Las oportunidades educativas de las niñas y adolescentes mujeres de los pueblos indígenas amazónicos

Cecilia Barletti Cárdenas

PROBLEMA CENTRAL:

En las comunidades indígenas amazónicas las niñas y las adolescentes mujeres tienen menos oportunidades educativas que los niños y adolescentes varones.

FUNDAMENTACIÓN:

1. La no escolarización oportuna de las niñas, así como los problemas de expulsión del sistema educativo (comúnmente denominada deserción escolar), inasistencia, repitencia, fracaso por parte de éstas, son explicados por los maestros indígenas como un resultado combinado de: factores económicos; percepción de la escuela por parte de los padres y madres como un espacio de riesgo de abuso sexual, engaños y embarazos; requerimiento de las niñas para hacerse cargo del cuidado de sus hermanos menores, para la preparación de alimentos y para tareas en la chacra que son realizadas por las mujeres mayores.

2. En tales explicaciones se ponen de manifiesto construcciones de género a nivel de los pueblos indígenas en donde la persona de uno u otro sexo se expone a decisiones diferenciadas. Así, si bien la pobreza constituye una condición que afecta dramáticamente la base sobre la cual distribuir los recursos, la pobreza en sí misma no explica la desproporcionada afectación de niñas y adolescentes mujeres. Igualmente, el requerimiento de niñas para apoyar los desempeños de las mujeres adultas, no parece ser similar al caso de los niños en relación a las actividades de los varones mayores. Cabe reparar que estamos ante comunidades en donde el número de mujeres es menor que el de los varones, y en donde la división del trabajo expone a las mujeres a cargas y jornadas laborales muy superiores a aquellos. El considerable número de infantes por familia es un factor de presión al requerimiento de niñas para apoyar las tareas de las adultas y, por ende, un factor significativo para su sustracción de la escuela. La no participación de los varones en actividades consideradas femeninas, obra poderosamente en contra del derecho a la educación de las niñas. Por otro lado, las parcialidades de género se revelan en el modo cómo son enfrentados los riesgos que afectan a las niñas. Si bien tales riesgos (violencia y abuso sexual, engaños, embarazos) son expuestos para explicar el porqué los padres y las madres no envían a las hijas a la escuela, no hemos percibido que los problemas de violencia sexual y embarazo adolescente hayan sido abordados como asuntos relevantes por parte de autoridades y miembros de las comunidades. Los intereses y necesidades de las niñas son aún invisibles a los ojos de las comunidades.

3. En el caso de la secundaria, el problema de la distancia de la localidad hasta el centro educativo es presentado como un factor fundamental. Sin embargo, incluso en las comunidades donde existe colegio secundario, el número de adolescentes mujeres es desproporcionadamente menor al número de adolescentes varones matriculados.

4. La matrícula de las niñas es favorecida en aquellos casos en que la madre y el padre cuentan con algún grado de escolaridad, siendo clave el que la madre haya sido escolarizada. Este hecho también se manifiesta en términos de la calidad del apoyo de la madre a sus hijas escolarizados a fin de la realización de tareas y desarrollo de aprendizajes. En aquellos casos en que las o los estudiantes carecen del apoyo de un adulto en su entorno, las posibilidades de fracaso y deserción se incrementan.

5. Según la versión de los profesores indígenas, no son pocos los casos en que la propia chica es la que toma la decisión de no continuar en la escuela. Esta decisión no es contenida por los padres, a diferencia del caso de los hijos varones de quienes los padres esperan que continúen escolarizados y alcancen un mayor número de grados.

6. La escuela resulta aburrida para las niñas, aunque también es mencionada como espacio de conflictos. En realidad, los docentes indígenas no habían pensado en estrategias o innovaciones para hacer atractiva la escuela desde el punto de vista de las niñas.

7. Entre los factores de influencia en favor de la educación de las niñas indígenas, es decisiva la preexistencia y valoración positiva de aquellas que cuentan con trayectorias educativas similares o superiores a los varones. La difusión del hecho que éstas hayan logrado hacerse de proyectos de vida enriquecidos contribuiría a la búsqueda por parte de las madres y los padres de similares trayectorias para sus hijas.

8. Las niñas indígenas de aquellas comunidades y pueblos con mayor contacto con el mundo mestizo, vienen siendo receptoras de imágenes femeninas externas sin que haya habido un proceso de reelaboración de nuevos modelos de identificación femenina forjados desde las propias mujeres de las comunidades indígenas. Propiciar un proceso de reelaboración en donde la obtención de logros educativos en las mujeres ocupe un lugar valorado por ellas mismas, cobra excepcional relevancia. De momento las imágenes endógenas y exógenas coinciden en propiciar en las mujeres desempeños limitados y la búsqueda de pareja como hecho principal y determinante en sus vidas.

9. Bajo situaciones límite de sobrevivencia (pobreza, conflictos armados, agresiones territoriales, desastres naturales) tiende a primar el corto plazo como dictador de decisiones. Respecto de las niñas, la adopción de decisiones que incorporen el mediano y largo plazo encuentra como obstáculo, por un lado, la apreciación de inutilidad de construir expectativas y proyectos de vida ("para qué van a estudiar, si se van a casar"), y de otro lado, la presión por solucionar urgencias cotidianas que se depositan en las mujeres y de las que son excluidos los varones (cuidado de niños, preparación de alimentos, apoyo en la chacra). La representación misma del mediano y largo plazo sólo aparece construida como parte de la dimensión colectiva ("progreso de la comunidad"), no como un alcance para trazar proyectos que incluyan la dimensión personal, salvo que se trate de varones cuyo contacto con el medio mestizo les motiva a aspirar y a alcanzar nuevas esferas de prestigio.

10. Es necesario considerar las percepciones y expectativas de "utilidad" desde la perspectiva de aquellos que toman las decisiones sobre la escolarización de las niñas. Algunos beneficios de la escolarización de las niñas empiezan a ser apreciados como tales por las madres y los padres, permitiendo el surgimiento de expectativas que rompan el determinismo sobre "el lugar de las mujeres". Los padres y madres comienzan a valorar la incorporación y permanencia de las niñas en la escuela en la medida que aporten a la consecución de aquellas habilidades que (a)les permitan participar a sus hijas en mejores condiciones a nivel de los intercambios económicos (no ser engañadas en la comercialización de productos), y (b) les doten de activos para encontrar oportunidades de las que carecían las generaciones anteriores de mujeres (fuentes de trabajo).

11. La preocupación por la vulnerabilidad de las hijas frente a los engaños y la exposición a riesgos de violencia y abuso sexual, hasta hoy ha venido significando privación de derechos y restricciones a las libertades de las niñas (mecanismos de control social sobre las niñas, movilidad limitada), y no una acción para enfrentar y condenar la violencia contra éstas. Si bien la escuela es vista como un espacio de riesgo respecto a la posibilidad de embarazos de adolescentes, el temor más claro es sobre emparejamientos "no autorizados", ya que el embarazo adolescente es parte aún del comportamiento reproductivo de las comunidades indígenas. La toma de conciencia sobre los daños, riesgos y desventajas que importa el embarazo adolescente, así como la gestación de estrategias comunitarias que incorporen a la escuela como espacio significativo y estratégico para enfrentar la violencia y el abuso sexual contribuirían a quebrar una argumentación de privación de derechos de las niñas, sustituyéndola por una de compromiso por garantizar sus derechos, incluidos el derecho a una vida sin violencia y el derecho a la educación.

12. El uso del término "derecho obligatorio" para describir el derecho a la educación ha sido usado con éxito por los maestros de los pueblos indígenas para lograr generar responsabilidad en los adultos (padres, madres, autoridades comunales) favoreciendo decisiones por la escolarización de las niñas.

13. Desde la percepción de mayoritaria de los docentes indígenas, si bien hay marcadas diferencias de género forjadas a lo largo del proceso de socialización de niñas y niños, dicha diferenciación a su entender no es discriminatoria ni supone desigualdad. Sin embargo, reconocen que respecto al derecho a la educación sí se estaría produciendo una desigualdad manifiesta, calificándola de negativa e indeseable. Ante la observación sobre la precaria, escasa o en algunos casos nula participación de las mujeres en la toma de decisiones comunitarias o en el acceso a cargos de autoridad, refieren que no existe ninguna prohibición, y que son las mujeres las que se excluyen. Sin embargo, el hecho que las habilidades deseables para ejercer cargos esté relacionada con la capacidad de defensa y negociación, expresión oral (pública) y escrita, movilidad y contacto intercultural, y que éstas sean habilidades ganadas a través de desempeños reservados a los varones, juega en contra del derecho de las mujeres a participar y ser elegidas. Hay quienes perciben que las líneas de participación y acceso a cargos de autoridad deben estar definidas por competencias diferenciadas según sexo. Así, las mujeres pueden tener competencias y autoridad sobre asuntos femeninos y los varones sobre... el resto. Hay la referencia a que algunos apus promueven e incluso exigen la participación femenina, sin embargo, lo hacen tomando como referencia una división de competencias por sexo.

14. El hecho que escuelas en comunidades indígenas continúen siendo conducidas por profesores mestizos no favorece la decisión de los padres y las madres de incorporar a las niñas a la escuela. A éstos les adjudican una baja capacidad de comprometerse con la comunidad y con la calidad de la educación de niñas y niños. Igualmente pesa sobre ellos la reputación de aprovecharse de las niñas (violencia sexual y engaños).

