El movimiento indígena. Notas a propósito de los Kechua-Lamas, ¿qué sigue a lo de Bagua 2009?

Por Grimaldo Rengifo Vásquez, Waman Wasi Lamas

Este artículo breve surgió a raíz de conversaciones con el equipo de la ONG Waman Wasi, para analizar el movimiento indígena local, luego de que en Junio 6, se produjeran el enfrentamiento de los Awajun y Wambis con las fuerzas policiales con los resultados aciagos que todos conocemos. El movimiento indígena recibió la solidaridad nunca antes vista de organizaciones regionales, nacionales como internacionales durante y después del período de lucha, y su presencia colocó en el escenario político nacional el tema de la pluralidad étnica y nuestro destino como nación en ciernes. De facto, lo sucedido marca un nuevo hito en las relaciones: estado-poblaciones indígenas.
Lo que está ocurriendo ahora y luego de los acontecimientos es un período de esclarecimiento de lo pasado, entre ellos el pedido para el nombramiento de una comisión que evaluase el número real de desaparecidos durante el conflicto, el cese de las persecuciones contra líderes indígenas y la derogación del conjunto de decretos leyes que amenazan el territorio indígena[1]. En este contexto ha sido de interés en la institución realizar una evaluación de las actividades realizadas por el movimiento indígena y en particular el papel que en ella han jugado las comunidades indígenas quechua-lamas y las instituciones académicas, ONGs, gobierno regional y Estado.

Para Waman Wasi lo que hicieron los quechua-lamas en este período –en particular la toma de la carretera Fernando Belaúnde los días 7 al 15 de mayo- fueron movilizaciones en apoyo al movimiento indígena nacional y bloqueos de carreteras, que a pesar de haber sido realizadas sin mayor orden y coordinación por la actitud poco dialogante de su doble dirigencia, mostraron empero una presencia política indígena decidida nunca antes vista en la región. Estas acciones, vale decir, se hicieron sin que hubiera mayor esclarecimiento sobre los contenidos de las leyes cuya derogatoria se solicitaba; y sin que sus demandas locales estuviesen en la orden del día y fueran puntos de las negociaciones con las autoridades regionales[2].

Se podía observar esos días en las comunidades que la gente indígena no entendía de los vericuetos legales que por cierto ni la Defensoría del Pueblo, ni el congresista Victor Andrés Belaunde, especialistas en el tema, hayan podido desentrañar en el sentido de saber en qué y donde radica el problema que todos dicen: que con estas leyes se abre el camino para el despojo de las tierras de los indígenas.

Sin embargo el argumento reconocido por todos , Althaus incluido, ha sido éste: “que dichas leyes –o decretos-leyes- han violado el principio consagrado en la norma 169 de la OIT y que el Perú ha suscrito en el año 1993 -Resolución Legislativa No. 26253- convirtiendo a dicha norma en vinculante, que no es otro que el denominado Consentimiento Previo Libre y Informado (CPLI), en breve, si va a emitirse una norma que tenga que ver con pueblos indígenas ésta debe ser consultada, lo que ciertamente no ha sucedido, independiente de la bondad o no de dichas leyes para con estos pueblos.

La gente indígena se ha movilizado porque presienten que con dichas leyes la integridad de su territorio podría verse amenazado sin que en su análisis hayan mayores desarrollos argumentales de carácter jurídico (Las abuelas quechuas decían y con una percepción certera: “Alan nos quiere quitar nuestras tierras”).

Con anterioridad –el año 2008- se movilizaron porque en uno de esos decretos leyes se consideraba que bastaba la mitad más uno de los presentes para emitir un fallo a favor o en contra de contratos con empresas o terceros que quisieran explotar recursos en sus tierras. O sea que había antecedentes legales en esa andanada de decretos que emitió el Ejecutivo que podrían afectar la vida de los pueblos indígenas de la Amazonía.

Pero también por un contexto social complejo - que no sólo tiene que ver con la bravuconada de García de considerarlos “perros del hortelano” que sonó a todos como una declaratoria de guerra insensata y abierta contra los indígenas- impulsado por los cambios demográficos habidos en estos últimos 50 años en la ocupación del territorio amazónico. Sólo para citar el caso de San Martín, y que es el caso también del departamento o región de Amazonas: el 50% o más de sus habitantes son migrantes mayormente de procedencia andina. Existen tierras, petróleo, maderas, biodiversidad, minerales y agua, en estas zonas que se han puesto en concesión a terceros desde ya hace unas décadas. Basta ver el mapa de concesiones petroleras y mineras en la zona para observar la magnitud de tal propósito.

A raíz de esta situación mucha de la propiedad de territorios que antaño eran zonas de acceso libre y de usufructo de las comunidades indígenas se han convertido en parcelas agropecuarias en manos de migrantes andinos, de empresas forestales y agroindustriales –como el caso de las tierras en manos del Grupo Romero- y de corporaciones petroleras. La situación territorial ha llegado a un límite que está asfixiando a las comunidades que no tienen ya zonas donde desarrollar su vida. Los quechua-lamas, en algunas comunidades, son ahora obreros de las fincas cafetaleras de las migrantes, y en muchas de ellas ha descendido tal la ausencia de proteínas que daba el bosque y el agua que existen familias con TBC.

En estas condiciones a las comunidades indígenas no les queda sino otro camino que el de defender lo que tienen o desaparecer como pueblo. Las decretos-leyes dadas por el Ejecutivo en el 2007 para conciliar la normativa nacional al TLC con USA, coloca el territorio amazónico y de los indígenas en la mira de la explotación desmesurada de corporaciones transnacionales. El adjetivo codicia resulta corto cuando se observa el pasivo ecológico dejado por la explotación habida en estas últimas décadas por empresas petroleras y mineras, se trata de una historia de devastación de la biodiversidad nunca antes vista, y que en esta era de calentamiento global es inadmisible.

Luego de los sucesos de Bagua que marcan un antes y un después, la pregunta o tema del diálogo en las instituciones y organizaciones indígenas es: ¿que sigue?. Lo que tenemos ahora es miedo que ha despertado la represión policial y que ha hecho encoger los ánimos de las comunidades nativas respecto de cualquier reclamo. La gente está en la chacra, conversando y comentado sobre la lucha pasada y matizando los diálogos con la siembra de sus productos. Se puede decir que se está en una etapa de reflexión pausada en las comunidades y dirigencias indígenas, a pesar que muchos de sus dirigentes están en el apuro de asistir a eventos nacionales que dirigencias alternativas a la AIDESEP organizan con el apoyo de empresas y gobierno para motivarlos a aceptar el dulce de la inversión privada.

En estas condiciones Waman Wasi considera que lo plausible y deseable es acompañar este proceso en 2 sentidos: en el debate sobre la agenda local y las relaciones con el gobierno regional, aspectos que no han sido todavía resueltos; y la reflexión sobre la agenda nacional y el tema del CPLI estipulada en la 169, por cuya aplicación los pueblos se han levantado.

La agenda local no es poca cosa: reconocimiento oficial de 120 comunidades; recuperación de territorios que ahora están en manos de terceros y como áreas de conservación regional; elaboración y financiamiento de los planes de desarrollo sustentable: educación y salud intercultural, biodiversidad, créditos, agroindustria rural, etc. y una institucionalidad regional que canalice las solicitudes de los ppii. Esta agenda no va a ser sencilla de resolver. De hecho el gobierno regional se muestra renuente con el tema central de la agenda: el reconocimiento de comunidades y la demanda por la recuperación de tierras ahora áreas de conservación regional. Estas áreas y parques, no olvidemos, fueron constituidas al margen de consultas con la población indígena, o sea en la constitución de estas áreas y parques se violo la 169. Es probable que en una acción futura estos decretos de constitución de parques promulgados cuando ya el Perú había firmado la 169 tendrán que ser revisados.

Parece que el Gobierno Regional intuye que puede trastabillar en la defensa de estas leyes frente a una demanda de inconstitucionalidad que las comunidades puedan plantear al Tribunal Constitucional (TC). No olvidemos que el TC falló a favor de las comunidades en el caso de la demanda presentada contra la petrolera OXY, (Causa No. 03343-2007-PA/TC, Caso Cordillera Escalera) justamente, y por ello fue histórico, porque no se consideró de modo adecuado la aplicación de la 169.

Se señala en este fallo claramente que las petroleras y el estado no consultaron a la población. Curiosamente, en este fallo arbitral el TC no consideró u obvió la existencia del Plan Maestro del Area de Conservación Cordillera Escalera aprobado por el gobierno regional y nacional. Parece que esta omisión no es gratuita. Si el fallo hubiera considerado al Plan Maestro como un instrumento legal aprobado no podría haber emitido el dictamen a favor de la suspensión de toda actividad petrolera en el área. Tanto el PM como la explotación petrolera han pasado por alto la 169, tanto es así que el TC considera que el PM debería elaborarse.

Ahora una probable acción futura es la elaboración de otro PM, escenario en el que las comunidades indígenas tendrían que intervenir haciendo justicia a la 169 porque el Area de Conservación Regional Cordillera Escalera, el mismo Parque Cordillera Azul, y hasta el de Río Abiseo, por no hablar sobre el Municipal de Picota, están dentro de territorios indígenas. Este tema puede presentar nuevos precedentes en la lucha de los pueblos indígenas y requiere del Gobierno Regional un estudio y una negociación cuidadosa.

La agenda nacional es corolario de la agenda regional, la nutre y es nutrida. De ahora en adelante toda inversión en la selva tiene que ser consultada a las organizaciones indígenas. Eso es lo que ha cambiado luego de “Bagua Junio 2009”. Ha puesto en cuestión no sólo todo lo por hacer sino lo hecho sin consulta, es decir los acuerdos con empresas y estado a partir de 1993 año en que el Perú ratifica su adhesión a la 169, acuerdos en los que se ha obviado la consulta a las organizaciones indígenas.

