Reflexiones, artículos, ensayos amazónicos

El movimiento indígena. Notas a propósito de los Kechua-Lamas, ¿qué sigue a lo de Bagua 2009?

Por Grimaldo Rengifo Vásquez, Waman Wasi Lamas

Este artículo breve surgió a raíz de conversaciones con el equipo de la ONG Waman Wasi, para analizar el movimiento indígena local, luego de que en Junio 6, se produjeran el enfrentamiento de los Awajun y Wambis con las fuerzas policiales con los resultados aciagos que todos conocemos. El movimiento indígena recibió la solidaridad nunca antes vista de organizaciones regionales, nacionales como internacionales durante y después del período de lucha, y su presencia colocó en el escenario político nacional el tema de la pluralidad étnica y nuestro destino como nación en ciernes. De facto, lo sucedido marca un nuevo hito en las relaciones: estado-poblaciones indígenas.
Lo que está ocurriendo ahora y luego de los acontecimientos es un período de esclarecimiento de lo pasado, entre ellos el pedido para el nombramiento de una comisión que evaluase el número real de desaparecidos durante el conflicto, el cese de las persecuciones contra líderes indígenas y la derogación del conjunto de decretos leyes que amenazan el territorio indígena[1]. En este contexto ha sido de interés en la institución realizar una evaluación de las actividades realizadas por el movimiento indígena y en particular el papel que en ella han jugado las comunidades indígenas quechua-lamas y las instituciones académicas, ONGs, gobierno regional y Estado.

Para Waman Wasi lo que hicieron los quechua-lamas en este período –en particular la toma de la carretera Fernando Belaúnde los días 7 al 15 de mayo- fueron movilizaciones en apoyo al movimiento indígena nacional y bloqueos de carreteras, que a pesar de haber sido realizadas sin mayor orden y coordinación por la actitud poco dialogante de su doble dirigencia, mostraron empero una presencia política indígena decidida nunca antes vista en la región. Estas acciones, vale decir, se hicieron sin que hubiera mayor esclarecimiento sobre los contenidos de las leyes cuya derogatoria se solicitaba; y sin que sus demandas locales estuviesen en la orden del día y fueran puntos de las negociaciones con las autoridades regionales[2].

Se podía observar esos días en las comunidades que la gente indígena no entendía de los vericuetos legales que por cierto ni la Defensoría del Pueblo, ni el congresista Victor Andrés Belaunde, especialistas en el tema, hayan podido desentrañar en el sentido de saber en qué y donde radica el problema que todos dicen: que con estas leyes se abre el camino para el despojo de las tierras de los indígenas.

Sin embargo el argumento reconocido por todos , Althaus incluido, ha sido éste: “que dichas leyes –o decretos-leyes- han violado el principio consagrado en la norma 169 de la OIT y que el Perú ha suscrito en el año 1993 -Resolución Legislativa No. 26253- convirtiendo a dicha norma en vinculante, que no es otro que el denominado Consentimiento Previo Libre y Informado (CPLI), en breve, si va a emitirse una norma que tenga que ver con pueblos indígenas ésta debe ser consultada, lo que ciertamente no ha sucedido, independiente de la bondad o no de dichas leyes para con estos pueblos.

La gente indígena se ha movilizado porque presienten que con dichas leyes la integridad de su territorio podría verse amenazado sin que en su análisis hayan mayores desarrollos argumentales de carácter jurídico (Las abuelas quechuas decían y con una percepción certera: “Alan nos quiere quitar nuestras tierras”).

Con anterioridad –el año 2008- se movilizaron porque en uno de esos decretos leyes se consideraba que bastaba la mitad más uno de los presentes para emitir un fallo a favor o en contra de contratos con empresas o terceros que quisieran explotar recursos en sus tierras. O sea que había antecedentes legales en esa andanada de decretos que emitió el Ejecutivo que podrían afectar la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Pero también por un contexto social complejo - que no sólo tiene que ver con la bravuconada de García de considerarlos “perros del hortelano” que sonó a todos como una declaratoria de guerra insensata y abierta contra los indígenas- impulsado por los cambios demográficos habidos en estos últimos 50 años en la ocupación del territorio amazónico. Sólo para citar el caso de San Martín, y que es el caso también del departamento o región de Amazonas: el 50% o más de sus habitantes son migrantes mayormente de procedencia andina. Existen tierras, petróleo, maderas, biodiversidad, minerales y agua, en estas zonas que se han puesto en concesión a terceros desde ya hace unas décadas. Basta ver el mapa de concesiones petroleras y mineras en la zona para observar la magnitud de tal propósito.