15. Existe una preocupación expresada por los docentes respecto a que las niñas no escolarizadas se encontrarían carentes de toda fuente de estímulos o aprendizajes, ya que la propia comunidad ha perdido sus activos tradicionales para brindarles instrucción y entrenamiento. Hay saberes que se ha perdido cuyo aprendizaje otrora ocupara el tiempo de las niñas (artes y oficios tradicionales, narraciones, clasificaciones de plantas y aplicaciones). Estas niñas estarían limitadas a seguir tareas rutinarias, es decir desempeños sostenidos en la repetición de tareas, sin oportunidades para la creatividad y expansión de capacidades.

16. Para los niños y las niñas de pueblos indígenas de la Amazonía, la permanencia prolongada en recintos escolares no es una experiencia que sintonice con su búsqueda de conocimiento y desenvolvimiento sobre su entorno. Cuanto menos atractivos tenga la escuela y pocos disuasores existan para abandonarla -como en el caso de las niñas- es poco probable lograr la permanencia de éstas.

17. La maternidad y el emparejamiento son aspectos considerados definitivos para alcanzar estatus en las mujeres. Por un lado, constituye una ocasión de diferenciarse de la madre a quien le debe prestar servicios mientras no forme su hogar, por otro lado, es una condición para ser reconocida como titular, por ejemplo, de su chacra o oferente de masato.

18. Las escuelas en las comunidades indígenas todavía aparecen como espacios predominantemente masculinos, tanto por la presencia mayoritaria de alumnos varones como por el hecho de que quienes prestan los servicios educativos son fundamentalmente docentes varones. Sólo inicial aparece como un espacio más balanceado.

19. En la socialización de los pueblos indígenas conforme el niño y la niña van presentando corporalmente diferencias sexuales, surgen prohibiciones y prescripciones buscando garantizar la separación de sexos. En algunos de nuestros informantes hemos notado una aversión a la reunión de características femeninas y masculinas en una misma persona. Hemos encontrado igualmente mecanismos culturales orientados a impedir el contacto o la mezcla entre lo femenino y masculino. Lo femenino es considerado contaminante o factor que puede afectar la relación del varón con las divinidades. En algunas comunidades más apegadas a la tradición, el contacto visual, verbal o corporal entre un hombre y una mujer está reservado a la pareja reconocida como tal. El intercambio epistolar entre una chica o un chico es igualmente un asunto no aceptado. Algunos padres señalan que no envían a sus hijas a la escuela porque aprenden a escribir cartas y se comprometen. Entre las prohibiciones señaladas por los informantes destacan algunas particularmente relevantes en lo que atañe a la escolarización de adolescentes mujeres. Así, un varón no puede mirarle a los ojos a una mujer o hablar con ella o estar demasiado próximo a ésta. La interacción docente hombre y alumna es perjudicada por la existencia de estas indicaciones.

20. La escolarización bilingüe es considerada una medida de acción positiva sobre las niñas, en la medida que éstas por su menor grado de movilidad (desplazamiento limitado) y reducidas oportunidades de contacto intercultural, permanecen fundamentalmente monolingües. Una escuela conducida en lengua distinta a la materna afecta su desenvolvimiento. Por ello, el fortalecimiento y expansión de servicios educativos bilingües es una condición a garantizar para contribuir a la incorporación, permanencia y obtención de logros y aprendizajes por parte de las niñas.

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 [1] Información recogida en la localidad de San Lorenzo, Río Marañón, en el marco del Estudio llevado a cabo por LUPUNA-Raíces y Alas, en el año 1996, con el auspicio de UNICEF.

Sector forestal peruano largamente postergado….una oportunidad en espera!!!

Por:  Jorge Moreno

Estaría en condiciones el nuevo gobierno de Ollanta Humala y Gana Perú de coger el guante y comenzar a emprender seriamente una actividad largamente postergada, y convertirla a mediano plazo en una de los pilares económicos de nuestro país, por ahora minero dependiente, hacia una economía industrializada basada en el aprovechamiento racional de nuestros recursos forestales tal como sucede en Suecia y Finlandia para citar algunos ejemplos?

En busca de ese propósito, quisiera resaltar algunos aspectos de la actividad forestal sueca y compararlo con la nuestra: Suecia es tres veces más pequeña que el territorio peruano (43 millones de has frente a los 128 millones del Perú). El patrimonio para la actividad forestal en Suecia es de 23 millones de has, mientras el patrimonio para la explotación forestal en Perú según la autoridad competente es de 17 millones de has, que básicamente lo constituyen los Bosques de Producción Permanente; a esto habría que añadir las tierras de las comunidades campesinas, nativas, predios privados con bosques y las áreas deforestadas(8.5 millones de has); grosso modo sin tener cifras exactas oficiales podríamos estimar que nuestro patrimonio forestal estaría superando en número de has al patrimonio forestal del país nórdico.

Sin embargo, en el Perú, según reportes de la autoridad forestal del 2010 , se produjo 7.8 millones de metros cubico de madera, de las cuales 7 millones fue para leña y el resto, menos de un millón de metros cúbicos, fue para la actividad maderera industrial. Una cosa que quiera acotar es que la mayoría de la leña utilizada no proviene de bosque reforestado ni de los del BBP (Bosques de Producción Permanente), sino, de árboles caídos productos de la tumba y quema para hacer chacra, y de los bosques secos de la costa norte (algarrobales). Mientras en Suecia, según reportes de la agencia sueca forestal del 2010 , se extrajo 73 millones de metros cubico y todos extraídos de bosque reforestados.

Las exportaciones peruanas para ese mismo año fueron de 168 millones de dólares mientras que la sueca fue de 20,000 millones de dólares; es decir más la mitad del total de las exportaciones peruanas que fueron alrededor de 35,000 millones de dólares, y casi igual cantidad que las exportaciones mineras en el Perú (21,000 millones) para ese mismo año, representando éste el 60% del total de las exportaciones peruanas .

En la actualidad, las exportaciones del sector forestal representan en Suecia el 12% de las exportaciones, y en el caso nuestro solo representa el 0.48% del total de las exportaciones. El total de la madera exportada en Perú proviene de bosques naturales en el caso sueco proviene 100% de bosques reforestados.

Comparativamente tenemos algunas ventajas. Las maderas en Perú crecen más rápido que las maderas en Suecia, por estar mayor tiempo expuesto al sol durante el año. Mientras tanto, ellos(los silvicultores suecos) tienen que esperar entre 40, 70 y 100 años para cosechar dependiendo del uso final que se le dé a la madera. Mientras que en el Perú según especie, podríamos esperar como en el caso de la caoba (Swietenia macrophylla) que es la de más largo aliento, 35 años; la capirona (Calycophyllum spruceanum) de mediano plazo, 15 años, y la bolaina (Guazuma crinita) 10 años. Además, de los bosques peruanos, debido a su alta diversidad, no solamente podríamos aprovechar la madera si otros productos no maderables como: fibras, semillas, látex, resinas, plantas medicinales etc. Y, frente a todos estos datos que muestras la factibilidad de la actividad en otros países como la sueca y el potencial nuestro, qué nos faltaría realizar para emprender una verdadera actividad forestal industrial en nuestro país?

Notas

 

1 Egresado de la Facultad de Ingeniería Agroindustrial de la UNSM-T y del Departamento de Mecánica Agrícola del IST-NOS, pequeño cultor agro-forestal y apicultor.

2 Datos obtenidos del reporte 2010 de la Dirección Nacional de Flora y Fauna del Perú

3 Datos obtenidos del reporte 2010 de la Autoridad Forestal Sueca.

4 Datos obtenidos del reporte 2010 de la sociedad nacional de minería y del petróleo.

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Crónicas del saqueo, en la historia de la amazonía

Por José Álvarez Alonso

No cabe duda de que la historia reciente de la Amazonía es una historia de saqueo y depredación. Cuando llegaron los primeros europeos encontraron una selva repleta de recursos, a pesar de la densa población indígena. No hay evidencias de que hubiesen depredado o sobre explotado ninguna especie. Durante el último siglo y medio la avaricia de los emigrantes acabó con ese paraíso, para dolor de los habitantes originarios. Cada comunidad que visito, cada indígena o ribereño que entrevisto es una constatación de la grave situación en la que se encuentran los ecosistemas amazónicos y, por consiguiente, las comunidades que dependen de sus recursos para subsistir.

Hace unos días tuve la oportunidad de dar una charla a unos 50 líderes ribereños de las cuencas del Itaya y del Amazonas, aguas arriba de Iquitos. Cada uno contaba una historia, a cual más triste, sobre la situación de su comunidad. Don Reberto Murayari, de la comunidad de Nueva Vida, en el alto Itaya, se quejaba de la procesión de depredadores que, provenientes de Iquitos, saquean cada día los bosques y cochas de la zona sin que los moradores puedan hacer nada por evitarlo. “Los pishiñeros y salacheros saben decir, cuando les reclamamos: tengo permiso de la Dirección de la Producción, y con eso hacen lo que les da la gana, meten tóxicos, redes menuderas, desgracian las cochas y el río… También los madereros, irapayeros, mitayeros entran a sacar lo que da la gana, y cuando queremos impedirlo, nos piden que les mostremos los papeles que nos autorizan… ¿Y nosotros cómo quedamos? Para las autoridades de Iquitos, las comunidades no valen nada…”

Historias similares contaron de sus respectivas comunidades Rómulo Mori, del Caserío Unión, en el curso medio del Itaya, y Juan Sotelo, de San Pedro de Pintuyacu, en el Amazonas, a la altura del km. 39 de la carretera, y otros varios más. El caso de esta comunidad es particularmente grave: con las parcelaciones de la carretera Iquitos-Nauta se han quedado sin territorio. La última extensión que quedaba de su antiguo bosque comunal, y que estaban guardando para titularse con miras a tener un área de expansión para el futuro, ha sido parcelado por la Dirección Agraria a colonos foráneos. Ahora están en juicio por estas tierras. ¿Cómo es posible que el Estado contribuya de una forma tan obscena a avasallar los derechos de una comunidad cuyo único capital lo constituyen sus bosques?

