Apuntes del derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. A propósito de la Ordenanza Regional de Consulta en San Martín

Por: Rubén Darío Ninahuanca Rivas 

“Una de las formas de violencia disfrazada, son las políticas de integración forzada a la cultura nacional homogénica"

El movimiento indígena que hoy se propone, no es construir un estado nación aparte, sino la de integrar en un solo proyecto, en una sola visión, las diversidades existentes. En ese marco, solamente cuando se reconozcan y se garantice el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, podrá tener viabilidad la democracia peruana.

En ese sentido, el modelo neoliberal guiado por una definición de eficiencia y eficacia, no guarda relación con la cosmovisión de los pueblos indígenas que han sabido distinguir entre dar valor y colocar precio a los recursos naturales. Por ejemplo – en el modelo económico actual, ser un buen médico significa que ha logrado obtener un record, en un número determinado de atenciones, ser un buen magistrado significa tener un buen cuadro estadístico en el número de resolución de casos, medir los avances en educación significa contar a cuantas personas se encierra en un aula a contar historias sin sentido y, así podremos encontrar un sinnúmero de ejemplos; es decir hoy en la cultura dominante definir que algo funciona bien tiene que estar relacionado con los números que se presente a la sociedad.

Bajo este mismo razonamiento numérico, se está proponiendo desarrollar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas; es decir el éxito de un proceso de consulta estará guiado el número de talleres descentralizados, por el número de entidades representativas, por el número de participantes en cada taller, por el número de entidades del estado convocadas, el plazo razonable medido en los días a utilizar y hasta por el número de soles que se invierta en cada reunión; en contraposición con los aspectos esenciales de un proceso de diálogo indígena en un determinado conflicto o negociación. La dinámica comunicacional y de diálogo de los pueblos indígenas es distinta a los patrones numéricos que nuestra sociedad hoy se ha autoimpuesto.

En ese tenor, se ha dejado en el olvido ciertas características peculiares de cada pueblo al momento de solucionar sus conflictos o negociar sus intereses en un determinado caso, creyendo que fijando un procedimiento único de consulta, es un buen acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, cuando en la práctica lo que se está pretendiendo es sobreponer una cultura única para la solución de determinados conflictos que permitan atraer grandes inversiones “a un país pobre como el nuestro que lo necesita”.

Es por ello que considero que el proceso de consulta, debe guiarse por principios generales que se encuentren bien definidos para conocer con exactitud qué es lo que debe garantizarse; por ejemplo: Nuestro Tribunal Constitucional, al que muchas veces se le ha rendido pleitesía, también ha cometido aberraciones que nadie quiere alzar la voz contra ello, sin embargo aprovecharé este evento para elucubrar algunas verdades, y para ello citaré textualmente parte de la Sentencia N° 022-2009-PI/TC de este órgano colegiado en cuestión dice:

“Las características esenciales del derecho de consulta revisten particular interés ya que de no tomarse en cuenta estas, las medidas consultadas, podrían ser materia de cuestionamientos. Así, de la propia normativa del convenio se extraen las principales características[3] de este derecho, a saber: a) la buena fe, b) la flexibilidad, c) objetivo de alcanzar un acuerdo, d) transparencia; y, e) implementación previa del proceso de consulta. Estas características son también principios orientadores[4], así, en caso de presentarse vacíos en la legislación se tendrá que proceder en virtud de estos principios con el objetivo de maximizarlos. De igual forma, si estos elementos[5] se encuentran ausentes, la afectación del derecho de consulta se tendrá que comprender como una de tipo arbitraria y por lo tanto inconstitucional[6].”

Es decir, para el Tribunal Constitucional referirse a los principios, es igual que referirse a los elementos, como además que estas dos definiciones podrían ser sinónimos de las características, situación que no comparto; pues doctrinalmente los principios son “la fuente de donde derivan el ser, o la generación o el conocimiento”; mientras que los elementos son las partes que componen algo y la característica es la cualidad o circunstancia particular de una persona o cosa que la distingue de las demás, la misma que está sujeta a un simbolismo que debe ser aceptado universalmente. A pesar de este impase, nuestra Ley N° 29785 Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios reconocidos en el Convenio 169 OIT, también recoge otros componentes como principios, que sugiero también poner a discusión porque nos encontraremos con más de una sorpresa, que es conveniente esclarecer con la finalidad de determinar qué es lo que se está defendiendo o garantizando, ¿los intereses o los derechos?

Un segundo punto que considero oportuno tomar en cuenta son los rasgos culturales, pero no como un sentido folklórico, ni de decoración artística de los talleres; sino como un mecanismo de participación. El uso de la lengua materna, el plazo razonable, la representación indígena, procedimiento culturalmente adecuado; no debe ser visto por el aspecto numérico sino bajo un criterio de garantizar una efectiva participación. En ese sentido, pretender un reglamento que enumere los pasos y momentos de participación no es lo adecuado, porque cada pueblo tiene una dinámica distinta de concebir el mundo y sus procesos de relacionamiento, por lo que podría afectarse esa identidad cultural que como pueblo la tiene reconocida en la Constitución en su Art. 2, numeral 19.

Recordemos que los pueblos indígenas pueden resolver sus conflictos en menos tiempo que los que establecidos por la cultura dominante, prueba de ello es la aplicación de la justicia comunitaria; pero también es bien sabido que pueden existir casos en los que los pueblos indígenas pueden tomarse largos periodos para solucionar un caso o en otros suspender las reuniones y retomarlas después de algún tiempo, o en otros simplemente dejarlos como “conflictos latentes”, todo ello tiene un lenguaje subyacente y elementos a considerar, es decir las condiciones mínimas que generan un proceso de diálogo para la solución de conflictos en una cosmovisión indígena, situaciones que distan mucho de lo que se recoge en el procedimiento establecido en la Ley de consulta y lo que se pretende establecer en las propuestas de reglamento conocidas. Sólo a manera de ejemplo, pues no es el espacio para desarrollarlo por respeto al panel que me acompaña, pero uno de los elementos primordiales que los pueblos indígenas consideran indispensables para el inicio de cualquier tipo de diálogo para la solución de diferencias y generar acuerdos, es la “confianza” que podría traducirse en la “buena fe”, elemento que no sólo es de especial importancia para los pueblos indígenas sino también para las autoridades estatales. Para el Gobierno se hace necesario establecer que los indígenas a consultar sean representativos, es decir sean los verdaderos voceros de las comunidades; para ello, el Estado peruano ha generado ciertas formalidades; por ejemplo, al menos la generación de un acta comunal en donde se manifieste claramente la intención de formar una federación o confederación como un ente representativo por parte de las comunidades para el proceso; esa actitud por parte del Estado tiene una connotación frente a los líderes indígenas, lo que se busca es que el dirigente o dirigentes que participen en el proceso gocen de legitimidad, goce de autoridad y goce de competencia para la toma de decisiones en el proceso; sin embargo cuando se mira al “otro lado del río”, si bien el órgano técnico especializado en materia indígena por parte del Ejecutivo es el Vice Ministerio de Interculturalidad, ésta designación no goza de las características que el Estado prevé para los pueblos indígenas.

