LA PROTESTA INDÍGENA: ALGUNAS REFLEXIONES

Pilar Arroyo R.P.
Instituto Bartolomé Las Casas

En este mes el país se vio sorprendido por una contundente protesta de las 65 etnias amazónicas, que comenzó el 9 de agosto, Día Internacional de Los Pueblos Indígenas, exigiendo la derogatoria de una serie de decretos que ponían en peligro no solo sus territorios sino su misma existencia. En dicho reclamo fueron apoyados, algo inusual, por poblaciones mestizas de la Selva. Luego de una tensa semana, el Congreso accedió a derogar dos de ellos, el 1015 y el 1073 (por 69 votos a favor y 29 en contra) estando hoy a la espera que el Ejecutivo promulgue dichas leyes, aunque ya ha anunciado que no tiene mayor intención al respecto. De no hacerlo luego de 15 días correspondería al Congreso promulgarla, según el Art. 108 de la Constitución.
La protesta se posicionó firmemente en la agenda nacional, participando en el debate representantes de diversas tendencias políticas, gremios laborales y empresariales y los diversos medios de comunicación. Como mucho se ha escrito al respecto, preferimos centrar nuestra reflexión en los siguientes puntos:

1.- La afirmación de que los métodos usados por los nativos son violentos
Lo que los nativos hicieron fue ocupar pacíficamente diversas instalaciones petroleras y gasíferas; así como también interrumpir el tránsito por carreteras y zonas fluviales. Se tomaron embarcaciones, pozos, plataformas, helipuertos y campamentos relacionados con la explotación gasífera y petrolífera, así como también centrales hidroeléctricas.

Desde la perspectiva de algunos sectores limeños no se entiende este tipo de medidas y fácilmente se les tipifica de violencia. No se hace una distinción, necesaria, entre la violencia y el uso responsable de la fuerza como recurso válido para llamar la atención de un estado ciego y sordo frente a las necesidades de la población y forzar una negociación.

Como nos escribía una religiosa desde la zona donde se llevaron a cabo las negociaciones con el Ministro Brack: "En Saramiriza y Morona, los indígenas han cerrado las válvulas del petróleo, con lo cual no puede llegar a la costa. Este es el único medio que tenemos de hacernos oír. Rueguen todos para que los GRANDES se den cuenta que los habitantes de la Amazonía morirán si ellos venden las tierras que pertenecen a las comunidades indígenas".

Caballero y Cabrera nos dicen que en casi todos los conflictos estudiados, "la población y sus líderes buscan como primer resultado, en la mayoría de ellos, una mediación para establecer mejores bases para la negociación" (1). Y a eso respondía el uso responsable de la fuerza que hicieron los nativos, por eso, uno de ellos decía con total convicción, en Imaza, Amazonas: "Nos tratan como terrucos, como subversivos, cuando nuestra protesta ha sido absolutamente pacífica. ¿Por qué han declarado el estado de emergencia?" (2)
En cuanto a la toma de rehenes, ella se dio como consecuencia de que el gobierno mandó refuerzos policiales, a pesar de la pública invocación de la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos del Perú para que no lo hiciera. En un comunicado del 17 de agosto señalaron "Nos preocupan los envíos de policías armados a algunas de las zonas de concentración de manifestantes. Las concentraciones de miles de comuneros amazónicos en distintos puntos de la amazonía han sido y quieren seguir siendo pacíficas, no parece necesario el envío de fuerzas armadas a dichas zonas que podrían generar conflictos graves con la población"
La religiosa mencionada líneas arriba nos da su versión al respecto: "Sé que 41 personas (no sé si policías o militares) han sido capturados hace días por los aguarunas cuando iban cayendo uno a uno del helicópteros. Uno de ellos al ver a los aguarunas disparó y entonces éstos se lanzaron sobre ellos luchando cuerpo a cuerpo y evitando el utilizar ningún arma. Posteriormente llegaron como 36 y lograron que depusieran las armas. Estos llevaban hasta minas para colocar alrededor de una de las estaciones. El aguaruna que comandó esto escribió al General diciéndole que todos se encontraban en buen estado y las armas bien custodiadas; y firmaba él mismo. El mismo escrito envió a la Defensoría del Pueblo" Si la versión es cierta, el caso es similar al del Moquegua, los rehenes fueron tomados en un acto de legítima defensa.

2.- La violencia partió del Ejecutivo, al poner en peligro sus vidas y al violar el ordenamiento legal peruano, en su afán por favorecer a la gran inversión.
El Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Dicha norma, en sus Art. 6, inciso 1ª y Art. 7, obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cuando se den normas que estén relacionadas con sus derechos. Como bien señala el jurista F. Eguiguren dicho convenio, en su Art. 15 "Indica expresamente que tratándose de recursos minerales o del subsuelo ubicados en sus tierras, aún cuando su propiedad pertenezca al Estado, los gobiernos estarán obligados a consultar a estos pueblos para que determinen si pueden verse afectados sus intereses, antes de autorizar cualquier proyecto de prospección o explotación de dichos recursos" (3).

Sin embargo esto no ha sido así. Por ejemplo, en el caso del petróleo, un reciente informe nos comunica que el 72% de la selva peruana (49 millones de has.) está cubierta por 64 lotes de hidrocarburos. En el 2005 sólo el 15% de la selva lo estaba. De dichos lotes, 17 se sobreponen con tierras de comunidades (4). Todo ello ha traído como consecuencia la existencia de numerosos ríos amazónicos contaminados, en muchos de los cuales el pescado ya casi ni se ve, así como también muchos suelos enfermos, poniendo en peligro la vida e integridad física de los habitantes de la amazonía.

Y ello se debe a que el resto del país, y especialmente el gobierno de turno, tiende a ver el espacio amazónico como un espacio vacío, sin gente, con recursos naturales explotables disponibles para que cualquiera venga y los tome. Habría que recordarles a todos ellos que el último Censo del 2007 nos dice que en la Selva habita el 13.4% (3`675,292 habitantes) de la población nacional, sumando comunidades nativas y mestizos.
3.- La tendencia de muchos sectores del gobierno y de los medios de comunicación de satanizar a cualquiera que busque mediar en los conflictos, más bien puede atizar la violencia. Al igual que en conflictos anteriores, el gobierno acusó a los organizadores de la protesta de ser gente antisistema, y en el colmo del paroxismo algunos medios de comunicación hablaron de tendencias separatistas por parte de los indígenas.

Y como no podía faltar, se anunció una exhaustiva investigación de la organización que lideró la protesta: AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Esta organización, creada en 1980, dice centralizar a 1,279 comunidades nativas de nuestra amazonía y tiene como objetivos "representar los intereses inmediatos e históricos de todos los pueblos indígenas de la amazonía (…) garantizar la conservación y el desarrollo de la identidad cultural, el territorio y los valores (…) viabilizar el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, en el marco del derecho nacional peruano y del derecho internacional (…) promover el desarrollo humano y sustentable de los pueblos indígenas" (5).

En un editorial, con motivo de cumplir 25 años, los de AIDESEP dicen "Estamos tratando de enganchar la tradición a la modernidad; estamos buscando el equilibrio intercultural que nos permita mantener nuestros valores y nuestra cultura mientras aprendemos de la modernidad las cosas buenas para el hombre y la mujer amazónicos" (6). Y vaya sí lo han aprendido, la perfecta coordinación demostrada en sus acciones de protesta: desde la Selva Norte (Amazonas y Loreto) pasando por la Selva Central (San Martín, Ucayali) y la Selva Sur (Camisea, Cusco) indican que han usado lo último en tecnologías de la comunicación para poder implementarla. O. Espinoza nos dice al respecto que "El uso de los medios de comunicación y tecnologías modernas, en particular de la Internet, está haciendo posible que los pueblos indígenas den a conocer su cultura, sus costumbres y valores, así como sus proyectos políticos y económicos" (7).

El antropólogo J. Ossio, a pesar de no parecerle conveniente la derogatoria de los DL 1015 y 1073, destaca que "Es interesante ver cómo las organizaciones nativas han logrado alcanzar tal dimensión que sus voces pueden ya ser escuchadas a escala nacional, lo cual antes era imposible"(8) El gobierno, en lugar de reconocer la legitimidad de esta organización y alegrarse de tener un interlocutor válido para tratar la difícil problemática amazónica busca, al igual que hizo en Majaz, perseguirlos administrativa y judicialmente, para destruirlos y evitar que se repitan los acontecimientos de agosto.

Este comportamiento ha sido recurrente en cuanta protesta ha habido a la fecha. M.I. Remy señala que "Lejos de apoyar la consolidación de mediadores, en la mayoría de casos dispuestos a la concertación, el gobierno y la mayoría de medios de comunicación nacionales tienden a desprestigiarlos" (9). A pesar de que como, Caballero y Cabrera señalan "hoy ya no es posible pensar en la mediación de un conflicto solo entre los actores directos, sino que debe incluirse, en ella, la presencia de terceros con una gran capacidad de presión" (10).

4.- Lo que realmente atiza la violencia es un estilo de gobernar que ignora totalmente a la población
El conflicto amazónico se debe a la forma como se han procesado los 102 decretos leyes para adecuar al país al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, privilegiando únicamente a la gran inversión, en continuidad con lo que O. Espinoza llama la "lógica extractivista que ha primado en la historia económica de la amazonía. En otras palabras, la economía amazónica ha privilegiado la extracción compulsiva de recursos naturales, ya sean renovables (como el caucho o la madera) o no renovables (como el gas o el petróleo), antes que auspiciar un desarrollo sustentable de la región" (11).

Alan García refuerza esta opción en un reciente artículo, donde señala que con los decretos promulgados "abrimos nuevos mercados mediante los tratados de libre comercio y nuevas áreas para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún permanecían cerradas" (12). Es interesante consignar que en el mismo artículo desliza lo que piensa de las comunidades, nos dice "Para fomentar la apertura de nuevas áreas a la inversión (…) se ha unificado los procedimientos de decisión de la mitad más uno de todos los miembros de las comunidades campesinas (DL. 1015) facilitando así su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc., que saquen de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria".

Como bien señala Alejandra Alayza, al amparo de las facultades legislativas, se ha aprovechado para avanzar "la altamente cuestionada agenda del perro del hortelano. Son de particular preocupación, los DL relacionados con la promoción de las actividades extractivas que reformulan el régimen de tierras, agua, manejo de bosques, derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como la reforma del régimen laboral. Ya que a través de ellos, el gobierno ha impuesto modificaciones altamente cuestionadas, que no lograban acuerdo en el parlamento nacional y que constituyen temas de altísima conflictividad social (…) El enfoque del "perro del hortelano" para promover la competitividad por parte del gobierno de García constituye en la práctica la disminución de algunos estándares sociales, laborales y ambientales para facilitar la inversión y la explotación de los recursos naturales" (13)

En esta apuesta gubernamental se olvida que, como nos recuerda Cabieses, en la Amazonía "Nuestra principal riqueza exportable es la biodiversidad de estas zonas, el ecoturismo, el manejo integral y sostenible de los bosques (y no su tala y quema para productos de exportación), la captura de carbono por estos bosques y los fondos que generan los certificados de carbono en los mercados oficiales y voluntarios, que constituyen una verdadera riqueza exportable" (14). Y para todo ello requerimos apoyar a las poblaciones amazónicas.