Algunas comunidades están sin titular, y su problema es mayor, porque no tienen ni un papel con que ampararse. En otras, los moradores tienen títulos individuales de 20-30 ha. cada uno, lo cual es apenas suficiente para hacer sus chacras, pero no para abastecerse de recursos del bosque, que constituyen buena parte de los ingresos de las comunidades de esta zona. ¿Es que el Estado no puede hacer algo para proteger a los habitantes de nuestras riberas de los abusos de los extractores ilegales? Aún los que cuentan con un permiso de extracción otorgado por el sector respectivo no realizan ningún manejo, se dedican simplemente a saquear el recurso, utilizando con frecuencia técnicas destructivas, y no respetando los derechos de los locales. El permiso no significa nada, es una patente de corso para que saquen lo que quieran y donde quieran, menor no den nada…

A este paso, y con el tremendo estrés que han producido los eventos climáticos de los últimos años (sequías e inundaciones extremas), a los pobladores rurales les esperan días muy difíciles. Este año, a pesar de los ‘sachaexpertos’ que predecían un buen mijano porque hubo una gran creciente, la gente dice que no hay mijano o es mínimo, lo que quiere decir que por otro año seguirá escaseando el pescado, para dolor de las familias más pobres. Mientras tanto, se sigue masacrando a los pocos peces adultos en sus concentraciones reproductivas, sin que

nadie haga nada para evitarlo. La Naturaleza tiene sus límites y hace tiempo que los hemos sobrepasado. Pregunté a los ribereños si había pescado en sus comunidades como para invitar a una comisión que les fuese a visitar. “Ni para nosotros tenemos”, me contestó una señora con una triste sonrisa. Pregunté por los animales del bosque: “Hace años que no hay por nuestra zona, se acabaron”, explica don Rómulo, mientras los demás asienten.

Sólo en las zonas donde las comunidades se han organizado para defender sus recursos de los extractores comerciales se mantienen un poco las pesquerías, la fauna terrestre y los recursos forestales. Algunos moradores contaban algunos casos que conocían de otras zonas, yo le expliqué los ejemplos de los Yacutaita, el grupo organizado de la Comunidad Manco Cápac, en el Ucayali, que manejan de forma ejemplar la cocha El Dorado, donde cosechan al año unos 60 paiches -de los cerca de mil que tiene la cocha-, además de otros recursos, como alevinos de arahuana, variedad de pescado menudo, huevos de taricaya, etc.

También las comunidades del área de influencia de las áreas de conservación regional, especialmente el Tahuayo y el Yanayacu, en el área de amortiguamiento del Área de Conservación Regional Tamshiyacu-Tahuayo, disfrutan hoy de gran abundancia de pescado y fauna silvestre gracias a la organización comunal para el manejo. En una reciente visita a la zona con el Presidente Regional pudimos constatar esta abundancia: los peces boqueaban visiblemente por toda la quebrada, y un pescador de la comunidad de Chino nos informó que, en plena creciente, pescaba junto con otro vecino por valor de 180-200 soles diarios… Muchas señoras de El Chino ganan entre 500 y 1500 soles mensuales vendiendo sus artesanías (exportan a Estados Unidos canastas de chambira). Nunca les faltan animales en el bosque, ni peces en las cochas, ni irapay, ni otros recursos esenciales para su subsistencia, por lo que se puede decir que esta comunidad, junto con varias más de la cuenca, disfrutan de unos ingresos y de una calidad de vida envidiable en comparación con el resto de la región.

Los líderes del Itaya y el Amazonas me confirman lo que muchos sospechamos: que la mayoría de los jóvenes no se quieren quedar en sus comunidades porque no ven oportunidades de progreso, y se van a la ciudad a engrosar la masa de desocupados o subocupados, cachueleando por una miseria de dinero, y muchas veces metiéndose en el vicio y en otras actividades innombrables. “No queremos que nuestros hijos acaben así”, comentó alguien, y todos asintieron.

Sin embargo, si el Estado no toma medidas urgentes para promover el manejo comunal de recursos de flora y fauna, y actividades productivas realmente rentables, sostenibles y acordes con la cultura y la idiosincrasia de la gente, la desnutrición y la pobreza seguirán creciendo en la zona rural, la emigración del campo a la ciudad continuará, e Iquitos se convertirá en una urbe cada vez más hacinada e inmanejable, si ya no lo es actualmente…

Fuente Diario La Región

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El futuro de la explotación forestal en la Amazonía peruana

Por Marc Dourojeanni

Aún se habla mucho del gran potencial forestal del Perú. En los años 1960 y 1970 fueron lanzadas cifras apabullantes para expresarlo.

Se decía que apenas la explotación del incremento anual del bosque explotable debería producir 257 millones de metros cúbicos de madera rolliza, con lo que sería unos de los principales contribuyentes al PBI. Pero, contrariamente a eso, en el 2009 el Perú produjo apenas 7.8 millones de metros cúbicos de los que 7.0 millones eran leña, lo que de por sí es vergonzoso. En ese año exportó madera por el exiguo valor de 221 millones de dólares y, en cambio, importó 661 millones de dólares de productos de madera. El sector forestal como un todo, incluyendo productos no maderables y fauna, nunca aportó siquiera 1% al PBI.

De otra parte, según lo previsto en la actualidad deberían haberse reforestado varios millones de los 7.5 millones de hectáreas de tierras aptas para ese fin, localizadas principalmente en la Sierra y en la Selva. Pero, a la fecha, ni los más optimistas creen en las estadísticas oficiales que hablan de 899,000 hectáreas plantadas.

¿Qué pasó? ¿Será que los expertos se equivocaron tan burdamente como para generar un error así de grande? La respuesta es que la prueba del error está a la vista. Lo curioso es que el tal “potencial forestal”, aunque puramente teórico, realmente existía. Pero fue presentado aislado de una realidad omnipresente.

En efecto, el problema es que el Perú no es Finlandia donde los bosques generan 8% del PBI. En el Perú, como en otros países tropicales, falta lo que sobra en Finlandia. Esto es: civismo, coherencia política y disciplina social. Si las sucesivas leyes forestales peruanas, todas ellas hechas procurando realizar un manejo forestal sostenible, hubiesen sido medianamente aplicadas, el Perú quizá no sería una Finlandia pero sería por lo menos un Chile.

No solo la legislación es letra muerta. Los sucesivos gobiernos han hecho todo lo posible para frustrar el desarrollo forestal nacional, negando las mínimas condiciones necesarias para alcanzarlo, privando al sector público forestal de los medios para llevar adelante el proceso y aplicar la ley, favoreciendo usos inadecuados del suelo que se transformaron sistemáticamente en deforestación masiva seguida de abandono de la tierra y, tolerando y hasta facilitando las invasiones a los bosques, creando una tremenda confusión e inseguridad en la tenencia de la tierra, lo que es una condición para el desarrollo forestal que es siempre de largo plazo.

Los tiempos han cambiado. Los servicios ambientales del bosque como la fijación del carbono y sus aportes al ciclo del agua son ahora tan o más importantes y valiosos que la madera. La destrucción y degradación de los bosques peruanos ha sido -y continúa siendo- enorme e impune. Lo que sobra de esos bosques aún puede contribuir significativamente a la economía nacional y al bienestar de todos. Conseguirlo depende de la decisión de los peruanos y, en especial, de la actitud del próximo gobierno. No es difícil ni caro. Basta, apenas, un poco de seriedad.

Fuente: Diario La Primera

Nota

Marc Dourojeanni fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Forestales Universidad Nacional Agraria de Lima, especialista en temas forestales y autor de “Amazonía peruana en 2021. . En la actualidad es Presidente de la Fundación Pro Naturaleza.

Bagua 2009

Por 
Alexandre Surrallés

Introducción

El lector me permitirá empezar este texto con la muy poco elegante práctica de la autocitación. En este caso tengo al menos un factor atenuante: el artículo al que quiero hacer referencia salió publicado en 2008 en esta misma revista (Surrallés 2008).1 En aquel artículo, titulado “Kushilia 1993” y escrito en agosto de 2008, realicé un análisis sucinto de la situación de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana y la posición del Estado peruano al respecto. Entonces predije que, de seguir así, la situación estallaría en un proceso conflictivo muy intenso. Tal y como los sucesos acontecidos en junio de 2009 en las provincias peruanas de Bagua y Utcubamba han puesto de manifiesto, mi predicción, desgraciadamente, se cumplió.