Me explico, las características de legitimidad, autoridad y competencia que se exigen a los pueblos indígenas cumplen dos roles, uno interno y otro externo; es decir estas características deben cumplirse no sólo al interior de las comunidades sino además debe reflejarlo hacia el estado, pues de lo contrario el Estado no las reconocerá como un actor a ser consultado. Tal situación no guarda relación con el órgano técnico especializado en materia indígena, desde el punto de vista de las comunidades, quizás la designación en el rol interno de estas características antes señaladas forma parte de la racionalidad por la secuencia formal del nombramiento, pero en el rol externo de esta designación no puede afirmarse que goce de legitimidad, autoridad y competencia frente a las comunidades indígenas. En ese sentido, el nombramiento de las personas representantes del estado en materia indígena que tengan a bien a realizar el proceso de consulta deben generarse de un proceso de participación indígena con competencias previamente convenidas, lo cual resulta justo y equitativo; porque también el estado, si bien le reconoce la autonomía en su designación de su representante a los pueblos indígenas, le condiciona el reconocimiento de su representante a un procedimiento previamente establecido.

Lo solicitado no es ajeno a la política pública, los funcionarios del estado con cargos de confianza pueden ser designados por la autoridad competente en función a su competencia, sin embargo esa designación no tiene que resultar como una arbitrariedad sino tiene que responder a parámetros mínimos para el ejercicio de la función para el cumplimiento de los objetivos de la entidad[7], es decir lo arbitrario no debe entenderse como un sinónimo de arbitrariedad. Motivo por el cual estoy convencido que las instancias de diálogo generarán al menos los perfiles y competencias de las personas encargadas del órgano técnico especializado en materia indígena, como un mecanismo de legitimidad, autoridad y competencia hacia los pueblos indígenas, conjugando el rol externo del Estado frente a los pueblos indígenas.

Como un tercer punto, considero que el Reglamento de Consulta debe definir especialmente el rol que cumplirá el estado en el proceso de consulta, porque como ya se ha dicho en este evento, el Estado es el responsable de garantizar el derecho a la consulta, en ese sentido tendrá que normarse tanto administrativamente como estructuralmente para que este derecho puedan ejercitarlo los pueblos indígenas; es decir el reglamento no es para los pueblos indígenas, sino es para el Estado, en un afán de reestructurarse para que garantice un derecho humano, como lo es el derecho a la consulta.

Es necesario agregar, que conforme al Art. 6 de la Ley N° 29158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo una de las funciones que tiene este poder es Reglamentar las Leyes, evaluar su aplicación y supervisar su cumplimiento, es así que en armonía con el numeral 3 del Art. 11 del mismo cuerpo de leyes la Ley de Consulta será regulada por un Decreto Supremo, además es necesario establecer que el Decreto Supremo regula la actividad funcional sectorial o multisectorial a nivel nacional, es decir regula la forma en que implementarán las políticas públicas, en ese sentido serán las normas administrativas a implementar conforme lo establece el Convenio 169 OIT.

Con esta apreciación, tal medida no podrá ser aplicable cuando se trate de medidas legislativas a todo nivel de gobierno, porque de ser así devendría en inconstitucional. El Art. 94° de nuestra Constitución dice que; “El Congreso elabora y aprueba su Reglamento, que tiene fuerza de ley”; es decir que el reglamento de Consulta que se viene implementando, por un orden en la jerarquía normativa, por un mandato funcional y por un mandato constitucional no podrá ser aplicable en el poder legislativo, ni tampoco en los gobiernos regionales cuando se trate de medidas con fuerza de ley[8]; es decir el reglamento que se viene implementando será sólo aplicable para el Poder Ejecutivo en la actividad funcional sectorial o multisectorial. Este panorama nos genera la necesidad de pensar por ejemplo en la Modificación del Reglamento del Congreso, hartamente solicitado, para que cuando se prevean medidas legislativas el proceso de Consulta pueda encontrarse tutelado en la formación de las leyes; así como también Ordenanzas Regionales y municipales que regulen el proceso de Consulta en materia de sus competencias; recordando además que las Ordenanzas Regionales y municipales, en el orden jerárquico, se encuentran por encima de los Decretos Supremos.

La importancia de la participación de los pueblos indígenas en la formulación del Reglamento de la Ley de Consulta radica en que, actualmente las concesiones de actividades extractivas son parte de las competencias de los Ministerios, paulatinamente bajo la premisa de descentralización, algunas de estas competencias pasarán a formar parte de los Gobierno Regionales, motivo por el cual hoy se hace necesario generar una Ordenanza Regional que avizore procesos de consulta en la Región tomando en cuenta el contexto regional.

Un cuarto punto, que lo considero sensiblemente opinable, es la definición de pueblo indígena. Recordaremos que el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones del año 2009 mencionó:

“la Comisión se permite sugerir al Gobierno que proporcione un criterio unificado de las poblaciones que son susceptibles de ser cubiertas por el Convenio, ya que las varias definiciones y términos pueden dar lugar a confusión entre poblaciones campesinas, indígenas, nativas, de la sierra, de la selva y de la ceja de selva». La Comisión nota que según las comunicaciones habría diferentes grados de aplicación del Convenio según la denominación de la comunidad. Observa, además, que la terminología utilizada en las diferentes leyes genera confusión y que la denominación o diferentes características de los pueblos no afectan su naturaleza en lo que concierne al Convenio si se encuentran comprendidas en el artículo 1, párrafo 1), del Convenio.”

Frente a este tema polémico, la interpretación que realice el Estado Peruano, en todos sus niveles, de los derechos humanos tiene que guiarse bajo el principio “pro Hominen” “según el cual corresponde interpretar una regla concerniente a un derecho humano “del modo más favorable para la persona, es decir, para el destinatario de la protección [9]” en ese sentido pretender discriminar ¿Quién es indígena y quién no lo es? Bajo este contexto normativo es sumamente delicado y hasta posiblemente violatorio de derechos humanos, esta tarea estuvo en su momento trabajándose en el Proyecto de Ley de Pueblos indígenas y afroperuanos, que hoy al parecer “descansa el sueño de los justos” en alguna comisión del Congreso de la República.

Existen situaciones en las comunidades indígenas por diversos motivos; llámese por migración forzada debido a la violencia política o a las actividades extractivas [10], han tenido que dejar sus tierras y posicionarse en regiones ajenas a su nacimiento, sin embargo ello no ha sido motivo para perder su identidad cultural, es decir mantienen su lengua, costumbres, fiestas, ceremonias, entre otros; conformando caseríos, centros poblados y distritos; como por ejemplo nuestros Kechuas de la Provincia de El Dorado en la Región San Martín, como también nuestros hermanos ronderos; sin embargo existen opiniones en las que se pretendería desconocerlos como pueblos indígenas por no tener una relación comunal respecto de la propiedad de la tierra; posición muy opinable, la misma que quisiera dejar en debate, pues mi rol no es distinguir entre quienes son indígenas y quiénes no lo son; y quién quisiera atribuírselo, que lo demuestre.