Pero algo más, al lado del reconocimiento de unas 277 comunidades nativas en el país que es de una urgencia impostergable, lo sucedido pone en cuestión dos comprensiones del territorio y dos cosmovisiones: uno del territorio como un mundo vivo y otro del territorio como mecanismo, y con ello, la 169, coloca en revisión la privatización de lo poco que queda de bienes comunes en el planeta. Para los indígenas el territorio es vivo y persona y no se imaginan propiedad sobre éste que no sea de usufructo y cuidado de lo que hay en él, sea de lo que existe del suelo para arriba o para abajo. De allí la reacción de las abuelas cuando escuchan alarmadas la subasta de las tierras amazónicas. ¿A dónde vamos a ir? claman.

Para el estado, las corporaciones, ongs, e instituciones, la naturaleza es un recurso, un objeto que puede enajenarse y por tanto un bien transable. Esto implica probablemente dos ideas de derecho y jurisprudencia sobre la tierra sobre los cuáles nos imaginamos habrá debate en el país en estos próximos años, y que esperamos ponga en cuestión las extensiones territoriales ya privatizadas, y sobre lo potencialmente privatizable.

Aquí se va a jugar además la comprensión del Perú como país pluricultural que está como pilar básico en la Constitución de la Nación. O se aceptan diversidad de cosmovisiones,- de aquello que se llama identidades- o como quieren y piensan liberales y marxistas, que los indígenas deben de evolucionar pues son el peldaño básico del desarrollo de las sociedades, un escalón que Marx llamaba: comunidades primitivas, un estadio del progreso humano destinado a desaparecer en la era del desarrollo industrial para convertirse sea en sociedades comunistas, o democracias liberales, según el libreto político de moda, un proceso al que inevitablemente deben de llegar mediante la aplicación de las recetas del desarrollo y de la tecnología moderna.

Las opciones regionales y en el país van por: o posibilitar un país diverso con modos diferentes de entender el “buen vivir”, y de lo que es “buen gobierno”, o se inculca la construcción de “Un mundo” en el contexto de proceso de globalización en curso, como bien lo ha analizado Sachs en el “Diccionario del Desarrollo”. El Perú con Bagua empezó a despertar en el conocimiento de una realidad que la colonización ha negado: la existencia de la diversidad. Existe pues una agenda sugerente, compleja y de largo aliento a conversar con las comunidades indígenas, sus dirigentes, las organizaciones de jóvenes, mujeres, y con las escuelas interculturales.

Notas

[1] Como indican algunas instituciones, queda pendiente la derogatoria de los decretos restantes: 994, 1020, 1080, 1081, 1089, 1083, 1060 y 995, pues como se señala en uno de los pronunciamientos los Decretos Legislativos 994, 1089 y 1020 promueven “de formas diversas la parcelación y eliminación de la propiedad colectiva”. En: Arroyo, P. “Balance preliminar del conflicto amazónico”. Instituto Bartolomé de las Casas. Lima, Junio, 25, 2009.

[2] Estas demandas fueron: * Respeto y aplicación de la Ley de Comunidades Nativas No 22175 y su respectivo Reglamento No 003-79-AA, de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín (DRASAM), sobre el tema de reconocimiento de comunidades nativas y del territorio. El Convenio 169 de la OIT y la declaración de la Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.* Titulación de los Territorios Ancestrales de las Comunidades Nativas y pueblos indígenas en el área de Conservación Regional Cordillera Escalera, área de conservación municipal Picota, parque nacional Cordillera Azul.* Aplicación y reglamentación del debido proceso de la justicia comunitaria por parte del sistema judicial para las poblaciones de Comunidades Nativas e indígenas de nuestra Región: Caso Comunidad Nativa el Naranjal. * Suspensión de cualquier derecho adquirido por concesiones de hidrocarburos, mineros, turísticos y forestales, sobre los territorios de las comunidades nativas y territorios ancestrales, caso lote 103, lote 125, minera Rock White en la Provincia el Dorado y Lamas.* Revertir las instituciones educativas monolingües a bilingües en las comunidades nativas y con poblaciones indígenas mayoritarias, tanto con personal idóneo, la misma desde la perspectiva intercultural.

(En vez de atender estas demandas, las autoridades regionales de modo hábil promovieron la idea de que las organizaciones indígenas deberían recolectar 45,000 firmas para derogar los decretos leyes, esta posición aceptada por las dirigencias indígenas locales, se mostró inútil pues la solución al tema era de orden político y no lega como después se mostró).

Julio 2009.

¿Realmente son pobres los indígenas amazónicos?

José Álvarez Alonso

Aunque los indígenas sufren problemas crecientes de escasez de recursos debido a la degradación del hábitat, en justicia no se los puede catalogar de pobres, pues disfrutan de una relativamente buena calidad de vida.A raíz de la protesta indígena y de los sangrientos sucesos de Bagua, todo el mundo habla hoy de los pueblos indígenas, de su desarrollo y de su vida. Quien más quien menos pontifica sobre lo que es o debe ser bueno para la Amazonía y para los indígenas, que algunos han calificado -de la forma más racista y etnocéntrica- poco menos que como salvajes desarrapados. Los más benevolentes los han calificado de pobres de misericordia, casi mendigos dignos de compasión. Ambas son visiones sesgadas e ideologizadas -y por tanto esencialmente falsas- de la realidad indígena.

En estas últimas semanas he tenido oportunidad de participar, como relator, en la mesa que justamente está trabajando el plan de desarrollo concertado para los pueblos indígenas amazónicos, en el marco del Grupo Nacional de diálogo instituido por el Gobierno y las organizaciones indígenas. Las largas horas de trabajo e interacción con dirigentes de todos los rincones de la Amazonía peruana, junto con los muchos años que llevo visitando comunidades amazónicas, me han permitido percibir, en cierto modo, lo que piensan algunos indígenas sobre su problemática, sobre sus aspiraciones de desarrollo, y sobre el reciente conflicto, que por cierto no es sólo con el Gobierno actual, sino con un modelo económico, un modo de vida y un progreso que no consideran suyos.

No cabe duda de que, de acuerdo con los estándares y criterios economicistas de las sociedades capitalistas, los pueblos indígenas están dentro de la categoría de pobres e incluso pobres extremos, porque sus ingresos no suelen superar el dólar diario per cápita. Sin embargo, esta categorización sólo tiene en cuenta ingresos económicos y el acceso a servicios considerados básicos por la civilización occidental (como agua potable, luz eléctrica, salud, educación escolarizada).

Es necesario, no obstante, ver su realidad desde otra perspectiva. En el entorno en el que vivieron por milenios, los indígenas tenían todas las necesidades básicas satisfechas (y la luz eléctrica no era necesaria porque aprovechaban eficientemente las horas de luz): agua limpia a discreción, salud y educación indígenas, adecuadas a su realidad, alimentos y otros recursos básicos en abundancia, un entorno natural y social acogedor e inclusivo y, sobre todo, libertad, ese privilegio del que carecen hasta los que se consideran más ricos y afortunados en las sociedades occidentales.

Todo esto es mucho decir, si lo comparamos con el nivel de acceso a bienes y servicios de un típico “pobre” de un barrio urbano, y sobre todo si lo comparamos con la realidad del entorno social y ambiental de los indígenas. Aunque las sociedades amazónicas están cambiando radicalmente en las últimas décadas, con la paulatina integración a la economía de mercado y a la sociedad nacional, el crecimiento de la población y la presión creciente sobre sus recursos naturales, se puede decir que es totalmente injusto calificar a los indígenas como pobres; tan injusto como lo es calificarlos de ignorantes, porque en conocimientos sobre su entorno y habilidades para manejarlo son auténticos sabios.

“Calidad de vida” versus “nivel de vida”

Si se valorase a las sociedades indígenas no en términos de “nivel de vida” (valorado por el acceso a los bienes y servicios occidentales) sino en términos de “calidad de vida”, es decir, de acuerdo con estándares de lo que las sociedades indígenas consideran como satisfactorio para ellos, en concordancia con las necesidades y aspiraciones que ellos mismos juzgan como prioritarias, seguramente tendríamos que reconocer que, en realidad, son bastante ricos, al menos en comparación con algunos sectores urbanos o urbano marginales.

Viene a cuento de esto la experiencia de Andrés Nuningo indígena Wampis que llegó a ser Presidente del Consejo Aguaruna y Huambisa y, luego, Alcalde del Municipio de Río Santiago, en la Región Amazonas. En uno de sus viajes a Lima fotografió a algunas personas obligadas por la miseria a buscar comida en los basurales. Con estas fotos advirtió a sus paisanos: “Miren el desarrollo. Este era antes un comunero”.

Nuningo describe una interesante visión del desarrollo desde la perspectiva indígena, a raíz de ciertos cambios que sufrió su comunidad:

“En mi tierra yo me levantaba tranquilo por la mañana. No
tenía que preocuparme de ropa porque mi casa estaba aislada, rodeada de mis
chacras y del monte. Con toda paz me quedaba mirando la naturaleza inmensa del
río Santiago, mientras mi señora preparaba el fuego. Me refrescaba en el río y
salía con la canoa a dar una vuelta para traer algunos cunchis o tarrafear unas
mojarras, todavía con las primeras luces. Sin preocuparme de la hora, regresaba.
Mi señora me recibía contenta; preparaba los pescados y me daba mi cuñushca,
mientras me calentaba junto al fuego. Conversábamos mi señora, mis hijos y yo
hasta que la conversación se acababa. Después ella se iba a la chacra y yo, con
mi hijo varón, al monte.

Andando por el monte enseñaba a mi hijo cómo es la
naturaleza, nuestra historia, todo según mi gusto y las enseñanzas de nuestros
antepasados. Cazábamos y regresábamos contentos con la carne del monte. Mi
señora me recibía feliz, recién bañada y peinada, con su tarache nuevo. Comíamos
hasta quedar satisfechos. Si quería descansaba, si no visitaba a los vecinos y
hacía mis artesanías; luego llegaban mis parientes y tomábamos masato,
contábamos anécdotas y, si la cosa se ponía bien, terminábamos bailando toda la
noche.

Ahora, con el desarrollo, la cosa cambia. Hay horas por la
mañana para el trabajo. Trabajamos los cultivos de arroz hasta tarde y volvemos
a la casa sin nada. La señora, tremenda cara larga; con las justas me pone un
plato de yuca con sal. Casi no hablamos. Mi hijo va a la escuela a que le
enseñen cosas de Lima. Luego de cosechar, son mil peleas para cobrar una
miseria. Todo va para el camionero y para los comerciantes.Apenas llevo a mi
casa unas latitas de atún, unos fideos y, lo peor, es que con esta clase de
agricultura se nos va terminando el terreno comunal y pronto no quedará nada. Ya
veo a todos mis paisanos rebuscando en los basurales de Lima”.