Para los que no estén informados, a pesar de que la noticia saltó por todas las redacciones informativas del planeta, sintetizo una crónica de lo sucedido. El pasado 9 de abril de 2009 las organizaciones indígenas de la Amazonía peruana iniciaron una protesta para solicitar la derogatoria de los decretos legislativos 994, 995, 1060, 1064, 1080, 1081, 1083, 1089 y 1090, así como de la Ley de recursos hídricos, que consideraban lesivos para sus derechos, en particular para los territoriales. Estos proyectos legislativos pretendían facilitar la inversión de capitales en proyectos de extracción de recursos forestales, mineros y petrolíferos principalmente, frente a los supuestos obstáculos que supone la legislación actual, que protege en alguna medida los derechos culturales y territoriales de los pueblos indígenas. Oficialmente, se argüía también que estas iniciativas adaptarían la legislación a los acuerdos establecidos por el tratado de libre comercio firmado con los Estados Unidos. La protesta indígena podía considerarse legítima con solo tener en cuenta que el Perú, según el Convenio 169 de la OIT, del que es país signatario, debe realizar una consulta previa y de buena fe a toda resolución que afecte a los pueblos autóctonos, como la propia Defensoría del Pueblo ha reconocido. Esta protesta se sumaba además a una serie de iniciativas similares que se están dando bajo el actual periodo presidencial, con propuestas legislativas inconsultas que afectan a los pueblos indígenas y que son finalmente derogadas frente a las protestas (por ejemplo, derogatoria de los decretos 1015 y 1073 en agosto de año 2008 tras un periodo de movilizaciones).

En este caso, sin embargo, las autoridades decidieron el empleo de las fuerzas de seguridad para desalojar uno de los focos de la protesta: el bloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry en las inmediaciones de la ciudad de Bagua, produciendo una oleada de violencia que tuvo como efecto más de tres decenas de víctimas mortales y centenares de heridos, incluyendo a miembros del cuerpo policial y, entre la población civil, a varios líderes indígenas.

Como consecuencia de estos graves incidentes, resultantes como mínimo de un operativo policial inadecuado, se desencadenó una serie de detenciones, así como la persecución de líderes indígenas, que obligó a Segundo Alberto Pizango, presidente de Aidesep (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y portavoz de los indígenas en las negociaciones con el Gobierno, a pedir asilo político a Nicaragua. Todo ello acompañado de una campaña oficial de intimidación, con acusaciones de terrorismo, de delincuencia, de barbarie y salvajismo contra los pueblos indígenas y sus representantes. Poco tiempo después, el primer ministro y la ministra del Interior presentan su dimisión. Debo añadir nada más que lo que pasó en Bagua podría haber sucedido en San Lorenzo del Marañón, en Yurimaguas o en cualquier otro lugar de la Amazonía peruana, puesto que una gran tensión reinaba como consecuencia de los paros y ocupaciones que en diferentes lugares se estaban produciendo. La comisión parlamentaria organizada para esclarecer los hechos no ha dado todavía unos resultados consensuados, de la que han desertado algunos de sus miembros, al considerar los resultados totalmente sesgados por los intereses del Gobierno. Este hecho no hace sino traducir el descontento que sigue predominando entre la población amazónica, que, sin tanta resonancia mediática como durante el gran paro amazónico, se expresa con paros, manifestaciones y ocupaciones puntuales allí donde operan las empresas petroleras y mineras, cuya actividad querían favorecer los tristemente famosos decretos legislativos. Mencionaré tres ejemplos por solo citar algunos casos en la zona del Marañón de las decenas que se suceden en la Amazonía peruana. El primero, sobre la tensa situación entre los Achuar y la empresa petrolera Talismán del Perú S.A.R.L, en el lote 64 de la provincia de Datem del Marañón. El segundo, que involucra a los Aguaruna y Huambisa contra la empresa minera Afrodita por sus trabajos en la zona fronteriza del Cenepa, en la provincia de Condorcanqui. El tercero, en el bajo Marañón, en relación con cientos de pobladores que se acercaron a los puertos de sus comunidades el 30 de diciembre de 2010 para recordar los derrames producidos en el Marañón, los que afectan severamente sus condiciones de vida.2

¿Mi predicción fue el resultado de una capacidad de análisis coyuntural extraordinaria? Y si no es así, ¿se debe a una intuición visionaria para predecir el futuro? Para mi suerte o mi desdicha, no se trata ni de una cosa ni de la otra. Porque para desgracia de todos, la previsión de lo que ha sucedido en la Amazonía peruana estaba al alcance de cualquiera con solo prestarle un mínimo interés a esta parte del país, que significa la mitad del territorio de la República. No hace falta una experta inspección para desvelar las causas que explican esta situación, cuando los intereses de los grupos en conflicto son diáfanos, los medios de los que disponen evidentes y el curso de los acontecimientos dirigido por unas líneas del destino nítidas y con varios decenios de fragua a sus espaldas. Recordemos brevemente el ciclo largo de esta situación.

Crónica de una colisión anunciada

En los años setenta, el gobierno de Velasco Alvarado promueve la Ley de comunidades nativas y campesinas, gracias a la cual —incluso recientemente— se han titulado cientos de comunidades nativas y otras áreas protegidas a nombre de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas, y Aidesep en particular, han promovido las campañas más importantes de inscripción y legalización de territorios comunales a través de un trabajo de cogestión con el Ministerio de Agricultura. El balance en términos estrictamente cuantitativos parece positivo. Así, el Directorio de Comunidades Nativas del Ministerio de Agricultura arroja la cifra de aproximadamente 1.500 comunidades nativas, lo que significa una extensión territorial de más de 10 millones de hectáreas tituladas. Este proceso ha tenido como resultado tipos distintos de situaciones para cada una de las poblaciones indígenas. Para la mayoría de ellas, la consecuencia ha sido conseguir espacios territoriales que abarcan partes medulares de sus territorios, y que, por lo mismo, permiten una cierta gestión territorial, aunque se encuentran con una división de la propiedad en una multiplicidad de pequeños pedazos de áreas, a modo de archipiélago. Eso sí, dando por perdidas zonas relevantes, como las áreas cercanas a zonas urbanas, bocas de río y primeras líneas de carreteras de penetración, debido al avance del frente colonial. En suma, estos territorios titulados, aunque representen un número de hectáreas considerable, no se corresponden con los territorios históricamente ocupados por los pueblos indígenas —ni en la forma, ni en la extensión, ni en la calidad—. Y lo que es más importante, la legitimidad sobre unos espacios de tierra, con un título reconocido por la administración, no asegura necesariamente el ejercicio real del derecho de tenencia (cf. Chirif y García 2007).

El trabajo de titulación al amparo de la ley de comunidades nativas y campesinas realizado desde la década de 1970 ha conseguido generar un movimiento indígena además de titular comunidades. El proceso se podría resumir de la siguiente manera: las titulaciones eran precedidas por un trabajo de información que los dirigentes indígenas —al principio integrados a la dependencia del Estado creada para la titulación, el Sinamos, y después como representantes de organizaciones independientes— realizaban con los diferentes grupos indígenas, a veces con contactos muy esporádicos con la sociedad nacional. Después de la titulación, se elegía a los representantes comunales, apus, llamados también tenientes gobernadores. Con esta perspectiva integracionista que presidía la ley, se decía sin ironía que estas autoridades elegidas por la asamblea de comuneros eran la representación del Estado en la zona y las comunidades, una unidad administrativa subdistrital.

Después de la titulación, y con una intensidad desigual según las regiones, las comunidades recién formadas se asociaban a una federación a base de criterios étnicos y espaciales, en general una cuenca. Así florecieron, sobre todo en la década de 1980, las federaciones indígenas en toda la Amazonía, y así surgió la más significativa federación de federaciones, Aidesep. El trabajo de titulación fue acompañado además por toda una serie de iniciativas con miras a fomentar la integración de los pobladores indígenas a la ciudadanía, una forma de alentar el desarrollo en estas tierras abandonadas por la administración pública. Entre todas estas iniciativas, las que tuvieron quizá una mayor repercusión, especialmente en regiones de la selva norte, fueron las campañas para proveer de libretas electorales, que muy pocos indígenas poseían a principios de los años noventa. Tiempo después de estas campañas, los indígenas empezaron a ser elegidos, primero a escala distrital y después incluso a escala provincial, disponiendo actualmente de muchas alcaldías a este nivel de la administración. En todo caso, la voluntad de una integración al Estado, según la visión pragmática propia de las organizaciones indígenas surgidas de este proceso de titulación, fue evidente cuando se convirtieron en aquellos tiempos en un factor de estabilidad, un cuerpo de interposición y de promoción de la paz y la democracia en muchas de las zonas del país entonces asoladas por la violencia.

En su primera versión, la Ley de comunidades nativas y campesinas permitía el derecho inalienable a la propiedad colectiva de los grupos de indígenas. Desde entonces, la legislación internacional se ha ido desarrollando con una gruesa jurisprudencia y un buen número de tratados y declaraciones firmados por el Perú. Sin embargo, como afectada por una esquizofrenia, la legislación nacional peruana ha intentado erosionar en sucesivas ocasiones los pocos derechos territoriales que proclama la Ley de comunidades nativas. Fujimori consiguió eliminar la calidad de intangibilidad de las tierras. Alan García, en concordancia con esta voluntad de eliminar obstáculos para las grandes inversiones internacionales de empresas extractivas, ha intentado continuar en esta dirección con los famosos decretos legislativos.