5.- El sector dialogante en el gobierno parece debilitarse.
No ha dejado de sorprender que el Premier, Jorge del Castillo, uno de los principales representantes de este sector dialogante, haya asumido posiciones tan duras en el conflicto que comentamos. Llegó a declarar que "El Gobierno se ha visto obligado, por defender a los peruanos, a tomar medidas como el estado de emergencia (…) Sin ello hoy día habrían tomado Camisea y estaríamos a oscuras. Estamos frente a un complot" (15).

Parece haberse contagiado de la actitud presidencial, bien descrita por Sinesio López cuando nos dice que "cualquier demanda y la más modesta protesta social son definidas por él {se refiere al Presidente} como una declaratoria de guerra" (16). En este caso el gobierno acusó a algunas ONG ("buitres del siglo XXI, les llamó el Ministro de Agricultura, Ismael Benavides), a Patria Roja y a Humala de estar detrás del paro indefinido de 65 etnias amazónicas; buscando con ello "echarse abajo el gobierno". Coincidimos con C. Basombrío cuando dice que "no entienden nada quienes creen que Humala es capaz de organizar y dirigir protestas como estas" (17).
Y también coincidimos con Caballero y Cabrera cuando señalan que "el nuevo periodo de conflictos sociales que se abre con estas medidas requerirá de un reforzamiento de los mecanismos de diálogo, consenso y respeto de derechos de los ciudadanos por encima de las políticas de control del orden y de la acusación fácil de antisistema" (18).

6.- Hay otras leyes que también deben revisarse
Si bien la demanda estuvo centrada en la derogatoria de los DL. 1017 y 1073, R. Rumrill, experto en cuestiones amazónicas, nos recuerda que "38 decretos legislativos de un modo directo e indirecto son una amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas amazónicos porque abren la puerta al despojo y la pérdida de esos territorios ancestrales" (19).

La red Muqui señala que también hay que poner atención al "DL. 994 que afecta la propiedad de comunidades campesinas sobre tierras consideradas eriazas, aún cuando puedan estar inscritas en registros públicos. Igualmente los decretos 1064 y 1090 que afectarían el patrimonio forestal para facilitar actividades económicas. Asimismo, requiere especial mención los decretos legislativos sobre servidumbre minera y los que tienen que ver con la gestión ambiental y la gestión del agua" (20).

El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP) ha hecho un análisis exhaustivo de siete decretos leyes que tienen que ver con la Selva. Además del 1073 (en proceso de derogatoria) menciona los DL. 994, 1064, 1079, 1081, 1089 y 1090. Su análisis demuestra que todos violan la Constitución, así como los tratados internacionales suscritos por el Perú. En la página 27 de dicho análisis sostiene que "La política económica llevada a cabo por el gobierno genera un marco de desprotección para los pueblos indígenas, debido a que las mismas no están acompañadas de un régimen de protección para los derechos colectivos de estos pueblos" Y en la página 28 agrega que "Se deben establecer políticas adecuadas que permitan el desarrollo sostenible de estos pueblos y los recursos naturales que son parte de sus territorios ancestrales" (21).

Por otro lado, en el Informe Alternativo 2008 sobre el Cumplimiento del
Convenio 169 de la OIT en Perú se señala que "el propio Presidente de la República, mediante un artículo de opinión presentando sus propuestas de modernización del Estado y modelo de desarrollo pone en cuestión la existencia de las comunidades nativas y campesinas como realidad social e
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histórica y sostiene la necesidad de que reviertan al Estado los territorios de dichas comunidades para ponerlas en manos de grandes inversionistas" (22)

Y en la página 20 se señala que "El Estado peruano no ha desarrollado respaldos normativos ni institucionales que generen las condiciones para la inclusión de los pueblos indígenas como sujetos de derecho que deben ser plenamente informados sobre las políticas y el modelo de desarrollo que les afecte. Menos aún se han creado los espacios para concertar las iniciativas ni la visión de desarrollo de los pueblos indígenas para el diseño de las políticas públicas con perspectiva intercultural"

En el mismo documento se señala que los DL 1059 (Ley General de Sanidad Agraria) 1060 (Sistema Nacional de Innovación Agraria) 1062 (ley de inocuidad de los alimentos) y 1080 (modificatorio de la ley General de Semillas) "puede propiciar un ingreso indiscriminado y descontrolado de cultivos transgénicos, lo que terminará afectando de manera grave e irreversible a los cultivos orgánicos y la biodiversidad andina y amazónica" (p.19-20).

Particular preocupación les merece el DL 1064, pues señalan que con él "el gobierno ha optado por eliminar la única oportunidad que existía para las comunidades nativas y campesinas de negociar una relación económica sostenida con las empresas extractivas, mediante la abrogación del Decreto Legislativo 1064, art. 8, el cual elimina la negociación previa al establecimiento de las servidumbre mineras, petroleras, gasíferas y otras. De esta manera el Estado impondrá sus proyectos y establecerá unilateralmente la contraprestación que corresponda a la población por el uso de sus territorios" (p.32).

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1) V. Caballero, T. Cabrera "Conflictos sociales en el Perú, 2006-2008" en E. Toche (comp.) Perú Hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y Neoliberalismo (Lima, Desco, 2008) p. 107
2 ) "Imacita, el epicentro de la protesta" en La República, 24 de agosto del 2008.
3 ) F. Eguiguren "Las Comunidades Nativas tienen Razón" en Perú 21 del 21 de agosto del 2008.
4 ) Matt Finer, Clinton N. Jenkins, Stuart L. Pimm, Brian Keane, Carl Ross "Oil and Gas Projects in the Wester Amazon. Threats to Wilderness, Biodiversity and Indigenous People" en Journal…. (august 2008) Vol. 3, n. 8. Disponible en www.plosone.org
5 ) Tomado de la web de AIDESEP, www.aidesep.org.pe
6 ) Voz Indígena. Revista Institucional de AIDESEP, n. 27. Edición especial de Aniversario (2005). Puede bajarse de la web de AIDESEP.
7 ) O. Espinoza "Los pueblos indígenas de la Amazonía peruana frente al proceso de globalización" en B. Haour (comp.) Apertura a la Globalización. Desafíos y oportunidades en el Perú (Lima, Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, 2008) 30-31
8 ) Entrevista de Michel A. Zárate en Perú 21 del 24 de agosto del 2008.
9 ) Poca participación y muchos conflictos en E. Toche (comp.)Perú Hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y Neoliberalismo (Lima, Desco, 2008)
10 ) Caballero y Cabrera, art. cit. p. 126.
11) O. Espinoza, art.cit. p. 21
12 ) A.García "Una apuesta crucial por el siglo XXI" en El Comercio 6 de julio del 2008.
13 ) A. Alayza "Cuestionada implementación del TLC". en La República 12 de agosto del 2008
14 ) H. Cabieses "Política de drogas: cuatro aciertos, cinco continuidades" en E. Toche (comp.) Perú Hoy. Por aquí compañeros. Aprismo y Neoliberalismo (Lima, Desco, 2008) p.383.
15 ) Desco Resumen Semanal Año XXXI- n. 1501 (13 – 19 de agosto del 2008).
16 ) La República 1 de agosto del 2008.
17 ) C.Basombrío "Sobre la crisis con los nativos" en Perú 21 del 24 de agosto del 2008.
18 ) V. Caballero, T. Cabrera art. cit. p.130
19 ) Roger Rumrrill, "La Amazonía indígena en pie de lucha" en La Primera 11 de agosto del 2008.
20 ) Comunicado de la Red Muqui (Red de Propuesta y Acción en Minería, Ambiente y Comunidades) Lima 24 de agosto del 2008.
21 ) El texto que mencionamos Análisis de los Decretos Legislativos que Afectan a los Pueblos Indígenas, emitidos por el Poder Ejecutivo en virtud a la Ley No. 29157 puede bajarse de www.caap.org.pe. En dicha página se señala que "el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) es una institución creada en 1974 por los 9 Obispos de la Amazonía Peruana para la promoción de la población marginada de la selva, especialmente de los indígenas amazónicos".

22 ) Elaborado por las Organizaciones Indígenas y la Sociedad Civil y Presentado por: la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP el 05 de agosto de 2008 a la OIT. p.12.

www.amazoniamagica.com

Protestas indígenas: La lucha contra los engaños y la prepotencia

Por Alberto Chirif

Especial para Vol

¿Se oponen los indígenas al desarrollo?
Hace pocos días, en sendas entrevistas por televisión, he escuchado opiniones de dos ministros sobre el tema de las protestas en curso de miles de indígenas en diversas zonas del país. Uno de ellos es el premier, el Sr. Jorge del Castillo, para quien el tema se resuelve en el hecho de que los indígenas son pobres, a pesar de poseer grandes extensiones de tierras, y, a la vez, en la existencia de una serie de personas e instituciones que quieren mantenerlos en esa condición para poder aprovecharse de ellos y manipularlos. No explicó bien en que consistiría este aprovechamiento ni tampoco la finalidad de la manipulación.

El otro es el recién estrenado ministro del ambiente, Sr. Antonio Brack, que hizo una comparación primorosa de los indígenas del Perú con los bávaros. Estos últimos, afirmó, mantienen sus tradiciones, sus vestidos (esos de cuero con tirantes y sombrerito del mismo material, de alas cortas, para los hombres; y de faldas largas, con mandil, para las mujeres), pero a su vez son empresarios ricos. Puso como ejemplo de esto el hecho de que la fábrica de esos súper autos BMW está allá, en Bavaria. Luego pasó a hablar sobre la artesanía shipiba, que le encanta, según confesó, y que podría ampliar su mercado y volver rica a la gente, pero para esto, sentenció, los indígenas debían modernizarse y trabajar.

¿Pero qué ha hecho el Estado para promover eso?, interrumpió el entrevistador al ministro Brack, supongo yo sin ánimo de fastidiarlo, porque ese periodista no se distingue por ser un comunista solapado ni tampoco un crítico del gobierno. ¡Ah!, reparó el ministro, en eso hay que reconocer que no ha hecho nada. A reconocimiento de culpa relevo de pruebas, dicen los abogados.