A algunos les sonará conocido ese modelo de desarrollo de monocultivos y demás negocios que ciertos desarrollistas quieren impulsar en la selva para llevar el progreso a los atrasados indígenas… Con el agravante de que su modelo incluye a los grandes inversionistas, para los que un día terminarían por trabajar como peones los hoy autónomos indígenas. Ese “desarrollo” es, precisamente, el que combatieron los indígenas en sus sonadas protestas de los meses pasados.

Cuestión de perspectiva

Sé que algunos sacarán la cantaleta de que “si tan bien crees que viven, por qué no vas a vivir con ellos”. Bueno, la verdad es que he vivido cinco años entre indígenas, en los ríos Tigre y Corrientes, cerca de la frontera con Ecuador, y en las dos últimas décadas he tenido la oportunidad de convivir por periodos cortos, y visitar, a cientos de comunidades amazónicas, indígenas y ribereñas. Sin embargo, reconozco que no me he acostumbrado a la vida en la selva, porque siendo un hijo de la sociedad occidental, no puedo dejar de echar de menos ciertas comodidades a las que uno se acostumbra, de niño o de viejo: luz eléctrica, agua corriente, refrigeradora, internet, ciertos antojos alimenticios… Del mismo modo que mis amigos indígenas echan de menos su masato, su inguiri y su pango cuando vienen a Lima, y por supuesto, el verdor y la paz de la selva (me lo han dicho varios de ellos).

Lo que para un citadino parecería insoportable o súper incómodo, no lo es para quienes viven acostumbrados a ello: tener que bañarse o lavar la ropa en el río todos los días, cargar el agua de la quebrada para cocinar, despertarse con el alba para aprovechar la luz del día, hacer las “necesidades” en el monte, o andar matando zancudos o tábanos a cada rato, puede parecer penoso para un citadino, pero en absoluto lo es para quienes viven así desde tiempos inmemoriales. Más bien, para un indígena resultaría insoportable tener que pasar todos los días dos o tres horas en un micro o en un carro, escuchando bulla, oliendo el humor de gentes extrañas, y respirando aire contaminado; o trabajar ocho horas seguidas con un jefe gritón en un trabajo monótono y alienante…Para algunos puede resultar casi incomprensible que haya gente que prefiera vivir en la selva así. Por supuesto que los indígenas aspiran a tener ciertas comodidades y adelantos del desarrollo (como luz eléctrica y televisión, agua potable), pero pienso que no lo quieren a toda costa, ni quieren el falso desarrollo del consumismo barato, el de la sociedad neoliberal; la mayoría ama su libertad, su modo de vida, acorde con su cosmovisión, como suelen decir ahora, y no estarían dispuestos renunciar a ello por tener lo que otros consideran comodidades básicas, que para ellos no lo son tanto.

En un reciente artículo en El Comercio, el escribidor-analista Vargas Llosa parece tener esa visión del citadino para el que es incomprensible que alguien prefiera seguir comiendo pescado asado o pucacunga en su chacra sin luz, en vez de pollo de granja y grated de sardinas en una ciudad, o en un barrio de peones al lado de una mina o una plantación. No me cabe ninguna duda de que muchas de esos indígenas que algunos quizás compadecen por estar vestidos en ropas occidentales ajadas viven una vida familiar y personal más plena y equilibrada, y son más felices en definitiva, que muchos de los que se creen superiores desde sus míseras vidas pequeño burguesas, muchas veces envueltos en la tremenda soledad y miseria espiritual a las que conduce el individualismo competitivo de la sociedad occidental, donde el otro ya no es un “hermano”, sino un enemigo: homo hominis lupus.

¿Murió o fue herido algún pariente tuyo en Bagua? Le pregunté a Never, un amigo Awajún pocos días después del enfrentamiento con la policía. “Sí. En nuestro pueblo todos somos parientes, hermanos”, me contestó con cara de dolor. Ese sentido de hermandad, de pertenencia a un grupo que lo acoge, que lo aprecia tal como es, es parte esencial de la vida del ser humano, y es una de las mayores carencias de las urbes deshumanizadas de los tiempos modernos.

La baja ocurrencia entre los indígenas de dolencias modernas como el estrés, la depresión y la angustia -tan comunes en sociedades desarrolladas- son indicadores de lo que estamos diciendo.Como decía un dirigente en una de las reuniones del Grupo Nacional para los Pueblos Indígenas, el que no coman tallarín o beban coca cola no quiere decir que vivan en la miseria. En términos realmente humanos, de satisfacción de las necesidades no sólo materiales sino espirituales, sociales y emocionales, pienso que los pueblos indígenas amazónicos están, en general, mejor que muchas de las personas que viven aquejadas de lacras familiares y sociales típicas de la marginación, el desarraigo y la tugurización de la periferia de las ciudades.

Si los pueblos indígenas llegan a superar sus problemas de desnutrición (debida en buena medida a la sobre explotación de los recursos faunísticos y pesqueros) y de falta de ingresos económicos para adquirir algunos bienes occidentales, y logran manejar y dar valor agregado a los recursos que todavía abundan en sus territorios, no dudo que podrán llegar a lograr un desarrollo humano más integral, armónico y sostenible -ambiental, social y económicamente-, ése que sigue siendo tan elusivo para las sociedades citadinas. Por el momento, son depositarios y guardianes de buena parte del riquísimo tesoro de la selva amazónica, y si el Mundo fuese un lugar más justo y decente, les pagaría generosamente por los servicios ambientales que prestan los bosques que ellos manejan desde hace milenios, los que también guardan tesoros genéticos invalorables para la humanidad.

Ricos sin riqueza

El investigador inglés Alfred R. Wallace, famoso por ser codescubridor con Darwin de la teoría de la evolución, visitó a mediados del siglo XIX la Amazonía brasileña. En una de sus obras comparó a los indígenas Maniva, de la zona del Alto Orinoco, viviendo todavía en armonía con su ambiente, antes de la llegada de las terribles olas extractivistas y la corrupción traída por los emigrantes europeos, con la sociedad inglesa en plena época victoriana, llena de prejuicios y rígidas normas de convivencia.

“Hay un pueblo indio. Aquí habité por un tiempo, el único
hombre blanco entre quizás doscientas almas vivientes. Llevan una vida pacífica
y alegre. Estos hombres semisalvajes, hermosos, de roja piel y negros cabellos,
dirigidos por los hijos de Castilla la Vieja (se refiere a los misioneros
españoles) mantienen limpio el pueblo y sus casas”.

“¡Qué placer contemplar a esos muchachos desnudos! Los
bien formados miembros, la piel rojiza, lisa y brillante. Todos los movimientos
llenos de salud y gracia. Y cuando les veo correr, gritar y saltar o nadar y
buscar bajo la rápida corriente. O todos con la cabeza descubierta bajo el sol
de medio día, reptar acechando, con cerbatana o arco, para cazar aves pequeñas o
rápidos y escurridizos peces.

Siento pena de los muchachos ingleses; sus activos
miembros constreñidos y estorbados por ropas apretadas, los dedos de los pies
distorsionados por el zapatero, las frentes doloridas por pesados sombreros, el
cuerpo completo debilitado por el lujo. ¡Pero cuánta pena más me dan las jóvenes
doncellas inglesas, la cintura y el pecho confinados por el vil instrumento
llamado corsé!”… Y así pasan sus vidas sencillas estas gentes. Son una raza
pacífica, pocos delitos graves. Se conocen entre ellos, no roban ni asesinan, y
todas las complicadas villanías del hombre llamado civilizado son desconocidas
aquí.(…) Es cierto que las miserias, las penas y las necesidades, la pobreza,
los crímenes, los corazones rotos, la intensa agonía mental que conduce a
algunos hombres a la autodestrucción, a algunos a exterminar su vida en una
celda del manicomio. Las mil maldiciones que el oro trae sobre nosotros, la
larga lucha a muerte por los medios de vida…

Todo eso el salvaje ni lo conoce ni lo sufre.(…) ¿Pues no
hay encerrados, en nuestras densas ciudades, y esparcidos por nuestros fértiles
campos, millones de hombres que llevan una vida inferior, inferior en la salud
física y moral, a la de los indios rojizos de esta selva sin caminos? Una vida
inferior, buscando ansiosos el oro, cuyos pensamientos, de la mañana a la noche
y de la noche a la mañana, son los de cómo conseguir más oro. ¿Qué saben tales
hombres de gozos intelectuales? Sólo tienen una alegría: la de conseguir más
oro.

Y finaliza el sabio Wallace: “Antes de vivir como uno de ellos, prefiero ser aquí un indio, y vivir contento, pescando, cazando y remando en la canoa. Ver crecer a mis hijos, como jóvenes cervatillos, con salud en el cuerpo y paz en la mente. ¡Rico sin riqueza y feliz sin oro!“.

* José Álvarez Alonso, es Master en Ciencias, Biólogo de profesión, e Investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

Fuente: SERVINDI, 20/07/2009

Las mesas de diálogo indígena son ahora “mecedoras”

Roger Rumrrill

Para quienes todavía dudaban que la hoja de ruta del gobierno del presidente Alan García post tragedia de Bagua del 5 de junio es la polarización y la confrontación para defender el modelo neoliberal y el continuismo político con uñas y dientes, el parchado gabinete presidido por Javier Velásquez Quesquén es una señal que está diciendo a todos los peruanos que lo que se viene en los dos años finales del gobierno es realmente la “guerra” anunciada por el presidente.