En efecto, al mismo tiempo que titulaba comunidades, el Estado ha ido promoviendo una política favorable a grandes inversiones, especialmente en relación con la extracción de recursos naturales, en particular al petróleo, actividades extremadamente rentables en términos económicos para las arcas públicas, pero altamente perjudiciales para los pueblos indígenas que las acogen en sus territorios, quienes deben afrontar solos los costes de los impactos sociales en la población y la contaminación del medio ambiente que generan. Esta política en relación con la industria petrolífera es tan antigua o más que la propia Ley de comunidades. Las protestas de los pueblos indígenas contra esta industria también. Pero solo han empezado a ser conocidas por la opinión publica mucho más recientemente y de forma paulatina, al mismo tiempo que la sociedad peruana “descubría” la selva, gracias al despertar de la conciencia ecológica a nivel mundial y al desarrollo del turismo interno que permite el fin del conflicto armado de los años ochenta, facilitado por la mejora de la red vial de carreteras. Este progresivo proceso de resistencia indígena y despertar de la opinión pública se ha visto acelerado con una expansión sin precedentes en estos últimos años de la industria petrolífera, comparándola con el pasado y con lo sucedido en países vecinos. En efecto, desde 2003, en el Perú se ha promovido la inversión de este sector industrial con una política fiscal favorable y una licitación masiva de zonas de exploración. El precio del barril de petróleo en el mercado, fluctuante pero muy elevado en algunos momentos, ha animado al sector y se ha producido un nuevo boom petrolero, incrementado incluso a partir de 2005. En estos momentos hay 48 lotes activos en la Amazonía peruana con contratos con multinacionales, lo que significa en términos comparativos que el 70% de las superficies concedidas para la exploración y/o explotación petrolera en toda la cuenca amazónica se encuentra en territorio peruano. En el Perú, los 64 bloques licitados actualmente cubren el 72% de la Amazonía peruana (490.000 km2), cuando en 2005 abarcaban solo el 15% (Campodónico 2008; Finer et al. 2008).

En este contexto de agresivas políticas de inversiones para la extracción de recursos naturales como el petróleo, los títulos comunales de que disponen los pueblos indígenas no solo no sirven de mucho —recordemos que de todas maneras la propiedad del subsuelo es en Perú del Estado—, sino que incluso pueden ser contraproducentes. Por la actuación de los poderes públicos en algunos casos, parece que se quiere aprovechar el hecho de que las tierras están legalmente tituladas a nombre de comunidades indígenas para deshacerse de ciertas responsabilidades en el seguimiento de las operaciones, en la aplicación de la legalidad vigente en los procedimientos y en la debida protección a la población local afectada. A esto se le puede añadir que las comunidades indígenas, sometidas a presiones intensas y con una escasa capacidad de negociación, se encuentran a menudo frente a la política de los hechos consumados por parte de la compañía petrolera específica, incumpliendo la obligación de consulta previa estipulada por los convenios internacionales ratificados por el Perú. El dilema no es entre las organizaciones indígenas que están a favor o en contra de las actividades petroleras en sus territorios —como se asegura a veces con dudosa intención—, sino entre las que cederán a cambio de unas contraprestaciones o las que mantendrán una política de resistencia.

Dos vías

La situación resultante ante este estado de cosas es un conflicto de intereses inevitable, y veremos, de seguir así, un proceso conflictivo, largo y políticamente muy intenso, del que los incidentes de Bagua son una primera señal. Es en realidad el resultado de la colisión de dos inercias históricas de más de tres decenios de antigüedad. Por un lado, el Estado peruano acepta desdeñosamente legitimar los derechos territoriales, pero, profundamente impregnado de la idea ya lanzada por Belaunde en los años sesenta de la Amazonía como el granero del Perú, y otras propuestas de un colonialismo interno impropio de una democracia, erosiona desde los años noventa el espíritu de la Ley de comunidades con decretos e iniciativas que facilitan las inversiones de la industria extractiva.

Por otro lado, las organizaciones indígenas en Perú se crean y se desarrollan en el proceso mismo de titular las comunidades. Los indígenas encuentran en las comunidades su inscripción en la sociedad peruana, la satisfacción parcial pero real al reclamo histórico de sus derechos territoriales y una garantía de supervivencia. Para ellos las comunidades no son un bien inmueble, son ahora su condición de existencia, al menos en buena parte de la Amazonía. Debemos recordar que la Ley de comunidades nativas y campesinas no busca restituir un derecho, por así decir, preconstitucional al territorio, usurpado por unas políticas colonialistas de Estado, tal y como actualmente se decanta la jurisprudencia multilateral en esta área. En los años y condiciones políticas en que esta ley se promulgó, desde una visión estatalista de izquierdas, el objetivo era integrar las poblaciones indígenas a la sociedad peruana, junto con los obreros y campesinos, para contribuir al desarrollo de su base popular: se trataba en efecto de una ley integracionista. Los indígenas tomaron la palabra del Estado y se convencieron de que a través de las comunidades podrían acceder al estatuto de ciudadanos.

Recapitulando, los incidentes de Bagua son la consecuencia de una larga historia que lleva muchos años generando una gran frustración en la población local: un polvorín social que la mala gestión gubernamental hace estallar. Las organizaciones indígenas peruanas en general, y Aidesep en particular, nacieron y se desarrollaron como una plataforma de integración de los pueblos amazónicos a la sociedad nacional peruana, y eligieron el Estado peruano como su interlocutor privilegiado para ello. Como ya he señalado, la cantidad de cargos electos promovidos por las distintas organizaciones indígenas en sus zonas de influencia, con un gran número de alcaldes distritales y provinciales, son solamente la parte emergente de este hecho. Reuniones, documentos, directivas, convenios a miles entre los dirigentes de todo nivel con las diferentes grados de la escala ministerial y con otros organismos estatales, en Lima o en provincias, mostrarían profusamente esta idea. Los archivos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, por citar los tres ámbitos donde esta relación ha sido más continuada, arrojarían en efecto una evidencia incontestable en este sentido. Defraudados por un Estado que no responde a las expectativas creadas en el momento que se formaron las organizaciones indígenas, ¿cuál es la política que los pueblos indígenas están abocados a seguir en los próximos años?

Dos caminos se están dibujando que cambiarán completamente la imagen actual de las organizaciones indígenas y los objetivos de sus reclamos territoriales.

El primero responde a la idea según la cual, si todo este esfuerzo de coordinación con el Estado no ha reportado más que fracasos e incluso recientemente represión abierta contra la población indígena y persecución política a sus dirigentes, no es un problema del Estado en sí mismo, sino del que lo gobierna. Por lo tanto, lo que se debe hacer es transformar la vocación inicial de las organizaciones indígenas de un instrumento de promoción social de unas minorías en un movimiento político cuyo objetivo es el acceso al poder, con las alianzas que se requiera para ello.

El segundo camino, y sobre el que voy a extenderme más, consiste en cambiar el horizonte de sus demandas y el interlocutor de estas. Si, como se ha demostrado en estos últimos años de desencuentro, el Estado no es en absoluto el garante de la integración de los pueblos indígenas y de su acceso a la ciudadanía, estos tienen que redirigir sus esfuerzos hacia otras instancias, que no pueden ser sino internacionales. La internacionalización del reclamo de sus derechos además se encuentra amparada hoy en día por diferentes convenios, tratados y declaraciones que, como ya he notado, el Perú ha ido puntualmente ratificando. La reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho de los pueblos indígenas, que garantiza nada menos que su libre determinación territorial como un derecho humano (Ayala 2009, García Hierro y Surrallés 2009), es un paso decisivo en este sentido. Las demandas para constituir un expediente jurídico y antropológico que pueda justificar ampararse en esta declaración para reclamar la libre determinación territorial van en este sentido. Estos expedientes van acompañados de mapas de autodelimitación territorial que marcan una área dentro de la cual, según los dirigentes, el ejercicio de la autonomía del pueblo indígena será un hecho lo quiera o no el Estado. Los títulos de comunidades nativas aparecen en estos mapas como el signo de un tiempo pasado superado por una nueva realidad. Varios pueblos indígenas han procedido a iniciar este tipo de trabajos (ver por ejemplo el mapa 1, realizado por el pueblo indígena Kandozi, donde su territorio aparece totalmente recubierto por lotes petroleros).

No sé si se trata de una quimera lejana, pero en todo caso hay que tener en cuenta que es una quimera que hoy en día tiene rango, en el sistema internacional de derecho, de derecho fundamental. Por otro lado, esta política de autodemarcación cuenta con el apoyo de las instancias distritales y provinciales, en muchos casos gobernadas por políticos indígenas favorables a este tipo de iniciativas. Porque no hay que olvidar el peso que tienen los líderes indígenas en los ámbitos distrital y provincial (que no llega a nivel departamental, como parece ser el caso para muchos movimientos políticos locales de todo el Perú).3 La Ordenanza municipal nº 012-2008-MPDM-A del 3 de noviembre de 2008, aprobada por el Concejo Provincial de la Municipalidad de Datem del Marañón, y publicada en el diario oficial del Estado El Peruano el 15 de abril del 2009, sería un ejemplo de ello. Esta ordenanza se basa en la Ley orgánica de municipalidades, en la Constitución Política del Perú, en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (textos internacionales ambos suscritos por el Perú), para declarar que los gobiernos locales son competentes en materia de acondicionamiento territorial donde se determine, en aras de la promoción del desarrollo y la economía local de las zonas de uso territorial, que los administrados tienen derecho a su identidad étnica y cultural y que los pueblos indígenas deben decidir sus propias prioridades en lo que se refiere al proceso de desarrollo, porque tienen el derecho a la libre determinación, en virtud de la cual definen también su condición política. La ordenanza pasa en seguida a reconocer la existencia en la provincia de los pueblos indígenas Achuar, Awajun o Aguaruna, Cocama-Cocamilla, Chayahuita o Chawi, Shibilo, Shapra, Candoshi, Quechua, Wampis o Humabisa, y los derechos territoriales históricos que poseen, por lo cual a cada pueblo indígena le corresponde realizar su propio plan de gestión territorial dentro de los límites del espacio posesionado.