Hoy nos encontramos en un proceso de reflexión, tanto por parte del estado como de los pueblos indígenas, donde las redefiniciones de la institucionalidad de ambos actores deben generar mejores políticas públicas. Siempre se nos ha dicho lo que el Estado no debe hacer; por ejemplo: “el estado no debe estatizar”, “El estado no debe involucrarse en el mercado competitivo”, “El estado no debe tener un gran aparato burocrático” y así un sinnúmero de negaciones a la acción del Estado, pero hasta la fecha no se ha establecido ¿Cuál debe ser el rol del Estado en este nuevo contexto? En esa misma línea la cosmovisión indígena de participación también ha variado, por ejemplo a las comunidades indígenas se les obliga participar a través de sus entidades representativas, sin embargo hoy vemos movimientos sociales como el 15 de mayo y el Ocupad Wall Street, que no es otra cosa que cuestionar la democracia representativa, porque en la práctica mundial no está funcionando correctamente. Es así que tampoco las entidades representativas de las comunidades indígenas gozan de legitimidad en sus bases, por lo que estos cuestionamientos han generado en algunos casos mayores divisiones y enfrentamientos internos de poder entre comunidades, situación que es aprovechada por el poder económico para satisfacer sus intereses sin respetar los derechos de la población indígena involucrada. En consecuencia, para ambos actores este proceso de consulta es novedoso y representa un gran reto para ambos actores enfrentar un proceso garantista por parte del Estado y organizacional por parte de las comunidades indígenas.

No pretendo generar recetas, ni tampoco rezos sacramentales a seguir, pero sí dejar cuestiones que nos permitan reflexionar en ¿Dónde estamos? Y ¿Qué es lo que se viene? 

..........

Exposición presentada en el Panel del II Encuentro Regional de Nacionalidades Amazónicas San Martín - Tarapoto - Perú

Rubén Ninahuanca es abogado de la Universidad Nacional de Piura. Especialización en temas de Gestión Municipal, Descentralización y Buen Gobierno. Especialista en Desarrollo Sustentable y Especialización en Gestión de la Política Social. Estudiante de la Maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional.

E-mail: nrrubendario@hotmail.com

[3] Subrayado intencional

[4] Subrayado intencional

[5] Subrayado intencional

[6] Sentencia del Tribunal Constitucional N° 022-2009-PI/TC. Fundamento 26

[7] El art. 381 del Código Penal Prevé que es pasible de sanción penal aquella persona que nombra y/o quien recibe el cargo sin cumplir con los requisitos exigidos por ley.

[8] En estos casos las Ordenanzas Regionales y Ordenanzas Municipales

[9] Exp. N.º 1049-2003-AA/TC F.J. 4

[10] En este último caso no es notoria la migración porque se hace de manera individual o familiar buscando mejores condiciones de vida, pero al final representa una migración por motivos de supervivencia

Otras publicaciones del autor:

El sueño de la consulta propia: http://ensayosamazonicos.blogspot.com/2010/04/el-sueno-de-la-consulta-propia.html

El derecho a expresarme en mi lengua materna http://ensayosamazonicos.blogspot.com/2009/08/el-ejercicio-del-derecho-expresarme-en.html

Progranmas sociales engordan mascotas http://ensayosamazonicos.blogspot.com/2009/02/los-programas-sociales-engordan.html
El "pitufo filósofo" llamado Tribunal constitucional http://ensayosamazonicos.blogspot.com/2010/11/el-pitufo-filosofo-llamado-tribunal.html

Comunidades, territorio y concesiones forestales

Por

José Álvarez Alonso

 “Ya no podemos ni ir a cazar nuestros animalitos o a sacar nuestra hoja para techar nuestras casas, nos dicen que nuestros bosques tienen otro dueño”, se quejaba un indígena Kichwa del Napo en un reciente taller en la Comunidad de Tutapischo, cuya comunidad se superpone con una concesión forestal en el bajo Napo.

Varias comunidades indígenas en la cuenca media del río Napo se quedaron sin territorio por culpa de las concesiones forestales. Decenas más están en la misma situación en Loreto y Ucayali. Hay que tener en cuenta que todavía quedan cientos de comunidades indígenas, y varios miles de ribereñas o mestizas, por reconocer y titular en la Amazonía peruana. Según el Censo del INEI del 2007, en la Amazonía peruana existen 11,978 centros poblados, de los que menos de 1500 tienen territorios titulados. Sin embargo, el censo sólo consideraba comunidades con más de 150 personas, y a las más pequeñas las clasifica como “población dispersa”, por lo que se estima que hay muchas más. En Loreto, donde el censo del INEI registra 2,271 comunidades, apenas han sido tituladas poco más de 500, entre indígenas y campesinas. Sin consideramos centros poblados “menores” quedarían por titular y reconocer más de 2000 comunidades.

En el caso del Napo, las comunidades de Pinsha, Negro Urco, Nueva Libertad, Cerro de Pasco, Floresta y Nueva Antioquía llevan años reclamando en vano la titulación de sus territorios; los de COFOPRI les contestan que no se puede porque el área está concesionada por cuarenta años a una señora Rivadeneira. 

La mayoría de estas comunidades están ya reconocidas formalmente como comunidades indígenas, pero de poco les sirve, porque ya no son suyos los bosques de sus ancestros, donde sus padres, abuelos y tatarabuelos cazaron los animales con que alimentaron a sus hijos, y extrajeron las plantas medicinales con que les curaron, las hojas de palmera con las que cubrieron sus casas, y las canoas con las que navegaron. Similares historias escuché de boca de pobladores de las riberas del Marañón y del Tigre, en un reciente encuentro indígena sobre la problemática forestal.

Las comunidades del Napo se enteraron de que estaban concesionados sus bosques cuando ya era tarde, los contratos habían sido firmados. Nunca fueron informados y menos consultados, violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que establece la obligatoriedad de consultar toda norma o proyecto que pueda afectar a las comunidades indígenas y a sus territorios. No por gusto algunos afirman que, en justicia, el proceso de concesiones forestales es nulo; el poder judicial dio la razón a las comunidades del Mazán que reclamaron por las concesiones en esta cuenca, aunque lamentablemente el Tribunal Constitucional luego se desdijo con un cuestionado fallo.

¿Qué Estado es éste que niega a los pueblos originarios el derecho a sus tierras para otorgarles derechos a terceros, movidos por el ánimo de lucro? Todos quizás son peruanos, y todos tienen derecho a ganarse la vida dentro del marco de la ley. Pero obviamente, algunos tienen más derechos que otros: el derecho de los pueblos indígenas a su territorio tradicional y a sus recursos –que son esenciales para su subsistencia- es preferente e inalienable, de acuerdo a la legislación nacional e internacional. Ningún derecho al legítimo lucro se puede anteponer al derecho a la supervivencia de un pueblo.

En un documento del IIAP sobre la problemática de los bosques de producción permanente (BPP) y las concesiones forestales, elaborado en el 2009, se afirma.:

“…existen hasta ahora serios problemas de superposición de los BPP y de concesiones con propuestas de nuevas áreas protegidas, con áreas prioritarias para la conservación del Plan Director de ANP, con zonas muy sensibles desde el punto de vista social (ej., posible presencia de indígenas en aislamiento voluntario) o ecológico (ej., cabeceras de cuenca, zonas de altas pendientes, bosques de varillal o pantanos), o con territorios de poblaciones amazónicas (indígenas y ribereñas).”

Efectivamente, el mapa de BPP fue diseñado desde Lima sin una adecuada consulta, ni siquiera con las autoridades regionales y otros sectores involucrados (más allá de los madereros con influencias en el Ministerio de Agricultura).