A raíz de esta situación mucha de la propiedad de territorios que antaño eran zonas de acceso libre y de usufructo de las comunidades indígenas se han convertido en parcelas agropecuarias en manos de migrantes andinos, de empresas forestales y agroindustriales –como el caso de las tierras en manos del Grupo Romero- y de corporaciones petroleras. La situación territorial ha llegado a un límite que está asfixiando a las comunidades que no tienen ya zonas donde desarrollar su vida. Los quechua-lamas, en algunas comunidades, son ahora obreros de las fincas cafetaleras de las migrantes, y en muchas de ellas ha descendido tal la ausencia de proteínas que daba el bosque y el agua que existen familias con TBC.

En estas condiciones a las comunidades indígenas no les queda sino otro camino que el de defender lo que tienen o desaparecer como pueblo. Las decretos-leyes dadas por el Ejecutivo en el 2007 para conciliar la normativa nacional al TLC con USA, coloca el territorio amazónico y de los indígenas en la mira de la explotación desmesurada de corporaciones transnacionales. El adjetivo codicia resulta corto cuando se observa el pasivo ecológico dejado por la explotación habida en estas últimas décadas por empresas petroleras y mineras, se trata de una historia de devastación de la biodiversidad nunca antes vista, y que en esta era de calentamiento global es inadmisible.

Luego de los sucesos de Bagua que marcan un antes y un después, la pregunta o tema del diálogo en las instituciones y organizaciones indígenas es: ¿que sigue?. Lo que tenemos ahora es miedo que ha despertado la represión policial y que ha hecho encoger los ánimos de las comunidades nativas respecto de cualquier reclamo. La gente está en la chacra, conversando y comentado sobre la lucha pasada y matizando los diálogos con la siembra de sus productos. Se puede decir que se está en una etapa de reflexión pausada en las comunidades y dirigencias indígenas, a pesar que muchos de sus dirigentes están en el apuro de asistir a eventos nacionales que dirigencias alternativas a la AIDESEP organizan con el apoyo de empresas y gobierno para motivarlos a aceptar el dulce de la inversión privada.

En estas condiciones Waman Wasi considera que lo plausible y deseable es acompañar este proceso en 2 sentidos: en el debate sobre la agenda local y las relaciones con el gobierno regional, aspectos que no han sido todavía resueltos; y la reflexión sobre la agenda nacional y el tema del CPLI estipulada en la 169, por cuya aplicación los pueblos se han levantado.

La agenda local no es poca cosa: reconocimiento oficial de 120 comunidades; recuperación de territorios que ahora están en manos de terceros y como áreas de conservación regional; elaboración y financiamiento de los planes de desarrollo sustentable: educación y salud intercultural, biodiversidad, créditos, agroindustria rural, etc. y una institucionalidad regional que canalice las solicitudes de los ppii. Esta agenda no va a ser sencilla de resolver. De hecho el gobierno regional se muestra renuente con el tema central de la agenda: el reconocimiento de comunidades y la demanda por la recuperación de tierras ahora áreas de conservación regional. Estas áreas y parques, no olvidemos, fueron constituidas al margen de consultas con la población indígena, o sea en la constitución de estas áreas y parques se violo la 169. Es probable que en una acción futura estos decretos de constitución de parques promulgados cuando ya el Perú había firmado la 169 tendrán que ser revisados.

Parece que el Gobierno Regional intuye que puede trastabillar en la defensa de estas leyes frente a una demanda de inconstitucionalidad que las comunidades puedan plantear al Tribunal Constitucional (TC). No olvidemos que el TC falló a favor de las comunidades en el caso de la demanda presentada contra la petrolera OXY, (Causa No. 03343-2007-PA/TC, Caso Cordillera Escalera) justamente, y por ello fue histórico, porque no se consideró de modo adecuado la aplicación de la 169.

Se señala en este fallo claramente que las petroleras y el estado no consultaron a la población. Curiosamente, en este fallo arbitral el TC no consideró u obvió la existencia del Plan Maestro del Area de Conservación Cordillera Escalera aprobado por el gobierno regional y nacional. Parece que esta omisión no es gratuita. Si el fallo hubiera considerado al Plan Maestro como un instrumento legal aprobado no podría haber emitido el dictamen a favor de la suspensión de toda actividad petrolera en el área. Tanto el PM como la explotación petrolera han pasado por alto la 169, tanto es así que el TC considera que el PM debería elaborarse.

Ahora una probable acción futura es la elaboración de otro PM, escenario en el que las comunidades indígenas tendrían que intervenir haciendo justicia a la 169 porque el Area de Conservación Regional Cordillera Escalera, el mismo Parque Cordillera Azul, y hasta el de Río Abiseo, por no hablar sobre el Municipal de Picota, están dentro de territorios indígenas. Este tema puede presentar nuevos precedentes en la lucha de los pueblos indígenas y requiere del Gobierno Regional un estudio y una negociación cuidadosa.