En pocas palabras

En otras palabras, nos encontramos con una situación donde el Estado central aparece en estas zonas atenazado de un lado por una jurisdicción internacional cada vez más favorable a reconocer los derechos de los pueblos indígenas de una lógica jurídica impecable, imparable y que se remonta como mínimo a la jurisprudencia desarrollada en los procesos de descolonización durante el siglo pasado; y de otro lado, por una política local muchas veces en manos de autoridades promovidas por las organizaciones indígenas (o que en todo caso deben pactar con ellas para salir elegidas), en un marco de mayor participación y organización del voto indígena en partes del país donde es mayoritario. El Gobierno central y las distintas delegaciones ministeriales presentes en estas zonas solo aparecen como los garantes de los compromisos acordados en Lima por las grandes corporaciones de extracción de recursos. Esta situación, de mantenerse la actual política minera y energética de hidrocarburos, solo puede llevar a una mayor inestabilidad en la región y a aumentar la desafección hacia el estado de muchos indígenas y otros ciudadanos damnificados por este estado de cosas, con consecuencias difíciles de prever pero nada alentadoras. A no ser que los electores tomen partido en las próximas elecciones por alguno de los candidatos a presidente que quiera revisar a fondo estas políticas.

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* Laboratoire d’anthropologie sociale, Collège de France, Paris. E-mail : alexandre.surralles@college-de-france.fr.

1 Una versión de este artículo más extensa, titulada “Entre derecho y realidad”, salió publicada en un número especial de la revista Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos (ver Surrallés 2009).

2 Aparte de los importantes derrames de 19 de junio pasado a la altura de la localidad de San José de Saramuro, le sigue a comienzos de julio la aparición de miles de peces muertos en el río Samiria, lo que confirma las sospechas de que han vertido aguas de formación —es decir, veneno— a las quebradas Huishto Yanayaquillo y Yanayacu Tipishca, todo ello afectando posiblemente y de forma irreparable la Reserva Nacional Pacaya Samiria. Añadir un nuevo derrame el 5 de diciembre en el mismo lugar del 19 de junio, y con el nuevo año, otro derrame más, muy cerca de allí, pero en el río Chambira, el pasado 16 de enero.

3 Ver en este sentido el texto de Alejandro Diez Hurtado (2009), donde demuestra que la representación política de estos movimientos locales se restringe al ámbito distrital y provincial y nunca departamental en otras regiones del Perú, de manera que el caso amazónico responde por lo tanto a un patrón general en el conjunto del país.

Referencias Bibliográficas

Ayala, James (2009). “The right of indigenous peoples to self-determination in the post-declaration era”. En Claire Charters y Rodolfo Stavenhagen (ed.), Making the Declaration Work. The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Copenhague: IWGIA, pp. 184-198.

Campodónico, Humberto (2008). “Amazonía y explotación petrolera”. En La República, 17/10/2008.

Chirif, Alberto y Pedro García Hierro (2007). Marcando territorio. Progresos y limitaciones de la titulación de territorios indígenas en la Amazonía. Copenhague: IWGIA.

Diez Hurtado, Alejandro (2009). “Continuidades y cambios en la construcción del territorio. Espacios regionales en el proceso de descentralización” Ms.

Finer, Matt et al. (2008). “Oil and Gas Projects in the Western Amazon: Threats to Wilderness, Biodiversity, and Indigenous Peoples”. En PLoS ONE, vol. 3, n.º 8: e2932. doi:10.1371/journal.pone.0002932.

García Hierro, Pedro y Alexandre Surrallés (2009). Antropología de un derecho. Libre determinación territorial de los pueblos indígenas como derecho humano. Copenhague: IWGIA.

Surrallés, Alexandre (2008). “Kushilia 1993”. En Revista Argumentos, Año 2 N°4, Noviembre 2008

Surrallés, Alexandre (2009). “Entre derecho y realidad: antropología de los territorios indígenas amazónicos en un futuro próximo”. En Boletín del Instituto Francés de Estudios Andinos, vol. 38, n.º 1: 29-45.

Fuente: García Hierro y Surrallés 2009.

Fuente:
Surrallés. Alexandre. “Bagua 2009”. En Revista Argumentos, año 5, n° 1. Marzo 2011. Disponible en http://www.revistargumentos.org.pebagua_2009.html ISSN 2076-7722

¿Hambre cero en la selva?

Por: José Álvarez Alonso

Todos los políticos en campaña ofrecen combatir la desnutrición infantil en la selva, una lacra vergonzosa que afecta al 40-50% de los niños en zonas rurales (en algunas comunidades indígenas hasta el 60-70%) y frustra sus esperanzas de superación y desarrollo. Suena muy bien y atrae votos la promesa, sobre todo si la promesa se hace con un inocente niño en brazos del candidato. Todos los gobiernos han intentado acabar con esa lacra, sin mucho éxito hasta el momento.

¿Qué ha hecho los últimos gobiernos? Lo más lógico desde un punto de vista urbano: donar leche a las comunidades, porque el programa del Vaso de Leche iniciado por el recordado Tío Frejolito, Alfonso Barrantes, ha funcionado bastante bien en Lima. Hay una foto para reflexionar sobre la impertinencia de continuar con esa política asistencialista: un perro comiendo leche donada por el PRONAA (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria) a una comunidad indígena.

Dicen los que conocen la zona que los indígenas usan la leche para alimentar no sólo a sus perros, sino a sus gallinas y chanchos, e incluso para marcar las líneas del campo de fútbol. Un ignorante de la realidad amazónica los calificaría inmediatamente de ignorantes, valga la redundancia. Pero no lo son: los indígenas afirman que la leche les da vómito y diarrea a los niños. ¿Mienten, o es una cuestión solamente de hábitos? No. Resulta que la mayoría de los indígenas son intolerantes a la lactosa a partir de los tres o cuatro años. ¿Sabe eso la bienintencionada gente que dona la leche, sea del Gobierno o de organizaciones privadas? Sospecho que no, y sospecho que tampoco se han preocupado mucho por averiguar si sus promocionados programas sociales están teniendo el impacto que afirman.

 

Segunda opción, dirían algunos regionalistas: en vez de la foránea y pituca leche les donamos a los indígenas víveres “regionales” que sí pueden digerir y son más acordes con sus costumbres y cultura. ¿Es positivo eso? Sí y no, pues lo negativo es quizás peor que lo positivo, porque si bien esta práctica puede tener un impacto –limitado- en combatir a corto plazo la desnutrición infantil, no es sostenible y, peor aún, puede convertir a los indígenas en mendigos.

¿Qué hacer, entonces? No se puede explicar mucho en las líneas de una columna, pero esbozaré algunas ideas, a riesgo de ser mal calificado: primero, debemos saber dónde está la raíz de la desnutrición infantil: en la falta de proteína y en la parasitosis. La segunda es relativamente fácil de combatir con educación y asistencia sanitaria. La primera no tanto, por lo dicho antes y porque sus fuentes tradicionales de proteína -pescado y carne de monte- son cada vez más escasos en la selva por la sobre explotación y la falta de manejo.

¿Impulsar la cría de animales menores, el cultivo de peces? Eso suena mucho mejor, y lo están haciendo el IIAP, el FONCODES y otras instituciones, y algunas ONG, aunque lamento informarles que con éxito limitado, especialmente en comunidades indígenas, donde no tienen esa cultura “productiva”, y donde han fracasado muchos de los proyectos en esta línea –con las honrosas excepciones de comunidades Awajún y Ashaninka de ceja de selva, donde sí están prendiendo bien los proyectos acuícolas. El fracaso es predecible especialmente cuando algunos ignaros promueven proyectos productivos comunitarios, ignorando que el modo tradicional de producción en comunidades amazónicas es familiar y no comunitario (ese mito ha hecho más daño en la selva que las inundaciones, y hasta ahora siguen algunos proyectos impulsando la mamarrachada).

Un ejemplo de cómo se puede desperdiciar recursos por ignorancia: según escuché hace unos días a un experto, en los últimos años sólo el Fondo Ítalo-Peruano invirtió casi 15 millones de soles en promover entre otras cosas la crianza de ganado en el distrito de Balsapuerto, supuestamente para combatir la desnutrición. Resultado: ahora es uno de los distritos más pobres del Perú, y ha visto agravada su pobreza por este proyecto (y otros similares anteriores) que ayudó a destruir los bosques, a colmatar y dejar sin agua el río Paranapura, y por tanto, a incrementar la desnutrición, porque el pueblo Shawi no toma leche y no come carne de vaca...