Los BPP suman un total de 23.7 millones de hectáreas en cinco regiones de la Amazonía peruana, de las cuales un 32% fue entregado a 576 concesiones forestales (7.5 millones de ha, que representan el 32% del total). Gran parte de esas concesiones, especialmente en Loreto y Ucayali, no se encuentran operativas o han sido declaradas en abandono, por lo que sería relativamente fácil reordenar los bosques de producción permanente para evitar conflictos en el futuro.

Por eso la propuesta del IIAP es contundente: revisar y rediseñar los BPP con base en una ZEE y a una consulta previa con las comunidades afectadas, como establece la normatividad vigente y dicta el sentido común:

“Con base en una Zonificación Ecológica Económica (ZEE) a nivel “meso” (se debe) realizar una verificación exhaustiva y detallada del mapa de los bosques de producción permanente (BPP), incluyendo las concesiones otorgadas, para el saneamiento de la superposición con áreas en conflicto con terceros (especialmente comunidades indígenas y no indígenas), con propuestas de áreas naturales protegidas y en cabeceras de cuenca, zonas de alta pendiente, bosques sobre arena blanca y otros…”

También el documento recomienda, entre otras cosas, dar una atención preferente a las comunidades amazónicas en el tema forestal, lo que incluye la promoción del manejo forestal comunitario, el fortalecimiento de capacidades comunales, y el involucramiento de las comunidades en el control de la tala y caza ilegales.

La nueva ley forestal (Ley 29763), todavía no vigente (falta reglamentar, y debe pasar un proceso de consulta de acuerdo a la norma recientemente aprobada), con todos sus defectos, incorpora muchas mejoras con respecto a las leyes anteriores, especialmente en lo relativo al respeto a los derechos de las comunidades locales amazónicas, incluyendo el derecho a la consulta previa y el derecho exclusivo de las comunidades sobre sus tierras (Art. 29). Esperemos que, aprovechando los procesos de ZEE que están impulsando el Gobierno Regional y el IIAP, se revise el mapa de los bosques de producción permanente y se respeten los derechos de las comunidades locales, así como las áreas prioritarias para la conservación y los ecosistemas frágiles.

—

*José Álvarez Alonso es biólogo e  investigador de Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IAAP).

Fuente: SERVINDI 6 de noviembre, 2011

IQUITOS: URBE QUE RESPIRA CULTURA

Por Jorge Paredes

*****

Estamos en la Calle. Este es el nombre de un festival que, desde hace cuatro años, se desarrolla en Iquitos durante el lluvioso mes de agosto, pero bien podría ser la frase que resume toda la actividad cultural en esta ciudad: una movida esencialmente urbana, juvenil, callejera, tropical, impulsada por una generación de artistas y gestores que han convertido esta urbe rodeada de ríos en un ‘point’ cultural, en un epicentro donde la pintura pasa de las penumbras de un bar o de un pueblo ancestral como Pevas a las salas de arte; o donde el cine busca abrirse paso con proyectos serios y cosmopolitas; o donde el rock se fusiona con el hip hop y el sazonado ritmo tropical; y donde el grafiti tiene un espíritu social y ecológico.

1
La noche en Iquitos no tiene final, sobre todo en un espacio subterráneo, ubicado en el barrio de Morono Cocha, que algunos conocen como El Refugio. Es una especie de bar, discoteca y centro nocturno, de rústicas paredes pobladas de decenas de pinturas fosforescentes de dilatados cuerpos femeninos, que tienen algo de ese estilo urbano, recargado y kitsch, con el que el artista Christian Bendayán sacudió la escena limeña hace algunos años.

En esta penumbra, regada de sillas y mesas tambaleantes, me recibe José Asunción Araujo (Ashuco), un hombre de 52 años, de gran sonrisa y manos rollizas, que ha puesto su arte al servicio de la noche. Él se ha dedicado a pintar mujeres, así de simple, y sus divas, despampanantes y voluptuosas, adornan bares y centros nocturnos de la ciudad. Ashuco forma parte del colectivo Poder Verde y ha expuesto en Lima y en Buenos Aires, Argentina, donde –cuenta– todos quedaron impresionados con su arte radical. En Iquitos es una celebridad, aunque él prefiere el perfil bajo: “Mi gorda se molesta si salgo de noche” confiesa, refiriéndose a su esposa. Esto no le impide contar, sin embargo, que su pintura nació a raíz de su admiración por la mujer y de su larga vida amorosa: “He tenido 37 enamoradas”, dice con precisión matemática. Ashuco dibuja y pinta desde que tiene uso de razón. En el colegio, solía delinear las curvas de Superchica, pero ahora sus heroínas son más terrenales. Él agrega a sus dibujos corazones sangrantes y frases despechadas, porque en El Refugio el amor y el desamor bailan el mismo ritmo.

Si algo ha destacado en Iquitos en los últimos tiempos, ha sido la fuerza vital de una plástica urbana, cuya punta de lanza es la obra de Bendayán (algunos de sus cuadros pueden verse en el bar Arandu, en el famoso malecón), aunque también de artistas como Harry Chávez (quien es limeño), Ashuco o Luis Cueva Manchego (Lu.Cu.Ma) .En el otro extremo, está ese arte cargado del exuberante imaginario amazónico, de mitos y códigos ancestrales que tan bien representan las obras de Brus Rubio y de Santiago y Rember Yahuarcani (padre e hijo), ambos oriundos de Pebas, una localidad a orillas del río Ampiyacu, a doce horas de Iquitos en lancha.

2
Son las seis de la tarde de un sábado y en Iquitos se desata una lluvia feroz. Frente a la plaza Bolognesi, en la cuadra 1 de la avenida Quiñones, Sose rescata del agua sus potes de pinturas y su mochila. Estaba a punto de terminar un mural, pero ahora, con el polo empapado, se pone a buen recaudo. Su nombre es José Silva, tiene 22 años, y desde hace siete que se dedica al arte del grafiti. El próximo año viajará a Tijuana a un encuentro con otros artistas mexicanos del movimiento Guerrilla Visual. Sin embargo, Sose no pinta solo, sino que lo hace en sociedad con Alonso, conocido por todos como Boa. “Ese es mi tag”, dice Boa, quien es delgado como su apelativo y un año menor que Sose. Aparte del grafiti, hace rap y hip hop con el grupo AKR (Arte, Kultura y Rebeldía). “La movida urbana aquí está bien fuerte”, afirma. “Nosotros tratamos de salir cada semana y dejar en la calle algo grande, con bastante color. Hemos pintado en Punchana, en Nanay, en la Plaza de Armas. La cosa es bombardear por todos lados y difundir el mensaje”, cuenta. ¿Y cuál es el mensaje? La temática social y la defensa de los recursos naturales. Boa y Sose forman parte del festival Estamos en la Calle, que el último sábado de agosto (día de cierre) reunió a veinticinco bandas de rock y a diez DJ, entre otros artistas.

Uno de los impulsores del festival es Rolando Rivas, músico y director regional de Cultura de Loreto, quien señala que la peculiaridad de estas bandas es tocar temas propios que tienen lo amazónico como eje de sus letras y música. Este año, se han movido lejos del centro, a la plaza Bolognesi, pues en la mayoría de calles se está cambiando el servicio de alcantarillado.