No obstante, otras cosas me quedaron dando vueltas en la cabeza. La primera es qué tiene que ver la andanada de decretos promulgados por el Ejecutivo, que buscan reducir en unos casos y anular en otros los derechos de las comunidades indígenas, con la preocupación de estos ministros por la pobreza de los pueblos indígenas. Debo admitir que no encontré la relación.
Más bien, me quedó claro que si los indígenas pierden sus tierras se quedarán más indefensos dentro de la sociedad nacional, como fácilmente se puede ver a raíz del tipo de condiciones que suele imponerles aquello que se llama la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, los madereros pagan por un árbol de cedro en pie 20 soles. En otras palabras, ellos recuperan el costo de su asalto con la venta de cuatro pies de un árbol que puede producir dos metros cúbicos de madera.

No se puede negar que en los últimos 10 ó 12 años el Perú registra índices de crecimiento macroeconómico muy positivos. Pero tampoco se puede negar el aumento de las “víctimas del desarrollo”, parafraseando a mi colega Shelton Davies, hoy consultor del Banco Mundial.
En la década de 1970, él estableció estos pares antagónicos para representar, por un lado, a los indígenas del Brasil y, por otro, el espectacular crecimiento que experimentaba el país en ese tiempo, como resultado de una millonaria inversión de capitales transnacionales. Pero esto esta última no ha podido revertir el hecho de que en ese país se reconozca la existencia de un 50% de pobres, de los cuales más de la mitad están en situación de miseria, ni tampoco que se frene el crecimiento desenfrenado de la violencia como producto de dicha pobreza.

Para volver a las “víctimas del desarrollo” debemos referirnos, por ejemplo, a los achuares del Corrientes y, en general, a los indígenas de otras zonas petroleras. Si se compara los índices del PBI que se produce en los distritos petroleros, con la situación de deterioro y empobrecimiento de la situación de los indígenas y ribereños que habitan en ellos, vemos fácilmente que no hay relación positiva entre inversión y desarrollo, sino todo lo contrario.

Los pueblos indígenas nunca han sido ricos pero tampoco han sido pobres. El juego de estos conceptos no ha correspondido a su realidad. No han tenido nunca dinero, elemento que no hecho parte de su propio proceso histórico, pero sí han podido satisfacer plenamente sus necesidades de alimentación, vivienda y vestido; y han tenido además ventajas adicionales, como vivir en un ambiente sano y tener capacidad de manejar sus conflictos. Ahora, en cambio, a raíz del “desarrollo”, no sólo no tienen dinero, sino que tienen un medio ambiente deteriorado, que ya no les provee de bienes y servicios de calidad, como sucedía antes, y su salud está afectada, tanto en lo físico, como en lo psicológico.

Nunca he conocido a un indígena que se niegue al progreso, a tener más dinero y poder comprar con éste nuevos bienes. La historia de las relaciones entre las sociedades indígenas y la colonización da cuenta clara de esto desde los primero tiempos del contacto. Las herramientas de metal, por ejemplo, no fueron una imposición externa, sino una innovación tecnológica aceptada de buen ánimo y buscada por los propios indígenas. De hecho, su interés en mantener comunicación con los europeos no fue motivado por la religión ni otro tipo de enseñanzas de origen foráneo, sino por tener acceso a las herramientas de metal que facilitaban su trabajo y lo hacían más efectivo.

En este sentido, los defensores de los decretos no deben buscar argumentos absurdos para mantener su decisión y cuestionar a los indígenas y a quienes no piensan como ellos. Los indígenas no se oponen a la innovación ni a las mejoras de sus condiciones de vida, sino al despojo y a este tipo de desarrollo que en realidad los hunde porque enajena sus recursos y su capacidad de decidir libremente sobre su futuro.

La insistencia de los decretos
No es que los decretos aprobados fijen condiciones democráticas para que las comunidades indígenas elijan libremente su destino como colectividad, así como el uso que le quieran dar a sus tierras colectivas. No, no es eso. Es, por el contrario, que los decretos promueven compulsivamente la anulación de los derechos colectivos de los indígenas con la finalidad de disolver (palabra que nos trae reminiscencias de abril de 1992) a las comunidades y parcelar sus tierras para que entren al mercado.

Por lo demás, la parcelación de las comunidades para que pongan sus tierras en el mercado de tierra no es una idea nueva, como cree el señor presidente, sino muy antigua.
En el Perú, durante el mandato de Simón Bolívar, con el argumento de atacar instituciones coloniales, “que sustraían la tierra del mercado e impedía la conversión de sus tenedores en propietarios directos”, se eliminaron, en 1824, las protecciones de las tierras indígenas. El resultado fue la creación de latifundios y, entonces sí, el empobrecimiento de la gente que se quedó sin soga y sin cabra.

En Chile se dio un proceso similar desde el siglo XIX que afectó principalmente las tierras de los mapuches. El porcentaje de solicitantes de la parcelación fue reduciéndose paulatinamente, hasta que Pinochet determinó que con uno solo que la pidiera, se procedería a la partición de las tierras. En la práctica, se presentaron casos en que ese uno ni siquiera era mapuche, sino un foráneo asentado en sus tierras.

Las comunidades son autónomas según la Constitución. Por lo que no necesitan ser empujadas a parcelar sus tierras. Si quieren pueden hacerlo por decisión propia. De hecho, por citar un ejemplo, las tierras de todas las comunidades aguarunas del Alto Mayo, base de la Confederación de Nacionalidad de la Amazonía Peruana (CONAP) han sido parcelas y alquiladas a colonos, en ejercicio de su autonomía.
Pero no es sólo a través de esos decretos que el Estado busca anular los derechos colectivos, que son propios de los pueblos indígenas y que han sido parcialmente formalizados, con su esfuerzo y el apoyo de otros agentes, el Estado entre ellos, en la legislación nacional y en los convenios y declaraciones internacionales, durante los últimos 40 años. Es también mediante su práctica política que apunta hacia eso, desconociendo importantes normas que hacen parte de la legislación nacional.

En este sentido, hay que mencionar el derecho a la consulta previa, informada y de buena fe que está contemplado en el Convenio 169 de la OIT, ley nacional desde que el Estado lo ratificó en 1993; y que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada a fines de 2007, retoma y amplía, en la medida que le da carácter vinculante a la consulta. Según este derecho toda actividad de desarrollo y toda norma legal referida a comunidades indígenas que el Estado quiera poner en marcha o aprobar, según el caso, debe pasar por un proceso de consulta previa con éstas y sus organizaciones representativas. Sin embargo, ni uno solo de los decretos aprobados recientemente por el Ejecutivo, a pesar de que comprometen su existencia como entidades sociales, económicas y culturales, ha pasado por la consulta previa.

La situación respecto a los contratos petroleros en tierras de comunidades indígenas es similar. Hay que decir, además, para sopesar el grado de incumplimiento del Estado respecto a sus propias normas, que el Decreto Supremo Nº 012-2008-EM, dado el 19 de febrero de este año, que aprueba el “reglamento de participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos” y que ha sido elaborado en concordancia con el convenio 169 y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ha ratificado el tema de la consulta previa, informada y de buena fe para la suscripción de contratos de explotación petrolera.

No obstante esta reafirmación de principios y obligaciones hecha por el propio Estado peruano, el 12 de diciembre de 2006 PERUPETRO suscribió contrato con la empresa HOCOL para la exploración y explotación del lote 116, ubicado en la zona del alto Marañón, provincia de Condorcanqui, sin haber efectuado ninguna consulta previa; y sólo realizó “eventos presenciales” para informar a la gente sobre el contrato que ya había suscrito, los días 12 y 29 de marzo de 2008, es decir, un año y tres meses después de haber tomado unilateralmente la decisión de autorizar a la empresa su operación en el país.

El racismo
Muchos de los que han escrito sobre el conflicto actual han hablado sobre el tema del racismo. Me atrevo sin embargo a volver a mencionarlo, a riesgo de no tener cosas nuevas que decir. Lo hago simplemente para expresar mi indignación.

En los 40 años que llevo trabajando con pueblos indígenas todas las decisiones fuertes que han tomado colectividades indígenas amazónicas han tratado de ser desacreditadas por sus opositores como supuestos resultados de manipulaciones externas. Recordaré algunas.
A comienzos de la década de 1980, los aguarunas resolvieron echar de su territorio a Werner Herzog, soberbio cineasta alemán, considerado por algunos como “progresista”, que burlándose de la voluntad de la gente quiso a toda costa mantenerse en la zona y realizar allí su película. Antes, el Consejo Aguaruna-Huambisa (CAH), había ganado sus reclamos en todas las instancias administrativas, pero esto no sirvió para que Herzog se marchase. Entonces fue echado a la fuerza. La respuesta fue: son manipulados. ¿Por quienes? La oferta fue variada y hasta contradictoria: misioneros del ILV que no querían gente extraña en la zona, comunistas, espías de países vecinos interesados en crear el caos y, por supuesto, ONG.

Se atribuyó también a la manipulación sucesos trágicos, como el desalojo de colonos realizado por los propios aguarunas, primero, en Chamikar, comunidad en el alto Marañón, y, años más tarde, en Flor de la Frontera, en Cajamarca. En ambos casos, los comuneros indígenas habían ganado sus reclamos administrativos y además judiciales que ordenaban que el Estado desalojara a los colonos, cosa que ciertamente no hizo. Fue entonces que los indígenas actuaron, con las consecuencias ya conocidas.

A fines de la década de 1980, los ashánicas del Pichis se levantaron en armas contra el MRTA, a raíz de que éste había asesinado a su líder, don Alejandro Calderón. En el proceso, convocaron a los asháninkas del Gran Pajonal. Nuevamente se levantó el argumento de la manipulación, que esta vez recaía sobre AIDESEP y sus asesores.

Más recientemente, en 2006, los achuares del Corrientes tomaron medidas de fuerza a raíz de que sus protestas por la contaminación de su medio ambiente y de su propia salud, debidas en ambos casos al vertimiento durante décadas de aguas de formación en los ríos y quebradas. En esta oportunidad, los acusados de manipulación fueron ONG que trabajan temas de derechos humanos y ambientales.

En resumen, nunca se admite que los propios indígenas son capaces de expresar su opinión a procesos que son contrarios a sus intereses. ¿Por qué? Porque son indígenas, es decir, por racismo.

La actitud no es nueva y me hace recordar un pasaje de las investigaciones judiciales realizadas durante el proceso del Putumayo, a inicios del siglo XX, mediante el cual se abrió juicio a los caucheros acusados de las masacres de los indígenas. Rey de Castro, cónsul peruano en Manaos, fue encargado por el gobierno peruano de informar sobre los hechos, pero en realidad asumió la defensa a rajatabla de los caucheros. Él trató de desacreditar las declaraciones de los indígenas que habían sufrido castigos y vejaciones, con el argumento de que, por ser indígenas, no tenían capacidad de afirmar una cosa así. Esto a pesar de que lo que decían se refería a maltratos sufridos en carne propia. En consecuencia, si afirmaban eso, era porque eran manipulados.
En el tiempo que llevo trabajando con pueblos indígenas, nunca he sabido que ninguno de estos actos de protesta u otros menos visibles, para oponerse a decisiones del Estado o de empresas, haya sido manipulado por algún agente externo.