Velásquez Quesquén, que como presidente del Congreso guardó bajo siete llaves las conclusiones de la comisión multipartidaria que opinó que los decretos legislativos que los indígenas amazónicos reclamaban su derogatoria eran anticonstitucionales, es el nuevo primer ministro encargado de poner en marcha la maquinaria del “orden” en el país. En esta nueva coyuntura, las cuatro mesas conformadas para solucionar los problemas indígenas se convierten poco menos que en “mecedoras”. No sólo porque sus cronogramas de trabajo son muy largos y difusos, por el ninguneo que hace el gobierno de esas mesas sino porque todo hace suponer que el plan es desmantelarlas, en una estrategia paralela al descabezamiento de Aidesep. Este proceso ya está en marcha. Un grupo numeroso de indígenas Awajún manipulado por el gobierno ha llegado a Lima y su paradero es un secreto. En Aidesep creen que posiblemente este grupo de topos sea utilizado por el gobierno para tomar el local de la organización y luego llevarlos a Palacio para un besamanos con el jefe de Estado.

Simultáneamente, están manejando a dos adversarios a muerte de Alberto Pizango Chota y que hace tiempo ambicionan con apoderarse de Aidesep: Alexander Teetps Wishua y Sundi Simón, expulsados de sus bases por manejos irregulares de fondos. Ambos están convocando a un congreso para elegir una nueva directiva en Aidesep. El mismo Teeps Wishua fraguó una carta notarial en mayo pasado para desalojar a Pizango Chota de la presidencia de la organización indígena, antiestatutariamente.

Alexander Teetp Wishua y Sundi Simón, conocidos comos los “chichirichis, a la vez coordinan con los llamados “líderes históricos”, en su mayoría Awajún y Wampis, traídos a Lima por el gobierno, que se mueren de celos por el liderazgo de las nuevas generaciones y que sueñan con retomar Aidesep.

Pero el poder en el mundo indígena no está en la cúpula como en el partido aprista, sino en las bases. Y si mañana el gobierno coloca a Teeps y demás topos fraudulentamente en Aidesep, será el presidente de una organización fantasma. Porque el poder reside en las organizaciones regionales que se preparan a resistir esta antidemocrática arremetida del gobierno del doctor Alan García Pérez.

http://www.amazoniamagica.com/

La Selva Amazónica debe ser Patrimonio de la Humanidad

La privatización ocasionará un problema de imprevisibles consecuencias en la Selva Amazónica

Por: Norberto Ovando

El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, ratificó la llamada Medida Provisoria 458 en beneficio de los grileiros, como se denomina a los ocupantes irregulares de estas tierras selváticas que se asentaron en territorios fiscales y no cuentan con títulos de propiedad.

La decisión afecta a unas 67 millones de hectáreas de floresta en la Amazonia Legal, una extensión que equivale a dos veces la superficie de la provincia de Buenos Aires.

Tal como fue ratificada la ley por el Ejecutivo brasileño, una persona que llega a la Amazonía y reclama como propia una porción de tierra de hasta 400 hectáreas, podrá recibir un título sin que nadie verifique si realmente es ocupante de esa extensión.

Como se puede leer en la ley, tierras de hasta 100 hectáreas de superficie se darían sin cobro a los ocupantes, de 101 a 400 saldrían a la venta con un precio simbólico y de 401 a 1500 hectáreas serían vendidas a precio de mercado.

Las de mayor extensión como las que irían de 1501 a 2500 hectáreas saldrían a subasta pública y las de más de 2500 hectáreas pasarían a manos del estado las que podrían ser vendidas con autorización del Congreso.

Las tierras "privatizadas" podrán ser explotadas para diversos cultivos y cría de ganado. Pasados tres años, sus dueños podrán ponerlos a la venta.

Un veto parcial
La sanción de la ley se hizo con pocas reservas: el ejecutivo ejerció su derecho al veto en dos puntos de la norma, que habían sido incluidos durante el debate parlamentario.

El artículo 7, contemplaba la transferencia de tierras a personas jurídicas, o a individuos que no habitan en la región y administran sus terrenos mediante terceros o testaferros.
De esta manera, sólo las personas que viven en las tierras selváticas de manera permanente, y que se han instalado allí antes de diciembre de 2004, pueden reclamar la posesión legal.

El Presidente Lula eliminó, además, el punto que extendía la posibilidad de adquirir títulos de propiedad a nombre de empresas.

Deforestación
Prestigiosos climatólogos piensan que la Amazonía sufrirá más sequías este siglo por efecto del cambio climático y por lo tanto será más vulnerable a los incendios, por eso se debe controlar la deforestación que hasta el momento promedia en un 1% anual de su superficie.

La Amazonía brasileña perdió entre febrero y abril de 2009, 197 Km2. de cobertura selvática, un área similar al territorio de una isla como Aruba. Es 90,1% inferior a la devastada en el mismo período del año 2008 (1.992 Km2), según el estatal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), pero se aclaró que el área selvática destruida en el período puede ser muy superior a la anunciada debido a que la gran nubosidad en el trimestre afectó los cálculos realizados con imágenes de satélite.

Del total del Amazonas brasileño, el 25 % ya está en manos privadas - hacendados, forestadotes, cultivadores, etc. -, y cerca del 28 % lo constituyen reservas ambientales y tierras indígenas. Es decir, resta un 48 por ciento. Sobre ese porcentaje el gobierno brasileño estaría privatizando 67 millones de hectáreas, poniendo en peligro la biodiversidad.

La palabra "biodiversidad" se compone de la palabra griega "bios" (vida) y la palabra latina "diversitas" (diversidad o diferencia). De manera general, por consiguiente, biodiversidad quiere decir: diversidad de la vida.

Brasil y sus compromisos
El Gobierno de Brasil firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), comprometiéndose a proteger lo que la biodiversidad nos da: recursos para alimentación, agua, bosques, materia prima, etc., sabiendo que ésta se encuentra amenazada por diferentes causas, entre las que se destaca la intervención del propio ser humano.

La Secretaria General de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Rosalía Arteaga Serrano, dijo que la firma del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2005 para la sostenibilidad del Amazonas “es de extrema importancia para la Amazonía, dado que la biodiversidad es un tema estratégico”. El programa se realiza en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica, adoptado por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

La Acción Global para la Biodiversidad, Cuenta Atrás 2010, liderada por la Oficina de la UICN para Europa (UICN-ROfE) http://www.countdown2010.net/, invita a los gobiernos a conservar la biodiversidad, promoviendo y apoyando la implementación de los compromisos existentes relacionados a la conservación de la misma.
América del Sur es una región clave, con el 40% de la biodiversidad, 25% de los bosques y 26% de fuentes renovables de agua dulce de todo el planeta.

Durante la reunión de expertos que se realizó en Lima, Perú el 19 de junio de 2009, María Luisa del Río, Directora General de Diversidad Biológica del Ministerio de Ambiente de Perú, afirmó que “no podemos pensar y tomar acciones como si viviéramos en un mundo homogéneo; somos heterogéneos en clima, diversos en especies, en lenguas, en etnias, expresiones culturales. Nuestro reto es buscar esa expresión común, esa unión dentro de la biodiversidad, puesto que la biodiversidad es salud, alimentación, cobijo, industria, turismo… es nuestra razón de ser.”

La Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN - le solicita al Gobierno de la República Federativa del Brasil, que asuma el compromiso de proteger a perpetuidad la totalidad de la Selva Amazónica por poseer un "valor universal excepcional", y se declare Patrimonio de la Humanidad.

Conclusión
Un país, aunque soberano, no debe disponer unilateralmente sobre el futuro ecológico y ambiental de la humanidad.

“El problema de privatizar y acabar con el ecosistema de la Amazonía, no es solo un problema de las sociedades de los países en donde está esa mega-reserva ecosistémica de la tierra, sino del planeta y de la humanidad en su conjunto”, expresó Omar Cabezas Lacayo, Presidente de la Federación Iberoamericana del Ombusdman (FIO).

Éste puede ser el comienzo de la devastación masiva de la selva pluvial amazónica, como lo fue, años atrás, la devastación de las selvas ecuatoriales, las de Borneo e Indonesia y los bosques tropicales africanos.

Las selvas no se deben vender, las selvas se deben conservar.


Devastación en la Amazonía (Foto: Jefferson Rudy/MMA)


Nota:

Norberto Ovando es licenciado y profesor en Ciencias Naturales con un posgrado en Manejo de Áreas Silvestres y Protegidas. Vicepresidente de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales - AAPN -. Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de la UICN
Distinguido por la Nación en 1985 y 1987 con los Premios “Conservar el Futuro”, por su contribución a la conservación del patrimonio natural.

www.amazoniamagivca.com

Protesta indígena: Territorio es vida

Territorio es vida, salud y desarrollo para los indígenas amazónicos.

Su defensa es una cuestión de supervivencia.

José Álvarez Alonso

“Tienen demasiada tierra”, “tienen tituladas 12 millones de hectáreas ¿y quieren más?”, “la Amazonía no es sólo de los indígenas”, son algunas de las expresiones de políticos y periodistas en relación con la protesta indígena en defensa de
sus bosques y territorios ancestrales. “Sus tierras tituladas no serán vendidas, la protesta no tiene razón de ser”, explican algunos altos funcionarios y periodistas.

Sin embargo, los indígenas amazónicos no se movilizan por tonterías ni trivialidades. Lo he experimentado en el cuarto de siglo recorriendo comunidades amazónicas… Su estrategia de supervivencia en la selva se basa en minimizar costos y esfuerzos en un ecosistema donde, pese a las apariencias, los recursos útiles con frecuencia son escasos y elusivos. Es más, los blancos y mestizos los suelen calificar de “indolentes” y “haraganes” porque les parece que no se interesan en las cosas que para ellos son de sumo interés (acumular dinero y otras posesiones, por ejemplo).

¿Por qué se movilizaron, entonces, decenas de miles de indígenas en diversos puntos de país, dejando solos a sus hijos y esposas (cosa que detestan), para pasar hambre y sufrir penalidades haciendo guardia a la intemperie en lugares muy distantes de sus hogares?

Una simple utilización de politiqueros o de ONG izquierdosas no lograría el milagro, y una simple sospecha de que unos dispositivos legales les afectarían marginalmente tampoco. Además, es totalmente cuestionable y racista considerar “manipulables” a casi 400,000 personas de decenas de pueblos indígenas, que cuentan con cientos de líderes muy bien informados y capacitados, muchos de ellos con carreras profesionales. Los indígenas saben bien lo que es bueno para ellos, y han aprendido a desconfiar de los foráneos, luego de varios siglos de engaños, estafas y promesas incumplidas por gentes de fuera, desde madereros y mineros, hasta funcionarios del Estado.