Son casi las dos de la mañana y, por el escenario, ya ha desfilado lo más variado del underground iquiteño: grupos de trash metal como La Pleve, de punk como Baño Común y de fusión como Chakruna, que mezclan el rock con música tradicional. Sin embargo, lo más esperado son Los Wembler’s, una banda mítica, que allá por los años setenta inventó la cumbia amazónica. El ritmo tropical cierra la noche y todos terminan felices, empapados por la lluvia: punto final para un festival que no tiene fines de lucro, pero sí fines de conciencia, dicen sus organizadores. Como canta Boa, en ritmo de rap: “Campesino evolucionó / ahora trabaja para dueño de transgénico / Pronto comeremos vegetales cibernéticos / Multinacionales van creciendo, mientras indígenas, árboles y animales van muriendo / El río nos quieren quitar para engreír a Lima / Basta ya de la centralización / Mensaje consciente, valiente, para toda nuestra gente”.

3
Después de las artes plásticas, lo que más se ha desarrollado en Iquitos ha sido la movida audiovisual. En realidad, la ciudad, por su geografía, mitos e historias, siempre ha sido un imán para cineastas locales y extranjeros. En los lejanos años 30, Antonio Wong produjo “Bajo el sol de Loreto” e inició una tradición. Ahora el director Dorian Fernández y el guionista Paco Bardales se alistan para dar el gran salto. En marzo del 2012, empezarán el rodaje de “Desaparecer”, una película de suspenso (cuyo proyecto fue premiado este año por Conacine), que tiene como telón de fondo la explotación de los recursos naturales en la selva. Dos de sus cintas anteriores (“Chullachaqui” y “El último piso”) tuvieron gran aceptación de la crítica y del público. “Iquitos es mucho más que el fútbol gay o las chicas desnudas que bailan”, dice Dorian. “En la ciudad se han generado proyectos interesantes como Poder Verde y Amo Amazonía, y existe un grupo de gente joven que coincide en llevar sus trabajos a Lima y al extranjero. Es una generación que entiende que no se trata solo de crear sino también de difundir”, reflexiona Fernández.

Aislada geográficamente del resto del país, Iquitos (a donde solo se llega por avión o por río desde Ucayali, en un viaje de cuatro o cinco días), resurge culturalmente en estos tiempos de conexiones inalámbricas. Como dice el poeta Carlos Reyes: “la tecnología ha derribado fronteras, nos ha unido con el mundo”. Aunque todavía la conexión a Internet es deficiente, Iquitos es cada vez más cosmopolita y su vida cultural tiene el ímpetu de una generación que va tomando conciencia de su lugar en el mundo.

Días de libro

Aunque no existe en la literatura un equivalente al ‘boom’ pictórico, sí persiste en Iquitos una potente tradición oral, que en palabras del poeta Percy Vílchez “desborda lo narrativo”, porque, en medio de la mo-dernidad más asfixiante, los relatos se impregnan de mitos e historias ancestrales.

Actualmente, existen dos proyectos editoriales en la ciudad, opuestos entre sí, pero complementarios: por un lado, está el Centro Teológico de la Amazonía y su inmensa tarea de editar libros orientados a reconstruir el pasado y la memo-ria local y, por el otro, está Tierra Nueva, una editorial que mira el presente y que ha llenado un gran vacío en la producción de libros de poesía, narrativa y ensayos, no solo de autores locales sino también lime-ños y de otros lares. Su director es el periodista Jaime Vásquez y, bajo su sello, han aparecido títulos de los poetas Percy Vílchez (“Santuario de peregrinos” y “El linaje de los orígenes”) y Carlos Reyes (“Animal de len-guaje”), y del escritor, periodista y productor cinematográfico Francisco Bardales (“Iqt”). La editorial organiza, además, en la quincena de setiembre, un encuentro literario, cuya última versión convocó a los poetas Rodolfo Hinostroza, Marco Martos y Eloy Jáuregui.

“Volver a soñar”

En el barrio de Pueblo Libre, en el corazón de Belén, esa enorme ciudad flotante donde campea la pobreza más extrema, se desarrolla una serie de talleres artísticos impulsados por la asociación La Restinga, los cuales buscan devolver a los niños de esta localidad la capacidad de soñar. Parece simple, pero no lo es: “Hay una profecía de la pobreza en Belén”, explica el comunicador social Luis Gonzales-Polar, director ejecutivo de esta agrupación. “Si eres hombre, serás borracho, drogadicto o delincuente y, si eres mujer y no te prostituyes, serás abusada o maltratada. Nosotros tratamos de que los chicos no cumplan esa profecía”. ¿Cómo? “A través de talleres temáticos que les permitan recuperar sus sueños. Parece absurdo, pero, en situaciones adversas, soñar y jugar está prohibido. El trabajo que hacemos es hacerles ver que el futuro existe, que será duro, pero se puede salir adelante”. En quince años, La Restinga ha impulsado festivales y ha logrado forjar jóvenes artistas. Ahí donde antes había solo frustración, existe algo de esperanza.

Fuente: Diario de IQT de Paco Bardales con la siguiente introducción

La Amazonía es de por sí un espacio importante para la inspiración. Pero, además, un lugar donde se puede encontrar espacios de creación. La cultura respira en cada espacio. Uno de los más dinámicos espacios es Iquitos. Acá una nota especial, escrita por Jorge Paredes, subeditor del suplemento El Dominical del diario El Comercio, como testigo de excepción de esta explosión artística.

Las oportunidades educativas de las niñas y adolescentes mujeres de los pueblos indígenas amazónicos

Cecilia Barletti Cárdenas

PROBLEMA CENTRAL:

En las comunidades indígenas amazónicas las niñas y las adolescentes mujeres tienen menos oportunidades educativas que los niños y adolescentes varones.

FUNDAMENTACIÓN:

1. La no escolarización oportuna de las niñas, así como los problemas de expulsión del sistema educativo (comúnmente denominada deserción escolar), inasistencia, repitencia, fracaso por parte de éstas, son explicados por los maestros indígenas como un resultado combinado de: factores económicos; percepción de la escuela por parte de los padres y madres como un espacio de riesgo de abuso sexual, engaños y embarazos; requerimiento de las niñas para hacerse cargo del cuidado de sus hermanos menores, para la preparación de alimentos y para tareas en la chacra que son realizadas por las mujeres mayores.

2. En tales explicaciones se ponen de manifiesto construcciones de género a nivel de los pueblos indígenas en donde la persona de uno u otro sexo se expone a decisiones diferenciadas. Así, si bien la pobreza constituye una condición que afecta dramáticamente la base sobre la cual distribuir los recursos, la pobreza en sí misma no explica la desproporcionada afectación de niñas y adolescentes mujeres. Igualmente, el requerimiento de niñas para apoyar los desempeños de las mujeres adultas, no parece ser similar al caso de los niños en relación a las actividades de los varones mayores. Cabe reparar que estamos ante comunidades en donde el número de mujeres es menor que el de los varones, y en donde la división del trabajo expone a las mujeres a cargas y jornadas laborales muy superiores a aquellos. El considerable número de infantes por familia es un factor de presión al requerimiento de niñas para apoyar las tareas de las adultas y, por ende, un factor significativo para su sustracción de la escuela. La no participación de los varones en actividades consideradas femeninas, obra poderosamente en contra del derecho a la educación de las niñas. Por otro lado, las parcialidades de género se revelan en el modo cómo son enfrentados los riesgos que afectan a las niñas. Si bien tales riesgos (violencia y abuso sexual, engaños, embarazos) son expuestos para explicar el porqué los padres y las madres no envían a las hijas a la escuela, no hemos percibido que los problemas de violencia sexual y embarazo adolescente hayan sido abordados como asuntos relevantes por parte de autoridades y miembros de las comunidades. Los intereses y necesidades de las niñas son aún invisibles a los ojos de las comunidades.