Final
La insistencia en la pobreza de los indígenas, por todas las consideraciones expuestas, parece sospechosa, aunque en algunos casos admito que pueda deberse a la ignorancia de quienes sostienen este argumento para justificar los decretos. La enajenación de sus tierras y el rompimiento de su cohesión social no son formas de encarar la pobreza. La pobreza, por otro lado, es consecuencia de una manera de ver el desarrollo que termina expropiando a la gente con menos poder dentro del sistema, para trasladar sus heredades al gran capital.

Si al Estado le preocupa realmente la pobreza, que comience por donde están la mayoría de pobres, es decir, las ciudades: ambulantes, cuidadores de autos, cantantes callejeros, obreros voluntarios que reparan pistas y hasta carreteras, carteristas y escaperos; también está una larga relación de profesionales de diversas ramas, muchos de ellos muy calificados, que se han empobrecido por falta de trabajo y que han debido dedicarse a labores como la de taxistas.

Y en el caso de las comunidades indígenas, si el Estado quiere hacer algo por ellas que las apoye a manejar sus bosques de manera sustentable, a fin de obtengan beneficios económicos de su aprovechamiento, o las cochas, para levantar la productividad piscícola. Esto no dará como resultado nuevos levantamientos, sino el agradecimiento de las comunidades a un Estado que en vez de tratar de hundirlas, las levante.

Mientras tanto, que el Estado cumpla con la Constitución, las leyes, los convenios internacionales y las declaraciones que ha suscrito en las Naciones Unidas, y que respete la autonomía de las comunidades indígenas para decidir por presente y futuro.

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Mulder: Hay una alianza peligrosa para arrinconar al gobierno http://www.viajerosperu.com/articulo.asp?cod_cat=4&cod_art=1074
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Disidencias. La “chusma” y Alan García

Alberto Adrianzén

Sería bueno preguntarle al presidente García qué entiende por "galería", porque en días pasados ha utilizado esta palabra para referirse a las comunidades nativas de la selva. Para el presidente, todos aquellos que protestan o reclaman sus derechos, son parte de esta llamada galería (se puede emplear la palabra cazuela) como también expresión del "desorden". Todo indica que en esta suerte de teatro que quiere construir el mandatario, él está con aquellos que se sientan en la platea y si están ubicados en los palcos, mejor aún. En realidad, esta manera de imaginar el país coincide, justamente, con aquellos que se sientan en la galería o cazuela. Para ellos, el presidente es de derecha y prefiere a los que están ubicados en la platea y en los palcos.

Pero hay algo más. Para García, a los que están en la galería solo les queda aplaudir o, en todo caso, quedarse en silencio si la "obra" no les gusta. Cualquier otro gesto o manifestación es, simplemente, señal de desorden y, por lo tanto, merece su desaprobación. No sucede lo mismo con aquellos que se sientan en platea o palcos: ellos sí pueden aplaudir, criticar y hasta, incluso, si la obra no les gusta, tienen derecho a cambiarla. Ellos, con el beneplácito del presidente, pueden invadir el escenario, cambiar el director y actores, modificar los diálogos, pedir que se "calle" la galería y cazuela. Todo les está permitido. Lo que ha dicho Humberto Campodónico hace poco en este diario respecto a que los mineros disminuirán su famoso "óbolo" si se les quita el subsidio a los combustibles es el mejor ejemplo de que ellos (así como otros sectores) sí tienen voz y voto en esta obra; los otros son, simplemente, convidados de piedra, o como le gusta decir a Kiko, personaje del Chavo del Ocho: "chusma, chusma, chusma".

De otro lado, el argumento presidencial de que aquellos que pretenden derogar los DL 1015 y 1073 solo buscan "quitarles dignidad a personas (se refiere a los que viven en las comunidades nativas) que tienen derecho a decidir por sí mismos y ser ciudadanos completos", es, sinceramente, demagógico y hasta hipócrita; más aún si se cree, como lo cree el presidente, que todos aquellos que protestan (que son la mayoría de las comunidades nativas) son una "chusma" ya que están en la galería o en la cazuela.

Con ello el presidente García no solo ofende a las comunidades nativas sino también a todos los peruanos. Es, en realidad, el mayor de los agravios que un presidente elegido democráticamente haya pronunciado contra el pueblo y, en particular, contra las comunidades. Aquí se siente hasta un tufo colonial. La idea de que las ciudades y las máquinas, como también lo ha dicho García, son sinónimo o simbolizan el "progreso" y que las comunidades andinas o nativas con su "falso sentido de protección" el atraso y el desorden –por no decir la barbarie–es expresión de un pensamiento reaccionario, racista y, francamente, decimonónico. Ellos serán dignos y ciudadanos solo cuando les llegue la luz del progreso del que los capitales –y si son extranjeros mejor aún– son portadores.La idea de que el capital extranjero (o como diría Haya de la Torre: el imperialismo) tiene un lado bueno y otro malo, ha caducado. Para García, dicho capital siempre es bueno. Con ello, acaba de enterrar públicamente –porque hace rato lo ha hecho silenciosamente– las famosas tesis del Haya auroral, progresistas y reformistas. Aquellas tesis que buscaban fundar una nueva conciencia nacional y un nuevo pueblo en el país. García ha hecho "descender" al APRA de la galería (o cazuela), donde nació, a la platea para ubicarse, él mismo, en uno de los palcos.

Por ello, que sea el Congreso, una institución que tiene apenas 9% de aprobación por la opinión pública, el que haya puesto un poco de sensatez en medio de este conflicto, muestra a todas luces lo equivocado que está el presidente al criticarlo, pero sobre todo lo dispuesto que está a profundizar una política que solo favorece a unos cuantos y que, posiblemente, a lo único que conduzca sea a una mayor confrontación entre peruanos y a un incremento de la represión. Y es que ya no solo se trata de que los opositores sean comunistas o unos simples "perros del hortelano", como le gusta decir al presidente, ahora son algo "peor": un grupo social que al estar ubicados en la galería y en la cazuela, lugares donde va la gente de pocos recursos, se transforman en una "chusma", en unos "plebeyos", que poco entienden del progreso del país. Así, García ha transformado al pueblo peruano, que el APRA ayudó a forjar décadas atrás, en una "chusma" como le gustaba decir a la vieja oligarquía. El círculo, finalmente, se ha cerrado: las víctimas de ayer son los victimarios y los "oligarcas" de hoy, sentados cómodamente en la platea y en los palcos del teatro.

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SOLIDARIDAD CON EL MOVIMIENTO INDÍGENA AMAZÓNICO EN PERÚ

Rodrigo Montoya Rojas *

Mientras escribo este artículo, los pueblos indígenas de la Amazonía se rebelan contra el Estado peruano y aparecen como un actor político por primera vez en su historia. Se cansaron de pedir y ahora exigen con firmeza. Para ser oídos convocaron al gobierno a una “mesa de diálogo” en San Lorenzo, muy lejos de Lima, a orillas del río Marañón, un poco antes de que este cambie de nombre para llamarse Amazonas. Los pueblos indígenas Awajun, Wampis, Matsiguenka y Shipibo cercaron a la petrolera argentina Perú Petro, una hidroeléctrica y, además, bloquearon algunas carreteras en las provincias de Bagua y Utcubamba en Amazonas, Datem, en Loreto, Echarate en Cusco y en Iparía, Ucayali. Como el gobierno no escucha a nadie que no bloquee carreteras y puentes, la lección ha sido aprendida por los pueblos amazónicos luego de la rebelión última de Moquegua.

Los insurgentes exigen que el gobierno derogue los decretos legislativos, sobre todo los 1015 y 1073, impuestos sin diálogo ni concertación alguna con los propios indígenas como ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, firmado por el Estado peruano.

Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmado por le ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de Estado Unidos junto con Uribe de Colombia y Bachelet de Chile, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, el Sr. García exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles “perros del hortelano, que no comen ni dejan comer”, usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan si no pueden. El derecho de propiedad indígena no es como el derecho de propiedad del resto de ciudadanos de primera categoría. ¿Quiénes pueden cuestionar la propiedad de las multinacionales en Perú? Sólo “los comunistas y enemigos de la patria”, dicen los apristas. ¿Quiénes pueden cuestionar el derecho de propiedad de los pueblos indígenas? El presidente García y su partido aprista, en nombre de la democracia y de la inversión capitalista.

Una información adicional es pertinente en este punto. De acuerdo a las leyes que de peruanas tienen sólo el nombre, quienes poseen la tierra en Perú sólo son dueños de la materia física llamada tierra, tierra pelada para decirlo sin rodeo alguno, no de sus aires –bosques- ni del subsuelo –gas, petróleo, minas- ni de las aguas de sus ríos en cuyas arenas se encuentra el oro.

Con su sabiduría milenaria los pueblos indígenas se ríen de esta estupidez peruano occidental porque para ellos y ellas la tierra, el subsuelo y los aires son una sola unidad como una es la vida de los seres humanos, animales y plantas gracias a la madre tierra, a los ríos y mares. Separar a los seres humanos de sus bosques y de sus ríos es un acto de ignorancia punible. Como estamos en Perú y no en un reino de mínima sensatez, el mapa de concesiones de tierras en la Amazonía en beneficio de empresas multinacionales parece un tablero de ajedrez. En Texas, Estados Unidos, los propietarios del suelo debajo del cual se encuentra petróleo se vuelven millonarios petroleros. En Perú se vuelven pobres como ha ocurrido con todos los dueños del suelo donde hay minas, petróleo y gas.

Desde 1974, los pueblos indígenas han empezado a recuperar parte del territorio que organizaron en miles de años y que los españoles y sus herederos les expropiaron. La superficie recuperada está ahora en grave peligro de pasar a otras manos para felicidad del capitalismo y sus defensores. Compartir el bosque con los hermanos monos, tortugas o pájaros, sólo es entendible si se tienen las luces de una espiritualidad indígena en la que la llamada superioridad del hombre y la razón sobre la naturaleza son, felizmente, inexistentes e inimaginables.

Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser “mecidos”; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán n reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías “tiren y piensen después”. De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas.