Un mundo en peligro
Me lo confirman algunos de los líderes indígenas más lúcidos con los que he tenido la oportunidad de conversar: algo muy grave está pasando con su vida para que haya tomado decisiones tan graves. Su mundo está colapsando ante sus ojos, sus niños pasan hambre por falta de los animales silvestres y el pescado que fueron la fuente principal de alimentación, y no encuentran ya en sus bosques los recursos que por miles de años fueron la base de su subsistencia; muchos de sus jóvenes huyen de las comunidades a las ciudades, porque no ven futuro en las tierras que fueron el hogar de sus antepasados.

“Sentíamos que los decretos nos anulaban la existencia. Por eso nos levantamos”, declaró a la revista Somos Santiago Manuin, respetado dirigente Awajún gravemente herido en los sucesos de Bagua. No se trata de tal o cual artículo de los decretos cuestionados, es el conjunto de la política del Estado hacia la Amazonía, que los indígenas perciben claramente que no ha sido diseñada en absoluto para beneficiarlos: los decretos inconsultos fueron la gota que colmó un vaso ya muy lleno de maltratos, promesas incumplidas y marginación por parte del Estado.

Si los indígenas no viesen seriamente amenazados su forma de vida y su mundo no protestarían de la forma como lo están haciendo. ¿Saben cuál es el índice de desnutrición infantil en la provincia de Condorcanqui, de donde son originarios los Awajún y Wampis que participaron en los hechos de Bagua? 72.96%, según un informe del Gobierno Regional de Amazonas. Esto se debe en buena medida a la escasez creciente de fauna terrestre (animales de caza) y de peces en sus territorios, los que representan hasta el 80-90% de su ingesta de proteína.

A la mala gestión por parte del Estado (que permite e incluso promueve en la Amazonía la pesca comercial indiscriminada, la cacería comercial de animales, la industria forestal mecanizada y la minería) se suma el incremento de la población y, por tanto, de la presión sobre los recursos que son base de la economía indígena, y que hoy escasean más y más cada día.

Frente a esto, el Estado les ofrece más de lo mismo, de la medicina que ellos han visto como la culpable del descalabro: los “inversionistas” foráneos, sean empresas madereras, petroleras, mineras o agropecuarias, con que les prometen ahora un mundo dorado de desarrollo y progreso, no significaron para ellos en el pasado inmediato ningún mejoramiento de sus condiciones de vida, sino todo lo contrario… Los indígenas sienten, con razón, como una amenaza para su modo de vida la posible entrega en concesión de grandes extensiones de bosques para la industria maderera, petrolera y de biocombustibles en territorios que, aunque no titulados hoy a las comunidades indígenas, ellos consideran sus tierras tradicionales de caza y pesca.

De nuevo Manuin nos aclara: “… tenemos que pensar desde la selva. Mira la historia, cómo han quedado los pueblos indígenas, la deforestación, los ríos contaminados… ¿Eso es desarrollo? Nosotros no queremos ese desarrollo, el Perú no debe querer así el desarrollo. (…) No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, los necesitamos. Pero queremos saber, nunca somos consultados. No nos dicen (…) cómo se asegura que nuestros hijos sigan viviendo del bosque, y cómo se va a cuidar ese bosque. Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo pensado desde la selva y a favor de la selva, que también va ser lo mejor para el Perú.”

“No es suficiente nuestro territorio”
“El territorio que el Gobierno ha titulado a mi comunidad no es suficiente: el irapay para techar nuestras casas, el sajino o el venado que cazamos o los peces que pescamos para nuestra comida a veces están fuera de nuestro territorio titulado, en terrenos del Estado. Si entran empresas a explotar esos bosques, no sé de qué vamos a vivir, porque cada vez tenemos menos recursos. Nuestros hijos tendrán que emigrar a la ciudad. ¿Eso quiere el Gobierno?”, preguntaba recientemente Romero T. Ushiñahua, presidente de la Federación Indígena Maijuna, en el río Napo.

Imaginemos un territorio de una comunidad indígena típica de selva baja, de unas 6,000-8,000 ha, que con frecuencia no abarca la cabecera de la quebrada donde se reproducen los peces, o la cocha donde pescan, o el aguajal donde cosechan su aguaje, o el irapayal donde cosechan las hojas con que techan sus casas. ¿Qué pasaría si a un costado se instala una concesión maderera a practicar extracción forestal mecanizada, y en otro una plantación de palma aceitera, y en la cabecera de la quebrada una concesión minera? Aunque su territorio no sea tocado, su modo vida, su supervivencia como indígenas está, definitivamente, seriamente amenazada. Porque ellos no aspiran a ser peones de una empresa, adoran su libertad y su modo de vida en contacto con la naturaleza: “No quisiera tenerle pena un día a mi hijo viendo cómo le maltratan los patrones; no hay patrón bueno. Prefiero que mi hijo viva pobre como yo, pero libre”, me decía recientemente un indígena del Huallaga.

El Estado no quiere ampliar territorios de comunidades indígenas, y se demora largos años en titular a comunidades mestizas en la selva baja que son descendientes, en buena medida, de los pueblos indígenas originarios. “Nos mezquinan lo que es nuestro”, reclamaba don Mariano Arévalo, un dirigente indígena Witoto-Murui durante un encuentro de dirigentes rurales en Iquitos, refiriéndose a los bosques concesionados por el Gobierno a empresas madereras, a las que el Estado entrega hasta 40,000 ha. en concesiones por 40 años renovables.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que los pueblos indígenas no sólo tienen derecho a sus territorios tradicionales, entendidos como “la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”, y a los recursos naturales existentes en ellos, sino que también “dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres” (siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales). Y estas costumbres incluyen vivir del aprovechamiento de los recursos que proveen los bosques y las cochas.

Por qué necesitan los indígenas tanto territorio
Quienes hablan de que los indígenas tienen ya “demasiada tierra”, dividen los 12 millones de ha tituladas a los indígenas amazónicos entre los 400,000 indígenas reconocidos por el Estado, lo que da unas 30 ha por persona. ¿No es eso más de lo que tienen la mayoría de los peruanos? Olvidan que, en primer lugar, los pueblos indígenas han sido los dueños originarios de la Amazonía por miles de años, y que el Estado peruano, como tal, apenas existe por poco más de siglo y medio, por lo que ellos tienen un derecho preeminente, reconocido por la constitución peruana y por convenios internacionales.

En segundo lugar, olvidan que el modo vida (y de producción) de los indígenas es muy diferente al de los campesinos de la costa o del Ande, y por supuesto al de los habitantes de la ciudad. Aunque practican la agricultura en pequeñas parcelas familiares, y crían algunos animales, esto representa apenas una fracción mínima de su economía. Los indígenas amazónicos son, en buena medida, cazadores, pescadores y recolectores, por cultura, y porque es mucho más fácil y económico (y ecológico) cazar un animal silvestre que criarlo (para lo cual necesitan talar bosque para cultivar sus alimentos), cosechar frutos de un bosque primario que talar este bosque para sembrar frutales...

La economía de la mayoría de las comunidades indígenas depende principalmente de los recursos silvestres, de la flora y la fauna de sus bosques, y de los peces, caimanes y tortugas de sus ríos y cochas. Hasta el 70-90% de los ingresos económicos, y más del 80% de la ingesta proteica provienen de estos recursos en comunidades indígenas tradicionales.

“Nuestro mercado es nuestra cocha, nuestra tienda son nuestros bosques. Allí encontramos el pescado y el mitayo (carne de monte) para alimentar a nuestras familias, la madera y hoja para construir nuestras casas, las medicinas para curarnos… No vivimos de un sueldo, sino de los recursos que nos da la madre tierra. Si nos quitan eso, ¿de qué vamos a vivir?”, decía un dirigente indígena Awajún en un reciente encuentro en Iquitos.

Los territorios titulados que tienen (en realidad, sólo les titulan el área agrícola, y los bosques son “cedidos en uso” por el Estado) apenas protegen una fracción de las áreas que ellos usan habitualmente para sus actividades cotidianas de caza, pesca, extracción maderera, recolección de fibras, frutos, miel y otros productos. La mayor parte de las zonas de cabecera de quebradas, por ejemplo, quedan fuera de los territorios comunales titulados en la selva baja. “Al final, sólo me pertenece el jeme de tierra donde cultivo mi yuca. El bosque más atrás, es del Estado, el suelo debajo, es del Estado. Cuando nos entierran, es en tierra ajena, del Estado”, se quejaba Benjamín Chumpi, dirigente Wampis del río Morona.

Bosques sanos para una vida plena
El sistema indígena tradicional depende de la salud del ecosistema: un bosque enfermo (defaunado, fragmentado) o un río contaminado significan hambre y miseria para los indígenas. Y para que el bosque y el río provean los recursos de que dependen deben ser parte de un sistema equilibrado, de un paisaje sano: los peces que pescan en la cocha se alimentan en el bosque inundable cercano, y migran a veces decenas de kilómetros para reproducirse; la mayoría de los animales silvestres requieren grandes territorios y bosques sanos para mantener poblaciones sanas y viables.

Los expertos en manejo de recursos amazónicos han descubierto que para que el aprovechamiento sea sostenible deben mantenerse extensas zonas intactas, donde los animales y los árboles puedan reproducirse y dispersarse a las zonas donde son explotados intensamente. Este modelo, llamado “fuente – sumidero” (sink and source, en inglés), exige que las zonas de cabecera de quebrada, las zonas interfluviales entre ríos (actualmente en su mayor parte “del Estado”) sean mantenidas como tales, en su estado original, y no sean explotadas, so riesgo de que el aprovechamiento de los bosques y cuerpos de agua más abajo colapse, como ya ha ocurrido en muchos lugares.