3. En el caso de la secundaria, el problema de la distancia de la localidad hasta el centro educativo es presentado como un factor fundamental. Sin embargo, incluso en las comunidades donde existe colegio secundario, el número de adolescentes mujeres es desproporcionadamente menor al número de adolescentes varones matriculados.

4. La matrícula de las niñas es favorecida en aquellos casos en que la madre y el padre cuentan con algún grado de escolaridad, siendo clave el que la madre haya sido escolarizada. Este hecho también se manifiesta en términos de la calidad del apoyo de la madre a sus hijas escolarizados a fin de la realización de tareas y desarrollo de aprendizajes. En aquellos casos en que las o los estudiantes carecen del apoyo de un adulto en su entorno, las posibilidades de fracaso y deserción se incrementan.

5. Según la versión de los profesores indígenas, no son pocos los casos en que la propia chica es la que toma la decisión de no continuar en la escuela. Esta decisión no es contenida por los padres, a diferencia del caso de los hijos varones de quienes los padres esperan que continúen escolarizados y alcancen un mayor número de grados.

6. La escuela resulta aburrida para las niñas, aunque también es mencionada como espacio de conflictos. En realidad, los docentes indígenas no habían pensado en estrategias o innovaciones para hacer atractiva la escuela desde el punto de vista de las niñas.

7. Entre los factores de influencia en favor de la educación de las niñas indígenas, es decisiva la preexistencia y valoración positiva de aquellas que cuentan con trayectorias educativas similares o superiores a los varones. La difusión del hecho que éstas hayan logrado hacerse de proyectos de vida enriquecidos contribuiría a la búsqueda por parte de las madres y los padres de similares trayectorias para sus hijas.

8. Las niñas indígenas de aquellas comunidades y pueblos con mayor contacto con el mundo mestizo, vienen siendo receptoras de imágenes femeninas externas sin que haya habido un proceso de reelaboración de nuevos modelos de identificación femenina forjados desde las propias mujeres de las comunidades indígenas. Propiciar un proceso de reelaboración en donde la obtención de logros educativos en las mujeres ocupe un lugar valorado por ellas mismas, cobra excepcional relevancia. De momento las imágenes endógenas y exógenas coinciden en propiciar en las mujeres desempeños limitados y la búsqueda de pareja como hecho principal y determinante en sus vidas.

9. Bajo situaciones límite de sobrevivencia (pobreza, conflictos armados, agresiones territoriales, desastres naturales) tiende a primar el corto plazo como dictador de decisiones. Respecto de las niñas, la adopción de decisiones que incorporen el mediano y largo plazo encuentra como obstáculo, por un lado, la apreciación de inutilidad de construir expectativas y proyectos de vida ("para qué van a estudiar, si se van a casar"), y de otro lado, la presión por solucionar urgencias cotidianas que se depositan en las mujeres y de las que son excluidos los varones (cuidado de niños, preparación de alimentos, apoyo en la chacra). La representación misma del mediano y largo plazo sólo aparece construida como parte de la dimensión colectiva ("progreso de la comunidad"), no como un alcance para trazar proyectos que incluyan la dimensión personal, salvo que se trate de varones cuyo contacto con el medio mestizo les motiva a aspirar y a alcanzar nuevas esferas de prestigio.

10. Es necesario considerar las percepciones y expectativas de "utilidad" desde la perspectiva de aquellos que toman las decisiones sobre la escolarización de las niñas. Algunos beneficios de la escolarización de las niñas empiezan a ser apreciados como tales por las madres y los padres, permitiendo el surgimiento de expectativas que rompan el determinismo sobre "el lugar de las mujeres". Los padres y madres comienzan a valorar la incorporación y permanencia de las niñas en la escuela en la medida que aporten a la consecución de aquellas habilidades que (a)les permitan participar a sus hijas en mejores condiciones a nivel de los intercambios económicos (no ser engañadas en la comercialización de productos), y (b) les doten de activos para encontrar oportunidades de las que carecían las generaciones anteriores de mujeres (fuentes de trabajo).

11. La preocupación por la vulnerabilidad de las hijas frente a los engaños y la exposición a riesgos de violencia y abuso sexual, hasta hoy ha venido significando privación de derechos y restricciones a las libertades de las niñas (mecanismos de control social sobre las niñas, movilidad limitada), y no una acción para enfrentar y condenar la violencia contra éstas. Si bien la escuela es vista como un espacio de riesgo respecto a la posibilidad de embarazos de adolescentes, el temor más claro es sobre emparejamientos "no autorizados", ya que el embarazo adolescente es parte aún del comportamiento reproductivo de las comunidades indígenas. La toma de conciencia sobre los daños, riesgos y desventajas que importa el embarazo adolescente, así como la gestación de estrategias comunitarias que incorporen a la escuela como espacio significativo y estratégico para enfrentar la violencia y el abuso sexual contribuirían a quebrar una argumentación de privación de derechos de las niñas, sustituyéndola por una de compromiso por garantizar sus derechos, incluidos el derecho a una vida sin violencia y el derecho a la educación.

12. El uso del término "derecho obligatorio" para describir el derecho a la educación ha sido usado con éxito por los maestros de los pueblos indígenas para lograr generar responsabilidad en los adultos (padres, madres, autoridades comunales) favoreciendo decisiones por la escolarización de las niñas.

13. Desde la percepción de mayoritaria de los docentes indígenas, si bien hay marcadas diferencias de género forjadas a lo largo del proceso de socialización de niñas y niños, dicha diferenciación a su entender no es discriminatoria ni supone desigualdad. Sin embargo, reconocen que respecto al derecho a la educación sí se estaría produciendo una desigualdad manifiesta, calificándola de negativa e indeseable. Ante la observación sobre la precaria, escasa o en algunos casos nula participación de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias o en el acceso a cargos de autoridad, refieren que no existe ninguna prohibición, y que son las mujeres las que se excluyen. Sin embargo, el hecho que las habilidades deseables para ejercer cargos esté relacionada con la capacidad de defensa y negociación, expresión oral (pública) y escrita, movilidad y contacto intercultural, y que éstas sean habilidades ganadas a través de desempeños reservados a los varones, juega en contra del derecho de las mujeres a participar y ser elegidas. Hay quienes perciben que las líneas de participación y acceso a cargos de autoridad deben estar definidas por competencias diferenciadas según sexo. Así, las mujeres pueden tener competencias y autoridad sobre asuntos femeninos y los varones sobre... el resto. Hay la referencia a que algunos apus promueven e incluso exigen la participación femenina, sin embargo, lo hacen tomando como referencia una división de competencias por sexo.

14. El hecho que escuelas en comunidades indígenas continúen siendo conducidas por profesores mestizos no favorece la decisión de los padres y las madres de incorporar a las niñas a la escuela. A éstos les adjudican una baja capacidad de comprometerse con la comunidad y con la calidad de la educación de niñas y niños. Igualmente pesa sobre ellos la reputación de aprovecharse de las niñas (violencia sexual y engaños).

