma o soberana (sovereign) era esencialmente sobre la legitimidad de sus gobiernos indios comunales, locales y regionales. A los Alaska Native les importaba ganar la plena legitimidad con su personería jurídica colectiva/tribal/comunal de manera de poder interactuar con el gobierno del Estado de Alaska y el gobierno federal con la autonomía/soberanía que le compete a todo grupo indígena de los Estados Unidos. Bajo las tremendas presiones del Congreso de EE.UU., del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado de Alaska y de las corporaciones petroleras, mineras y constructoras los Natives/Indígenas tuvieron que aceptar el mal menor o perderlo todo.

"Hay centenares de libros y millares de estudios sobre la "economía social" de los pueblos indígenas de las Américas y del mundo: que el señor Alan García no los conozca no me llama la atención, pero que usted los esconda constituye un engaño vergonzoso"

Se podría afirmar que los indígenas de Alaska como los indígenas de Hawai y los nativos de las islas del Pacífico bajo administración imperial/colonial de los Estados Unidos constituyen los últimos ejemplos de la arrogancia y del poder bruto y violento ejercido por los EE.UU. con los pueblos originarios. Un poder de estado que es poder por interposita persona de los intereses privados de las corporaciones y empresas norteamericans y transnacionales. Así que señor de Soto, por favor, deje de engañar o entérese y edúquese. Hay centenares de libros y millares de estudios sobre la "economía social" de los pueblos indígenas de las Américas y del mundo: que el señor Alan García no los conozca no me llama la atención, pero que usted los esconda constituye un engaño vergonzoso.

Para concluir hay que volver a decir unas cuantas palabras sobre los 350 - 500 millones de pueblos indígenas/pueblos originarios del planeta que no se han dejado absorber por los poderes coloniales y neo-coloniales como masas de de-culturados, desterrados a villas miserias-ghettos-zonas rurales marginales y en calidad de mano de obra barata explotable. Los más de mil grupos étnicos indígenas de las Américas que cuentan entre los 40 y 45 millones a principio de este milenio (según datos de Naciones Unidas y Banco Mundial) viven en una "economía social" que ha sido llamada por lo primeros etnólogos y la antropología económica "economía de subsistencia". Estas son formas económicas mixtas que combinan una base de horticultura/agricultura con pesca, caza, cría de animales, semi-domesticación de especies animales e insectos (abejas nativas/hormigas, etc.), constante domesticación de especies botánicas y practicas socio-culturales cuyo objetivo es incrementar la diversidad biofísica del entorno, del paisaje.

"El principio filosófico-ético fundamental de esta economía es la reciprocidad que se ejerce no solamente entre los humanos sino entre todos los seres del universo, sean éstos bióticos, físicos o astrales, tangibles o intangibles. En consecuencia las relaciones de la persona con el mundo son relaciones con una red de "entes/seres vivos y poseedores de inteligencia y emociones"".

Este tipo de economía se ejerce sobre un mundo físico/territorial que es social y es "del común". Es una economía que desde los primeros estudios (K. Marx en los Grundrisse, seguido por Karl Polanyi y el historiador inglés E.P. Thompson en el siglo veinte) ha sido llamada "economía moral". Es una economía que no busca la producción de excedente para la venta y el comercio y el enriquecimiento personal, sino la producción de excedentes para facilitar a todos los miembros de la comunidad "el buen vivir", lo que nosotros llamaríamos una buena calidad de vida. El principio filosófico-ético fundamental de esta economía es la reciprocidad que se ejerce no solamente entre los humanos sino entre todos los seres del universo, sean éstos bióticos, físicos o astrales, tangibles o intangibles. En consecuencia las relaciones de la persona con el mundo son relaciones con una red de "entes/seres vivos y poseedores de inteligencia y emociones". De allí las prácticas rituales para la caza, el sembrado y la cosecha, la redistribución de alimentos y bebidas, la circulación de bienes y servicios (lo que en relación a los ashánica pajonalinos hace décadas yo llamé el "comercio sagrado").