Manejo de ambientes naturales

Los indígenas amazónicos estuvieron mucho mejor alimentados en el pasado que ahora, porque tuvieron a disposición abundancia de recursos de fauna silvestre y, especialmente, pescado. ¿Es posible recuperar estos recursos de nuevo? Por supuesto que sí. Comunidades organizadas lo han hecho en algunos lugares conocidos: las comunidades del Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu - Tahuayo han recibido reconocimiento nacional e internacional por su modelo de manejo sostenible de fauna terrestre, y también tienen logros importantes en recuperación de los peces en sus cochas; otras comunidades están siguiendo su camino en las quebradas Yanayacu, en el área de amortiguamiento de la mencionada ACR, y en el alto Nanay; el reconocido grupo de manejo de los Yacutaita también lo ha logrado en la Cocha el Dorado, y de modo similar algunas otras comunidades en la R. N. Pacaya – Samiria. El pescado, en particular, se recupera de forma relativamente rápida con medidas simples de manejo, y puede contribuir a mejorar significativamente la nutrición, porque es la fuente principal de proteína de las comunidades.

Si el manejo comunal de recursos es una alternativa para mejorar la nutrición infantil, lo más lógico es que el Estado invierta fuertemente en ello ¿no? Pues no: salvo lo que hace el SERNANP en las áreas protegidas de nivel nacional, y el PROCREL en las áreas de conservación regional, el Estado no invierte prácticamente nada en ayudar a las comunidades de la selva a mejorar la gestión de sus recursos pesqueros y de fauna silvestre, a pesar de ser mucho más eficiente en términos de costo/beneficio. Sólo en Loreto, en los últimos 30 años se ha invertido decenas de millones en promover la acuicultura, lo que está muy bien, pero no se ha invertido casi nada en manejo. Los resultados de esta política son bastante magros: el pescado de piscigranjas no llega a las 500 toneladas anuales, mientras que la producción de cochas, ríos y quebradas alcanza más de 50,000 toneladas (y ha descendido a la mitad en los últimos 20 años, justamente por falta de manejo).

Invertir en manejar mejor el recurso pesquero y la fauna silvestre sería la mejor inversión para mejorar la nutrición infantil; el impacto quizás no sea tan visible y “fotografiable” como el de una piscigranja o una posta médica, pero es más barato, más sostenible y más pertinente en términos sociales y culturales. Definitivamente, desde las oficinas citadinas se ven las cosas de otra manera…

(*) Biólogo, Investigador del IIAP.

Fuente: Cuarto Ambiente

¿Desaparecerá la Amazonía?

Expertos vaticinan la desaparición de la mayor parte de los bosques amazónicos para fines de siglo.

Por: José Álvarez Alonso

Lo dicen los científicos: la Amazonía, el ecosistema más rico y biodiverso, y reservorio de un quinto del agua dulce no congelada del Planeta, está en serio riesgo de desaparecer en el presente siglo debido a la deforestación y al cambio climático.

Según estudios recientes, la región suroriental es la que estaría en mayor riesgo de convertirse en las próximas décadas en sabana, un ecosistema biológicamente mucho más pobre y con mucha menor capacidad de almacenar carbono y producir lluvia. La región noroccidental, que incluye a Loreto, sería la que más probabilidades tiene de resistir los embates del cambio climático “siempre y cuando se conserven los bosques”, previenen los expertos.

La Amazonía no será el pulmón del Mundo como se decía en décadas pasadas, pero sí es un gran regulador del clima global, debido a capacidad de absorber carbono (almacena entre 90 y 120 billones de toneladas métricas) y a su capacidad de producir humedad y generar su propio clima.

Sin embargo, el año pasado, durante la tremenda sequía que se abatió por toda la región, la Amazonía dejó de ser un sumidero de carbono para convertirse en un emisor neto, liberando a la atmósfera más CO2 que Europa y Japón juntos; una muy mala noticia para el Planeta, amenazado por el cambio climático.

Se dice que si los escenarios actuales no cambian, la destrucción de los bosques amazónicos aceleraría significativamente el calentamiento global –entre 1 y 2 grados, según algunas estimaciones- y afectaría la agricultura en las regiones limítrofes, incluyendo los valles interandinos, que dependen de la humedad generada en la Amazonía.

La sequía del 2010, un aviso del futuro

El Amazonas, el Rey de los Ríos, el más caudaloso del Mundo, daba pena meses de atrás: por segunda vez en un año batió su récord histórico de nivel más bajo, mientras que algunos de sus afluentes principales como el Huallaga, el Marañón y el Ucayali, quedaron casi convertidos en arroyuelos. Los medios de prensa internacionales alarmaron al Mundo: “El río Amazonas se está secando”, informaba Reuters en septiembre, mientras que Radio Netherlands afirmaba: “El majestuoso Amazonas se transforma en un arroyo”.

La vaciante extrema ha venido acompañada de una ola de calor insoportable y una pertinaz sequía, provocado estragos a lo largo y ancho de la cuenca. Apenas unos meses antes se había batido el récord histórico de temperaturas más bajas en varias localidades de Perú y Bolivia. La población amazónica está desconcertada frente a estos extremos, mientras que algunos predicadores hacen su agosto anunciando el fin del Mundo.

Un cielo ‘panza de burro’, parecido al de la Lima invernal, cubrió por largas semanas la selva baja del Norte del Perú, y el caudal de los ríos seguía bajando y se interrumpía el tráfico de embarcaciones; el sol, usualmente brillante en los límpidos cielos amazónicos, apenas se asomaba moribundo entre la neblina, mientras los suelos de las chacras se cuarteaban por la falta de agua y los cauces de los ríos se secaban, para alarma de los amazónicos.

Luego se supo que los culpables eran los miles de incendios en la Amazonía brasileña. ”Este mundo se acaba”, me comentaba el motocarrista que me lleva del aeropuerto a casa, en Iquitos, aludiendo al calor infernal y la falta de lluvias de los últimos meses. “Nunca hemos visto cosa igual, ni los viejos más antiguos recuerdan una vaciante así”, me comentaba Mamerto Maicua, Awajún, presidente de la organización indígena CORPI-AIDESEP, en San Lorenzo.

Iquitos y otras ciudades amazónicas sufrieron por varias semanas escasez de alimentos, gas, cemento y otros productos de la costa, por las dificultades del transporte acuático; también hubo problemas en el abastecimiento de agua. En la ceja de selva se llegó a situaciones extremas: Tarapoto, Bagua y otras ciudades de la selva norte estuvieron varios meses apenas una horas de agua al día.

En el Huallaga central y el bajo Mayo los cultivos de arroz languidecieron y los ganaderos no tenían agua ni para dar de beber a su ganado. El otrora caudaloso Huallaga llegó a estar tan bajo que se podía cruzar a pie en varios lugares. La prensa informó de varios pueblos abandonados por la sequía, los primeros “refugiados climáticos” de que se tiene noticia en la Amazonía peruana.

El calor llegó en algunos lugares a niveles nunca antes vistos: “37 ºC en Moyobamba, eso nunca había pasado, no llueve, no hay agua, no hay energía eléctrica, el Gera seco, es un chiste ver el puente caído y preguntarte pero que río furioso ha hecho semejante cosa si no tiene agua, parece que la furia se llevó no solo el puente sino también el agua” me escribía Karina Pinasco, una reconocida conservacionista desde esta otrora paradisíaca ciudad. Y me contaba que los bosques de las áreas de conservación ambiental Mishquiyacu-Rumiyacu, y Almendra, fuente de agua de Moyobamba, ardieron por más de cinco días para desesperación de los habitantes de la ciudad.

La ciudad de Pucallpa también estuvo por varias semanas cubierta de humo, aparentemente proveniente de las quemas de bosques en el suroeste de Brasil. En el alto Ucayali y en varias otras zonas de Loreto y Madre de Dios, decenas de comunidades indígenas estuvieron aisladas por varios meses, debido a la extrema vaciante de los ríos que impedía el transporte acuático.

La vaciante también afectó seriamente a los peces, principal fuente de alimentación para la población amazónica en selva baja. “Cada vez hay menos, y son más pequeños. No sé qué vamos a comer, si seguimos así”, se lamenta Julia Soplín, una humilde vendedora de pescado en el mercado de Bellavista, en la confluencia del Nanay con el Amazonas. “El peje se está acabando, a veces no saco ni para dar de comer a mi familia”, me explicaba Segundo Tapayuri, Kukamiria del río Huallaga, mientras tejía sus redes lamentándose de la creciente escasez de pescado.

Fernando Fonseca, agricultor y poeta ribereño del Amazonas, me contaba alarmado: “Muchos de mis árboles se murieron con la falta de agua; algo muy grave está pasando en el Amazonas”. Y parece tener razón, porque la sequía no sólo afectó a la Amazonía peruana; en Brasil, los incendios forestales arrasaron miles de hectáreas de bosques, incluyendo el 80% del Parque Nacional Das Emas, en el Cerrado, mientras que suspendió la navegación en ríos tan grandes como el Rio Negro, el Madeira y el Tapajos. Más de 40,000 cabezas de ganado perecieron de sed en El Beni, en Bolivia, debido a la sequía.