15. Existe una preocupación expresada por los docentes respecto a que las niñas no escolarizadas se encontrarían carentes de toda fuente de estímulos o aprendizajes, ya que la propia comunidad ha perdido sus activos tradicionales para brindarles instrucción y entrenamiento. Hay saberes que se ha perdido cuyo aprendizaje otrora ocupara el tiempo de las niñas (artes y oficios tradicionales, narraciones, clasificaciones de plantas y aplicaciones). Estas niñas estarían limitadas a seguir tareas rutinarias, es decir desempeños sostenidos en la repetición de tareas, sin oportunidades para la creatividad y expansión de capacidades.

16. Para los niños y las niñas de pueblos indígenas de la Amazonía, la permanencia prolongada en recintos escolares no es una experiencia que sintonice con su búsqueda de conocimiento y desenvolvimiento sobre su entorno. Cuanto menos atractivos tenga la escuela y pocos disuasores existan para abandonarla -como en el caso de las niñas- es poco probable lograr la permanencia de éstas.

17. La maternidad y el emparejamiento son aspectos considerados definitivos para alcanzar estatus en las mujeres. Por un lado, constituye una ocasión de diferenciarse de la madre a quien le debe prestar servicios mientras no forme su hogar, por otro lado, es una condición para ser reconocida como titular, por ejemplo, de su chacra o oferente de masato.

18. Las escuelas en las comunidades indígenas todavía aparecen como espacios predominantemente masculinos, tanto por la presencia mayoritaria de alumnos varones como por el hecho de que quienes prestan los servicios educativos son fundamentalmente docentes varones. Sólo inicial aparece como un espacio más balanceado.

19. En la socialización de los pueblos indígenas conforme el niño y la niña van presentando corporalmente diferencias sexuales, surgen prohibiciones y prescripciones buscando garantizar la separación de sexos. En algunos de nuestros informantes hemos notado una aversión a la reunión de características femeninas y masculinas en una misma persona. Hemos encontrado igualmente mecanismos culturales orientados a impedir el contacto o la mezcla entre lo femenino y masculino. Lo femenino es considerado contaminante o factor que puede afectar la relación del varón con las divinidades. En algunas comunidades más apegadas a la tradición, el contacto visual, verbal o corporal entre un hombre y una mujer está reservado a la pareja reconocida como tal. El intercambio epistolar entre una chica o un chico es igualmente un asunto no aceptado. Algunos padres señalan que no envían a sus hijas a la escuela porque aprenden a escribir cartas y se comprometen. Entre las prohibiciones señaladas por los informantes destacan algunas particularmente relevantes en lo que atañe a la escolarización de adolescentes mujeres. Así, un varón no puede mirarle a los ojos a una mujer o hablar con ella o estar demasiado próximo a ésta. La interacción docente hombre y alumna es perjudicada por la existencia de estas indicaciones.

20. La escolarización bilingüe es considerada una medida de acción positiva sobre las niñas, en la medida que éstas por su menor grado de movilidad (desplazamiento limitado) y reducidas oportunidades de contacto intercultural, permanecen fundamentalmente monolingües. Una escuela conducida en lengua distinta a la materna afecta su desenvolvimiento. Por ello, el fortalecimiento y expansión de servicios educativos bilingües es una condición a garantizar para contribuir a la incorporación, permanencia y obtención de logros y aprendizajes por parte de las niñas.

------
 [1] Información recogida en la localidad de San Lorenzo, Río Marañón, en el marco del Estudio llevado a cabo por LUPUNA-Raíces y Alas, en el año 1996, con el auspicio de UNICEF.

Sector forestal peruano largamente postergado….una oportunidad en espera!!!

Por:  Jorge Moreno

Estaría en condiciones el nuevo gobierno de Ollanta Humala y Gana Perú de coger el guante y comenzar a emprender seriamente una actividad largamente postergada, y convertirla a mediano plazo en una de los pilares económicos de nuestro país, por ahora minero dependiente, hacia una economía industrializada basada en el aprovechamiento racional de nuestros recursos forestales tal como sucede en Suecia y Finlandia para citar algunos ejemplos?

En busca de ese propósito, quisiera resaltar algunos aspectos de la actividad forestal sueca y compararlo con la nuestra: Suecia es tres veces más pequeña que el territorio peruano (43 millones de has frente a los 128 millones del Perú). El patrimonio para la actividad forestal en Suecia es de 23 millones de has, mientras el patrimonio para la explotación forestal en Perú según la autoridad competente es de 17 millones de has, que básicamente lo constituyen los Bosques de Producción Permanente; a esto habría que añadir las tierras de las comunidades campesinas, nativas, predios privados con bosques y las áreas deforestadas(8.5 millones de has); grosso modo sin tener cifras exactas oficiales podríamos estimar que nuestro patrimonio forestal estaría superando en número de has al patrimonio forestal del país nórdico.

Sin embargo, en el Perú, según reportes de la autoridad forestal del 2010 , se produjo 7.8 millones de metros cubico de madera, de las cuales 7 millones fue para leña y el resto, menos de un millón de metros cúbicos, fue para la actividad maderera industrial. Una cosa que quiera acotar es que la mayoría de la leña utilizada no proviene de bosque reforestado ni de los del BBP (Bosques de Producción Permanente), sino, de árboles caídos productos de la tumba y quema para hacer chacra, y de los bosques secos de la costa norte (algarrobales). Mientras en Suecia, según reportes de la agencia sueca forestal del 2010 , se extrajo 73 millones de metros cubico y todos extraídos de bosque reforestados.

Las exportaciones peruanas para ese mismo año fueron de 168 millones de dólares mientras que la sueca fue de 20,000 millones de dólares; es decir más la mitad del total de las exportaciones peruanas que fueron alrededor de 35,000 millones de dólares, y casi igual cantidad que las exportaciones mineras en el Perú (21,000 millones) para ese mismo año, representando éste el 60% del total de las exportaciones peruanas .

En la actualidad, las exportaciones del sector forestal representan en Suecia el 12% de las exportaciones, y en el caso nuestro solo representa el 0.48% del total de las exportaciones. El total de la madera exportada en Perú proviene de bosques naturales en el caso sueco proviene 100% de bosques reforestados.

Comparativamente tenemos algunas ventajas. Las maderas en Perú crecen más rápido que las maderas en Suecia, por estar mayor tiempo expuesto al sol durante el año. Mientras tanto, ellos(los silvicultores suecos) tienen que esperar entre 40, 70 y 100 años para cosechar dependiendo del uso final que se le dé a la madera. Mientras que en el Perú según especie, podríamos esperar como en el caso de la caoba (Swietenia macrophylla) que es la de más largo aliento, 35 años; la capirona (Calycophyllum spruceanum) de mediano plazo, 15 años, y la bolaina (Guazuma crinita) 10 años. Además, de los bosques peruanos, debido a su alta diversidad, no solamente podríamos aprovechar la madera si otros productos no maderables como: fibras, semillas, látex, resinas, plantas medicinales etc. Y, frente a todos estos datos que muestras la factibilidad de la actividad en otros países como la sueca y el potencial nuestro, qué nos faltaría realizar para emprender una verdadera actividad forestal industrial en nuestro país?