¿Es posible mejorar la calidad de vida, "el buen vivir" de estas comunidades con la adopción de tecnologías y prácticas sociales externas? Seguramente que sí. Pero la elección o no de ciertos caminos de "desarrollo" tiene que ser informada, fruto de conocimientos y de comparaciones. No puede ser impuesta como propaganda de spots televisivos basados en mentiras o medias verdades. ¿Es tener una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito y un préstamo del banco para comprar un carro o un televisor una mejoría del "buen vivir" de los comunero nativos? Estas son preguntas que se las tienen que hacer los pueblos indígenas de la amazonía, y al parecer se las han estado haciendo desde hace mucho tiempo y cada pueblo decidirá como actuar con la sabiduría y libertad que les ha permitido sobrevivir y desarrollar civilizaciones durante varios milenios en sus propias tierras.

Notas:

(*) Stefano Varese, es Antropólogo (social, político y cultural) especializado en pueblos indígenas/nativos de América. Es miembro del Departamento de Estudios sobre Nativos Americanos de la Universidad de California, Davis. Entre los temas de su interés se encuentran: desarrollo de las comunidades indígenas, el desarrollo agroecológico y sostenible, culturales, económico y la libre determinación política, la gestión territorial, la migración rural-urbana, la migración transnacional, la gestión de los recursos culturales, las estrategias de mitigación de la pobreza, los derechos humanos.

Su Sitio web: www. nas.ucdavis.edu/varese/varese.html

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“Los tiempos vienen duros” para las comunidades nativas – Historia y mapas

 Un análisis al trasfondo del conflicto entre los indígenas y el Estado peruano

El Estado peruano históricamente ha debilitado la seguridad
territorial de las poblaciones indígenas de la selva. El resultado: Conflicto.

La marcha que realizaron ayer los ronderos en la plaza de Bagua Grande, contra el traslado a Lima del juicio sobre la tragedia del 5 de junio, fue pacífica; pero la Policía Nacional había desplegado más de 500 efectivos como medida de seguridad. Por otro lado, el Representante de las Comunidades Awajún-Wampis en AIDESEP, Salomón Awanash, ha vuelto a advertir al Gobierno que, si continúan como hasta ahora las negociaciones para la pacificación y el respeto a los pueblos indígenas, la protesta se reiniciará y los indígenas amazónicos esta vez no irán a las carreteras, pero cercarán sus territorios y tomarán los espacios que tienen las empresas extractoras en su interior. Esto hace pensar que “los tiempos vienen duros”, y ésa fue la frase que cerró la primera exposición del Desayuno de Trabajo con la Prensa Nacional y Extranjera El Conflicto Amazónico: Explorando el Trasfondo, en el que se analizó algunas de las razones más importantes por las cuales el conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado llega a estos niveles tan peligrosos.

El evento fue organizado por el Instituto del Bien Común (IBC) y sirvió para analizar los temas de fondo que generan el conflicto entre los indígenas y el Gobierno peruano, conflicto que a pesar de permanecer en tensa calma luego de la derogatoria de los principales decretos legislativos que motivaron la protesta, parece ahora que volverá con fuerza.

HISTORIA Y PERSPECTIVA INDÍGENA. IMPACTO DE LOS PREJUICIOS DE LA SOCIEDAD NACIONAL

La Presidenta del Consejo Directivo del IBC, Frederica Barclay, inicia su exposición diciéndonos que no es posible “hablar de los prejuicios de la sociedad nacional sin entrar en una complicada discusión acerca de lo que es la sociedad nacional”. En ese sentido y como el rico desayuno era para los periodistas, hizo bien en comentar que hacía unos meses intentaban interesar a la prensa en el tema de la minería en la Cordillera del Cóndor, pero lo que encontró fue bastante indiferencia. Ahora por supuesto, luego de la tragedia en Bagua, de todo lo ocurrido y de que el tema es de interés de todos, la prensa está más atenta a estos temas, pero quizá sea cuestión de coyuntura y Agenda Mediática, aunque esperemos que no, ojalá que no, y mejor que no, por el bien del país. Innegablemente entonces, el asunto del prejuicio hacia los indígenas también nos tocó a nosotros los periodistas, y en esto se hace un reconocimiento de la responsabilidad y se acepta el parche de Frederica.