Sería un grave error suponer que el conflicto amazónico concierne exclusivamente a los pueblos indígenas de la región y que por su pequeñez demográfica se trataría de algo menor o de poca importancia. Una de las muchas consecuencias posibles del surgimiento de un nuevo actor político en Perú es el desafío para los partidos políticos, intelectuales y profesionales del país para cambiar sus viejos hábitos coloniales. ¿Cuántos antropólogos y antropólogas nos interesamos y acompañamos a los pueblos indígenas en sus luchas? Sólo pocos, muy pocas. ¿Cuántos politicólogos y politicólogas o pomposamente llamados cientistas políticos incluyen a los pueblos indígenas en sus análisis sobre Perú? Casi ninguno o ninguna. ¿Hasta cuándo la clase política y la inmensa mayoría de periodistas y los llamados comunicólogos seguirán creyendo que Lima es el Perú y que la democracia se reduce a elegir representantes cada tres o cinco años en las alcaldías, congreso y presidencia de la República? La acción de las organizaciones indígenas no es una sorpresa de hoy. Como todos los procesos sociales, viene de lejos, la Asociación indígena para el Desarrollo de la Amazonía Peruana, AIDESEP se formó hace 28 años. Frente a la casi desaparición de la izquierda corresponde a las organizaciones indígenas andinas y amazónicas el mérito de defender causas nacionales y mundiales como la defensa de los Recursos, del petróleo, el gas, el agua, y el territorio como bienes nacionales, colectivos y públicos; de defender las culturas, lenguas, identidades, biodiversidad, saberes y una nueva espiritualidad libre de los graves complejos y traumas de las religiones cristianas y católicas; y, finalmente, de defender formas de autogobierno y libre determinación para enriquecer la pobre noción de democracia en uso en el país.

Por lo expuesto, la solidaridad y apoyo a los pueblos indígenas se impone como un deber no sólo con ellos sino con el país entero.

* Rodrigo Montoya Rojas es antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.

Enviado por Lucas Cachay.

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"Hay una contradicción entre promover la inversión y reconocer los derechos indígenas"

La organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) también reacciona
ante la publicación de los 102 Decretos Legislativos emitidos por el Ejecutivo
como parte de la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y
Estados Unidos y valiéndose de la excusa que el Congreso le dio para
suplantarlos en la tarea de legislar durante 180 días.

Tsiroti.com entrevistó al presidente de DAR, César Gamboa, quien nos manifestó que con la promulgación de estas normas el Ejecutivo afectaría la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas. Explicó que podemos darnos cuenta de esto al relacionar dichas normas entre sí, es decir, entendiendo el conjunto de normas y lo que hay detrás de ellas, su finalidad, ya sea por acción o por omisión.

Entre las normas a las cuales se refiere Gamboa y que estarían involucradas unas con otras en contra de las comunidades, serían el Decreto Legislativo 994, que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola; Decreto Legislativo 1015, que unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la Selva con las de la Costa, para mejorar su producción y competitividad agropecuaria; Decreto Legislativo 1064, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario; Decreto Legislativo 1073, que modifica el literal b) del artículo 10° de la Ley N° 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, modificado por el artículo único del Decreto Legislativo 1015; y el Decreto Legislativo 1089, que establece el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales.

En el desarrollo de la siguiente entrevista, Gamboa nos adelanta la posición que tiene DAR sobre los decretos anteriormente mencionados, en especial por el D. Leg. 1089 y los principales puntos con que cuenta el análisis han elaborando.

DAR ha preparado un análisis sobre los decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo el pasado 28 de junio. ¿Cuál es la posición al respecto?
No estamos de acuerdo con estos decretos. Hemos terminado de hacer el análisis jurídico de las normas vinculadas a tierras y bosques y tenemos muchas críticas al respecto, especialmente en estas dos materias que han sido parte de nuestro análisis. Estas normas atentan contra la seguridad jurídica de las tierras de las comunidades, además de implementar algunos instrumentos legales que desde ya atentaban contra el principio de la OIT, de los Tratados Internacionales, de los Derechos Humanos y sobretodo del Reconocimiento de los Pueblos Indígenas que el Perú ha suscrito en el Convenio 169 de la OIT, así como en la última declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.

¿Crees que fue adecuado incluir decretos vinculados a comunidades nativas y campesinas dentro de la implementación del TLC?
Desde la lógica del Gobierno, creo que está intensificando el tema de las inversiones sobre todo en espacios y economías que ellos consideran que no producen capital o desarrollo, según como ellos están visualizando el desarrollo del país. Sin embargo, no están reconociendo evidentemente una visión intercultural; en ese sentido estos decretos se están excediendo el marco para el cual fueron elaborados, implementados, ya que el TLC va a regular términos comerciales y acá se están eliminando algunos inconvenientes para el tema de inversiones, en otras palabras, hay una contradicción entre: promover las inversiones en el país y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

¿Cuál sería entonces el fin que tiene el Ejecutivo al publicar estos decretos?
Si analizamos estos decretos, detrás de éstos hay una política de generar un mercado inmobiliario, un mercado de tierras en la amazonía y los andes, un mercado que no se podía realizar porque ya había derechos reconocidos y ciertas limitaciones que se consideraban legales para implementar este mercado de tierras. El hecho de que se cuente que una comunidad necesita dos tercios para el desmembramiento de las tierras comunales dentro de la visión del mercado es una limitante, pero esos dos tercios aseguran la existencia de una comunidad, de un pueblo, de una cultura; la relación ancestral y espiritual entre las tierras y una cultura es muy importante para su existencia, mantiene su cohesión como cultura y como pueblo.
Eso no está dentro de las consideraciones del mercado, ni de la visión de inversiones que se deben dar en nuestro país. Lastimosamente es una visión poco intercultural. Se aprecia a la gente pobre como actores económicos y no se le aprecia como seres humanos que tienen una relación especial con la tierra, con la naturaleza, con el entorno en que viven; van a cambiar drásticamente esa relación porque los factores económicos ahora con estas normas van a poder ingresar.

¿Qué tipo de inversión crees que el Estado este interesado en colocar sobre estas áreas?Por el interés de promover ciertas inversiones, una de las más claras ya que el Estado la ha visualizado dentro de las políticas, es el tema de los biocombustibles, es la principal bandera que tiene este gobierno.

¿Qué se podría hacer legalmente?
Hay varias salidas, judiciales y legales. El Congreso de la Republica en su siguiente legislatura podría, tanto en sus comisiones ordinarias como por una comisión especial, analizar estos decretos legislativos y sería el Pleno quien decida la derogación de estas normas, dependiendo de los resultados que se obtengan.
El problema esta en que, cuando se deroga una norma no se restituye la anterior, entonces lo importante es tener propuestas legales del tema, no está en sólo decidir derogar los cinco decretos que afectan nuestras comunidades nativas y campesinas; por eso hay que tener bastante cuidado, porque si se derogan estas normas, lo que se va a tener es un vacío. Lo que el Congreso debió haber hecho es legislar ante la presión del Ejecutivo; más que rechazar las normas, era determinar cuáles eran las instituciones que atentaban contra las comunidades nativas y campesinas, y sobre eso regular algunos vicios que hay de la legislación anterior.
DECRETO LEGISLATIVO 1089

En el D. Leg. 1089, se plantea a COFOPRI como la única entidad para la titulación de predios rústicos. ¿Qué opinan?
En verdad no interesa si es una o varias entidades las que se encarguen, lo importante son los criterios con los que se va a trabajar la adjudicación de tierras; puede ser una o varias, lo importante acá es el criterio que van a usar para la adjudicación de las tierras y cómo van a clasificar las tierras, cómo van a hacer un catastro, cómo van a reconocer los derechos persistentes, cómo van a reconocer los pedidos de ampliación de las comunidades, cómo van a reconocer esos territorios que actualmente no han sido regulados, qué va a suceder con los procesos en trámites para titulación de comunidades nativas y campesinas. En este decreto se aprecia un proceso administrativo, es decir, es más técnico; pero si lo analizamos en conjunto, para las tierras tituladas, o sea para las comunidades con título, están los decretos 1015 y 1073; y para las que están sin título o están en disputa como tierras indeterminadas, como seria el caso de las tierras eriazas, están los decretos legislativos 1064 y 1089.

En el 1089 se menciona que COFOPRI va a apoyar a los Gobiernos Regionales...
Los gobiernos regionales tienen políticas de asistencia con los pueblos indígenas de las comunidades para asegurar las tierras de las comunidades campesinas y nativas, pero las acciones de los gobiernos regionales son pocas. En estos decretos se les menciona sólo como apoyo técnico y los gobiernos regionales son organismos muy débiles y que trabajan muy poco por los pueblos indígenas y campesinos, es más, los gobiernos regionales creo que no han visualizado todo este proceso pese a que va a afectar su ordenamiento territorial. Yo creo que ellos deberían tener una participación mucho más activa y no ser simples acompañantes en el proceso.

¿Hay alguna diferencia entre el Proyecto de Ley 1770 y el Decreto Legislativo 1089?
La única diferencia sería el tema de la adjudicación, como en el 1770, COFOPRI sería el encargado del proceso, sin embargo se ha eliminado en este decreto el procedimiento de adjudicar tierras por venta o subasta. Pero si tu lo análisis con los otros decretos legislativos, entiendes que el Decreto Legislativo 1089 es la implementación de un procedimiento en el cual se va a poder adjudicar tierras y así lo van a reglamentar.
ANÁLISIS DE DAR

¿Cuáles son los principales temas del análisis que DAR está realizando?
Nosotros estamos viendo el tema de propiedad ancestral, porque al reconocer el derecho de propiedad tú lo puedes reconocer de diferentes maneras. La Corte Interamericana señala que en las comunidades indígenas es otro tipo de reconocimiento; no es solamente con el título sino con la posición histórica ancestral. Con estos decretos legislativos de alguna manera se está presumiendo que ellos no tienen derecho a la propiedad de ciertas áreas y lo único que se podría reconocer es el título.

También estamos analizando el tema de la 1015, que trata sobre la consulta previa; el 1064 que también trata sobre la consulta; el 1073, la calificación de la votación (ahora se está incluyendo a los poseedores de tierras por más de un año, que ya podrían votar, en el 1015 se ponía los requisitos de los que votaban, que eran los comuneros calificados). Lo básico es que con estas normas se está poniendo inseguridad jurídica sobre las tierras, no se respeta el derecho a la consulta previa, yendo en contra de la autonomía indígena y va en contra de las prácticas de los derechos indígenas. Lo que arroja como resultado es una falta de planificación del Estado frente a la tutela, reconocimiento, asegurar los derechos de los pueblos indígenas; eso es lo máximo de ausencia.

Nadie está en contra de las inversiones, pero si tienes una política de inversiones, debes tener una política social, una política de Estado integral que agrupe el tema ambiental, social, económico; piensan que el mercado va a beneficiar y no es así, ya lo hemos visto en todo nuestro país, han pasado 15 años y seguimos viendo la desigualdad en el mercado. Está bien traer inversiones, pero inversiones coherentes, con derechos preexistentes, con ciertas políticas y lógicas de conservación de la biodiversidad.