Notas

 

1 Egresado de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la UNSM-T y del Departamento de Mecánica Agrícola del IST-NOS, pequeño cultor agro-forestal y apicultor.

2 Datos obtenidos del reporte 2010 de la Dirección Nacional de Flora y Fauna del Perú

3 Datos obtenidos del reporte 2010 de la Autoridad Forestal Sueca.

4 Datos obtenidos del reporte 2010 de la sociedad nacional de minería y del petróleo.

http://www.amazoniamagica.com

Crónicas del saqueo, en la historia de la amazonía

Por José Álvarez Alonso

No cabe duda de que la historia reciente de la Amazonía es una historia de saqueo y depredación. Cuando llegaron los primeros europeos encontraron una selva repleta de recursos, a pesar de la densa población indígena. No hay evidencias de que hubiesen depredado o sobre explotado ninguna especie. Durante el último siglo y medio la avaricia de los emigrantes acabó con ese paraíso, para dolor de los habitantes originarios. Cada comunidad que visito, cada indígena o ribereño que entrevisto es una constatación de la grave situación en la que se encuentran los ecosistemas amazónicos y, por consiguiente, las comunidades que dependen de sus recursos para subsistir.

Hace unos días tuve la oportunidad de dar una charla a unos 50 líderes ribereños de las cuencas del Itaya y del Amazonas, aguas arriba de Iquitos. Cada uno contaba una historia, a cual más triste, sobre la situación de su comunidad. Don Reberto Murayari, de la comunidad de Nueva Vida, en el alto Itaya, se quejaba de la procesión de depredadores que, provenientes de Iquitos, saquean cada día los bosques y cochas de la zona sin que los moradores puedan hacer nada por evitarlo. “Los pishiñeros y salacheros saben decir, cuando les reclamamos: tengo permiso de la Dirección de la Producción, y con eso hacen lo que les da la gana, meten tóxicos, redes menuderas, desgracian las cochas y el río… También los madereros, irapayeros, mitayeros entran a sacar lo que da la gana, y cuando queremos impedirlo, nos piden que les mostremos los papeles que nos autorizan… ¿Y nosotros cómo quedamos? Para las autoridades de Iquitos, las comunidades no valen nada…”

Historias similares contaron de sus respectivas comunidades Rómulo Mori, del Caserío Unión, en el curso medio del Itaya, y Juan Sotelo, de San Pedro de Pintuyacu, en el Amazonas, a la altura del km. 39 de la carretera, y otros varios más. El caso de esta comunidad es particularmente grave: con las parcelaciones de la carretera Iquitos-Nauta se han quedado sin territorio. La última extensión que quedaba de su antiguo bosque comunal, y que estaban guardando para titularse con miras a tener un área de expansión para el futuro, ha sido parcelado por la Dirección Agraria a colonos foráneos. Ahora están en juicio por estas tierras. ¿Cómo es posible que el Estado contribuya de una forma tan obscena a avasallar los derechos de una comunidad cuyo único capital lo constituyen sus bosques?

Algunas comunidades están sin titular, y su problema es mayor, porque no tienen ni un papel con que ampararse. En otras, los moradores tienen títulos individuales de 20-30 ha. cada uno, lo cual es apenas suficiente para hacer sus chacras, pero no para abastecerse de recursos del bosque, que constituyen buena parte de los ingresos de las comunidades de esta zona. ¿Es que el Estado no puede hacer algo para proteger a los habitantes de nuestras riberas de los abusos de los extractores ilegales? Aún los que cuentan con un permiso de extracción otorgado por el sector respectivo no realizan ningún manejo, se dedican simplemente a saquear el recurso, utilizando con frecuencia técnicas destructivas, y no respetando los derechos de los locales. El permiso no significa nada, es una patente de corso para que saquen lo que quieran y donde quieran, menor no den nada…

A este paso, y con el tremendo estrés que han producido los eventos climáticos de los últimos años (sequías e inundaciones extremas), a los pobladores rurales les esperan días muy difíciles. Este año, a pesar de los ‘sachaexpertos’ que predecían un buen mijano porque hubo una gran creciente, la gente dice que no hay mijano o es mínimo, lo que quiere decir que por otro año seguirá escaseando el pescado, para dolor de las familias más pobres. Mientras tanto, se sigue masacrando a los pocos peces adultos en sus concentraciones reproductivas, sin que

nadie haga nada para evitarlo. La Naturaleza tiene sus límites y hace tiempo que los hemos sobrepasado. Pregunté a los ribereños si había pescado en sus comunidades como para invitar a una comisión que les fuese a visitar. “Ni para nosotros tenemos”, me contestó una señora con una triste sonrisa. Pregunté por los animales del bosque: “Hace años que no hay por nuestra zona, se acabaron”, explica don Rómulo, mientras los demás asienten.

Sólo en las zonas donde las comunidades se han organizado para defender sus recursos de los extractores comerciales se mantienen un poco las pesquerías, la fauna terrestre y los recursos forestales. Algunos moradores contaban algunos casos que conocían de otras zonas, yo le expliqué los ejemplos de los Yacutaita, el grupo organizado de la Comunidad Manco Cápac, en el Ucayali, que manejan de forma ejemplar la cocha El Dorado, donde cosechan al año unos 60 paiches -de los cerca de mil que tiene la cocha-, además de otros recursos, como alevinos de arahuana, variedad de pescado menudo, huevos de taricaya, etc.

También las comunidades del área de influencia de las áreas de conservación regional, especialmente el Tahuayo y el Yanayacu, en el área de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Tamshiyacu-Tahuayo, disfrutan hoy de gran abundancia de pescado y fauna silvestre gracias a la organización comunal para el manejo. En una reciente visita a la zona con el Presidente Regional pudimos constatar esta abundancia: los peces boqueaban visiblemente por toda la quebrada, y un pescador de la comunidad de Chino nos informó que, en plena creciente, pescaba junto con otro vecino por valor de 180-200 soles diarios… Muchas señoras de El Chino ganan entre 500 y 1500 soles mensuales vendiendo sus artesanías (exportan a Estados Unidos canastas de chambira). Nunca les faltan animales en el bosque, ni peces en las cochas, ni irapay, ni otros recursos esenciales para su subsistencia, por lo que se puede decir que esta comunidad, junto con varias más de la cuenca, disfrutan de unos ingresos y de una calidad de vida envidiable en comparación con el resto de la región.

Los líderes del Itaya y el Amazonas me confirman lo que muchos sospechamos: que la mayoría de los jóvenes no se quieren quedar en sus comunidades porque no ven oportunidades de progreso, y se van a la ciudad a engrosar la masa de desocupados o subocupados, cachueleando por una miseria de dinero, y muchas veces metiéndose en el vicio y en otras actividades innombrables. “No queremos que nuestros hijos acaben así”, comentó alguien, y todos asintieron.

Sin embargo, si el Estado no toma medidas urgentes para promover el manejo comunal de recursos de flora y fauna, y actividades productivas realmente rentables, sostenibles y acordes con la cultura y la idiosincrasia de la gente, la desnutrición y la pobreza seguirán creciendo en la zona rural, la emigración del campo a la ciudad continuará, e Iquitos se convertirá en una urbe cada vez más hacinada e inmanejable, si ya no lo es actualmente…

Fuente Diario La Región

http://www.amazoniamagica.com