Pero el prejuicio también lo tiene el Gobierno. Al respecto, la antropóloga sostuvo: “Hoy es increíble que el Gobierno sostenga que la violencia ocurrida en Bagua [5 de junio] tuvo origen en el salvajismo y violencia de los Awajún y Wampis que mantenían el bloqueo pacífico de la carretera Fernando Belaúnde. Desde esa perspectiva, los propios indígenas son los responsables de las muertes de los policías… y son los causantes de su propia muerte."

 Un mes y medio después de lo dicho en el evento (realizado el 2 de julio 2009), las palabras siguen vigentes al saber cómo el Ministro de Justicia, Aurelio Pastor, explicó la primera semana de agosto, ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas (ONU), que la culpa de todo lo ocurrido en Bagua la tenían los azuzadores, nacionales y extranjeros, de medios de comunicación, religiosos y de cualquier tipo; negando de esta manera que los indígenas tengan la capacidad de reaccionar autónomamente para defender sus derechos. Es decir, prejuicio puro, pues no piensan que los grandes empresarios son azuzados cuando tienen un reclamo, o lo mismo si se trata de un grupo de propietarios de algún distrito limeño.

Con todo esto, Frederica cuenta que en un prolongado tiempo y en intensa lucha, los pueblos indígenas han ido ganando el respeto a sus derechos, pero al mismo tiempo aclara:

“Si uno mira para atrás, es grande lo que se ha conseguido en términos de derechos, pero al mismo tiempo, en ese lapso, el bienestar ha disminuido en muchas partes [de los territorios indígenas]. La comida, el pescado y la carne son escasos; el agua de las quebradas está sucia… Ahora el dinero es necesario todo el tiempo… Cada vez más niños han pasado a integrar el Desayuno Escolar, el Vaso de Leche, a participar en el Programa Juntos. Se pensó que eso [el respeto a sus derechos] traería mayor bienestar, pero eso no ha pasado. Hay una curva descendente de servicios que se interpretan como deterioro de la calidad de vida, y eso llega en un momento en que las noticias sobre el ingreso de las petroleras en territorios [indígenas] asoman por todos lados, sin saber con quién hay que tratar y qué planes tiene el Estado o las empresas para garantizar el territorio.”

Es decir, pensar que la situación de los pueblos indígenas ha mejorado porque ahora se han firmado tratados/y legislado sobre sus derechos, también es prejuicioso. La realidad demuestra que su situación no ha mejorado, la “puesta en vigencia” de sus derechos puede ser más un cúmulo de papeles impresos debido a la necesidad de hacerlo luego de que ellos hayan peleado tanto para conseguirlo, como una reacción ante la intromisión en sus territorios de las empresas extractoras (caucho, madera, hidrocarburos, conocimiento, patentes). Mucho más prejuicioso es pensar que porque llegan las empresas a sus territorios a ellos les va a ir mejor. Frederica cierra su exposición de esta manera:

“Estas medidas contra la selva han sido percibidas como que los derechos
indígenas han sido agotados y que ha llegado una etapa en que van a defender con
los dientes no sólo lo que faltaba lograr, sino lo logrado…Los tiempos vienen
duros.”

LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA AMAZONÍA PERUANA. UNA VISIÓN DESDE LOS MAPAS DE 1969-2009

“En ese mapa que fue producido por el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, vemos en los espacios amarillos las 1235 comunidades nativas que han sido reconocidas y demarcadas desde 1974. A primera vista, la impresión que da es que hay bastante espacio; hablamos de unos 10.5 millones de hectáreas demarcadas, además de 2.8 millones de hectáreas demarcadas para territorios indígenas (que es una figura distinta, pues son los espacios de protección para poblaciones indígenas en aislamiento), y cinco reservas territoriales demarcadas desde los 80; y eso nos da un total de 13.3 millones de hectáreas demarcadas. ¿Y por qué digo demarcadas y no tituladas? Porque en 1978 se hizo un cambio en la Ley de Comunidades, reconociendo como su propiedad sólo las tierras clasificadas para uso agropecuario. Las tierras de uso forestal ya no se titulaban; el Estado sólo las concedería en uso y no tenemos los datos exactos, pero podríamos hacer un cálculo que de los 10.5 millones de hectáreas, el 40 por ciento de áreas demarcadas podrían ser de propiedad de los indígenas, y el 60 por ciento concedidas en uso [a las comunidades] pero en manos [propiedad] del Estado.”