La Amazonía es megadiversa, pero también es frágil: alberga gran abundancia de especies, pero poco número de individuos por especie, salvo excepciones. Mientras los indígenas norteamericanos, por ejemplo, basaron su economía en el aprovechamiento de una sola especie (el búfalo), de los que había hasta 80 millones a la llegada de los europeos, los amazónicos aprovechan en pequeñas cantidades cientos de especies de mamíferos, reptiles, aves, peces e insectos. Por eso, según algunos científicos, para que sea sostenible el aprovechamiento de recursos en el frágil ecosistema amazónico, los territorios de las comunidades indígenas deben ser suficientemente extensos, entre 500 y 1000 ha. por persona como mínimo (ver, por ej., Vickers 1988, en Science 239).

Además de ser la fuente principal de recursos para subsistencia, los bosques, lagos y quebradas de la selva tienen otros valores para los pueblos indígenas, valores sagrados, espirituales, culturales… Cuando el Estado peruano concesiona bosques o minas en un territorio que cree “sin dueño” (de libre disponibilidad del Estado, dice la ley, terrenos eriazos, lo llaman algunos) está entregando espacios que tienen a veces un valor mucho más que material, y violando de nuevo el Convenio 169, que establece que “Los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios”.

La conservación y el uso sostenible de los bosques amazónicos (tal como los han practicado por miles de años los pueblos indígenas) no sólo es una aspiración y un derecho de estos pueblos, sino que debería ser de todos los peruanos y del Mundo: hoy, más que nunca, se sabe que el ecosistema amazónico es fundamental para el equilibrio climático mundial, y para mitigar los efectos del calentamiento global. Deberíamos agradecer a los amazónicos por luchar en defensa de los bosques amazónicos, cuyos bienes y servicios beneficiarán sin duda a toda la humanidad.
Fuente: Diario La Región de Iquitos

 Nota: José Álvarez Alonso, es Master en Ciencias, Biólogo de profesión, e Investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana - IIAP, Colaborador de IPRODESA

En torno al conflicto amazónico:
EL RACISMO O LA ACTITUD DISCRIMINADORA
FRENTE A LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Gabel Daniel Sotil García

Los acontecimientos que venimos viviendo en estos últimos tiempos, teniendo como eje central los reclamos de los Pueblos Indígenas (ver Convenio 169 – OIT) de nuestra Amazonía en defensa de sus culturas y territorios y el respeto a sus derechos internacionalmente reconocidos, han tenido la virtud de evidenciarnos una de las patologías o enfermedades más graves que vienen afectando a nuestra sociedad nacional: el racismo; enfermedad ésta que adquiriera categoría de criterio de organización y relaciones sociales y trato interpersonal desde el inicio de la época colonial.

Iniciada en los albores de la misma, pasó, por aprendizaje (contagio cultural), de generación en generación. Este mal consiste en valorar al indígena (dominado) desde la perspectiva del dominador, quien es visto como portador de modos de vida atrasados, primitivos, “gentiles”, sin ningún valor ni mérito para ser considerados como cultura. Modos que, por lo tanto, deben ser cambiados por los comportamientos de la cultura occidental; es decir, la del vencedor, percibida como superior.

La perspectiva que le queda al indígena, entonces, es la de abandonar todos sus logros culturales y asimilarse, incorporarse, a la cultura de su dominador. Esta percepción etnocéntrica, es decir, desde la perspectiva de la cultura del dominante, es la que guió la acción aculturadora desarrollada en nuestra región desde la época de la conquista, acción que consistía en imponer, de cualquier manera, la nueva cultura a los Pueblos Indígenas. “El indio debe dejar de ser indio” para incorporarse a la cultura nacional (la del dominante), era la máxima de esta actitud, según la cual, ellos son los culpables de nuestro subdesarrollo, nuestro atraso como país y región. Si deseamos lograr nuestro desarrollo social, según esta forma de pensar, tenemos que hacer desaparecer todas estas manifestaciones primitivas propias de “ciudadanos de segunda categoría”, según aún expresan alto funcionarios, políticos, intelectuales, periodistas, etc.

Aún hoy hay personas e instituciones que tienen esta forma de percibir a los Pueblos Indígenas (amazónicos y andinos) y, por cierto, desarrollan sus acciones en consonancia con esta percepción. Su mayor preocupación es la de hacer que los indígenas cambien sus modos de vida: idioma, arte, costumbres, religión, forma de ser, etc., pues éstas expresarían formas de ser “primitivas”, “arcaicas”.

El ideal de estas personas e instituciones es asimilar, absorber, a los indígenas a la cultura mestiza que ellas representan. Este racismo es el que se traduce cuando una persona (periodistas, funcionarios, profesionales diversos, jueces, empresarios, personas comunes y corrientes, etc.), al referirse a las personas de alguna de las culturas originarias de nuestra región (y país), las tilda de “indio”, “cholo”, en su connotación despectiva. O cuando alguien emplea el término tribu para referirse a tales culturas. O el término dialecto para referirse a sus sistemas lingüísticos. Pero, también se expresa este racismo cuando decimos “al pueblo hay que culturizarlo” o “al pueblo hay que llevarle cultura”, bajo la convicción de que el pueblo no tiene cultura.

Pero, el racismo no sólo afecta las relaciones con los miembros de las culturas indígenas, sino también entre los integrantes de la misma unidad sociodemográfica, en cuyo interior los individuos son categorizados de acuerdo a muy diversos criterios, generando, así, un panorama social sumamente resquebrajado, fracturado, conflictivo, de jerarquizaciones subjetivas, que imposibilita la comunicación y la comprensión al interior de la sociedad nacional y regional, que, como sabemos, está integrada por personas que no sólo poseen muy diversas condiciones socioeconómicas sino, también, disímiles universos culturales.

Y es que el racismo se sustenta en la premisa “Sólo lo mío vale, lo demás no”. Es decir, lo que yo conozco o sé, lo que creo, mi forma de pensar, mis gustos y temores, la forma en que percibo el mundo, etc., es lo único que vale. Se absolutiza, así, el acervo cultural propio, en detrimento del de los demás.

Por cierto que esta forma de ser y actuar, aprendida en el marco de una colectividad, no posibilita la verdadera comunicación entre personas y menos entre Pueblos. Es el caldo de cultivo para la imposición cultural, para la fracturación social, pues impide los necesarios consensos sociales respecto a un proyecto de desarrollo regional y nacional de nuestra sociedad. Es un vector de conflictos entre las diversas culturas de nuestra región, como muy luctuosamente se ha evidenciado y seguirá evidenciándose mientras la educación nacional, en el marco de una política de estado en esta dirección, no afronte con la debida decisión la superación de esta característica nacional.

Pero esta actitud es mucho más peligrosa si quien piensa así tiene el poder político, dado que todas sus decisiones estarán dirigidas a imponer su cultura por considerarla superior y hacer desaparecer a todas las culturas consideradas inferiores. Efecto que, por cierto, no necesariamente es conscientemente buscado. Como consecuencia, los conocimientos, valores, conquistas prácticas, instrumentos, creencias, manifestaciones artísticas, etc., de los pueblos no dominantes serán despreciados, ignorados y condenados a ser destruidos. En este caso, los de nuestros Pueblos Indígenas, quienes hoy en día no comparten el poder político en nuestro país y, por lo tanto, a sus reclamos no se les reconoce prioridad en la agenda nacional.

Es esta actitud etnocéntrica, racista la que ha causado y viene causando la mayor destrucción de los legados culturales de los Pueblos Originarios (impropiamente llamados “nativos”) de nuestra Amazonía, actitud que aún subsiste en muchas personas e instituciones de nuestra región y país, empeñadas en “civilizar”, “cristianizar”, “modernizar”, “culturizar” “alfabetizar” a los miembros de estos pueblos. Es esta la actitud que viene impidiéndonos el diálogo, el mutuo respeto entre quienes vivimos en esta hermosa y rica región. Es la que impide que logremos los acuerdos necesarios para elaborar un proyecto de desarrollo social que parta del reconocimiento respetuoso de nuestra diversidad sociocultural y nos permita la construcción de una Amazonía escenario para la realización plena de los proyectos de vida de cada uno de los Pueblos que la conforman. Sin exclusiones, sin hegemonismos culturales ni políticos.

KANATARI, 28 -06-09

www.amazoniamagica.com

Bagua y todas las sangres…
La tragedia que estremeció al mundo


Luis Alberto Vásquez

Lo que ha ocurrido fue terrible. Nunca en Bagua hemos visto tanta sangre y tanta maldad al mismo tiempo…en la misma plaza de armas estuvieron tirados los muertos y la gente corría desesperadamente con sus hijos, nos caíamos y los gritos de desesperación eran terribles. Las balas sonaban cerquita a nosotros, el sonido de los helicópteros…parecía una guerra, con la diferencia que entre peruanos nos estábamos matando.

Todo empezó en la madrugada y fue la policía que inició esta desgracia, nosotros no somos terroristas, sólo defendemos nuestros bosques, nuestras tierras y también somos peruanos, aunque seamos indios…ahora todos tenemos miedo…nos sabemos lo que pasará mañana…muchos de nuestros hermanos están desaparecidos, lo que queremos es encontrarlos y si están muertos, que nos entreguen los cadáveres porque los queremos enterrar en nuestras comunidades…

Estos son testimonios recogidos en el mismo lugar de los hechos y en el hospital de Bagua. Estas son las palabras de angustia de muchos nativos heridos de bala. Estas son frases entrecortadas de hombres y mujeres que buscan entre el humo de la metralla y el olor nauseabundo de la sangre, a sus muertos.

Bagua fue un infierno, una matanza, un genocidio. Se han confirmado 22 policías muertos, algunos degollados y de otro lado, nativos abaleados y asesinados y según varios testimonios, habría todavía muertos en los cerros y los bosques. Hay también un número indeterminado de desaparecidos y casi 80 detenidos por las fuerzas del orden.

El gobierno a través del propio Presidente y el premier Yehude Simon han acusado a los nativos de ser responsables de todo y hemos visto con vergüenza una propaganda en la televisión nacional por demás escandalosa y miserable, que no hace más que azuzar la violencia.

El líder de los nativos, Alberto Pizango, refugiado en la Embajada de Nicaragua en Lima, para solicitar asilo político, dijo que el único culpable es el gobierno y aseguró que los nativos sólo tenían como armas sus lazas y sus flechas.