¿DAR tiene alguna propuesta de solución para el Congreso sobre estos decretos?
La idea del informe es plantear ideas concretas. Lo que vamos a hacer es recomendar cómo se debe legislar una institución, en el tema de bosques como se debe hacer las concesiones, eso es lo que vamos a proponer; la idea es ser propositivo, determinar los puntos críticos y positivos. La idea es apoyar a organizaciones que trabajan en las comunidades para presentar posibles soluciones al Congreso, porque la idea no es derogar sino corregir la normatividad que se ha dado, porque si tu derogas no vas a encontrar solución; de hecho que hay normas que se tienen que derogar totalmente como es el caso del 1073 y 1015, pero cuando ya estamos hablando de una nueva legislación hay que analizar los vacíos, los puntos críticos para corregirlos.

APOYO INDIRECTO DEL BID
¿Cómo estaría involucrado el BID con estas normas?
Muchas organizaciones indígenas han visto su preocupación
en algunas fuentes de financiamiento internacional que estarían apoyando de
manera técnica estos procesos, como es el caso del BID, que está en un proceso
de implementación de un préstamo que es el PTRT3; es un préstamo en cual el
Estado va a poner 20 millones de dólares y el BID pone 10 millones de dólares,
con el cual se va a fortalecer a COFOPRI como ente encargado del proceso de
titulación.

Las organizaciones indígenas como CONACAMI, CCP, AIDESEP,
han visto que dentro de este proyecto hay un componente de fortalecimiento
institucional, es decir, el proyecto dice vamos a titular predios rurales
individuales. Pero dentro del proyecto no sólo es conseguir una meta que son
predios rurales individuales, sino también hay un componente de fortalecer
institucionalmente al COFOPRI… no sólo para que cumpla este trabajo, sino una
serie de funciones. Dentro del marco legal está el 1015, el 1073 y el 1089;
entonces indirectamente al darle todo este apoyo estaría implementando estas
normas y estas normas son atentativas a las políticas administrativas del BID.

Fuente: Tsiroti. com

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ALTOS COSTOS Y BAJA RODUCTIVIDAD
DESALIENTAN ACTIVIDAD CAFETALERA

Alteraciones climáticas y escasez de mano de obra afectaron este año más del 10% en la cosecha del grano aromático. Productores expresan estar frustrados por diálogo improductivo con autoridades gubernamentales

En Perú el café es un cultivo de enormes contrastes. Hace 15 años que lidera las exportaciones agrarias del país, genera el mayor porcentaje de empleo rural, registra una demanda insatisfecha en el mercado internacional, es líder mundial en las exportaciones de café orgánico, pero, al mismo tiempo, es el producto al que los gobiernos de turno lo ignoran en sus planes de desarrollo, y hasta castigan su asociatividad empresarial mediante normas tributarias distintas a las que se aplican a otros cultivos o formas empresariales.
Dirigentes de la Junta Nacional del Café refirieron que existe un gran desconcierto entre los productores por la desidia gubernamental para abordar la agenda cafetalera, planteada hace 24 meses, la misma que se propone el desarrollo competitivo del café peruano, y consolidar los avances alcanzados en la producción y exportación del café peruano. “Tenemos una demanda insatisfecha para nuestro producto, pero no podemos atenderla debido a los factores adversos para seguir cultivando el café. Los costos se han incrementado en 40% en el presente año, sobre todo insumos y mano de obra, además de la sobrevaluación del sol frente al dólar, que nos quita la oportunidad de buenos precios”, explica César Rivas, presidente de la Junta Nacional del Café.

Dijo que al inicio del año, a pesar de estas condiciones adversas, y luego de una evaluación de las fincas, estimaron que en el 2008 se lograrían cosechar más de 6 millones de quintales, y exportaciones superiores a los 620 millones de dólares. Estas expectativas, a pocos meses de terminar la campaña, no se alcanzarían debido a los daños provocados por las alteraciones climáticas y la dramática escasez de mano de obra en la época punta de recojo del grano maduro. “Se ha perdido más del 10% de la cosecha prevista, y hemos perdido una oportunidad de recuperar las pérdidas que sufrimos el año 2007 por la caída de la producción. Sin embargo, seguiremos punteando las exportaciones agrarias, a pesar de los olvidos gubernamentales y contrastes de la naturaleza”, expresó César Rivas Peña, presidente de la Junta Nacional del Café, y al mismo tiempo productor y gerente de la cooperativa “La Florida”, de Chanchamayo.

Dijo que hay preocupación entre las empresas de productores para atender la creciente demanda internacional del café peruano, tanto por pequeños, medianos y grandes tostadores, que buscan abastecerse del producto peruano, debido a la calidad en constante mejora luego de 10 años de esfuerzos por alcanzar una oferta consistente. “Contamos con 105 mil hectáreas certificadas como cafés especiales, de las cuales 70 mil son de café orgánico. Estos cafés son ahora muy requeridos en el mercado internacional, y tenemos ventajas comparativas para incrementar otras 50 mil hectáreas en los próximos años. Su demanda crece 10% anual, lo cual significa una oportunidad que estamos obligados a tomarla”, expresó el líder cafetalero.

ALTOS COSTOS Y DIALOGOS IMPRODUCTIVOS

Rivas dio cuenta del fuerte incremento de los costos de producción, debido al alza de los insumos, fletes locales y mano de obra. “A esta situación se suma la baja productividad de las fincas, por cuanto son plantaciones viejas que requieren renovarse. Si no lo hacemos pronto, habrá migración de los agricultores hacia zonas de cultivos ilícitos, a fin de sobrevivir. No queremos regalos, sino oportunidades de acceso a créditos de inversión, para pagar con el incremento de la cosecha” explicó.

Dijo que hay enorme desaliento entre los agricultores de la selva debido a las promesas incumplidas y diálogos improductivos con las autoridades. “Nos hemos reunido tres veces con el actual Ministro de Agricultura y sus asesores, para tratar una agenda cafetalera de 12 puntos. Nos prometen trabajar con sus técnicos la implementación de las propuestas, pero nada, absolutamente nada hasta ahora. En este plan estamos 24 meses de diálogos improductivos con el gobierno” señaló César Rivas.

Anunció que la próxima semana se reunirán dirigentes de todas las regiones cafetaleras para evaluar los pasos a seguir para hacerse escuchar, en vista de la exclusión sistemática a sus inquietudes, entre ellas corregir el tratamiento tributario a las cooperativas y asociaciones cafetaleras, y poner coto a los abusos de la SUNAT en relación a los documentos de liquidación de compra.

LOS ANUNCIOS DEL PRESIDENTE GARCIA

El dirigente cafetalero, al comentar los anuncios del Presidente Alan García con motivo del aniversario patrio, dijo que las cooperativas han demostrado ser promotoras efectivas del empleo rural en los rincones más apartados del país, donde el estado está ausente hace décadas, y que en tal razón se han ganado un indiscutible derecho a ser promocionadas con incentivos tributarios, facilidades de inversión, y seguridad jurídica de las tierras de sus asociados.

“Estamos dispuestos a seguir generando desarrollo sostenible en la selva alta, enfrentando la economía ilícita, incrementando la producción y productividad, pero requerimos que el gobierno brinde facilidades para generar empleo, reducir la pobreza rural. Por eso le decimos cumpla su palabra, señor Presidente”,
invocó César Rivas.

Lima, 1 de Agosto 2008

Secretaría de Prensa

Junta Nacional del Café

Jr. Ramón Dagnino 369 - Jesús María - Lima - Perú
Teléfono 332-7914 – Tele-Fax: 433-1477
Email: jncperu@terra.com.pe

Disculpen, no hemos podido incorporar los cuadros y gráficos

Enviado por: Lorenzo Castillo

NOTA:
Últimas Publicaciones de la Junta Nacional del Café:

Opciones de certificación para los agricultores

julio 2008

Situción actual y perspectivas del cooperativismo cafetalero

junio 2008

Norma Técnica Peruana del Café

abril 2008
Elaborada por la Junta Nacional del Café, entre otras instituciones, esta norma tiene por finalidad ayudar a los actores de la cadena cafetalera a implementar las Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura

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Un pueblo minero aurífero como muchos otros en Madre de Dios
Asociación Huarayo Mazuko.

PRESENTACIÓN

DELTA I O BAJO PUKIRI era un lugar muy alejado de las conocidas localidades de Huepetuhe o Colorado; fue un pequeño villorrio con presencia de contados mineros artesanales que trabajaban en las orillas del río Pukiri, las pocas noticias o comentarios tenían visos de temor de lo desconocido, se comentaba que allí se escondían los más avezados delincuentes prontuariados por atroces crímenes, que era guarida de explotadores de peones andinos desamparados y sin poder salir por falta de medios de comunicación, por falta de autoridades que hicieran justicia y sobre todo porque nunca se les pagó lo que se les ofreció.

Nada hacía presagiar lo que ocurriría en los tres últimos años, ni el vuelco que daría este poco conocido paraje con la posterior presencia de miles de buscadores de oro adentrados en el monte, eliminando los bosques para saquear el oro contenido en sus entrañas.

Durante los años 2006 y 2007 llamó la atención de la Asociación Huarayo -ONG especializada en infancia- la información sobre la presencia de niños y adolescentes a quienes sistemáticamente se les vulneraba sus derechos, víctimas de tráfico y explotación sexual comercial. Los reportes venían de las defensoras de Huepetuhe, Colorado y San Juan Grande, lo que fue corroborada por niños y adolescentes víctimas de trata y explotación laboral y sexual, acogidos en el Refugio de Niños y Niñas Víctimas (Mazuko).

Posteriormente el tema fue colocado en la agenda de reuniones de trabajo de la "Red de Defensorías de los Niños y Adolescentes de la Amazonía Peruana", hasta que la directiva acordó verificar las denuncias y crear una Defensoría de Niños y Adolescentes en Delta I. Encontramos niñas y adolescentes en situación de semiesclavitud sometidas a explotación sexual, embarazos tempranos y desorden social. La situación es generada por adultos, afanados en lucrar con la venta de licor, sexo, y foráneos en convivencia con mineros auríferos que propician un raro ambiente de anomia social. Por lo tanto el presente documento intenta llamar la atención de entidades gubernamentales o no, que trabajan el tema de infancia para abordar el problema con la seriedad respectiva; como dice el título Delta I, es uno de los muchos pueblos minero auríferos de Madre de Dios, por lo que pretendemos involucrar a las autoridades competentes para asumir acciones concretas y evitar que se continué olvidando "el interés superior de los niños" y se viva en impunidad empañados por el oro, que afecta además el derechos de miles de personas y al medio ambiente natural de la amazonía; todo ello en la capital de la biodiversidad del Perú.