Así explica el Director Ejecutivo del IBC, Richard Chase Smith, cómo es que las cifras dadas por el Gobierno no son tan exactas; es decir, que no son 13.3 millones de hectáreas las que pertenecen a las comunidades nativas, sino que, en realidad son mucho menos, pues para que sean suyas estas hectáreas las comunidades nativas deberían tener su título de propiedad, pero eso no es así. Richard también subraya que no son solamente 1235 comunidades nativas, pues “según los datos que el SICNA [Sistema de Información sobre Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana] ha recogido quedan por demarcar y titular 277 más.”

También mencionó que debe haber cientos de casos de solicitudes de ampliación de demarcación de tierras. Se va desbaratando así el panorama planteado por el Gobierno de que las comunidades nativas “son dueñas” de 13.3 millones de hectáreas y que tienen mucho territorio en sus manos. Pero además, el especialista explica que las demarcaciones en el Perú se hacen para asentamientos de cada comunidad, es decir, de las que llegan a inscribirse en Registros Públicos como tales, y que de esa manera no se demarcan espacios continuos para los pueblos indígenas, sino espacios separados para cada comunidad; mientras que en países vecinos los territorios de los pueblos indígenas son mas continuos (Ver mapa). “En el Perú se reconoce y se titula asentamientos [comunidades individuales], no pueblos enteros.”; resume Chase.

Cuenta el Director Ejecutivo del IBC que, a lo largo de los años, los mapas se han ido formando con la superposición de diferentes elementos con los territorios de los pueblos indígenas. Para empezar, las Áreas Naturales Protegidas (ANPs), que desde Manu se fueron superponiendo a territorio indígena (Ver mapa). Aunque desde la creación en el 2001 (gobierno Paniagua) de una Mesa Multisectorial para coordinar este tema las cosas han mejorado, las secuelas han quedado. El otro asunto son los Bosques de Producción Permanente (BPP), los cuales desde la nueva ley forestal del 2001 se dan en concesión a las madereras; y estos BPP también se superponen a territorios indígenas (Ver mapa), sin que en este caso tampoco se haya realizado alguna consulta previa. Por último, en el tema de las superposiciones surge un tercer elemento: Las concesiones de los Lotes Hidrocarburíferos. Richard sintetiza:

“La tercera fase de esta ocupación del espacio amazónico empieza en los 70. El gobierno militar construye en el norte el oleoducto nor-peruano. Fue con el gobierno de García que se da una expansión enorme: La cobertura de lotes petroleros en la Amazonía crece de 15 por ciento a 75 por ciento de cobertura amazónica. El estimado que hemos hecho en el IBC es que el 95 por ciento de las comunidades nativas hoy en día están cubiertas por lotes petroleros. Creo que viéndolo gráficamente impacta…”  (Ver mapa)

Fuente: Tsiroti.com

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Protesta indígena: Territorio es vida

Territorio es vida, salud y desarrollo para los indígenas amazónicos.

Su defensa es una cuestión de supervivencia.

José Álvarez Alonso

“Tienen demasiada tierra”, “tienen tituladas 12 millones de hectáreas ¿y quieren más?”, “la Amazonía no es sólo de los indígenas”, son algunas de las expresiones de políticos y periodistas en relación con la protesta indígena en defensa de
sus bosques y territorios ancestrales. “Sus tierras tituladas no serán vendidas, la protesta no tiene razón de ser”, explican algunos altos funcionarios y periodistas.

Sin embargo, los indígenas amazónicos no se movilizan por tonterías ni trivialidades. Lo he experimentado en el cuarto de siglo recorriendo comunidades amazónicas… Su estrategia de supervivencia en la selva se basa en minimizar costos y esfuerzos en un ecosistema donde, pese a las apariencias, los recursos útiles con frecuencia son escasos y elusivos. Es más, los blancos y mestizos los suelen calificar de “indolentes” y “haraganes” porque les parece que no se interesan en las cosas que para ellos son de sumo interés (acumular dinero y otras posesiones, por ejemplo).