Al margen de las acusaciones, en los dos bandos hay muertes que lamentar, muertos que han estremecido al mundo, de peruanos humildes, entre policías y nativos que han sido asesinados y que sus familiares hoy lloran sus desapariciones. Una bala le atravesó el alma a un hombre que sentía que estaba luchando por sus tierras y otra bala a un muchacho de apenas 21 años que sentía que estaba defendiendo a su país y a la democracia. Ambos, eran peruanos con sueños, que no se habían visto nunca, que querían a su patria a su manera y que de pronto, estaban frente a frente para luchar por nada, para matarse y odiarse en un instante.

Los féretros de los policías han recibido los honores del poder. La Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, los ha declarado héroes de la democracia, aunque en esta democracia ellos mismos tienen que comprarse sus uniformes, sus revólveres y sus balas y ganar un sueldo miserable. En el velorio de los policías estaba el llanto de los padres que no entendían nada, escenas desgarradoras de los hijos y las esposas, cuadros lamentables en un país que se desangra, aunque el dolor sea envuelto en una bandera peruana.

En algún lugar de la selva, en medio de la montaña, también hay llanto y desesperación en otros velorios. Allí no hay luces y hasta ese lugar no han podido llegar los ministros ni las cámaras de televisión. Enterrarán a sus muertos en la tierra, envueltos con sus ropas y sus flechas, para mezclarse con la nugka (tierra en awajún), por la que están luchando, porque en ese lugar están sus muertos, sus almas y sus espíritus.

En Bagua, con un toque de queda de tensión, la gente todavía llora a sus muertos. Hay temor y las noches son más oscuras que nunca, mientras en el Congreso todos se acusan, se insultan y al parecer, a nadie de ese lugar, le duele lo ocurrido.

El país está consternado y los políticos ya no nos pueden mentir como antes. Los periodistas han informado al mundo sobre lo ocurrido. Las imágenes de la televisión han sido demasiado duras: un policía pisándole el cuello con maldad y con odio a un nativo. Varios nativos golpeando con sus flechas, el cuerpo inerte de un policía. Un nativo perforado en las piernas por una bala, que en la montaña hace rugir a un tigrillo. Un policía degollado como si nuestro país viviría en medio de la barbarie. Para el premier Yehude Simon tan solo es la implementación del orden y doña Mercedes Cabanillas, ministra del interior, más terca que nunca, solo sabe acusar a todos de terroristas. Un diálogo de sordos y donde nadie pide que se vuelva a conversar, para que se le devuelva al país la tranquilidad.

Ahora no sabemos, cuál será la reacción de los nativos y que podrá pasar en los próximos días. Según informantes de la propia policía, un contingente de fuerzas combinadas se acerca a Yurimaguas por agua y tierra para desbloquear el otro tramo de la carretera marginal. Los nativos están preparados con sus lanzas y sus pucunas para el desalojo. Esperamos que la sangre no vuelva a teñir las montañas y que el odio entre peruanos humildes cese de una buena vez.

Se espera que el gobierno reconozca sus errores y el abandono total a un territorio que puede convertirse, como diría el escritor amazónico Róger Rumrrill, en una renta estratégica para negociar con el mundo, porque tenemos una biodiversidad envidiable, recursos naturales en flora y fauna, en medio de la magia del bosque, además de la sabiduría ancestral de los indígenas, que el gobierno y la ceguera del poder llama salvajes e ignorantes.

Se espera que los nativos, a través de sus organizaciones, sus líderes y apus, vuelvan a sentarse en una mesa de diálogo, a pesar de su dolor. Que la fuerza de la razón se imponga, porque el pueblo ya no quiere más mentiras ni muertos que velar. Hay duelo en el corazón de los sensibles y de los que amamos la vida y luchamos por ella: por un país con justicia, con equidad y también con rebeldía.

En Bagua todavía se escuchan los gritos más allá de la montaña y los malos espíritus anuncian tempestades…la lluvia de estos días es más triste y las noches se han vuelto tenebrosas, en medio de vientecillos que traen los gritos de angustia de aquella tragedia que nunca se olvidará.

http://www.amazoniamagica.com/

Las medias verdades del ministro del Ambiente

Alberto Chirif

Sobre el petróleo

En una entrevista realizada por el diario El Comercio (junio, 2009, p. 2, sección B), el ministro del Ambiente sostuvo una vez más que ahora la explotación de hidrocarburos es limpia y se realiza con un mínimo impacto. Puso él como ejemplo el caso del Corrientes, donde opera Pluspetrol, heredera y continuadora de un trabajo sucio iniciado por Occidental Petroleum y PETROPERÚ. Frente a la pregunta de quién le ha garantizado que la empresa esté reinyectando el 100% de las aguas de formación, él respondió que la propia Pluspetrol: “Eso fue lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir”.

Sorprendente respuesta la del ministro del Ambiente de un gobierno que, apenas tres años atrás, se negaba a reconocer los estragos causados sobre las personas y el medio ambiente en la cuenca del Corrientes, a pesar de que las demandas de los pobladores achuares estaban apoyadas por informes del hoy desaparecido INRENA y de análisis de los ministerios de Salud y de la Producción, que demostraban la presencia de metales pesados en seres humanos y peces, respectivamente.

A la empresa, en cambio, el ministro le cree a ojos cerrados, y sobre esta creencia acerca de una experiencia que no conoce, basa su afirmación de que hoy la explotación de hidrocarburos es limpia no sólo en el Corrientes, sino en todo el país. Pero su respuesta es también sorprendente porque de haber ido, él no habría podido comprobar nada, no sólo porque no es especialista en la materia, sino porque las visitas de ministros son protocolares y terminan con una sonrisa, un par de chistes y un trago. Lo que el caso requería era un equipo especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM) que comprobara el cumplimiento de la reinyección y por supuesto el avance de la remediación, nombre que se le da a la limpieza de las pozas donde se han depositado residuos de crudo y lodo de perforación.

Por lo tanto, en esta oportunidad el gobierno no ha comprobado si la empresa ha cumplido cabalmente su compromiso y sólo se basa en lo que la empresa dice. Es verdad que también los indígenas dicen que la empresa ha cumplido en un cien por ciento con la reinyección de las aguas de formación. Pero esto no es suficiente porque ellos no son técnicos en la materia, y así como para denunciar la contaminación tuvieron que basarse en análisis y supervisiones realizadas por terceros, así también el Estado, en cumplimiento de su fin supremo que es defender los derechos de sus ciudadanos (Constitución, Art. 1º), está en la obligación de constatar la veracidad de las afirmaciones de la empresa. En el momento actual, cuando la desconfianza es la principal característica de las relaciones entre las partes, un trabajo así debe hacerse además con participación de los indígenas y los equipos técnicos de su confianza, y de la propia Pluspetrol.

Pero sobre el tema hay más que decir. Una cuestión sobre la que ya he escrito antes, pero que vale la pena repetirla ahora, es que si en el Corriente se reinyectan las aguas de formación a partir del año 2007 es por la decidida actitud de los achuares que denunciaron la contaminación y, al no ser escuchados, tomaron instalaciones de la empresa arriesgando sus propias vidas, ya que hasta el último momento el gobierno manejó la posibilidad de una intervención violenta para recobrar el control de la situación. La reinyección entonces no ha sido ni una concesión de la empresa ni resultado de una toma de conciencia del Estado sobre la gravedad de la contaminación.

Por otro lado, la reinyección se realiza exclusivamente en la cuenca del Corrientes y no está prevista para otras cuencas donde se produce petróleo desde antes de 2006, año en que el Estado, tratando de paliar los reclamos de los achuares, aprobó el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” (D.S. 015-2006-EM), que indica:

“La exigencia de la disposición final del Agua de Producción mediante el sistema
de reinyección operará para los Yacimientos que a la fecha de expedición del
presente Reglamento no se encuentran en producción, salvo que en los respectivos
instrumentos de gestión ambiental se haya considerado la disposición del Agua de
Producción mediante la reinyección, en cuyo caso operará esto último” (quinta
disposición final).

Con esto quiero decir que el ministro Brack no está dando el crédito de la reinyección a quien corresponde, como debería ser. Más aun, el hecho de que los achuares hayan logrado que se reinyecten aguas de formación de pozos que estaban en producción desde antes de la aprobación del citado reglamento, ha sentado un precedente para que se proceda de igual manera en otras donde se explota petróleo. Y esto es bueno para todo el país.

Otro asunto sobre el que quiero llamar la atención es que el acta de Dorissa (la que firmaron FECONACO -la organización achuar del Corrientes-, Pluspetrol y el Estado) limita su aplicación a los lotes 1AB y 8, pero no dice nada acerca del lote 8X, que se ubica nada menos que dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que, como todas las áreas naturales protegidas, constituyen propiedad pública.

Allí, las aguas de formación se siguen vertiendo a ríos, quebradas y cochas. En dicha reserva no existen achuares que protesten, lo que demuestra que si no hay presión externa, el Estado no tiene intención alguna de exigir otra de sus responsabilidades constitucionales. Tampoco el mismo Ministerio del Ambiente la tiene, aun cuando entre sus objetivos esté el de: "Prevenir la degradación del ambiente y de los recursos naturales, y revertir los procesos negativos que les afecten” y dentro de su estructura se encuentre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuya principal función es “Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”.

En otros lugares tampoco el trabajo de hidrocarburos es lo limpio que afirma el ministro, por ejemplo, en la quebrada Ramírez, a apenas unos 20 minutos de Iquitos, de la que se surten de agua los pobladores de Barrio Florido y otros asentamientos vecinos. Análisis realizados en 2008 en esa quebrada, que recibe los efluentes de la refinería de Iquitos, determinaron que los parámetros encontrados sobrepasan los límites máximos permisibles (LMP) en los casos de aceites y grasas, con 2,29 mg/L (miligramos por litro), bario, con 5,00 mg/L y cromo, con 0,01 mg/L. Los LMP son, respectivamente, 0,5-1,5 mg/L, 0,3 mg/L y 0,0002 mg/L.

La situación en el Napo es también muy mala, aunque ésta puede ser atribuida a la explotación petrolera realizada en Ecuador, pero es previsible que se complique más cuando comience la actividad en la parte peruana de la cuenca. El estudio citado termina afirmando que: “Las aguas de los ríos: Napo y Amazonas; así como de la quebrada Ramírez, no son aptas para el consumo humano”. Pero, sin embargo, se consumen. (Ver “Informe del avance del diagnóstico ambiental de los componentes: hidrología e hidrografía”. Zonificación Ecológica Económica Bellavista-Mazán. César Sáenz. Octubre 2008, pp. 26 y 44).