Enero 2008.La Asociación Huarayo

UN PUEBLO MINERO AURIFERO COMO MUCHOS OTROS EN MADRE DE DIOS
Por: OSCAR GUADALUPE CEVALLOS (1)

EL VIAJE A LA CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU

Transitar por las rutas que conducen a Madre de Dios, específicamente a Mazuko, Huepetuhe y Bajo Pukiri o Delta 1, se hace sin ningún control; la Policía Nacional ni ninguna otra entidad controla el tránsito de personas. La atención y el control es para la mercadería que transportan los buses, camiones o cisternas, se verifican facturas y guías de remisión de productos, la intención es impedir el contrabando de mercadería venida del vecino país de Bolivia, o la evasión de impuestos si es que interviene la Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT), en tanto el tráfico de personas o trata de personas es una tarea que las autoridades omiten.
Diariamente llegan grupos de personas por vía terrestre utilizando viejos buses de empresas de reciente creación. Vienen de muchos puntos del país, siendo el tramo final Cusco o Puno (Juliaca) a Mazuko (ingreso a los lavaderos de oro), en donde la ó el viajero se moviliza en una motocicleta de servicio público hasta el puerto del mismo nombre, para luego cruzar el río Inambari en una canoa de pasajeros; desembarcará en Puerto Punkiri y abordar una veloz camioneta todo terreno con rumbo a Huepetuhe, para finalmente enrumbar a Delta 1. Al destino final se llega después de 06 horas de viaje -si no hay lluvias- desde la localidad de Mazuko y haber utilizado en el transporte, motocicleta, canoa, camioneta y recorrer las riberas de los ríos muertos.
Desde hace más de dos años una nueva oleada de personas de todas las edades se movilizan hacia Madre de Dios (2), otra vez atraídos por el oro, el "empleo bien remunerado" y la demanda de mano de obra no calificada. El nuevo destino aurífero se llama Bajo Pukiri ó Delta 1, poblado ubicado en la provincia de Manu, Distrito de Madre de Dios - Boca Colorado; a orillas del río Pukiri que vierte sus aguas al río Huepetuhe (3)
Paisaje y río destruido por acción directa de la minería aurífera, por cuyas riveras transitan camionetas todo terreno para llegar a los pueblos mineros auríferos. El paisaje no parece de la amazonía.
Bajo Pukiri ó Delata 1, como indistintamente se le llama a este nuevo asentamiento minero cobra notoriedad hace poco tiempo, al encontrarse en sus alrededores más oro que en los antiguos centros mineros cercanos o colindantes con Huepetuhe. Desde entonces el pequeño villorrio se transformó en una población que cobija ahora a más de cinco mil habitantes dispersos en el bosque, provenientes del interior del país y de antiguos campamentos y pueblos mineros que están perdiendo importancia y cuya producción aurífera se halla en declive.
El viaje es una aventura y es posible cruzarse con proxenetas, explotadores, víctimas de trata, explotación o inescrupulosos en el mismo vehículo; todos se conocen nadie se sorprende.
Adolescentes andinos, llegaron con la esperanza de escapar de la pobreza, pero no logran escapar de la explotación. La foto, increíblemente, corresponde Madre de Dios, provincia del Manu, distrito de Huepetuhe.

EL ENGANCHE
En las comunidades andinas que rodean Madre de Dios se estima la existencia de tres millones de pobres que hastiados de las carencias se exponen a las falsas ofertas que les hacen los buscadores de personal para trabajar. En el caso de los niños, niñas y adolescentes buscan huir del hambre, la violencia familiar; en tanto adultos inescrupulosos los animan a "dejar la familia para que ganen su platita".
Engañan a las adolescentes con posibles trabajos y remuneraciones de trescientos nuevos soles (S/.300.00) o más, que comparado con el sueldo de sesenta nuevos soles (S/60.00) que se gana como trabajadores del hogar en ciudades como el Cusco, Puno, Abancay, Tacna, Arequipa u otra ciudad; la diferencia es de 500%, oferta tentadora, principalmente para las adolescentes.
En las ciudades existen sitios estratégicos de captación de adolescentes deseosas de trabajar. Muy cerca de lugares de concurrencia masiva como los mercados, paraderos de buses, barrios periféricos se pueden apreciar avisos económicos en pizarra y radioemisoras; muchos adultos se han especializado en enganchar a niños y adolescentes para trabajar en Puerto Maldonado, los atraen con ropa y algún adelanto monetario que gastan rápidamente, y viajan ilusionados por la posible bondad de su empleador, el trabajo fácil, el trato familiar.
Otros personajes que aprovechan la ingenuidad y necesidad de los y las adolescentes son los transportistas y comerciantes que "endulzan" a las y los incautos que terminan siendo otras víctimas más. También las mismas dueñas de los bares viajan a ciudades grandes para "traer a sus chicas".

LA TRATA DE PERSONAS O TRÁFICO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Adolescentes víctimas de trata, las captan en las ciudades y con el engaño de trabajo bien remunerado terminan explotadas sexualmente. El camino es difícil pero más complicado es escapar de los proxenetas.
La existencia de tráfico de adolescentes para explotarlas sexualmente lo constatamos durante la travesía en canoa por el río Inambari, un adulto de aproximadamente 38 años viajaba con cuatro adolescentes de facciones y costumbres ajenas a la zona, evidentemente de alguna ciudad. Con las adolescentes logramos la siguiente conversación:
- ¿De dónde vienen? - "Venimos de Arequipa y nos están llevando a Delta, estamos de vacaciones y trabajaremos por tres meses…" - ¿Qué van hacer en Delta? - "Conocer la zona y regresaremos luego de noventa días, trabajaremos vendiendo en una tienda grande… " - ¿Es la primera vez vienen por aquí? - "Es la primera vez que venimos, nos da miedo el río, nunca habíamos viajado por canoa, hay otras chicas que han venido antes y nos han dicho que la vida es bien fácil…se gana bien" - ¿Tienen un contrato de trabajo, autorización de sus padres?
- "No, una señora que siempre va por el mercado nos ofreció el trabajo y nos van a pagar S/350.00 soles, en Arequipa gano S/.90.00 como empleada en casa. Nuestros padres están de acuerdo, trabajaremos para estudiar".
Cuando se les preguntó sus nombres y su dirección en Arequipa, dudaron en responder y al darse cuenta que su "acompañante" las miraba, cortaron la conversación y no se pudo retomar la comunicación. (Río Inambari, 10 de Junio del 2007).
Así como en caso descrito, hay infinidad de testimonios y aseveraciones sobre el tema.
Los "empleadores" (traficantes, explotadores y proxenetas) nunca refieren sobre lo duro que es trabajar bajo el sol (40°C.) a orillas de los ríos, las enfermedades tropicales e insectos que atacan a los recién llegados a la selva, en el caso de los varones. A las adolescentes les ofrecen buenos sueldos, trabajos suaves de cuidantes de bebes, de acompañantes de hijos pequeños, de meseras en restaurantes, para atender una tienda; siempre les ocultan el verdadero "trabajo" a desarrollar, como la venta de licores en bares, atención a mineros auríferos habidos de sexo, licor y diversión.
Las chicas generalmente terminan violadas y explotadas sexualmente, las que se resisten o desaniman al constatar el verdadero "trabajo", tendrán que devolver los costos del viaje, pasajes, hospedaje, alimentación, ropa, sandalias, algún medicamento, toallas higiénicas, etc. que al no contar con dinero para hacerlo se ven acorraladas y sin otra alternativa que aceptar las exigencias del empleador o empleadora; afrontan las hostilidades de los dueños de los bares y el inicio sexual por voluntad propia o mediante algún somnífero. Las dueñas de las cantinas cobran por el "pase" (4) que brindan sus chicas, no temen al embarazo ni a las enfermedades venéreas, pues son cosas que se solucionan en cualquier botica de las localidades mineras.

BAJO PUKIRI O DELTA 1
De Huepetuhe a Delta I, se debe trasladar en una camioneta todo terreno, no existe un camino y la ruta que se usa es la orilla del rió Huepetuhe y luego el río Pukiri. El viaje es totalmente de responsabilidad de los pasajeros, ninguna camionetas cuenta con algún tipo de seguros contra accidentes, los transportistas fijan los precios de los pasajes y siempre son elevadísimos. Una rápida observación nos recuerda a otros pueblos mineros, sucios, desordenados, llenos de bares, sin policías, con vendedores de todo, los hospedajes inapropiados, llenos de bulla, gallinazos por todas partes y en medio de todo ellos, los niños juegan inocentemente, viven allí.
Los representantes del pueblo son el Alcalde Delegado del Centro Poblado Menor, el Teniente Gobernador y la Defensora de los Niños y Adolescentes; ninguno de ellos tiene un reconocimiento económico por su trabajo o función, los trámites y gestiones los hacen en la capital del distrito o del departamento, es decir en lugares alejados, a donde tienen que movilizarse con sus propios peculios.
Las autoridades se esfuerzan por darle cierto orden al pueblo, pero es casi imposible batallar sin ayuda de la Policía y entre gente dedicada al trabajo abusivo, a la diversión luego de largas jornadas de trabajo y en un entorno violento.
Todos y todas las autoridades refieren que fueron víctimas de faltas de respeto e incluso de violencia física, el Teniente Gobernador refiere que fue agredido por un borracho hasta romperle la cabeza con el escudo de la gobernación, su hija al salir en defensa de su padre recibió un corte en el brazo; muchas veces es poco lo que se puede hacer entre tanta gente ebria y envalentonada por los efectos del licor sobre todo sin apoyo policial.
Por otra parte, la agresividad contra todo lo que represente la ley o el orden es una forma de hacerse notar entre gente frustrada y que fracasó en su intento de encontrar oro, salir de la pobreza y retornar triunfantes a sus comunidades de origen.
El tema frecuente en las conversaciones de cantina es la violencia ejercida contra alguien, se festeja si se ejerció violencia contra la autoridad, si burló a la ley o si salió airoso de una contienda legal sin tener la razón, es el caso de los juicios de alimentos, que muchos padres evaden sin que las autoridades puedan hacer algo porque los padres alimentistas no tienen trabajo conocido, ni dirección estable. Es frecuente escuchar despotricar contra las autoridades y se reconocen mejores que ellos.
En Delta I, destacan las tiendas que compran oro con agentes de seguridad atentos a la llegada de extraños, bares por doquier con jovencitas y mujeres insinuantes en las puertas. Los restaurantes venden menús a sobre precio (S/8.00), al igual que todos los productos cuestan hasta 300% más de lo normal, el papel higiénico que cuesta S/.0.50 centavos en la ciudad se adquiere por S/.1.50 nuevos soles, una cerveza cuesta S/.12.00 nuevos soles, un "diario chica" (5) que en Lima cuesta S/.0.50 centavos llega a costar S/.2.00, igual que una gaseosa personal.
Circulan monedas falsas que todos lo saben pero que nadie rechaza. Los líquidos más vendidos son el petróleo, la cerveza y las bebidas gaseosas. En tanto el Oro llega a costar S/95.00 nuevos soles por gramo, el mismo que se vende y compra todo el tiempo como producto final de agotadoras jornadas.