¿Por qué se movilizaron, entonces, decenas de miles de indígenas en diversos puntos de país, dejando solos a sus hijos y esposas (cosa que detestan), para pasar hambre y sufrir penalidades haciendo guardia a la intemperie en lugares muy distantes de sus hogares?

Una simple utilización de politiqueros o de ONG izquierdosas no lograría el milagro, y una simple sospecha de que unos dispositivos legales les afectarían marginalmente tampoco. Además, es totalmente cuestionable y racista considerar “manipulables” a casi 400,000 personas de decenas de pueblos indígenas, que cuentan con cientos de líderes muy bien informados y capacitados, muchos de ellos con carreras profesionales. Los indígenas saben bien lo que es bueno para ellos, y han aprendido a desconfiar de los foráneos, luego de varios siglos de engaños, estafas y promesas incumplidas por gentes de fuera, desde madereros y mineros, hasta funcionarios del Estado.

Un mundo en peligro
Me lo confirman algunos de los líderes indígenas más lúcidos con los que he tenido la oportunidad de conversar: algo muy grave está pasando con su vida para que haya tomado decisiones tan graves. Su mundo está colapsando ante sus ojos, sus niños pasan hambre por falta de los animales silvestres y el pescado que fueron la fuente principal de alimentación, y no encuentran ya en sus bosques los recursos que por miles de años fueron la base de su subsistencia; muchos de sus jóvenes huyen de las comunidades a las ciudades, porque no ven futuro en las tierras que fueron el hogar de sus antepasados.

“Sentíamos que los decretos nos anulaban la existencia. Por eso nos levantamos”, declaró a la revista Somos Santiago Manuin, respetado dirigente Awajún gravemente herido en los sucesos de Bagua. No se trata de tal o cual artículo de los decretos cuestionados, es el conjunto de la política del Estado hacia la Amazonía, que los indígenas perciben claramente que no ha sido diseñada en absoluto para beneficiarlos: los decretos inconsultos fueron la gota que colmó un vaso ya muy lleno de maltratos, promesas incumplidas y marginación por parte del Estado.

Si los indígenas no viesen seriamente amenazados su forma de vida y su mundo no protestarían de la forma como lo están haciendo. ¿Saben cuál es el índice de desnutrición infantil en la provincia de Condorcanqui, de donde son originarios los Awajún y Wampis que participaron en los hechos de Bagua? 72.96%, según un informe del Gobierno Regional de Amazonas. Esto se debe en buena medida a la escasez creciente de fauna terrestre (animales de caza) y de peces en sus territorios, los que representan hasta el 80-90% de su ingesta de proteína.

A la mala gestión por parte del Estado (que permite e incluso promueve en la Amazonía la pesca comercial indiscriminada, la cacería comercial de animales, la industria forestal mecanizada y la minería) se suma el incremento de la población y, por tanto, de la presión sobre los recursos que son base de la economía indígena, y que hoy escasean más y más cada día.

Frente a esto, el Estado les ofrece más de lo mismo, de la medicina que ellos han visto como la culpable del descalabro: los “inversionistas” foráneos, sean empresas madereras, petroleras, mineras o agropecuarias, con que les prometen ahora un mundo dorado de desarrollo y progreso, no significaron para ellos en el pasado inmediato ningún mejoramiento de sus condiciones de vida, sino todo lo contrario… Los indígenas sienten, con razón, como una amenaza para su modo de vida la posible entrega en concesión de grandes extensiones de bosques para la industria maderera, petrolera y de biocombustibles en territorios que, aunque no titulados hoy a las comunidades indígenas, ellos consideran sus tierras tradicionales de caza y pesca.

De nuevo Manuin nos aclara: “… tenemos que pensar desde la selva. Mira la historia, cómo han quedado los pueblos indígenas, la deforestación, los ríos contaminados… ¿Eso es desarrollo? Nosotros no queremos ese desarrollo, el Perú no debe querer así el desarrollo. (…) No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, los necesitamos. Pero queremos saber, nunca somos consultados. No nos dicen (…) cómo se asegura que nuestros hijos sigan viviendo del bosque, y cómo se va a cuidar ese bosque. Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo pensado desde la selva y a favor de la selva, que también va ser lo mejor para el Perú.”