Sobre las tierras indígenas
Durante semanas, a través de la radio y la televisión, el ministro del ambiente se ha referido al tema de las tierras indígenas, y sus opiniones han quedado luego escritas en un pronunciamiento del MINAM (ver diario La República, mayo 25, 2009). En este aspecto, el cúmulo de medias verdades es inmenso. Él trata de desmentir lo que califica de “falsas versiones” respecto a los intentos del gobierno de privatizar las tierras de los indígenas. Pero ¿qué más declaración de intenciones se le puede pedir a un gobierno que ha señalado, nada menos que a través de su principal representante, el presidente Alan García, que el problema de esas tierras es que no son transables? Si ése es el problema desde su punto de vista, pues hay que hacer que sean transables, y es en esa dirección hacia donde apuntaban los decretos cuestionados.

La afirmación del ministro Brack de que el Estado “ha otorgado a los pueblos originarios de la Amazonía cerca de 11 millones de hectáreas de tierras, en su mayoría bosques primarios (sin intervención alguna)”, está cargada de una serie de apreciaciones mal fundadas. Según el diccionario de la Academia Española de la Lengua, otorgar significa: consentir, condescender o conceder una cosa que se pide o se pregunta; hacer merced y gracia de una cosa; y disponer, establecer, ofrecer, estipular o prometer una cosa. Queda claro que otorgar es un verbo que denota que quien concede hace un favor. Pero la cosa no es así en el caso de los pueblos indígenas.

El Estado no concede tierras de favor a los indígenas sino que se las titula, y el concepto de titulación aplicado a los pueblos indígenas en el Perú no es el de dar propiedad a quien no la tiene, sino de regularizar administrativamente una propiedad que ya es de ellos. ¿Por qué?, por su condición de pueblos originarios, es decir, de pueblos preexistentes al Estado y que ya eran dueños antes de la constitución de la república. Hasta el momento sabía, por confrontaciones con funcionarios regionales y locales, que éstos no entienden la diferencia entre titular tierras indígenas y adjudicar tierras a terceros y que, cuando se les explica, no la quieren entender. Ahora sé que tampoco el ministro del Ambiente la sabe, lo que es mucho más preocupante.

Este derecho preexistente es precisamente uno de los puntos que el decreto 1064, uno de los causantes de las últimas protestas, ha tratado de anular, porque limitaba las garantías de los pueblos indígenas al hecho de que las comunidades contasen con un título, ya que en caso contrario las tierras, aun cuando estuviesen ocupadas por ellas, serán declaradas de libre disponibilidad del Estado.

Hay varias medias verdades en la cifra citada por el ministro Brack. De los 11 millones de que habla, hay que descontar aproximadamente la mitad, que está constituida por suelos declarados de aptitud forestal, que incluyen los de protección. La ley de comunidades de 1978 dispuso que las comunidades recibiesen en propiedad sólo las tierras de aptitud agropecuaria, no así las de aptitud forestal, que les serían cedidas en uso. Esta disposición va en contra de lo dispuesto en el Convenio 169, que define que el término tierra “deberá incluir el concepto de territorio, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan y utilizan de alguna otra manera” (Art. 13º).

En tal virtud, el Estado debió haber anulado esa limitación para adecuar la ley a esta definición de territorio indígena, pero no ha sido así. Es teórico afirmar, como alegan el ministro y algunos funcionarios de su sector, que la cuestión es formal, ya que tanto las tierras agropecuarias como las forestales constituyen parte de la heredad de las comunidades y tienen total garantía. Sí, en la letra es así, pero en la práctica el tema se ha prestado a manipulaciones de funcionarios ignorantes y arrogantes frente a los indígenas, que incluso han propiciado la invasión de colonos sobre las áreas forestales de sus comunidades, con el argumento de que ellas no son de su propiedad y que el Estado es libre de entregarlas a quien quiera. El caso más sonado y trágico es el de Flor de la Frontera, una comunidad awajun en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), que luego de reclamar en la vía administrativa y en la judicial el desalojo de colonos invasores, y de ganar en ambas, tomó el problema en sus manos, con el resultado de 15 muertos y más de una decena de heridos de ambas partes.

La entrega de esas tierras forestales a las comunidades se formalizaba mediante contratos de cesión en uso que, en teoría, eran a perpetuidad por no tener fecha de vencimiento ni establecer condiciones de caducidad. Sin embargo, desde la promulgación de la ley forestal Nº 27308, el año 2000, con el argumento de que esta norma no aclaraba cómo se debía proceder en este caso, no se han vuelo a entregar dichos contratos a las comunidades. En otras palabras, desde ese año, si bien los títulos de las comunidades indican una cantidad de hectáreas, una parte de éstas no está garantizada a las comunidades por la falta de los contratos de cesión en uso. Es claro que esto reduce aún más la cifra global dada por el ministro de 11 millones.

Lo absurdo de la situación actual es que mientras el acceso a la propiedad de tierras de aptitud forestal se le sigue negando a las comunidades indígenas, el decreto 1090 (ahora derogado), que autorizaba el cambio de uso de la tierra para realizar actividades agropecuarias en suelos de aptitud forestal, abría esta ventajosa posibilidad para las empresas privadas en caso de proyectos declarados de “interés nacional” autorizados por el MINAM.

En un texto anterior, trabajado en conjunto con mi colega Federica Barclay, habíamos citado la prohibición contemplada en la Constitución (Art. 71º) de que los extranjeros, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, “pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad”, a menos que se trate de proyectos de interés nacional; y habíamos indicado claramente cómo esta excepción se había convertido en la norma, ya que todas las fronteras de la región amazónica del país están copadas por contratos suscritos por el Estado con empresas extranjeras. Luego de experiencias de este tipo, el “interés nacional” ya no es un argumento que sirva para engañar a los peruanos.

Pero de la mitad que queda de las 11 millones, hay todavía que descontar los cuerpos de aguas (cochas, aguajales, quebrada, ríos, tahuampas, tipishcas), más las franjas que se reserva la Marina de Guerra, aunque nadie entiende porqué, ni para qué. Una cereza en la copa la constituyen los contratos de explotación minera y sobre todo de hidrocarburos, que actualmente, con seguridad, cubren los territorios de todas las comunidades indígenas amazónicas, causando los estragos que ya son conocidos. Otra cereza son los contratos de explotación forestal, que en muchos casos se superponen con comunidades tituladas (por supuesto, también con no tituladas, pero que no las incluyo porque no hacen parte de los 11 millones de hectáreas)

Tampoco es cierto que la mayoría de estas extensiones tituladas a comunidades indígenas en la Amazonía estén constituidas por bosques primarios. En la zona de Oxapampa y Villa Rica, bien conocidas por el ministro porque es oriundo de allí, así como en el Perené y gran parte de la provincia de Satipo, el alto Urubamba y la zona más cercana a Bagua, por citar lo más notorio, los bosques fueron liquidados por los procesos de colonización propiciados por diferentes gobiernos, con el mismo argumento que el actual “de superar la pobreza”, aunque para eso esos gobiernos les ofrecieran tierras a los colonos en la Amazonía, mientras que éste trata de recuperarlas para hacerlas “transables”.

La forma como el ministro Brack plantea el tema da la sensación a quien no está familiarizado con el tema que se trata de un gran bloque de tierras de 11 millones de hectáreas, pero esto no es así. Además de las razones ya expuestas, en muchas zonas de la Amazonía peruana se trata de pequeñas islas rodeadas de propiedades de colonos (ver Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central. IBC. Lima 2006) o de tierras fiscales. Dichas zonas grosso modo coinciden con las citadas en el párrafo anterior, pero también hay otras, como las cuencas del Ucayali, Huallaga, Putumayo y Amazonas. En otras zonas la cuestión es diferente, como en el medio Urubamba y el Pastaza, donde las comunidades han logrado recomponer parte de sus territorios étnicos mediante la colindancia de sus títulos individuales.

Sobre este tema, por último, hay que decir que el trabajo de titulación ha sido realizado, salvo escasísimas excepciones (no deben pasar de 100) con fondos de la cooperación internacional canalizados por ONG y, sobre todo, por AIDESEP. Hoy ambas son atacadas y satanizadas por el gobierno, que presenta cifras acerca de la titulación como mérito propio (igual que lo que comenté antes sobre la reinyección), en un campo en el que no ha hecho mayor esfuerzo. Por el contrario, cada proceso de titulación ha implicado una tensa pugna entre los promotores (AIDESEP u ONG) y funcionarios de un Estado sin ninguna voluntad de reconocer a los pueblos indígenas los derechos que la Constitución, las leyes y los convenios internacionales les garantizan.

Un comentario final sobre la opinión de la ministra de Comercio y Turismo, Mercedes Araóz, que se mantuvo fiel a su equipo de gobierno reafirmando enfáticamente que si derogaba el decreto 1090, se iba a propiciar la tala ilegal y se pondría en riesgo el funcionamiento del TLC. No obstante, derogado éste y otro decreto después de la tragedia de Bagua, su opinión apuntó en la dirección contraria: la derogatoria de los decretos “no pondrá en riesgo la aplicación del TLC”. La regla de oposición contradictoria señala que “dos proposiciones en oposición contradictoria no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas a la misma vez”. ¿Cuál es la falsa? Claramente la primera, manipulada para asustar a una opinión pública que, sin conocerlo, cree que el TLC le bajará el cielo del modelo estadounidense hasta la bodega de la esquina. Para su tranquilidad señora ministra (o intranquilidad), debo decirle que la tala ilegal es un problema de la administración forestal del Estado (muy ineficiente y corrompida), no de las leyes.

Si el gobierno quiere darle a la palabra diálogo su verdadero valor y no usarla sólo como un subterfugio para salir del paso tratando de calmar las aguas después de los sucesos de Bagua, las mentiras y las medias verdades no son una opción para lograrlo.

* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch.

Fuente: SERVINDI

http://www.amazoniamagica.com/