LA EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL
En el pueblo se aprecian más de 100 bares, con nombres y decorados sugestivos "las gatitas", "las nenas", "las garotitas", "tu lugar de placer", "las tsunamis", etc, que atienden las 24 horas del día. Los bares se pueden clasificar en dos categorías, "las Ojotitas" que ofertan a adolescentes de sexo femenino procedentes de comunidades campesinas altoandinas, cuyos clientes son andinos recién llegados, y el de las "Chicas" que ofrecen licor y sexo por adolescentes prostituídas y prostitutas adultas provenientes de ciudades del interior del país Arequipa, Lima, Puerto Maldonado, Pucallpa, Iquitos, Tacna, Cusco, Puno, San Martín y otras ciudades.
En ambas categorías constatamos la presencia de menores en situación explotación sexual en los múltiples "focos rojos" (6)
Calculamos que encada bar hay en promedio 5 chicas, de las cuales 2 son menores de 18 años, lo que nos permite afirmar que por lo menos hay 200 adolescentes víctimas de explotación sexual comercial, aunque las jóvenes cuando se les consulta la edad señalan tener más de 18 años y que no portan documentos de identidad porque se les perdió.
Cada fin de semana gran cantidad de gente se concentra en los diferentes locales comerciales de expendio de alimentos, pero principalmente en los bares, entonces una nueva energía invade el pueblo, cientos de personas deambulan por las calles en busca de la mejor diversión, pero principalmente en buscase de bares que ofertan a las más "chivolas" entre las acompañantes, las más niñas. La preferencia por las chivolas es la posibilidad de encontrar entre ellas alguna que sería su primera relación sexual, es un tema del que alardean los varones buscadores de sexo, por otro lado existe la posibilidad de reducir riesgos de enfermedades de transmisión sexual, de ser engañados cuando se pasan de copas y sobre todo porque se puede ejercer dominio y violencia sobre una menor sin temor a respuesta de magnitud similar.

LA PREOCUPACION DE LAS AUTORIDADES DEL CENTRO POBLADO MENOR DELTA I
Consultadas las autoridades sobre las preocupaciones que tienen con relación al pueblo, señalaron:
- La violencia y desorden que existe en el pueblo, hay robos, violencia entre borrachos y muertos. - La faltan de autoridades policiales y judiciales favorece el desorden y la vulneración de los derechos de las personas. - Gran cantidad de "focos rojos" donde se gasta con facilidad lo que se gana con mucha dificultad en la minería. - La presencia de menores de edad provenientes de Arequipa, Pucallpa, Iquitos, Tacna, Cusco y Juliaca, engañadas y sin posibilidades de retorno. - El abandono de los niños por parte de sus padres, que dejan a sus hijos cuando encuentran otra mujer, generalmente en las cantinas. - La faltan servicios básicos. No hay agua para tomar, en las casas se consume agua del río, falta desagüe, no existe un generador para iluminar el pueblo, entonces cuando oscurece pasan cosas desagradables y nadie sabe nada al día siguiente. - La escuela es muy pequeña. Hay muchos alumnos que estudian incómodos y con la bulla de las cantinas y focos rojos; es un peligro latente. - Los niños van sin alimentarse bien a la escuela. Hay alumnitos que se duermen en el salón, no ponen atención y pelean, vienen sin un buen desayuno, sobre todo los que tienen a sus padres trabajando lejos, viven solos o pensionados sin el cuidado que requieren. - El ruido de los focos rojos, bares y mecánicas que se encuentran a pocos metros de la escuela. - Los alumnos que no hacen las tareas comparten la escuela con el trabajo y se distraen mucho, algunos venden cigarros hasta la madrugada, para apoyar la economía familiar sobre todo si son hijos de madres solteras o abandonadas.
Preocupación de las defensoras de Delta I. Niñas trabajadoras expuestas a peligros de ataques sexuales, ven a las "cantineras" alegres, bien vestidas, requeridas, tomando gaseosas todo el tiempo al son de la música; se forman una imagen de la prostituta o explotada sexual como muy interesante y se constituyen en sus referentes de vida.

PREOCUPACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DELTA I
Un diagnóstico sobre la infancia desarrolla con los niños y niñas de la escuela de Delata I, permite señalar (entre otros temas):
- La violencia familiar · El maltrato de los padres de familia · El abandono de los papás a su familia · El abandono de niños cuando la mamá toma licor · La maleadera (7) de los padres · La tomadera (8) · No se puede estudiar · No hay donde jugar · Los borrachos jalan a las chiquitas · A los niños no nos pagan · Los mineros pegan a los niños trabajadores

LOS SERVICIOS DE PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
- LAS DEFENSORIAS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA SELVA PERUANA
Desde el año 1998, hay preocupaciones y también respuestas a la problemática de la infancia de la amazonía, aunque consideramos que faltan más iniciativa. Una de ellas es la que cumple la "Defensoría de los Niños y Adolescentes de la Selva Peruana" desde la localidad de Mazuko. Esta defensoría recibía denuncias y atendía casos provenientes de comunidades auríferas de las provincias del Manu y Tambopata.
Al año siguiente, con el afán de descentralizar y responsabilizar a las comunidades de la vigilancia social y protección de cada niño y niña que vive o llega a la comunidad, se crea la "Red de Defensorías de los Niños y Adolescentes de la Amazonía Peruana" logrando trabajar en Red, con 20 defensorías ubicadas en comunidades auríferas de Madre de Dios.
Una de estas defensorías está ubicada en la violenta Delta I, allí cuatro defensoras luchan por el cumplimiento de los derechos de los niños, realizan charlas en la escuela con los niños y padres de familia, sensibilizan a las dueñas de bares, a los esposos o convivientes golpeadores y a las autoridades.
Pero sobre todo recogen la inquietud de los niños y niñas que estudian o trabajan e intentan hacer de ello su bandera de acción. Su labor es ad honórem y se caracterizan por la vitalidad y responsabilidad en la acción.
Entre las labores que desarrollan destaca el recate de niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual y laboral en los prostibares (9) y en caso de los adolescentes son recuperados de empleadores que se niegan a pagar por el trabajo realizado. La tarea debería ser del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo pero no está presente en la zona, si se solicita su participación se tendrá que pagar mínimamente el transporte.
La minería destruye el bosque, con motores y mangueras incursionan en el monte virgen.
La Defensoría de Mazuko y la Red de Defensorías son creaciones locales para asistir la infancia en riesgo, su labor es difícil y abnegada sobre todo en zonas de violentas donde no existen autoridades policiales ni judiciales y campea la impunidad.
Muchos casos no pueden ser resueltos por temor a las represalias y la violencia que imprimen los explotadores y traficantes de adolescentes; en lugares como Delta I, la ley de la selva es vigente para el más fuerte, mejor dicho para el más agresivo; por lo tanto defender los derechos de las personas se constituye en una intromisión y las respuestas son violentas, pese a ello las defensoras continúan trabajando, se ganaron el respeto de la población y el reconocimiento de las víctimas, quienes las tienen como referentes.
Comentaban las defensoras que les sorprendía que muchas "chicas" y "ojotitas" en situación de trata y explotación sexual comercial, cuando son intervenidas resultan identificándose con sus explotadores y hasta los defienden, olvidando el mal trato, momentáneamente, generalmente las adolescentes manifiestan tener más de 18 años cuando las evidencias corresponden a menores.
Muchas adolescentes que intentan el retorno a sus comunidades reciben el repudio de sus padres y de la comunidad al enterarse que estuvieron en la selva, algunas señalaron que las consideraban de mala suerte para la comunidad, por lo que son empujadas a dejar sus raíces y evitar la "vergüenza" a sus familiares.
Es urgente intervenir con mayor fuerza y celeridad en la prevención de la trata y explotación de menores de edad, consideramos importante hacer campañas en las comunidades y centros de captación de niñas y adolescentes para trabajar en Puerto Maldonado y evitar esta retahíla de impunidad.

-EL REGUGIO TEMPORAL DE LA ASOCIACION HUARAYO PARA NIÑOS VICTIMAS
El refugio temporal es conducido por la ASOCIACIÓN HUARAYO, con el apoyo de Terre des Hommes de Ginebra, en su sede institucional de Mazuko, allí permanecen los niños, niñas y adolescentes víctimas hasta encontrar a sus familiares o hasta que el juez determine institucionalizar a la víctima.
Anualmente pasan por el Refugio no menos de 50 niños, niñas y adolescentes venidos principalmente de la zona minera, los problemas que les afecta son la explotación laboral, la trata y el abandono. Adicionalmente, llevan consigo enfermedades tropicales (leismaniasis, paludismo), Tuberculosis, desnutrición, parasitosis, infecciones y múltiples heridas.
Cuando los niños, niñas y adolescentes sienten que sus derechos son vulnerados en la zona minera aurífera, pueden acercarse a alguna defensoría de la Red, para solicitar ayuda e intervención en la solución de su problema, así como para vigilar el buen trato y el cumplimiento de los derechos de los Niños, planteados en el Código de los Niños y la Convención Internacional por los Derechos de los Niños.
Los padres que han perdido a sus hijas e hijos pueden comunicarse con la Defensoría de Mazuko, mediante radio comunicación y entramos en contacto con la Red para ubicar el paradero de los desaparecidos.
Contamos con un sistema de comunicación mediante radio comunicación con participación activa de la población y defensores que facilitan la labor de manera organizada y rápida.
Es pertinente y necesario difundir la problemática y realidad de los niños y adolescentes en la selva para evitar que continúen cayendo en manos de explotadores y traficantes que se aprovechan del hambre y la necesidad de los y las adolescentes.

ASOCIACION HUARAYO - ONG Especializada en Infancia en Madre de Dios

RED DE DEFENSORIAS DE LOS NIÑOS DE LA AMAZONIA PERUANA

SERPOST Puerto Maldonado, apartado Nº 68 - Madre de Dios

Teléfono: 01-93931403

Notas:
(1) Sociólogo, director de la Asociación Huarayo y Coordinador de la Red de Defensorías de Niños y Adolescentes de la Amazonía Peruana.

(2) Departamento amazónico y capital de la biodiversidad del Perú, ubicado en el sureste del país.

(3) Nombre del actual distrito y del río que atraviesa la zona, significa "Huella de Tigre" y fue asignada por los Amarakaeris (comunidad autóctona) que floreció en la zona; en las playas del río retozaban los jaguares, en sus aguas vivían peces y actualmente discurre turbia y sin vida por acción directa de la minera aurífera.

(4) Relación sexual con una chica cantinera

(5) Prensa amarilla, resalta en su primera plana mujeres con poca ropa y actitudes lascivas

(6) Denominación de las cantinas que expenden licor y ofertan, además, sexo

(7) Término usado por los niños para referir a los padres o madres que abandonan la familia por otra pareja.

(8) Término usado por la población para manifestar que los padres o madres de familia consumen licor olvidando su responsabilidad con los hijos.

(9) Denominación nuestra, para definir el bar que además oferta prostitución (todas los bares de Delta I).

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