“No es suficiente nuestro territorio”
“El territorio que el Gobierno ha titulado a mi comunidad no es suficiente: el irapay para techar nuestras casas, el sajino o el venado que cazamos o los peces que pescamos para nuestra comida a veces están fuera de nuestro territorio titulado, en terrenos del Estado. Si entran empresas a explotar esos bosques, no sé de qué vamos a vivir, porque cada vez tenemos menos recursos. Nuestros hijos tendrán que emigrar a la ciudad. ¿Eso quiere el Gobierno?”, preguntaba recientemente Romero T. Ushiñahua, presidente de la Federación Indígena Maijuna, en el río Napo.

Imaginemos un territorio de una comunidad indígena típica de selva baja, de unas 6,000-8,000 ha, que con frecuencia no abarca la cabecera de la quebrada donde se reproducen los peces, o la cocha donde pescan, o el aguajal donde cosechan su aguaje, o el irapayal donde cosechan las hojas con que techan sus casas. ¿Qué pasaría si a un costado se instala una concesión maderera a practicar extracción forestal mecanizada, y en otro una plantación de palma aceitera, y en la cabecera de la quebrada una concesión minera? Aunque su territorio no sea tocado, su modo vida, su supervivencia como indígenas está, definitivamente, seriamente amenazada. Porque ellos no aspiran a ser peones de una empresa, adoran su libertad y su modo de vida en contacto con la naturaleza: “No quisiera tenerle pena un día a mi hijo viendo cómo le maltratan los patrones; no hay patrón bueno. Prefiero que mi hijo viva pobre como yo, pero libre”, me decía recientemente un indígena del Huallaga.

El Estado no quiere ampliar territorios de comunidades indígenas, y se demora largos años en titular a comunidades mestizas en la selva baja que son descendientes, en buena medida, de los pueblos indígenas originarios. “Nos mezquinan lo que es nuestro”, reclamaba don Mariano Arévalo, un dirigente indígena Witoto-Murui durante un encuentro de dirigentes rurales en Iquitos, refiriéndose a los bosques concesionados por el Gobierno a empresas madereras, a las que el Estado entrega hasta 40,000 ha. en concesiones por 40 años renovables.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que los pueblos indígenas no sólo tienen derecho a sus territorios tradicionales, entendidos como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”, y a los recursos naturales existentes en ellos, sino que también “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres” (siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales). Y estas costumbres incluyen vivir del aprovechamiento de los recursos que proveen los bosques y las cochas.

Por qué necesitan los indígenas tanto territorio
Quienes hablan de que los indígenas tienen ya “demasiada tierra”, dividen los 12 millones de ha tituladas a los indígenas amazónicos entre los 400,000 indígenas reconocidos por el Estado, lo que da unas 30 ha por persona. ¿No es eso más de lo que tienen la mayoría de los peruanos? Olvidan que, en primer lugar, los pueblos indígenas han sido los dueños originarios de la Amazonía por miles de años, y que el Estado peruano, como tal, apenas existe por poco más de siglo y medio, por lo que ellos tienen un derecho preeminente, reconocido por la constitución peruana y por convenios internacionales.

En segundo lugar, olvidan que el modo vida (y de producción) de los indígenas es muy diferente al de los campesinos de la costa o del Ande, y por supuesto al de los habitantes de la ciudad. Aunque practican la agricultura en pequeñas parcelas familiares, y crían algunos animales, esto representa apenas una fracción mínima de su economía. Los indígenas amazónicos son, en buena medida, cazadores, pescadores y recolectores, por cultura, y porque es mucho más fácil y económico (y ecológico) cazar un animal silvestre que criarlo (para lo cual necesitan talar bosque para cultivar sus alimentos), cosechar frutos de un bosque primario que talar este bosque para sembrar frutales...

La economía de la mayoría de las comunidades indígenas depende principalmente de los recursos silvestres, de la flora y la fauna de sus bosques, y de los peces, caimanes y tortugas de sus ríos y cochas. Hasta el 70-90% de los ingresos económicos, y más del 80% de la ingesta proteica provienen de estos recursos en comunidades indígenas tradicionales.