Sólo nosotros aumentamos

“Sólo nosotros aumentamos, y la basura; el resto disminuye cada año: el agua, los peces, los árboles…”, comentaba resignado Ronaldo Fachín, viejo pescador del puerto de Bellavista, en Iquitos, sentado en la proa de su canoa vacía luego de una infructuosa jornada de pesca. Muchos amazónicos comparten su pesimismo, porque han visto como se degradan inconteniblemente los ecosistemas amazónicos al tiempo que los recursos que son la base de su subsistencia se hacen más y más escasos, a la par que los cielos otrora generosos ahora mezquinan su agua.

El anuncio del Gobierno de un paquete de megaproyectos para el alto Marañón, incluyendo hidroeléctricas y trasvase del agua amazónica a la costa, no pudo llegar en peor momento. Los expertos temen que estos proyectos alteraren de forma irreversible los ciclos de crecientes y vaciantes, y los procesos migratorios de los peces, lo que afectaría gravemente el ecosistema de la selva baja y los recursos de los que dependen las poblaciones amazónicas. En Loreto se han alzado crecientes voces de protesta contra lo que ven como una nueva agresión del centralismo, y una más que seria amenaza para una región bastante azotada por la pobreza y la degradación ambiental.

Los ecosistemas amazónicos ya están sometidos a mucho estrés, no sólo por el cambio climático, sino por la contaminación de los ríos, la sobre explotación de los bosques, y la deforestación en las cabeceras de los ríos para cultivos ilícitos. Una nueva agresión podría significar un paso más hacia el colapso ambiental, lo que significaría más hambre y enfermedades para una población ya bastante hambrienta y enferma.

Los climatólogos prevén un incremento de entre 3 y 5 grados de las temperaturas en el Amazonas para fines de siglo. Pero según el Hadley Met Centre, que provee información meteorológica al Gobierno Británico, las temperaturas podrían elevarse hasta 8 grados centígrados. En esas condiciones las sequías y los incendios catastróficos serían generalizados, y sería muy difícil la vida en el Amazonas.

Conjurando el fantasma de la deforestación

La pertinaz sequía que ha asolado la Amazonía es, a decir de muchos científicos, efecto del cambio climático, pero también de la deforestación salvaje en las cabeceras de cuenca, dicen los expertos. Más del 20% de la Amazonía ya ha sido destruida, y algunos modelos establecen que el “umbral crítico” o punto de inflexión está entre el 35 y 45% de deforestación, antes de que colapse el clima amazónico. El bosque amazónico no sólo almacena el agua de la lluvia, sino que la produce: alrededor del 50% de las lluvias amazónicas son producto de la evapotranspiración del bosque. En las zonas deforestadas, las lluvias torrenciales arrastran todo a su paso, produciendo huaycos e inundaciones; cuando deja de llover unos días, las quebradas y ríos se secan.

En la Región Loreto ya se están impulsando medidas para enfrentar los efectos del cambio climático: el 2009 se aprobó una ordenanza regional que protege todas las cabeceras de cuenca, para garantizar la provisión de agua y otros recursos vitales para la población, una medida que le mereció un premio nacional al presidente regional.

El Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, en alianza con el Gobierno Regional de Loreto y otras organizaciones, están impulsando proyectos de conservación participativa de bosques con comunidades, bajo los principios del ‘uso del bosque en pie’ y ‘conservación productiva’, como alternativa al avance de la frontera agrícola y a la tala ilegal. Muchas comunidades indígenas, habitualmente reacias a las áreas protegidas, ahora recurren a ellas como un instrumento para conservar los recursos de los que depende su economía. Si se establecen incentivos para conservar los bosques a través del mercado de bonos de carbono -algo que todavía tomará un tiempo según lo que se ha visto en la cumbre de Cancún- es posible que se pueda todavía evitar la catástrofe.

Mientras tanto deben ser descartados todos esos descabellados proyectos de carreteras de penetración con sus desfasados “planes de colonización” y de expansión de la frontera agrícola en suelos pobres de tierra firme; también debe ser frenado todo proyecto de promoción de monocultivos en Amazonía a costa de bosques primarios. En su lugar debe promoverse actividades de aprovechamiento y agregación de valor a productos del bosque en pie por las propias comunidades amazónicas, al tiempo que deben ser recuperadas las áreas ya degradadas con proyectos de reforestación o cultivos permanentes con alta capacidad de captación de carbono y producción de humedad.

Los expertos coinciden en que la conservación y la recuperación del bosque es la mejor -y quizás a corto plazo la única- forma de mitigar el impacto del cambio climático en la Amazonía. El bosque se convierte en un tesoro demasiado valioso para dejar que intereses privados lo degraden o destruyan, por más que los cultivos lleven el falso sello verde de los “biocombustibles”. El Programa de Conservación de Bosques del MINAM debe ser una prioridad nacional, y debe tomarse medidas de emergencia para frenar de una vez por todas la deforestación y la degradación de los bosques. Si hay una esperanza de salvar la Amazonía es protegiendo celosa y decididamente el bosque, ahora.

Artículo del biólogo e investigador del IIAP José Álvarez,

Fuente: Cuarto Ambiente Iquitos 21.03.2011

Cambio Cultural y Urbanización En Amazonia

Enric Cassú Camps

La Amazonía es un misterio que se llena a medida que se describe, que crece cuanto más la conoces, que se desdobla sobre tus propios pasos sin agotar nunca sus caminos. Es una tierra poblada de mitos, cuentos e imágenes que desde adentro y desde afuera dibujan los contornos de una realidad siempre cambiante. Desde los relatos originarios de los pueblos indígenas hasta las banderas ecologistas de aficionados y expertos, se teje una vasta red de discursos que ficciona y al mismo tiempo transforma la fisonomía de sus paisajes. Se dice que es el pulmón del mundo, pero consume tanto oxígeno como produce, se dice que es una tierra fértil y abundante, pero sus suelos ácidos y arenosos dificultan la más mínima cosecha, se dice que la región es eminentemente rural, pero la mayoría de sus gentes se concentran en núcleos urbanos, se dice que es un enorme y homogéneo manto verde, pero su diversidad desborda las clasificaciones científicas, se dice que es una tierra salvaje e inexplorada, pero la historia de sus gentes cuenta por más de doce mil años. A pesar de su apariencia imperturbable, de la supuesta indiferencia de la selva y de sus pueblos frente a los cambios que acontecen en el mundo, la Amazonía vive en este tiempo y en este mundo nuestro de cambios fulgurantes.

El contacto entre mundos se tornó permanente. Los intercambios fluyen desde hace ya demasiado tiempo como para que sigamos pensando en esa tierra virgen y prístina de nuestros sueños redentores. Mucho sufrieron sus habitantes al son del progreso europeo y sus conquistas militares, religiosas y mercantiles. Y sin embargo, la historia de los pueblos amazónicos no se cuenta como una derrota. En el contexto de un tiempo marcado por la multiculturalidad y la democracia, siguen produciéndose discursos donde los indígenas son las víctimas del implacable paso del mundo de los blancos. Algunos argumentan la transición de los indígenas al mundo moderno como el inevitable proceso de globalización y de sus ventajas comparativas. Otros ponen de relieve la historia colonial para describir la sujeción de los pueblos indígenas al mundo occidental. Casi todos ven el paso del tiempo como el avance de un olvido de se extiende borrando las huellas de las culturas tradicionales. Casi todos, menos los propios implicados. Para la mayoría de pueblos indígenas no hay lugar para el lamento, para la mayoría, el pasado se cuenta como una narración desde el presente donde permanece solo aquello que permite la vida, que permite seguir viviendo, seguir tejiendo relaciones, seguir multiplicando su gente. Los pobladores amazónicos fueron desplazando sus aldeas desde el centro de la selva hasta las orillas de los ríos por donde circulaban otras gentes, otros objetos, otras ideas. Lo importante siempre fue apropiarse de lo ajeno para multiplicar lo propio. Y así sigue siendo. Encontramos en los barrios de ciudades amazónicas indígenas viviendo como viven los blancos. Y no obstante, ellos conocen dos mundos, y de ellos se sirven para el buen vivir. Asumen las categorías de la pobreza occidental para reclamar alcantarillados, carreteras, escuelas, etc., aunque en su poder está el vivir en la riqueza del que no necesita sino el bosque y los parientes para vivir. La ciudad ofrece un abanico de posibilidades de las que los indígenas no pueden ni quieren quedar al margen. El tránsito supone interrupciones, saltos y conflictos en el interior de cada grupo. Cada generación aprende lo que su contexto reclama, en cada generación se repite el difícil diálogo con sus ancianos, cada generación transforma lo viejo en nuevo. Y así como los cambios son inciertos, el tiempo no se detiene. Se difumina la distancia entre lo tradicional y lo moderno a favor de una nueva articulación entre necesidades y expectativas de la que depende, no la supervivencia de su cultura, sino la calidad de sus vidas. Los indígenas urbanos viven, más que nadie, la necesidad de agenciar mundos diversos.

Igual que los españoles y portugueses de más de dos siglos creían que los indios no poseían alma, los antiguos mitos nativos incorporaron a los blancos por debajo la categoría de gente. E igual que la cultura occidental se transformó, bajo los estandartes de la razón y el progreso, los mitos indígenas se transformaron para situar a los hombres no-indios como sus iguales. Es así como los indígenas pueden hoy hablar con lo extraño, como pueden tender puentes para aprovechar las riquezas de ambos mundos.

Nota
Enric Cassú es catalán y magíster en Estudios Amazónicos.

@  Proyecto The Urban Indigenous. Colombia.