La agenda nacional es corolario de la agenda regional, la nutre y es nutrida. De ahora en adelante toda inversión en la selva tiene que ser consultada a las organizaciones indígenas. Eso es lo que ha cambiado luego de “Bagua Junio 2009”. Ha puesto en cuestión no sólo todo lo por hacer sino lo hecho sin consulta, es decir los acuerdos con empresas y estado a partir de 1993 año en que el Perú ratifica su adhesión a la 169, acuerdos en los que se ha obviado la consulta a las organizaciones indígenas.

Pero algo más, al lado del reconocimiento de unas 277 comunidades nativas en el país que es de una urgencia impostergable, lo sucedido pone en cuestión dos comprensiones del territorio y dos cosmovisiones: uno del territorio como un mundo vivo y otro del territorio como mecanismo, y con ello, la 169, coloca en revisión la privatización de lo poco que queda de bienes comunes en el planeta. Para los indígenas el territorio es vivo y persona y no se imaginan propiedad sobre éste que no sea de usufructo y cuidado de lo que hay en él, sea de lo que existe del suelo para arriba o para abajo. De allí la reacción de las abuelas cuando escuchan alarmadas la subasta de las tierras amazónicas. ¿A dónde vamos a ir? claman.

Para el estado, las corporaciones, ongs, e instituciones, la naturaleza es un recurso, un objeto que puede enajenarse y por tanto un bien transable. Esto implica probablemente dos ideas de derecho y jurisprudencia sobre la tierra sobre los cuáles nos imaginamos habrá debate en el país en estos próximos años, y que esperamos ponga en cuestión las extensiones territoriales ya privatizadas, y sobre lo potencialmente privatizable.

Aquí se va a jugar además la comprensión del Perú como país pluricultural que está como pilar básico en la Constitución de la Nación. O se aceptan diversidad de cosmovisiones,- de aquello que se llama identidades- o como quieren y piensan liberales y marxistas, que los indígenas deben de evolucionar pues son el peldaño básico del desarrollo de las sociedades, un escalón que Marx llamaba: comunidades primitivas, un estadio del progreso humano destinado a desaparecer en la era del desarrollo industrial para convertirse sea en sociedades comunistas, o democracias liberales, según el libreto político de moda, un proceso al que inevitablemente deben de llegar mediante la aplicación de las recetas del desarrollo y de la tecnología moderna.

Las opciones regionales y en el país van por: o posibilitar un país diverso con modos diferentes de entender el “buen vivir”, y de lo que es “buen gobierno”, o se inculca la construcción de “Un mundo” en el contexto de proceso de globalización en curso, como bien lo ha analizado Sachs en el “Diccionario del Desarrollo”. El Perú con Bagua empezó a despertar en el conocimiento de una realidad que la colonización ha negado: la existencia de la diversidad. Existe pues una agenda sugerente, compleja y de largo aliento a conversar con las comunidades indígenas, sus dirigentes, las organizaciones de jóvenes, mujeres, y con las escuelas interculturales.

Notas

[1] Como indican algunas instituciones, queda pendiente la derogatoria de los decretos restantes: 994, 1020, 1080, 1081, 1089, 1083, 1060 y 995, pues como se señala en uno de los pronunciamientos los Decretos Legislativos 994, 1089 y 1020 promueven “de formas diversas la parcelación y eliminación de la propiedad colectiva”. En: Arroyo, P. “Balance preliminar del conflicto amazónico”. Instituto Bartolomé de las Casas. Lima, Junio, 25, 2009.

[2] Estas demandas fueron: * Respeto y aplicación de la Ley de Comunidades Nativas No 22175 y su respectivo Reglamento No 003-79-AA, de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM), sobre el tema de reconocimiento de comunidades nativas y del territorio. El Convenio 169 de la OIT y la declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.* Titulación de los Territorios Ancestrales de las Comunidades Nativas y pueblos indígenas en el área de Conservación Regional Cordillera Escalera, área de conservación municipal Picota, parque nacional Cordillera Azul.* Aplicación y reglamentación del debido proceso de la justicia comunitaria por parte del sistema judicial para las poblaciones de Comunidades Nativas e indígenas de nuestra Región: Caso Comunidad Nativa el Naranjal. * Suspensión de cualquier derecho adquirido por concesiones de hidrocarburos, mineros, turísticos y forestales, sobre los territorios de las comunidades nativas y territorios ancestrales, caso lote 103, lote 125, minera Rock White en la Provincia el Dorado y Lamas.* Revertir las instituciones educativas monolingües a bilingües en las comunidades nativas y con poblaciones indígenas mayoritarias, tanto con personal idóneo, la misma desde la perspectiva intercultural.

(En vez de atender estas demandas, las autoridades regionales de modo hábil promovieron la idea de que las organizaciones indígenas deberían recolectar 45,000 firmas para derogar los decretos leyes, esta posición aceptada por las dirigencias indígenas locales, se mostró inútil pues la solución al tema era de orden político y no lega como después se mostró).

Julio 2009.