“Nuestro mercado es nuestra cocha, nuestra tienda son nuestros bosques. Allí encontramos el pescado y el mitayo (carne de monte) para alimentar a nuestras familias, la madera y hoja para construir nuestras casas, las medicinas para curarnos… No vivimos de un sueldo, sino de los recursos que nos da la madre tierra. Si nos quitan eso, ¿de qué vamos a vivir?”, decía un dirigente indígena Awajún en un reciente encuentro en Iquitos.

Los territorios titulados que tienen (en realidad, sólo les titulan el área agrícola, y los bosques son “cedidos en uso” por el Estado) apenas protegen una fracción de las áreas que ellos usan habitualmente para sus actividades cotidianas de caza, pesca, extracción maderera, recolección de fibras, frutos, miel y otros productos. La mayor parte de las zonas de cabecera de quebradas, por ejemplo, quedan fuera de los territorios comunales titulados en la selva baja. “Al final, sólo me pertenece el jeme de tierra donde cultivo mi yuca. El bosque más atrás, es del Estado, el suelo debajo, es del Estado. Cuando nos entierran, es en tierra ajena, del Estado”, se quejaba Benjamín Chumpi, dirigente Wampis del río Morona.

Bosques sanos para una vida plena
El sistema indígena tradicional depende de la salud del ecosistema: un bosque enfermo (defaunado, fragmentado) o un río contaminado significan hambre y miseria para los indígenas. Y para que el bosque y el río provean los recursos de que dependen deben ser parte de un sistema equilibrado, de un paisaje sano: los peces que pescan en la cocha se alimentan en el bosque inundable cercano, y migran a veces decenas de kilómetros para reproducirse; la mayoría de los animales silvestres requieren grandes territorios y bosques sanos para mantener poblaciones sanas y viables.

Los expertos en manejo de recursos amazónicos han descubierto que para que el aprovechamiento sea sostenible deben mantenerse extensas zonas intactas, donde los animales y los árboles puedan reproducirse y dispersarse a las zonas donde son explotados intensamente. Este modelo, llamado “fuente – sumidero” (sink and source, en inglés), exige que las zonas de cabecera de quebrada, las zonas interfluviales entre ríos (actualmente en su mayor parte “del Estado”) sean mantenidas como tales, en su estado original, y no sean explotadas, so riesgo de que el aprovechamiento de los bosques y cuerpos de agua más abajo colapse, como ya ha ocurrido en muchos lugares.

La Amazonía es megadiversa, pero también es frágil: alberga gran abundancia de especies, pero poco número de individuos por especie, salvo excepciones. Mientras los indígenas norteamericanos, por ejemplo, basaron su economía en el aprovechamiento de una sola especie (el búfalo), de los que había hasta 80 millones a la llegada de los europeos, los amazónicos aprovechan en pequeñas cantidades cientos de especies de mamíferos, reptiles, aves, peces e insectos. Por eso, según algunos científicos, para que sea sostenible el aprovechamiento de recursos en el frágil ecosistema amazónico, los territorios de las comunidades indígenas deben ser suficientemente extensos, entre 500 y 1000 ha. por persona como mínimo (ver, por ej., Vickers 1988, en Science 239).

Además de ser la fuente principal de recursos para subsistencia, los bosques, lagos y quebradas de la selva tienen otros valores para los pueblos indígenas, valores sagrados, espirituales, culturales… Cuando el Estado peruano concesiona bosques o minas en un territorio que cree “sin dueño” (de libre disponibilidad del Estado, dice la ley, terrenos eriazos, lo llaman algunos) está entregando espacios que tienen a veces un valor mucho más que material, y violando de nuevo el Convenio 169, que establece que “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”.

La conservación y el uso sostenible de los bosques amazónicos (tal como los han practicado por miles de años los pueblos indígenas) no sólo es una aspiración y un derecho de estos pueblos, sino que debería ser de todos los peruanos y del Mundo: hoy, más que nunca, se sabe que el ecosistema amazónico es fundamental para el equilibrio climático mundial, y para mitigar los efectos del calentamiento global. Deberíamos agradecer a los amazónicos por luchar en defensa de los bosques amazónicos, cuyos bienes y servicios beneficiarán sin duda a toda la humanidad.
Fuente: Diario La Región de Iquitos

 Nota: José Álvarez Alonso, es Master en Ciencias, Biólogo de profesión, e Investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, Colaborador de IPRODESA